La Fiscalía General del Estado ha impedido, sistemáticamente, una expedita investigación del caso Odebrecht y cuando quiere dar muestras de lo contrario, el presidente Rafael Correa se encarga de encaminarla en el sendero de la opacidad.

El ahora ex fiscal general Galo Chiriboga Zambrano, junto a sus subalternos llevaron el caso en la Unidad de Indagaciones y carecieron del principio firme de descubrir a los sobornados por Odebrecht porque no iniciaron la búsqueda en las instituciones adecuadas. Eso se demuestra en las acciones que el fiscal del caso, Wilson Toainga, realizó en sus iniciales pedidos de información desde el 22 de diciembre de 2016.

La gran deuda —una más— del ex fiscal Galo Chiriboga es el caso Odebrecht.

La investigación fiscal ya posee 500 cuerpos (más de 5000 páginas) y en los primeros pasos no existe ninguna solicitud de información a la Subsecretaría de Crédito Público del Ministerio de Finanzas. Es en esa oficina donde se guardan todos los secretos de la constructora brasilera, porque allí se cocinaron los contratos, porque en sus informes se detallan los nombres de todos los funcionarios que aprobaron los presupuestos de los proyectos y de aquellos abogados gubernamentales que no mostraron objeción a los altos costos de los mismos.

Los funcionarios antiguos de esa subsecretaría recuerdan la presencia de los ejecutivos de Odebrecht, como Fernando Bessa, cabildeando la concreción de las obras. En esa dependencia se hallan todos los documentos (favorables y desfavorables) con los datos de los funcionarios que intervinieron de principio a fin en los proyectos Carrizal Chone, Central Hidroeléctrica Manduriacu, Trasvase Santa Elena, Poliducto Pascuales-Cuenca, Refinería del Pacífico.

Banco en el paraíso fiscal de Antigua y Barbuda. La mejor manera de esconder dinero de origen no muy transparente.

A este momento, la fiscalía ya podría contar con una lista no menor de los 100 funcionarios que, basados en la moral pública, no deberían oponerse a ser investigados. Gracias a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se contaría ya con un perfil económico y con el apoyo de la cooperación judicial internacional, se estuviese esperando información de sus cuentas internacionales.

Pero ese no es el escenario: a los dos fiscales que llevan el caso les colaboran dos amanuenses que su labor es únicamente foliar las páginas. Semanalmente, reciben información de ministerios y corporaciones estatales que celebraron contratos pero por lo regular la documentación llega incompleta.

El escándalo de Odebrecht es inocuo para el correísmo y en caso de que el tema tome una dimensión peligrosa, el propio Rafael Correa se encarga de inmunizar la lucha anticorrupción. Ya lo hizo hace pocos días cuando obligó a recular a la fiscalía por la detención del ex ministro de electricidad, Alekcsey Mosquera, que recibió el aproximado a un millón de dólares de la constructora brasilera.

Tiempo de risas entre el ministro y su presidente. Ahora Correa, fiel a su costumbre, dijo que casi ni conoció a Aleksey Mosquera, que solo habló una vez con él, que no era de su circulo de confianza.

Correa sepultó la investigación contra Mosquera al asegurar que no fue una coima sino un “acuerdo entre privados”: “No hay coima ni soborno porque no es funcionario público, Alekcsey Mosquera fue ministro desde junio de 2007 a junio de 2009, él ha recibido ese pago en febrero de 2011, en principio tiene todo el derecho, el problema es que no lo declaró…”

En la sabatina 520 del 19 de abril fue muy certero en su defensa de la corrupción de su gobierno y aseguró que el motivo del pago al ex ministro fue inventado por la fiscalía, que fue un error al vincular el pago con el proyecto Toachi Pilatón.
Alencar y Tacla no son dos delatores cualquiera del caso Odebrecht. Eran funcionarios de alta confianza y nivel de la petrolera Odebrecht.

