Al menos ocho cartas ha recibido —o han sido enviadas, más precisamente— el presidente Lenín Moreno, por parte de asociaciones de mineros artesanales, independientes, federaciones nacionales de mineros, prefederaciones de mineros artesanales, organizaciones de fuerzas vivas... El pedido constante en esas comunicaciones ha sido pedir cita al mandatario para exponer la situación minera en el Ecuador, denunciar las acciones del Ministerio de Minas y exponer los problemas del sector. 

En una de estas cartas, del 6 de septiembre del 2017, la Pre Federación Nacional de Mineros del Ecuador, se pide, por ejemplo, que de conformidad al Art. 134 inciso quinto de la Ley de Minería, se confiera de inmediato el otorgamiento de permisos excepcionales; "estos permisos no fueron otorgados por parte de los concesionarios en su momento, dejando sin sustento diario a miles de familias dedicadas a esta actividad". Los mineros pidieron también "que se realice una auditoría inmediata a las concesiones otorgadas, que no han cumplido con los objetivos y parámetros legales". Citan como ejemplo lo sucedido en las provincias de Imbabura, Carchi y Esmeraldas, en donde se otorgó a un solo concesionario más de 27 concesiones y sin socializar el proyecto a las comunidades de influencia directa; por ende, y de acuerdo a la Ley de Minería, éstas, por la forma irregular actuada, debe dejarse tales concesiones sin efecto inmediatamente, y dar paso a la petición de 300 hectáreas solicitadas por la Asociación Asopromira, conformada por 580 jefes de familia de las comunidades de las provincias antes citadas". De este hecho, los mineros asociados informaron al previamente al presidente Moreno y al ministro de Minas, Javier Córdova.

Los mineros, en esta misma carta, pidieron al presidente de la República fiscalizar "todas y cada una de las concesiones mineras a gran escala otorgadas en El Oro, Loja, Azuay, Zamora Chinchipe, Cañar y otras provincias del país". Para los dirigentes firmantes, hay graves sospechas de corrupción.

Los mineros también exigieron que se regularice y legalice a los mineros asentados en las áreas concesionadas, dando prioridad a aquellos propietarios de predios y mineros que, "por arbitrariedad de algunas autoridades han sido enjuiciados y privados de su libertad ilegalmente". Fuentes del sector confirmaron a Plan V que los mineros considerados ilegales o que no manejaban permisos "eran constantemente extorsionados por grupos que decían actuar en nombre del Ministro de la Agencia de Control. Y se pasaba el sombrero para que puedan continuar operando y no ser reprimidos por las autoridades. Pagaban una suerte de diezmo en dinero o en oro físico y podían seguir explotando. Si no pagaban eran detenidos por minería ilegal". Uno de estos mineros le dijo a este medio, bajo condición de reserva, que "desde el más alto nivel", se le pidió un millón y medio de dólares para otorgarle el permiso de operación".  Otra forma era, dijeron algunas fuentes, "era retirar de modo irregular y sin el debido proceso el permiso de operación, bajo cualquier pretexto. Y se debía pagar para que se lo devuelvan".

Para los mineros agrupados en la pre Federación Nacional de Mineros, es necesario que se confiera "de manera inmediata los permisos excepcionales. Estos permisos no fueron otorgados por parte de los concesionarios en su momento, dejando sin sustento a miles de familias".

El caso Cumbaratza

Uno de los puntos recurrentes en estas comunicaciones a las que tuvo acceso Plan V fue la situación del lío legal con la empresa Minera Cumbaratza "el cual afecta enormemente a los mineros de la provincia de Zamora Chinchipe, dejando en la indefensión a más de cinco mil mineros, de no archivarse el caso".

El caso es que el antiguo reclamo de esta empresa, en un contencioso con el Estado que tiene tres décadas y ganó e  los tribunales. La concesión en disputa es de 30.000 hectáreas en la zona minera más rica en oro de Zamora Chinchipe. La empresa es de capitales guayaquileños y tiene 26 socios. Los principales,  Oyster Investment Corp, de Estados Unidos; Gerardo Peña Matheus y parte de su familia; y entre los más conocidos, Ernesto Noboa Bejarano, Alberto Wrigth...

Esta empresa y el Estado llevan en contienda judicial desde 1996. En el transcurso, y por una decisión administrativa se determinó la caducidad de la concesión; pero la justicia reconoció el derecho de la empresa de impugnar el acto administrativo que le quitó la concesión. En el transcurso, el Estado entregó concesiones sobre una concesión en disputa judicial. La empresa hizo un reclamo judicial y ganó varias instancias en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En la contienda hubo dos sentencias de casación, la primera le dio la razón al Estado contra Cumbaratza, pero una segunda le dio la razón a la empresa. Esta última ordenaba al Estado que no otorgara concesiones o declare nulas las áreas mineras ya concesionadas en las 30.000 hectáreas que pertenecieron originalmente a la empresa.

