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10 de Febrero del 2014
Investigación
Lectura: 29 minutos
10 de Febrero del 2014
Redacción Plan V
La frontera del miedo

Fotos: Presidencia de la República

Los patrullajes militares en los ríos fronterizos con Colombia son constantes; pero los pobladores se quejan de retenciones indebidas a personas, embarcaciones y mercaderías.

 

Juan Manuel Santos (izquierda), presidente de Colombia, camina junto a Rafael Correa durante la inauguración del nuevo puente de Rumichaca. Las relaciones entre los dos países han mejorado.

 

El Presidente comparte con la tropa de uno de los destacamentos amazónicos en la frontera con Colombia. El Ejército cuenta con el respaldo político del Primer Mandatario.

 

La infraestructura en la Frontera Norte ha mejorado a raíz de los acuerdos binacionales con el vecino, Colombia. En la foto, el nuevo centro de atención fronteriza.

 

Un helicóptero Súperpuma, de la Aviación del Ejército, vigila el límite binacional.

 

Organizaciones indígenas, de mujeres y de derechos humanos alertan sobre la militarización en la frontera con Colombia y cómo sus comunidades se ven afectadas por allanamientos, incursiones armadas, detenciones arbitrarias, requisas... Una Alerta Temprana fue enviada a la Defensoría del Pueblo del Ecuador hace ya seis meses.

La militarización de la Frontera Norte, especialmente en Sucumbíos, ha sido denunciada por diversas organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos, a escala nacional e internacional. Es más, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), se ha denunciado que luego de los acuerdos militares secretos, dice la denuncia, firmados entre los ejércitos del Ecuador y Colombia, las agresiones a campesinos fronterizos ecuatorianos y los enfrentamientos de fuerzas ecuatorianas con fuerzas irregulares de Colombia, se han incrementado. Esto ha ocurrido desde abril del 2013.

La carta enviada por seis organizaciones de Sucumbíos a la Defensoría del Pueblo. 

Las organizaciones denunciantes son: Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Inredh; Federación de Mujeres de Sucumbíos, Comité de DDHH de Sucumbíos, la Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kiwcha, Asociación de Comités Promotores de Salud de Sucumbíos, Red de Líderes Comunitarios Ángel Shingre y el Comité de Derechos Humanos de Coca.

Una comunicación interna de marzo del 2010, del entonces llamado Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, daba cuenta que el 18 de febrero de ese mismo año, el general Hugo Villegas, comandante de la IV División Amazonas, ponía en conocimiento del Inda un listado de 430 personas de origen colombiano. El alto jefe militar “denunció” que estas personas estaban asentadas en predios privados y estatales. El oficial aseguraba en su comunicación que quienes aparecen en el listado como agricultores, amas de casa, comerciantes y obreros autónomos, “estarían apoyando y colaborando con la perpetración de ilícitos como tráfico de armas, tala ilegal de madera, contrabando y tráfico de sustancias estupefacientes, apoyo a grupos subversivos, entre otras”.  El Ejército pidió al Inda el desalojo de estas más de 400 familias.

La entidad se negó porque legalmente era imposible. Pero se acordó “que es necesario que el Inda ejecute acciones coordinadas a fin de colaborar con las acciones que en procura de la seguridad nacional lleva el Ejército ecuatoriano”.

Esto fue escrito en una comunicación dirigida por Diego Ortiz, director de Procuraduría Judicial del Inda, al delegado provincial de la entidad en Sucumbíos. Sin embargo, el señor Ortiz dio algunas instrucciones al delegado del Inda, para que fueran cumplidas de inmediato: abstenerse de atender pedidos de adjudicaciones de tierras que se encuentren dentro de los 20 kilómetros de la Zona de Seguridad Nacional, establecidos dentro del decreto 433, del 28 de junio del 2007, y de acuerdo al artículo 405 de la Constitución, el cual determina que las personas naturales y jurídicas extranjeras no podrán adquirir ningún título de tierras o concesiones en áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas de acuerdo con la ley.

Informe del Inredh a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las poblaciones en la frontera colombo ecuatoriana.

La autoridad pidió también al delegado que se abstuviera de emitir certificados de posesión que pudieran generar derechos. Además ordenó comunicar a los notarios y registradores de la propiedad que, dentro de toda venta y transacción que se celebre respecto de tierras enajenadas por el Estado, se solicite autorización del Inda, y que los adjudicatarios no podrán arrendar, ceder, enajenar a personas extranjeras todo o parte del predio adjudicado. Y, finalmente, exigió coordinar con el Ejército ecuatoriano la verificación periódica del cumplimiento de las obligaciones a las que se sujetan los adjudicatarios de tierras del Inda.

