En una comunicación sin número, el 14 de julio del 2011, cuando Pedro Delgado era presidente del Fideicomiso AGD-CFN No más impunidad, el asesor jurídico de la Ugedep, remitió a Delgado el informe de su viaje a la ciudad de Panamá, para revisar, constatar y contactar a tres estudios jurídicos, para defender a la compañía azucarera incautada Ecudos, ante una acción judicial en contra de esa empresa, por parte de Caribbean Financial Internacional. Esta empresa, vinculada al Grupo Isaías, instauró un juicio ejecutivo en Panamá en contra de Ecudos, reclamando el pago de 75 858 876 por un presunto crédito otorgado por Caribbean  a favor de la compañía Transainier, a 10 años plazo. Al decir de los demandantes, Transainier se transformó en Ecudos, mediante resolución 00-G-IJ-00-8166, emitida por el Intendente Jurídico de Guayaquil de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

En la carta, el Asesor Jurídico dijo que “consideramos de vital importancia contratar de forma inmediata el patrocinio de una firma legal que se haga cargo de la defensa de la compañía Ecudos. Por cuento (sic) de las indagaciones realizadas existen al momento varias visitas de abogados de nacionalidad panameña y ecuatoriana en intentan ejercer presiones de toda índole en dicha Judicatura. Gracias a las relaciones profesionales y valiosa intervención del Dr. …  pudimos contactar en ciudad de Panamá a tres despachos profesionales, quienes después del estudio y análisis del caso, frente a nuestro requerimiento se comprometieron a presentar informes y propuestas en firme para el patrocinio y defensa profesional, informes que efectivamente fueron enviados al Dr. … mediante correos electrónicos…”.

Sin embargo, en la documentación presentada a la Contraloría por parte de la Gerencia Nacional de Negocios Fiduciarios y Titularización de la CFN “no se encontró los informes y/o propuestas remitidas por los otros dos estudios jurídicos, como tampoco un informe jurídico emitido por la Ugedep y/o la Secretaría Técnica del Fideicomiso que haya analizado la situación legal a la fecha de ese juicio, en la que conozca las acciones interpuestas por la parte demandante y la estrategia jurídica a seguir".

El 15 de julio del 2011, el representante de Bosquez y Bosquez escribió una carta al presidente de la Junta del Fideicomiso, Pedro Delgado, en la cual remitió la propuesta por el patrocinio del juicio mencionado. La cifra fue de 700 000 por la defensa, y otros 700 000 por la interposición de una denuncia penal con la posterior presentación de una querella penal contra los que resulten penalmente responsables ante el posible delito de estafa agravada.

Tres días después, el entonces el coordinador de la Secretaría Técnica del Fideicomiso, dirige un oficio a los miembros de la Junta del Fideicomiso, donde les pone en antecedentes de las querellas y les solicita “se contrate al estudio jurídico Bosquez y Bosquez para que represente a la compañía Ecudos S.A. por la suma de un millón cuatrocientos mil dólares, conforme la propuesta que se adjunta”.

El 22 de julio del 2011, los miembros de la Junta del Fideicomiso resolvieron “proceder con la contratación de la firma legal Bosquez y Bosquez para la defensa del juicio 69095-10 que se encuentra en el Juzgado Duodécimo del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, en contra de la compañía Ecudos S.A.”. Sin embargo, el delegado del Ministerio de Finanzas dijo que a pesar de estar de acuerdo con que se contrate una firma de abogados en Panamá, “estos abogados no tendrán la facultad de plantear acciones activas (sic) en Panamá, mientras no se haya informado al Fideicomiso el alcance de sus investigaciones y el Fideicomiso las haya expresamente autorizado”.  El funcionario mocionó que las acciones judiciales en Panamá sean coordinadas con la Procuraduría General del Estado, para precautelar la línea de trabajo que esta entidad mantiene en el caso de las acciones contra los hermanos Isaías Dassum, en las cortes de Miami, Florida.