Militantes antimineros antes de reunirse con el presidente Lenín Moreno en Carondelet.

El 22 de febrero del 2017, la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional inadmitió un último recurso de casación del Ministerio de Energía. Este recurso pretendía impugnar un auto que ordenaba la ejecución de una providencia mediante la cual se pretendía desconocer lo resuelto por la ex Corte Suprema de Justicia, en enero de1996. Esa Corte resolvió que el derecho de la empresa Cubaratza, a impugnar un acto administrativo del Ministerio de Minería, había caducado. Ante la inadmisión del recurso de casación, el Ministerio presentó, un año después, en enero del 2018, una Acción Extraordinaria de Protección, ante la Corte Constitucional.

Pero el fallo último de la Corte Nacional tuvo dos impactos en la zona. Una que las empresas que había recibido concesiones del Estado en esta zona han visto amenazadas sus inversiones. En un amicus curiae ante la Corte, que presentó una de estas, relata que al mantener "una relación jurídica sustancial con el Ministerio de Minería" podría verse afectada si es que se favorece a la empresa Cumbaratza. Esta empresa señaló en su escrito que el contrato de operación lo obtuvo en noviembre del 2012 y cuatro años después había invertido 6,75 millones de dólares. Otra de las empresas afectadas, que recibió concesiones en la zona, es la estatal Empresa Nacional Minera, Enami.

El otro impacto ha sido que, según los mineros asentados en la zona, supuestos representantes de la empresa "ganadora" del juicio se habrían acercado a los mineros asentados en el área en disputa para anunciarles la victoria judicial y negociar que puedan seguir operando a cambio de un pago.

Finalmente, el recurso ante la Corte Constitucional fue inadmitido por el organismo más alto de la justicia ecuatoriana. La resolución ordenó que el caso ya no era objeto de apelación. Con esto se dio la razón a la empresa Cumbaratza y el Estado perdió un contencioso con una cuantía equivalente al presupuesto general del Estado. 

Los líos de San Miguel de los Bancos y la caída del ministro

La noticia de que el ministerio de Minas había entregado 4200 hectáreas fue el corolario para la salida del ministro de Minas, Javier Córdova. Hombre cercano al círculo político de José Serrano, Córdova y su esposa, la secretaria técnica de Drogas, fueron parte de las negociaciones políticas que las cuales el gabinete inicial de Lenín Moreno iniciaría sus gestiones. 

La gestión de Córdova había sido aplaudida por los grandes inversionistas mineros y las transnacionales. Pero fue cuestionado duramente por los sectores ecologistas e indígenas. La crisis tomó cuerpo ya en mayo del 2017, cuando dos días antes de la toma de posesión del presidente Moreno, el ratificado ministro de Minas anunciaría la entrega de nuevas concesiones y la actualización del catastro minero. El ministerio anunciaba que las concesiones serían de hasta 5000 hectáreas y que contemplaba varias áreas, una de ellas, el Distrito Metropolitano de Quito. 

Una asamblea popular en San Miguel de los Bancos rechazó la concesión para minería a cielo abierto y la concesión otorgada para exploración minera en el cantón.

Las alarmas se prendieron a mediados de diciembre, cuando en el sector de San Miguel de los Bancos, noroccidente de Pichincha, se supo que se había entregado 4200 hectáreas a la empresa minera australiana-canadiense Valle Rico Resourses S.A. La zona es considerada área protegida por sus condiciones excepcionales de diversidad ambiental, fuentes de agua y centro poblado. Las tres prohibiciones para nuevas concesiones mineras que precisamente contemplaba una de las siete preguntas de la consulta popular convocada por el presidente Moreno. La concesión era parte de paquete grande de inversiones de esa empresa en la zona, que contemplaban 14.000 hectáreas y una inversión de USD 84,4 millones.

La empresa Valle Rico Resources S.A., es la acreedora de este derecho minero, fue hecho el 16 de noviembre de 2017, mediante resolución MM-SZM-2-2017-0288-RM y que le faculta a la empresa mencionada, el realizar labores de exploración por un plazo de hasta cuatro años, para explotación de minerales metálicos en el área de San Miguel 1, con minería a cielo abierto.