La comunicación enviaba el listado de personas proporcionado por el Ejército.

El siguiente es el informe 2012, investigado y publicado por la Clínica Ambiental de la Universidad de Cuenca, sobre los hechos posteriores a este oficio:

“La Comunidad Sinchi Runa se ubica en el cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos al noreste del Ecuador.

Las 104 238 ha del Triángulo de Cuembí, cantón Putumayo, fueron declaradas bosque protector a través del Acuerdo Ministerial 080 que, entre otras disposiciones, prohíbe talar madera en la zona. El Acuerdo lo emitió el Ministerio del Ambiente, en el cual se establece que la protección y control del Bosque y vegetación Protector Triángulo de Cuembí la efectuará el Ministerio de Defensa (Art. 6 del acuerdo).

Se declaró área protegida con la justificación de cuidar los bosques y el medio ambiente, sin embargo, a las comunidades indígenas se les restringieron algunos derechos y la petrolera continuaba operando.

El área del bosque protegido fue determinada a través de un censo realizado por los militares 3 años atrás,  cita el informe, en el cual se determinaba la presencia de los poblados de Santa Rosa, Santa Elena y el Palmar (parroquias), y se los excluye del área protegida. Sin embargo, de acuerdo al alcalde del cantón Putumayo, Segundo Londoño, en la realidad existen más de 10 comunidades las cuales han sido desconocidas y estaban siendo afectadas. De acuerdo a los comuneros de Sinchi Runa, las poblaciones de Santa Elena, Santa Rosa y El Palmar son las áreas más taladas. El alcalde del Cantón Putumayo también afirmó que era un censo “mentiroso” ya que según sus registros 5600 niños y niñas asistían a las escuelas comprendidas dentro del Triángulo de Cuembí mientras que el censo reconoce apenas 10 470 habitantes.

Los habitantes de Sinchi Runa afirman que como justificación para la declaración de bosque protector se acusó falsamente a 400 colombianos de estar dañando el lugar.

No hubo consulta previa antes de la declaración de bosque protector. El Alcalde afirmó que fue un acuerdo impuesto, con desinformación total de las comunidades, sólo se ejecutaron las decisiones declarándose “bosque protector en un área en la que el gobierno no ha hecho presencia”.

Los pobladores de Sinchi Runa se enteraron de la vigencia de este acuerdo cuando el presidente de la comunidad fue demandado por talar 5 ha de bosque para construir el centro comunal. Se trata de un “decreto desde la capital de la República, atrás de un escritorio”, dijeron los pobladores. La autoridad local no sabe lo que se va a hacer al declararlo bosque protector, supondría que se pretende explotar hidrocarburos ya que a pesar de ser un área en la que la explotación es reciente, existe mucho petróleo. El alcalde Londoño, como consejero del cantón, perdería competencias en áreas como vialidad, dijo el informe de la Universidad de Cuenca.

El informe aseguraba que “entre los comuneros de Sinchi Runa existe incertidumbre respecto a este acuerdo, ya que ellos talan árboles dentro del territorio que le corresponde a la comunidad para sembrar yuca y plátano para su alimentación, y utilizan la madera para construir sus viviendas. Temen perder estos derechos.

“Existe entre los pobladores de la comunidad el convencimiento de que los están chantajeando con no entregarles las regalías del petróleo mientras no firmen el acuerdo. Sin embargo, dicho acuerdo entró ya en vigencia sin necesidad de la firma ni de los pobladores ni de las autoridades del área.

“La comunidad Sinchi Runa y el Comité de Padres de Familia de la Escuela quieren denunciar los siguientes hechos:

“Del 7 al 30 de mayo se evidenció presencia militar inusual. Ocho días antes del 7 de mayo dos tipos con acento colombiano andaban en una moto, se identificaron como fuerza de seguridad y querían arrendar una casa para 15 personas. Preguntaron a Luis Méndez, Clemente Dagua y Tito Guatatoca, éste último dijo que los podía recibir.