No importó que existan dos delaciones de ex ejecutivos de Odebrecht afirmando que un ministro de electricidad recibió un millón de dólares por concretar el contrato de Toachi Pilatón. La primera declaración llegó a través de los medios brasileros: Alexandrino Alencar explicó en un vídeo las razones por las que se pagó a un ministro. Luego la propia fiscalía, basada en la declaración oficial que obtuvo desde España del abogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán, conoció el detalle del pago a Mosquera.

Cambio de manos, ¿cambio de justicia? El paso de Galo Chiriboga a Carlos Baca en la Fiscalía General no genera confianza respecto a la independencia del trabajo de la justicia en Ecuador.

En los miles de documentos develados por la justicia brasilera se detectó uno en particular que explica el sistema de lavado de Ecuador: el 3 de abril de 2014, desde el proyecto Daule Vinces, se identificó una transferencia de USD 553.176,00 realizada por la empresa Eathisa de España a otra llamada Cipsa. De esta última se sabe que transfirió millones de dólares a la empresa off shore Klienfeld, propiedad de Odebrecht.

Salieron a la luz las primeras transferencias del dinero sucio de Odebrecht en Ecuador. Para Correa, solo era un acuerdo entre privados.

El fiscal Galo Chiriboga dijo en días pasados que Klienfeld Consulting Corp fue reconocida como la firma a través de la cual se pagaron los sobornos en el caso Odebrecht. “De esta empresa sale un millón de dólares a Tokio Trades, en una cuenta en Andorra, a nombre de Marcelo E.; de esta Tokyo Trades, el 25 de febrero de 2011 se remite $ 920.000 a otra compañía Percy Trading, cuyo representante fue Alecksey M”, detalló El Universo.

Queda en evidencia que la estrategia de Chiriboga, de esperar que las autoridades de justicia de Brasil entreguen las delaciones relacionadas al Ecuador, ha sido un fracaso. Pero, sobre todo, denota su compromiso de evitar una investigación profunda al someterse a los deseos de Correa.

Con la próxima llegada de Carlos Baca Mancheno, ex asesor del presidente de la república, al sillón de Fiscal General, el caso estará controlado totalmente por el círculo íntimo de Rafael Correa. Él decidirá si el fiscal Wilson Toainga continúa al frente de la investigación.

Carlos Baca Mancheno no se ha tomado la molestia de desmentir su simpatía política por Rafael Correa, de quien fue su asesor en el gobierno.

Será él quien decida la suerte de Jorge Glas, principal responsable de la contratación de Odebrecht en la Refinería del Pacífico. Para nadie en el sector petrolero estatal le es extraño que fue Glas el que propuso hacer un solo contrato del movimiento de tierras y la construcción del acueducto, tal como reza en el acta del directorio 001-DIR-2012 del 12 de enero de 2012. Baca Mancheno debe decidir el futuro de Pedro Merizalde que aceptó las recomendaciones técnicas para contratar a Odebrecht en esa misma obra; o Wilson Pastor, que fue presidente del directorio de la Refinería del Pacífico.

Pero sobre todo Baca Mancheno será el funcionario que se encargue de llegar a un acuerdo de delación con Odebrecht para conocer los nombres de todos los sobornados. ¿Será Baca Mancheno el fiscal que saque a la luz los nombres de los sobornados por Odebrecht, como se lo pidió en su posesión la asambleísta Cristina Reyes, así integren esa lista quienes han sido sus camaradas? Experiencias negativas ya existen en la región: en República Dominicana aseguran que la delación premiada a la que llegó ese país el pasado 19 de abril, no existe en la legislación y que se intenta trastocar procedimientos para que se le permita a la empresa continuar con las obras. Dicen que se “pretende curar una enfermedad grave aplicando un remedio sencillo”.

La posible delación premiada de Odebrecht en Ecuador también puede convertirse en un gran fraude procesal, que mantenga total reserva sobre el caso bajo el control total del nuevo fiscal. Pero Baca Mancheno está sometido, desde el primer día, al escrutinio público. Ese que ha condenado al saliente Galo Chiriboga al escarnio y burlas públicas, despidiéndose del alto cargo por la puerta trasera y como un protagonista de los memes en las redes sociales. Pagar ese precio por las lealtades políticas a veces resulta muy caro. Baca decidirá.