Entre 2020 y 2021, las exportaciones mineras aumentaron. El Ministerio de Energía informó, el pasado 20 de abril, que los productos mineros ya se ubican en el cuarto rubro más exportado desde Ecuador, después del petróleo, el banano y el camarón. Es decir, representan el 5,68% de las exportaciones totales nacionales que alcanzan los 21.000 millones de dólares.

Esto se debe, en gran medida, al inicio de las exportaciones de Fruta del Norte (diciembre del 2019) y de Mirador (enero del 2020), los primeros dos proyectos de la megaminería que están en plena fase de explotación.

¿Pero cuánto de esos recursos mineros se quedan en el país? Mediante un pedido de acceso de información, el Servicios de Rentas Internas (SRI) respondió esta pregunta. Según sus cifras, los tributos que recaudó de las empresas que se dedican a la minería llegaron a los 42,7 millones en el 2020 y en 2021 (hasta el 30 junio), a los 51,9 millones.

Si las exportaciones mineras equivalen al 5% de las exportaciones totales ecuatorianas, estas deberían representar el 5% de la recaudación tributaria nacional, afirma el analista Napoleón Santamaría. Si en 2020, el SRI recaudó en total 12.382 millones y el 5% de esa cifra es 619 millones, los 42,7 millones recaudados por minería en el 2020 “es nada”, sostiene el experto tributario.

Ecuador solo exporta, no comercializa internamente oro, cobre, plata o sus concentrados. “Les concedemos a las empresas mineras que hagan la exploración y la explotación. Una vez que explotan, venden. Pero una vez que venden, una gran parte debe ir al Estado porque esos (recursos) son nuestros”, sostiene Santamaría.

El experto recuerda que en los contratos de concesiones entre las mineras y el Estado se acordó que el 52% de la rentabilidad de los resultados operacionales, es decir de las utilidades, sean para el país y el 48% para las empresas privadas. Pone el siguiente ejemplo: si una empresa minera vende 200 millones, pero si dice que ha gastado 180 millones, la utilidad sería 20 millones y de ellos 10,4 millones serían para Ecuador. Por eso, el control que debe realizar el Estado es al gasto y sobre todo al gasto de inversión, explica Santamaría. Si el monto del gasto de inversión es menor, la utilidad sube y eso implica más ingresos para el país.

El SRI cobra ocho rubros a las empresas mineras: impuestos a la actividad minera, impuesto a la renta, IVA a las operaciones internas, IVA a las importaciones, impuesto a los vehículos motorizados, impuesto a la salida de divisas, impuesto ambiental a la contaminación vehicular y otros ingresos (multas e intereses).

De estos, el más importante es el impuesto a la renta. En el 2020, el SRI recaudó por este concepto 11,1 millones de dólares y, en lo que va del 2021, 13,1 millones. “Eso quiere decir que las utilidades de las empresas mineras están siendo muy malas”, afirma el experto. El otro impuesto que destaca es el llamado “a la actividad minera”. Este incluye regalías, patentes y utilidades a las concesiones mineras. Las regalías vuelven a ser un porcentaje de la utilidad minera y se generan cuando el proyecto minero está en la fase de explotación. Pero hay mineras como Ecuacorriente, que anticipó ese pago. Hasta el 2019, pagó 100 millones por regalías anticipadas al Estado ecuatoriano (ver detalle más adelante). Las patentes, en cambio, son impuestos que van a los municipios donde está el proyecto minero.

“Necesitamos un SRI que sepa cobrar bien el impuesto a la renta. Necesitamos buenos directores provinciales que conozcan este tema y cobren bien. Y gente capacitada en el Ministerio de Energía y Minas”, señala Santamaría, quien aboga por la creación de una dirección de empresas extractivas enfocada en las mineras y petroleras, en lugar de que varias direcciones provinciales se encarguen de esos tributos.

Ecuacorriente no reportó ingresos en 2020

Mirador es el proyecto minero a cielo abierto más grande del país. Se encuentra en la provincia de Zamora Chinchipe y está a cargo de la empresa china Ecuacorriente S.A. (ECSA), subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan. En 2019 se convirtió en el primer megaproyecto minero que entró en la fase de explotación. Empezó su producción en junio de ese año y seis meses después exportó por primera vez un embarque menor de prueba. El 15 de enero de 2020, envió su primer cargamento a granel de ese material con destino a China. El entonces viceministro de Minas, Enrique Gallegos, lo llamó “hito” y comparó esa exportación con el primer barril de crudo que el país envió al exterior en 1972.