“Durante la Consulta Popular del 7 de mayo, algunos militares se quedan a dormir en la escuela y otros en la casa de Tito Guatatoca durante una noche. El 30 de Mayo llegó un coronel a pagar el arriendo y le da $10. Tito es de Singüé, vive junto al puente del río San Miguel.

“El 12 de mayo Víctor Rosero, de Sansahuari, vino a cazar y esperaba en la vía que pasa por Sinchi Runa cuando una camioneta lo envistió y saltó un tipo gritándole guerrillero hijue puta, le pidió el arma, lo revisaron y le dijeron que se vaya. La camioneta se fue, llegó su primo en un trooper y se detuvo en la vía, la camioneta regresa y les exige paso. Dos de los ocupantes los apuntan con un arma para que se quiten. Se identifican como fuerza de seguridad.

“A partir del 15 de mayo y durante tres noches un grupo de unos 20 hombres, que se identificaron como Brigada 19 Napo, duermen en la escuela. Estaban armados, vestidos de civil, de edad avanzada (45 a 55 años), barbados, no había jóvenes, y tenían acento colombiano. Montan sus carpas camufladas en el comedor de la escuela, apilan ahí sus mochilas también camufladas, usan los alimentos (plátano) y la leña que los padres habían dejado para los niños y durante el día se introducen en la selva cerca al río San Miguel.

“Durante los tres días siguientes se observó otro grupo más de hombres en el monte en el área de Tangueya y en el puente del río San Miguel, quizá hasta 80 en total. Andaban en camionetas y camiones de las fuerzas de Inteligencia. Estacionaban un carro en el área de la escuela y se observaron carros azules con el sello de Petroecuador. En total eran tres camionetas 4x4 con cajón cubierto, una azul, una blanca y una gris, sin placas. El teniente de Seguridad Física de Petroecuador dijo a personeros de la comunidad entrevistados que esas camionetas no pertenecían a la empresa.

En la mañana del primer día, se dirigen al aula de la escuela y amenazan a los niños, los apuntan con sus armas. Los niños/as no querían ir a clases.

He aquí las reacciones de algunos de los niños:

Ermes Tangoi (hijo de Senaida Tangoi) no quería irse a la escuela, al siguiente día de la incursión no fue a clases al igual que el resto de sus compañeros. Ermes les vio con armas y se fabricó un arma de madera. Dani Dagua (hijo de Clemente Dagua) le dijo a don Clemente que habían venido unos señores armados y que no quería irse a la escuela porque ellos pasaban ahí.

Ervin Méndez, 8 años, (hijo de Luis Méndez): “Llegaron unos señores barbados me dijeron que no diga nada con el cuchillo en la mano (seña de cuchillo al cuello)”

Hace 7 meses en Sansahuari fue hallado un chico al que le habían sacado los órganos. Por este motivo, los niños/as tienen miedo de la gente desconocida.

En ese primer día no se identificaron y fueron groseros con los comuneros “qué jodes hijo de puta” “ya hablamos con la profesora”, fueron sus respuestas a las peticiones de identificación por los comuneros.

Versión de la profesora

“Llegó un día a clases un carro con varias personas, del cual se bajó un señor vestido como en el Ejército y le dijo que no quería hablar con ella sino con los niños. Desde fuera del aula (las ventanas no tienen vidrios) les empezó a interrogar acerca de si una persona (no recuerda su nombre) vendía o no madera. “La maestra les hizo una señal a los niños para que no dijeran nada. Posteriormente la maestra también fue interrogada. Después se acercaron más hombres, algunos vestidos de civil, armados.

“Llegaban en carros en la noche y pernoctaban en la escuela. Durante esos días los niños estaban asustados, no atendían a clases y se ponían tensos cuando pasaba gente por la escuela. Tenían miedo de que esos hombres les hicieran daño, como robarles las córneas.

“La profesora duerme en un cuarto junto a la escuela con su niño de 4 años y
ambos se sentían inseguros e inquietos.

“Estos hechos fueron denunciados en el Batallón 55 de Putumayo, y el Ejército mandó una patrulla 8 días después cuando ya los ocupantes se habían ido de la escuela.

Incursiones anteriores

“A partir de los actos de resistencia del 26 de septiembre de 2011 no han regresado los militares. Antes de esa fecha era común que miembros del ejército acampen en la vía cerca a las comunidades dejando bolsas estampadas con insignias del ejército. También eran frecuentes las incursiones dentro de las casas de los comuneros. Los militares mientras patrullaban el área, dicen algunos pobladores, invadían las casas que estaban vacías o abandonadas para abastecerse de alimentos, frutas y herramientas”.