Las fuerzas vivas y gobiernos locales del noroccidente de Pichincha reaccionaron con asambleas. Además, se denunció que esta concesión había sido entregada antes de la consulta, para evitar la retroactividad de la medida administrativa. Unas 270 concesiones habían sido entregadas en los últimos dos años, y esta, en particular, provocó la salida del ministro Córdova, según revelaciones del subsecretario de Gestión Política, Eduardo Paredes, quien señaló que el presidente de la República había prohibido expresamente que se entreguen más concesiones, como una moratoria no oficial al proceso mientras se daba la campaña por la consulta popular. Córdova renunció al cargo el 30 de enero, pocos días antes de la consulta. El presidente Moreno dijo que el ministro había desobedecido la orden. Fuentes del gobierno digeron a Plan V que se iba a revisar cerca de 2500 concesiones entregadas por esa administración.

Luego de la salida de Córdova, la ministra encargada, Raquel Illescas, aclaró que la concesión era un contrato de exploración, que no había en el Ecuador aérea minera que estuviera en fase de explotación, y que los reclamos de la población no tenían razón de ser, en base a que el ministerio garantizaba que habrían las prevenciones ambientales para cumplir la ley. Con todo, la funcionaria anunció, también, que el catastro minero sería sometido a revisión.

Para el analista económico Walter Spurrier, el presidente Moreno había entregado "la cabeza" de Córdova a los activistas ambientales y a las organizaciones indígenas con miras a garantizar su apoyo político para la consulta. Spurrier alabó la gestión del renunciado ministro, quien se convirtió en una funcionario alabado por los grandes capitales mineros que tienen interés de invertir en el país, y que habían anunciado que en el 2018 duplicarían los montos de su inversión. Para fuentes técnicas vinculadas al sector, Córdova había realizado "una gran tarea" en el tema de la minería a gran escala, pero dejaba muchas dudas en el control de la minería ilegal o artesanal y los problemas de seguridad que aquello conllevaba. 

El otro elemento que entró en el escenario fue el contralor subrogante Pablo Celi. El funcionario anunció que investigaría todas las concesiones mineras entregadas en los últimos meses y luego de la consulta popular se hizo una visita técnica a concesiones mineras que Azuay, Quimsacocha y Río Blanco, las cuales han sido cuestionadas reiteradamente por activistas antimineros. Celi dijo que esta gestión se hacía en función de generar una "contraloría social".

 "No hemos demandado al Estado": gerente de Cumbaratza  

En una carta de rectificación, el gerente general de Cumbaratza, Carlos Peña Matheus, aclaró que jamás la empresa ha puesto cuantía a su contencioso con el Estado ecuatoriano. Registramos su reclamo y adjuntamos una ayuda memoria que el gerente Peña ha enviado a esta redacción. 
 

Señores:

En un artículo de la Revista "Plan V" que me fuera enviada por este
medio, he leído una información relacionada con la Empresa Minera
Cumbaratza S.A., de la cual soy el Gerente General, la misma que
contiene multiples errores de información Jurídica, Social y Minera.

Realmente, realizar un análisis de todos los errores tomaría muchas
páginas y el objetivo de una revista es informar de una manera
condensada; sin embargo, debo hacerles una observación, ya que un buen
periodismo al realizar la investigación para un artículo, debería
también consultar a la parte que "quieren" afectar y no solamente
permitirse divulgar lo que de "oídas" han recabado.

Me dirijo a ustedes solamente para rectificar una información demasiado
tendenciosa y definitivamente falsa: La de que Cumbaratza haya demandado
al Estado por TREINTA MIL MILLONES DE DOLARES y haya ganado la demanda!
Para su conocimiento, nuestra empresa JAMÁS ha demandado al Estado por
semejante suma ni por ninguna pretendida compensación por la falta de
cumplimiento a las múltiples sentencias favorables a nuestra empresa
que se inician con la primera de todas el 19 de Marzo de 1985 Diecinueve
de Marzo de Mil Novecientos Ochenta y Cinco.

Mepermito adjuntarles el último alegato presentado por la empresa ante
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que lo considero como un
excelente resumen de la historia Judicial de la empresa. Si se toman la
molestia de leerlo se darán cuenta de la serie de errores que contiene
el artículo de su publicación.

Por último, y no menos importante, debo indicarles que nuestra empresa
está plenamente consciente del problema social "creado" por el mismo
Ministerio de Minas al irrespetar un área Subjudice y haber entregado
contratos viciados de nulidad a mútiples pequeños mineros artesanales
dentro del área Cumbaratza. Nosotros siempre hemos manifestado, y
aprovechamos para ratificarlo una vez más, que no vamos dejar a nadie
sin su fuente de trabajo y que vamos a respetar a esos pequeños mineros
otorgándoles contratos de Operación Minera para que se encuadren
dentro de la Ley y puedan continuar realizando su trabajo, ahora
legalmente.

Esperamos que en un acto de justicia periodística, ustedes rectifiquen
en su revista todos los comentarios equivocados del artículo en
mención.

Atentamente,

CARLOS PEÑA MATHEUS
Gerentre General