ECSA mantuvo sus exportaciones en el 2020, a pesar de la pandemia, según el vicepresidente legal de Ecuacorriente, Mauricio Núñez, mediante correo electrónico a PlanV. De acuerdo a las cifras de la empresa, del 2019 al 2020 duplicó su producción de cobre -producto refinado- y de su concentrado -menos procesado-. En 2020, produjo 36.910 toneladas de cobre y 163.644 toneladas de su concentrado. A junio de 2021, la empresa estaba cerca de llegar a esas mismas cantidades y para finales de este año tiene previsto duplicar la producción del 2020.

Por las exportaciones de concentrado de cobre, la empresa tuvo como ingresos 0,2 millones en 2019; 246 millones en 2020; y 385 millones entre enero y junio de este año. En todo el 2021, prevé ingresos totales por 577 millones, según los datos enviados a esta redacción. Eso significa que a finales de este año, las exportaciones de esta empresa equivaldrían a la sexta parte del total de las exportaciones de banano y plátano del país o a todas las exportaciones nacionales de madera.

Sin embargo, los 246 millones de 2020 no fueron registrados como ingresos por ventas en el formulario 101 del SRI, que es el que sirve para el cumplimiento de entrega de balances a la Superintendencia de Compañías y la declaración del impuesto a la renta. Consultado sobre ese tema, Núñez explicó lo siguiente:

“La Mina Mirador está diseñada para llegar a una capacidad de procesamiento de mena de 60.000 toneladas por día; en junio 2019 se arrancó con una capacidad de procesamiento de 10.000 toneladas por días aproximadamente, y se ha ido incrementando paulatinamente sin que hasta el momento se haya alcanzado a la capacidad diseñada.  Este incremento debe ser necesariamente paulatino por razones técnicas, pues no se puede llevar a los equipos a su máxima capacidad en forma inmediata por el riesgo de daño de los mismos; todo ello sumado a otros factores adicionales propios de la operación técnica.

Hasta el año 2020 inclusive, la Mina Mirador aún no alcanzó a la capacidad diseñada; por lo que, de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 16, los resultados contables mientras no se alcance la capacidad diseñada (“está operando por debajo de su capacidad plena”), deben ser capitalizados en el activo minero, es decir, considerando que los resultados de dicho año fueron positivos, ello produjo en cambio una disminución del activo minero. Por esta razón, no se puede ver los ingresos por ventas en el Formulario 101; sin embargo, sí se los puede ver en los formularios mensuales de IVA, que es donde se declara las ventas realizadas, y con base a ello la Compañía ha realizado el pago de los impuestos que le corresponde.

Vale también precisar, que el resultado tributario fue reportado en la declaración del impuesto a la renta del 2020 de acuerdo con los lineamientos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas, elaborándose la conciliación tributaria y reportándose un valor neto en el casillero 811, por concepto de ajustes propios de la conciliación tributaria”.

El proyecto Mirador está en la Cordillera del Cóndor y está a cargo de la empresa china Ecuacorriente S.A. Sus operaciones arrancaron en 2019.

En otras palabras, mientras ECSA no llegue a su capacidad máxima de producción, sus ingresos por ventas de cobre y de su concentrado no los registran como tales e irán a sus activos mineros. ¿Esto lo permite la legislación ecuatoriana? Núñez, en un segundo correo electrónico, manifestó que la NIC 16  son normas internacionales de información financiera, aplicables en más de 100 países a nivel mundial, incluido Ecuador. La NIC a su vez está contenida en las International Financial Reporting Standards (NIIFs, en español). Las NIIFs se adoptaron en 2006 y su aplicación es obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, citó el directivo.

Según Núñez, esto está en concordancia con el artículo 20 de la Ley de Régimen Tributario Interno que dice: “La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo”.

Pero esa explicación no convence a los expertos tributarios. “Esa aplicación indiscriminada del NIC 16 lo que hace es que no muestre su información de ingresos y gastos. Una cosa es que aplique las NIIFs que desee, en su contabilidad, pero para efectos de declaración de impuestos al Estado ecuatoriano, tiene que demostrar a la autoridad tributaria y a los ecuatorianos todos sus ingresos y sus gastos. Una cosa son normas de contabilidad que nada tiene que ver con procesos y prácticas establecidas en la Ley Tributaria. Y la ley dice que esas compañías deben pagar impuesto a la renta, por lo tanto, debe enseñar todos sus ingresos y gastos”, cuestiona Santamaría.

En 2020, por impuesto a la renta, ECSA pagó 1,2 millones. Si las ventas en ese año fueron 246 millones, su presión fiscal es de 0.50%. La presión fiscal es un porcentaje que una empresa entrega a un país en concepto de impuesto a la renta. Las empresas tienen la obligación de pagar un porcentaje de sus ingresos al Estado a través de ese tributo. El artículo innumerado 4, después del artículo 15 de Ley de la Régimen Tributario Interno, establece beneficios para quienes pagan un impuesto a la renta superior al 3% de sus ingresos gravables, es decir son “buenos contribuyentes”. Lo mínimo que el Estado espera que una empresa tribute es 1.75%, aclara Santamaría.