Así denuncian que:

• Hace un año, los militares mientras patrullaban la montaña se metieron a la casa de la familia Machoa y se llevaron cuchillos, la fosforera, una tortuga, tijeras para la producción de cacao, ollas, ropa interior, limones y dejaron la casa llena de lodo.
• En una ocasión se llevaron la red de pescar del profesor. Muchas veces los comuneros no protestan porque los militares están armados y tienen miedo.
• A Galo Yumbo lo encañonaron (no se sabe cuántos) cuando invadieron su casa. Yumbo no pudo ser entrevistado porque no estaba en la comunidad ya que sale a trabajar.
• En el año 2009, a Luis Méndez un grupo de militares lo obligaron a meterse en una letrina acusándolo de guerrillero.

El 23 de agosto del 2013, hace unos 6 meses, seis organizaciones de derechos humanos de la Amazonía enviaron una “Alerta Temprana” sobre la situación de derechos humanos en las comunidades de la ribera del rio San Miguel y río Putumayo, provincia de Sucumbíos. La carta fue enviada a la Defensoría del Pueblo, y advertía que tras los ataques de agosto, en los cuales perdieron la vida seis personas, fueron detenidas cuatro personas, entre estas dos niños de 5 y 8 años de edad. La situación volvía a poner en grave riesgo a las familias.

Las organizaciones denunciaron varios antecedentes para demostrar que en la ribera de los ríos fronterizos, los constantes ataques y enfrentamientos mantienen en el medio a las miles de familias colombo ecuatorianas que viven de su trabajo pacíficamente.

El 11 de agosto del 2011, en las cercanías de la comunidad de Puerto Mestanza, Sucumbíos, se dio un incidente supuestamente entre el Ejército ecuatoriano y desconocidos del lado colombiano. Allí murió Darío Santander Guerrón, un adolescente ecuatoriano que recibió el impacto de una bala en su cabeza cuando estaba tranquilamente en su casa. Murió en el acto. Hasta la fecha, dice la Alerta Temprana, el Ministerio de Defensa ecuatoriano no ha dado facilidad alguna para el esclarecimiento de los hechos.

El 18 de octubre del 2012, cerca de la comunidad de Cochas del Betano, en el cantón Lago Agrio,  hubo un tiroteo en las riberas fronterizas del río San Miguel. Tras este hecho, unos 30 militares ecuatorianos llegaron a una casa de la comunidad, disparando al aire y acusando a sus moradores de colaborar con los grupos irregulares colombianos. En la casa se hallaban cuatro hombres mayores de edad, dos mujeres mayores de edad y dos niños de 2 y 4 años de edad.  Los ciudadanos fueron detenidos por los militares, uno de ellos tenía carné de refugiado. “Estas personas fueron amarradas y encapuchadas, trasladadas a un lugar desconocido, donde se les mantuvo durante todo el día mientras eran presumiblemente agredidos, acusándolos de ser guerrilleros o colaboradores de la guerrilla. En la tarde y noche de ese día fueron entregados al Ejército colombiano; llegaron en la madrugada siguiente a Puerto Leguízamo, en Colombia, donde se les dejó en libertad. Además, el Ejército ecuatoriano permaneció en la casa familiar todo el día y noche, impidiendo a las dos mujeres y a los dos niños abandonar la casa. Salieron de la vivienda el sábado 20, y los habitantes reportaron la desaparición de varios enseres”, dice la Alerta.

Es mismo día 20 de octubre, en la comunidad kwicha de Sandi Yacu, cantón Putumayo, tras un nuevo enfrentamiento con grupos irregulares,  el Ejército ecuatoriano detuvo a cuatro personas de dicha comunidad: dos mayores de edad, un menor de edad, una mujer menor de edad embarazada de 9 meses y su hijo de 14 meses. Fueron trasladados al Batallón de Selva 55, ubicado en Puerto del Carmen, Sucumbíos, donde fueron retenidos todo el día, hasta pasada la media noche, cuando los varones fueron entregados a fuerzas policiales y la menor embarazada y su hijo fueron liberados el domingo 21de  octubre.