El 16 de agosto del 2011, con la abstención del delegado del Ministerio de Finanzas, la Junta autorizó la firma del contrato con Bosquez y Bosquez, por USD 1,4 millones para llevar adelante actividades de patrocinio profesional.

Según el informe preliminar de la Contraloría, la apoderada especial del Gerente General  y el propietario del Estudio Jurídico Bosquez y Bosquez firmaron, el 12 de septiembre del 2011, un contrato de servicios profesionales para la defensa del juicio 69089-10. Según este contrato, los honorarios a pagar eran de USD 350 000, con el 50% de anticipo, y en caso de que la sentencia fuera favorable a Ecudos se entregarán USD 350 000 adicionales. El 22 de septiembre, siempre con la abstención del Ministerio de Finanzas, la Junta del Fideicomiso ratifica la contratación.

El 11 de octubre del 2011, el coordinador de la Secretaría Técnica del Fideicomiso AGD-CFN No más impunidad, Francisco Endara, solicitó a la Gerente de Negocios Fiduciarios de la CFN el pago del anticipo. Seis días después, los USD 196 000 del anticipo fueron transferidos a Panamá, mediante formulario de transferencia al exterior del Banco Cofiec.

La Contraloría hace notar en su informe preliminar que si bien se registra la firma del contrato respectivo con la firma jurídica panameña, su propietario no entró al Ecuador en esa fecha. Y que, a pesar de los pedidos, dentro de la documentación enviada al equipo de auditoría del organismo de control estatal, no se remitieron los informes mensuales del estudio jurídico, correspondientes a los meses de mayo a noviembre del 2012 y febrero del 2013. Tampoco se registró la garantía de cumplimiento del anticipo para proceder al pago, como determina la Ley de Mercado de Valores ni se coordinó tal defensa con la Procuraduría.

El 2 de agosto del 2013, Gilberto Bosquez Díaz, en representación del  Estudio Jurídico Bosquez y Bosquez escribe una carta al Presidente de la República, con copia al secretario Nacional Jurídico, Alexis Mera, al Contralor y al Procurador.

En la misiva, el abogado Bosquez se presenta y dice que fue contratado por las autoridades del Estado ecuatoriano desde mediados del 2011, para representar a Ecudos en la querella que presentó Caribbean en contra de la empresa.  Luego menciona los procesos en los cuales la firma representaba al Ecuador: el proceso de Caribbean en contra de Ecudos por USD 65 858 866; querella penal interpuesta por la Unidad de Gestión, Ugedep, del Fidecomiso, en representación de Ecudos en contra de Diana H. y Omar M. por presunto delito en contra del patrimonio de Ecudos; proceso de nulidad en calidad de demandante en contra de Caribbean, interpuesto en el Juzgado Cuarto el Circuito de lo Civil en Panamá por USD 60 000 000; proceso ordinario declarativo interpuesto en Panamá por la Ugedep en calidad de demandante en contra de Alvaro D., Gribipe Panama y Banco de Préstamos Panamá, por US 11,9 millones; y querella criminal por delito contra la economía nacional o de cualquier otro delito en contra de Carlos A.

Bosquez aseguró en la  carta al Presidente que para todos los procesos hubo el contrato respectivo con la Unidad de Gestión del Fideicomiso. Sin embargo, informó al Primer Mandatario que desde hace meses han estado requiriendo un poder de procuración judicial para el proceso penal en contra de Omar M. y Diana H. por el presunto delito de estafa agravada, “y solo hemos recibido negativas y evasivas, dejando indefensa nuestra gestión y, como consecuencia lógica, en estado de indefensión los intereses de Ecudos”.

Y continúa: “De acuerdo a los informes presentados, nos parece un gravísimo error desistir de la defensa o procuración de los procesos que ya se han iniciado, amén de las consecuencias jurídicas que tal decisión podría acarrear, ya que conocido es que esta empresa, Ecudos, fue intervenida por el Estado ecuatoriano y posteriormente se vendió parte de su composición accionaria a una sociedad de Perú”.