Los impuestos totales que ha pagado ECSA en los últimos tres años son los siguientes: 64,8 millones en 2019; 36,9 millones en 2020; y 37 millones hasta junio de 2021. Estos montos incluyen el pago de regalías, que Ecuacorriente lo hizo de forma anticipada al inicio de sus exportaciones. En 2019 realizó el último pago, de 30 millones, de un total de 100 millones. La empresa canceló 127 millones adicionales entre 2010 y 2018, informó Núñez. Ecuacorriente ha invertido hasta el 2020 un total de 1.414 millones, lo que representa la mayor inversión en minería en el país, según el gerente legal.

Las empresas a cargo de Mirador y de Fruta del Norte firmaron un contrato de inversión con el Gobierno, que les asegura estabilidad tributaria. Su principal beneficio es tener una tarifa del impuesto a la renta del 22% durante la vigencia de sus acuerdos. Ambos contratos permiten la explotación de las minas por 25 años.

Fruta del Norte reportó pérdidas

Aurelian Ecuador S.A. es la subsidiaria en Ecuador de la empresa canadiense Lundin Gold a cargo de Fruta del Norte. Este proyecto minero se encuentra en el sector de La Zarza, parroquia Los Encuentros, cantón Yanzatza, en la provincia de Zamora Chinchipe. Es la primera mina subterránea de gran escala que está en explotación. Inició su producción el 14 de noviembre de 2019. Es considerado como uno de los mayores yacimientos de oro en el mundo.

De acuerdo al informe del presidente ejecutivo de la empresa, Ronald Hochstein, publicado en abril pasado en el portal de la Superintendencia de Compañías, Fruta del Norte inició su producción comercial el 29 de febrero de 2020.

Entre el 1 de marzo y diciembre de 2020, este proyecto produjo 202,830 onzas de oro. De ese total, 69,677 onzas correspondieron a producción doré y 133,153 onzas fueron concentrado de oro.  Plan V solicitó cifras de la producción y exportación de oro en 2021 y el pago de impuestos en 2020, pero hasta el cierre de esta edición no llegó esa información.

Imagen panorámica de Fruta del Norte. Es la mina subtérranea más grande del país, que está en explotación desde el 2019.

En el reporte público, el directivo informó que la empresa vendió 62,500 onzas de doré y 136,756 onzas de concentrado hasta antes del 31 de diciembre de 2020. Esas ventanas le generaron 358 millones de dólares. Eso equivale al 40% de las exportaciones totales del sector floricultor del país.
Sin embargo, en su primer año de exportaciones, esta empresa reportó pérdidas a la Superintendencia de Compañías por un valor de 81 millones. Uno de los valores más altos que paga la compañía son los llamados gastos financieros. Este rubro fue de 184 millones e implica el pago de intereses de deudas adquiridas en el exterior.

El total de obligaciones financieras que tiene Ludin Gold por Fruta del Norte es de 898 millones, de acuerdo a sus balances. De ese monto, 590,2 millones son deudas (a corto y largo plazo) con compañías del exterior relacionadas. Eso significa que los mismos accionistas prestaron dinero a la empresa, explica el experto Santamaría. Adicionalmente, Ludin Gold tiene créditos por 307,4 millones (a corto y largo plazo) con empresas financieras de terceros.

“Este es un mal inicio para la actividad minera. Van a decir que es el primer año. No, están en exploración varios años y en 2020 ya empezaron a vender. Debimos tener rentabilidad desde el primer año”, afirma Santamaría.

En su balance de 2020 también pagó 169 millones por costos de venta, que es el valor que paga una empresa por producir determinado bien o servicio.

La empresa reportó que sus actividades de inversión en el 2020 implicaron principalmente los costos para la construcción, desarrollo y mantenimiento del proyecto Fruta del Norte. En 2020, el trabajo restante se centró en la ventilación sur de la mina subterránea, la puesta en marcha y desmontaje de la planta de pasta y la construcción de un puente sobre el río Zamora.

En impuestos, la compañía pagó por regalías 21 millones y por impuesto a la renta diferido, 32 millones.

Durante el segundo trimestre de 2020, la compañía suspendió sus operaciones en Fruta del Norte “debido a preocupaciones crecientes sobre la propagación de COVID-19”. Esa interrupción en sus operaciones significó una pérdida de 29 millones de dólares, según el mismo informe. La empresa sostiene que no puede asegurar que un rebrote del Covid no tenga un impacto en las operaciones o en la posición financiera de la misma en el futuro.