Según la carta, la menor nunca recibió una razón para su detención. Tres días después, los varones fueron deportados a Colombia, después de haber sido cesados de su condición de refugiados por orden de la Intendenta de Policía de Sucumbíos, relatan las organizaciones. Tras su deportación, estas personas pusieron una denuncia en la Fiscalía por presuntos malos tratos causados por miembros del Ejército ecuatoriano. De las casas de las personas detenidas desaparecieron documentos personales tras el paso del Ejército ecuatoriano, denunció el informe.

Entre el 14 de enero y el 28 de enero del 2013, unos 40 miembros del Ejército ecuatoriano se albergaron en las instalaciones de la unidad educativa Carlos Azuero, de la comunidad  de Puerto Nuevo, del cantón Lago Agrio. Ocuparon la cancha abierta sin autorización de la directiva de la escuela, ni de los padres de familia ni los miembros de la comunidad. La presencia militar fue permanente y generaron miedo y zozobra entre los niños, pues los militares estaban armados y ocuparon las instalaciones como los baños, canchas y otras…
Las organizaciones denunciaron además las constantes requisas a embarcaciones ecuatorianas en el río Putumayo por parte del Ejército colombiano. Los militares retienen documentos personales y personas, hasta por dos horas, e impiden  la libre circulación por el río, principal vía de comunicación de los pobladores.
Las organizaciones de derechos humanos denunciaron que el Ejército ecuatoriano hace constantes incursiones armadas en las casas y comunidades, sobre todo indígenas. Es la frontera del miedo y la indefensión. Las instituciones ecuatorianas no se han pronunciado al respecto.

Un equipo de DD.HH. viajó a la frontera, en septiembre del 2013, para indagar sobre el resultado de las investigaciones en el caso de la muerte de tres campesinos que recibieron disparos del Ejército ecuatoriano, y del adolescente que fuera impactado en la cabeza por una bala perdida luego de un enfrentamiento militar.

“No hemos logrado que se haga justicia”

Ernesto García

Ernesto García es el abogado de las víctimas, y él llevó adelante la denuncia de los dos casos.

“La acción que hemos presentado es una acción justa, con aspiraciones justas. Desgraciadamente el Estado ecuatoriano no ha garantizado para que se cumpla con el debido proceso y que se haga justicia. Lo que sucedió el 18 de enero del 2011 en el río San Miguel fue que el Ejército ecuatoriano asesinó a tres ciudadanos, dos de ellos colombianos y uno ecuatoriano. No es como el Ejército ecuatoriano, como el Estado ecuatoriano, como el Gobierno colombiano manifiestan que hubo enfrentamiento entre la guerrilla y el Ejército. Son disparos a mansalva, porque el Ejército les dispara por la espalda y en todo caso dentro del proceso está demostrado que no son guerrilleros y así fueran guerrilleros no significa que el Ejército, el Estado ecuatoriano tienen la potestad para asesinar a los ciudadanos en la frontera. El fiscal Felipe Villota, que estaba encargado de investigar sobre los hechos ocurridos, determina que la culpabilidad solamente recae en el general (Hugo) Villegas, que era el comandante del Ejército ecuatoriano en esta zona. Nosotros consideramos que debía acusar a los dos capitanes del Ejército, capitán Marlon Luna y un capitán Fabricio García que eran quienes comandaban las patrullas del Ejército. Sin embargo, aquí en el Ecuador no hemos logrado que se haga justicia y hemos presentado hace más o menos unos cinco meses demanda internacional por violación de DDHH ante la CIDH”.
 
“Nuestra lucha continua”

Martha Molano

Martha Molano es familiar de uno de los campesinos colombianos que fueron dados de baja por el Ejército.
“Lamentablemente en este país, la ley para la gente pobre y humilde no existe. Cuando murió mi tío (Orlando Tapia), desde ese entonces, nosotros hemos llevado tres años de lucha. Ni los dos tenientes, ni el coronel fueron procesados en el caso… fue un caso que aquí archivaron y dieron por cancelado, cuando tres víctimas en frontera murieron atacados por la espalda por las fuerzas militares del Ecuador. La lucha de nosotros continúa como familia; el proceso no se quedará ahí, porque estamos seguros y dispuestos a dar todo por mejorar la condición de vida de muchas personas que en el tema de frontera son violentadas por las fuerzas militares, y –lastimosamente– aquí hay mucha gente afectada de hecho. El fiscal Felipe Villota fue destituido por este proceso porque, desde los altos ejecutivos del Estado, no permitieron que fueran procesados los dos tenientes ni el coronel. El Dr. Felipe Villota, en un inicio estaba procesando, de acuerdo a la ley, porque la base fue que en criminalística nos pudimos dar cuenta de que habían sido atacados por la espalda, de hecho a mi tío le ingresaron dos o tres balas. Cuando el Dr. Villota empezó a procesar este caso a él también lo procesaron y fue destituido…