El abogado Bosquez contó también al Presidente y demás funcionarios que siempre tuvieron la colaboración  de los funcionarios que contactaron la firma desde el principio; es más, que abogados de su firma viajaron por tres veces al Ecuador, al ingenio La Troncal donde se les proporcionó todas las pruebas requeridas para la defensa. Pero que con la nueva administración, la de Katia Torres “no hemos tenido esa cooperación, tanto es así que la empresa Ecudos nos giró USD 17 000 a fin de atender imposiciones procesales, cantidad que no sé por cuál razón la Dra. Torres no nos proporcionó”.

Bosquez le hizo saber al Presidente que salvaba su responsabilidad en este caso “y hago directamente responsable a los actuales directivos de la Ugedep y CFN por los resultados que obtendremos en los procesos judiciales en Panamá, ya que de su proceder, por acción u omisión, debemos deducir que desean que estos procesos no tengan el éxito esperado y que de tener resultados negativos, el Estado ecuatoriano tendrá la obligación de responder monetariamente por la imposición de costas o daños y perjuicios a que sean condenados”.

Doce días más tarde, el secretario Jurídico, Alexis Mera, dirigió el oficio T.6768-SNJ-13-709 a Katia Torres Sánchez, representante legal de la Ugedep, donde le dice: “Acompaño a este correo la misiva que me fue remitida el 9 de agosto del año en curso por el licenciado Gilberto Bosquez Díaz, la misma que se explica por sí sola. Encuentro alarmante las aseveraciones realizadas en la carta, pues de ser ciertas estaríamos frente a un caso grave de negligencia”. Y solicitó a la funcionaria un informe sobre el estado de los procesos que en representación de la Ugedep y Ecudos patrocina el profesional panameño, a fin de conocer detalladamente la situación jurídica de las entidades mencionadas.

El 16 de diciembre de ese año, es decir cuatro meses más tarde, el mismo abogado panameño, escribe otra carta al secretario Jurídico, Alexis Mera, en la cual le informa sobre los procesos que se desarrollan en Panamá: en total, dice, estamos impulsando cinco casos, de los cuales cuatro (tres civiles y uno penal) están en total control de nuestra firma de abogados y esperando los pronunciamientos de los jueces y fiscales respectivos. Pero en el caso de la querella penal interpuesta por Ecudos en contra de Diana H. y Omar M.  “como resultado de la falta de cooperación con las actuales autoridades del Ecuador, sobre todo después de haber solicitado a la Dra. Katia Torres su cooperación para los procesos, el tribunal de la causa emitió una resolución en la cual se sobresee de manera provisional a los acusados, sobreseimiento debido principalmente a la falta de cooperación de las actuales autoridades del Ecuador”. Bosquez protestó porque mientras estuvo Pedro Delgado al frente del Fideicomiso, dijo, no faltó cooperación por parte del Ecuador. “Creo necesario hacer una aclaración, dijo Bosquez en su misiva, nunca cedí ni traspasé el contrato suscrito con el Estado ecuatoriano, ya que los procesos se han desarrollado por parte de esta oficina, y no he traspasado a terceros estos delicados compromisos”. El profesional panameño pidió  Mera que vaya personalmente a verificar los casos o que delegue a una persona con conocimientos pertinentes.

“Mi estimado doctor, termina la carta, tenemos la voluntad de continuar con el caso y solicitar su reapertura, pero deseo saber si las actuales autoridades del Ecuador tienen la voluntad para hacerlo, ya que el comportamiento demostrado dice todo lo contrario”.

Fuentes de la Asamblea que conocen de la situación, aseguraron a este medio que hay en juego USD 160 000 000 respecto a los juicios que se llevan adelante en Panamá.

Para el abogado de los trabajadores de Ecudos, Cristóbal Buendía, resulta extraño que el  Fideicomiso AGD-CFN haya asumido la defensa de Ecudos en calidad de accionista, cuando debió hacerlo la propia empresa, pues tiene personería jurídica propia. Además, quedan por aclarar varios detalles: si la Junta del Fideicomiso autorizó la contratación por USD 1,4 millones, ¿por qué aparece luego un contrato por USD 350 000?