“Nosotros como familia estamos velando porque la ley, así sea tarde, la justicia así sea tarde, pero llegué. No podemos permitir que en la frontera veamos muertos, simplemente porque a otro le da la gana de matarlos; cuando es gente humilde, gente trabajadora, gente campesina; que por el hecho de no tener recursos económicos, estos casos quedan violentados y aquí están siendo archivados…

“El balance es la impunidad total”

Alberto Ribadeneira

Alberto Ribadeneira, como ex Defensor del Pueblo por la provincia de Sucumbíos y como abogado defensor del caso de Rubén Darío Santander Guerrón: ¿cuál es su balance de la justicia en el caso del chico muerto por una bala pérdida del Ejército en Puerto Mestanza?

Bueno, el balance es… no sólo en este caso, sino como en todos los casos: total impunidad. Porque imagínate, ni siquiera en el caso de los 11 del Putumayo la Comisión de la Verdad, que fue conformada por el mismo Presidente de la República, ha querido hacer nada. En el caso de Rubén Darío Santander ya han pasado más de dos años y la justicia ha sido incapaz de iniciar una instrucción fiscal en contra de alguien… Ni siquiera en primera instancia, está en indagación previa. A él lo mataron el 11 de agosto del 2011 y todavía no se ha abierto una instrucción fiscal en el caso.

Hemos dirigido una carta al Fiscal General pidiéndole que impulse la causa y no ha pasado nada. El fiscal Carlos Jiménez pidió el archivo definitivo del expediente y el juez se negó y volvimos a lo mismo, a cero, porque no se ha hecho tampoco nada por investigar la muerte de Rubén Darío Santander.


 Entrevista:


​Samuel Santander y Karen Guerrón en Puerto Mestanza

El 28 de septiembre del 2013, en la casa de Samuel Santander y Karen Guerrón, en Puerto Mestanza. Son padres de Rubén Darío, quien murió algo más de dos años atrás, producto de una bala perdida atribuida al Ejército. A esa fecha, el tema permanecía en indagación previa.“Nos ofrecieron una casita”

Samuel: Hace tiempo que las autoridades no se han pronunciado para nada, ni nada. Nosotros esperamos que salga a la luz lo que ocurrió con mi hijo y las autoridades no aparecen en nada.

Karen: De parte del Estado hasta ahora nada. Siempre la Fiscalía de Sucumbíos dice que no hay respuestas, para nada. Eso tiene que salir a la luz, eso no se va a quedar así. Vamos a seguir luchando hasta que salga a la luz y tienen que aparecer los culpables, los responsables.

¿Es verdad que la exgobernadora de Sucumbíos, Nancy Morocho los visitó, les pidió silencio y les ofreció una casa?

Pues sí, nos ofrecieron una casita, pero una casita sencilla; pero es totalmente aparte del juicio que llevamos, no es para callarnos, eso es mentira.

¿Y eso ofreció la gobernadora?

 Eso viene de parte de lo más alto…

¿Desde la Presidencia de la República?

Sí, desde la Presidencia.

¿Y no han cumplido tampoco eso?

Sí, están cumpliendo, hasta ahorita no nos han entregado pero está en camino.

¿Ustedes llegaron a hablar directamente con el Presidente de la República?

Sí señor.

¿En Quito?

En Cascales,  en 2012.

¿Y el Presidente Correa, frente a los hechos, qué supo manifestar?

 Él se comprometió a hablar con los ministros, e investigar, y salir adelante, porque le fui sincera; yo le dije lo que yo quería. El mismo Presidente dijo: aquí, ahorita que están todos los ministros, incluso en este tiempo estaba el ministro Miguel Carvajal, pero hasta ahora nunca, no ha habido ninguna respuesta.


¿O sea que los militares no han coordinado con el pedido del Presidente de que esto se aclare?

 Nada, nada… No han colaborado, porque ahí estaban los ministros de Defensa, estaba Johana Pesantez que era ministra de Justicia en ese tiempo, estuvo el ministro Serrano…

¿Con él conversaron también?

 Él estuvo incluso al lado mío.
 

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