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4 de Enero del 2021
Investigación
Lectura: 80 minutos
4 de Enero del 2021
Manolo Sarmiento
La gran farsa de la anulación de las firmas de la consulta por el Yasuní
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El 12 de abril de 2014 los miembros del colectivo Yasunidos, acompañados de delegados de otras agrupaciones políticas y de los pueblos indígenas, entregaron en el CNE más 750 mil firmas en respaldo a su consulta popular para detener la explotación del bloque ITT. Foto: Edu León

 

En 2014, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador (CNE) anuló en dos semanas algo más de 400 mil firmas de la petición de consulta popular propuesta por el colectivo Yasunidos que buscaba dejar bajo tierra el petróleo del bloque ITT en el parque nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana. Seis años después de la anulación, esta investigación revela cómo el CNE organizó un mecanismo que propició la eliminación arbitraria de cientos de miles de firmas para cumplir el propósito de impedir, a como diera lugar, que la consulta popular se hiciera.


El 12 de abril de 2014 los miembros del colectivo Yasunidos, acompañados de delegados de otras agrupaciones políticas y de los pueblos indígenas, entregaron en el CNE más 750 mil firmas en respaldo a su consulta popular para detener la explotación del bloque ITT.

En 2014, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador (CNE) anuló en dos semanas algo más de 400 mil firmas de la petición de consulta popular propuesta por el colectivo Yasunidos que buscaba dejar bajo tierra el petróleo del bloque ITT en el parque nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana.

Seis años después de la anulación, esta investigación revela cómo el CNE organizó un mecanismo que propició la eliminación arbitraria de cientos de miles de firmas para cumplir el propósito de impedir, a como diera lugar, que la consulta popular se hiciera.

De las 750 mil firmas que el colectivo Yasunidos presentó en 2014 para convocar a una consulta popular sobre la explotación del campo petrolero Yasuní ITT, en la Amazonía ecuatoriana, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador (CNE) anuló más de cuatrocientas mil en solo catorce días. Hasta ahora había resultado imposible conocer qué firmas en concreto fueron rechazadas ni quién las rechazó, pues en 2014 el CNE, presidido por Domingo Paredes, no entregó la lista de los registros anulados y los nombres de los verificadores que los anularon. 

Al no realizarse la consulta, el gobierno nacional tuvo vía libre para explotar el polémico campo petrolero que fue inaugurado el 7 de septiembre de 2016.

Pero la historia no había terminado. En 2018, cuando Gustavo Vega presidía el CNE de transición, el organismo que sustituyó a las autoridades de la época correísta ya que habían sido destituidas, se formó una comisión independiente que recibió el encargo del mismo. La comisión auditora, presidida por la docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, Claudia Storini, concluyó que Yasunidos debía recibir el “certificado de legitimidad democrática” (es decir, el reconocimiento de que cumplió con el requisito de las firmas) en vista de los “serios indicios de arbitrariedad” encontrados. La nueva administración del CNE, que entró en funciones para reemplazar al consejo de transición y que está presidida desde 2019 por Diana Atamaint, desoyó la recomendación de la comisión auditora y ratificó lo actuado en 2014. Poco después, el Tribunal Contencioso Electoral confirmó esa decisión. Los Yasunidos recurrieron entonces a la Corte Constitucional, que admitió a trámite el caso el 16 de octubre de 2020.

La comisión auditora, presidida por la docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, Claudia Storini, concluyó que Yasunidos debía recibir el “certificado de legitimidad democrática” (es decir, el reconocimiento de que cumplió con el requisito de las firmas) en vista de los “serios indicios de arbitrariedad” encontrados.

En base a la información que entregó el CNE a la comisión auditora y a casi cuarenta entrevistas hechas en los últimos ocho meses a verificadores, grafotécnicos y exfuncionarios del organismo electoral, ahora es posible entender lo que efectivamente pasó en el Consejo Nacional Electoral entre el 17 de abril y el 4 de mayo de 2014. 

Durante esas dos semanas, el CNE montó un proceso de verificación que tuvo desde un inicio el propósito de descalificar la mayor cantidad de firmas en el menor tiempo posible y negar a los peticionarios toda posibilidad de apelación.

Para lograrlo, los altos mandos del CNE se aseguraron de contar con un grupo de verificadores y peritos incondicionales. También se cercioraron de que el proceso fuese fulminante: más de trescientos funcionarios trabajaron en jornadas sin descanso, incluidos sábados, domingos y los feriados de Viernes Santo y Primero de Mayo, de modo que los Yasunidos no tuvieron capacidad de supervisión, ni tiempo ni posibilidad de reaccionar. No fue barato y su legalidad es cuestionable: según declaró el mismo CNE en la época, se gastaron 800 mil dólares en el proceso y según la documentación oficial nueve de las personas que anularon firmas no constan en la lista de los verificadores contratados para ese fin.

Quienes dirigían esta gran estructura ejecutaron de modo diligente la orden impartida. En el último día, el 4 de mayo de 2014, entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde, un grupo de 131 verificadores examinó 107 mil firmas que habían sido consideradas dudosas: 816 cada uno, 3 cada minuto —suponiendo que no pararon ni para almorzar. 

Este promedio, sin embargo, es engañoso. El mismo documento revela que no todos anularon la misma cantidad de firmas, sino que hubo un top ten de verificadores ultrarrápidos que anularon tres y hasta cuatro veces más que los demás: entre ellos constan personas de confianza de los consejeros del CNE o que tenían vínculos o afinidades con el gobierno del entonces presidente de la República, Rafael Correa.

“Esas personas hicieron ‘tac, tac, tac’… dieron ‘enter’ sin parar”, me dijo un exfuncionario del CNE que trabajó de cerca en el proceso, a quien me referiré como Juan en este reportaje, pues me pidió mantener su nombre en reserva. La anulación de firmas fue tan abrumadora que, según Juan, el consejero del CNE Paúl Salazar ordenó en el último momento que el sistema informático del Consejo fuese intervenido para aumentar el número de firmas aprobadas. “Si saco esto me matan”, dice Juan que fueron las palabras que pronunció Salazar delante de algunos de sus asesores, “hay que subirles un poco.” Según esta fuente, la cifra de firmas válidas  a la que habían llegado los obsecuentes verificadores era tan baja que habría resultado inverosímil para la opinión pública. El consejero Paúl Salazar, quien era en la época el Vicepresidente del CNE, rechazó esta acusación. “No hubo ningún tipo de intervención en el sistema, así lo demostraron las auditorías de la Contraloría General del Estado que se hicieron en su momento”, me dijo. Salazar considera que estas denuncias tienen una motivación política.

* * *

Paúl Salazar recibió del presidente del CNE, Domingo Paredes, el encargo de organizar el proceso de verificación de firmas de los Yasunidos. Salazar es ingeniero en informática y había sido anteriormente asesor de Ricardo Patiño, quien en ese momento era Ministro de Relaciones Exteriores en el gabinete de Rafael Correa. Salazar dispuso que un equipo de quince funcionarios de la delegación del CNE del Guayas viajara a Quito a supervisar el proceso. “En Guayas se trabaja con grandes volúmenes de información y gran cantidad de personal”, me dijo Salazar para justificar su decisión, “es gente muy experimentada.” El CNE cubrió los gastos de traslado, estadía y viáticos de estos funcionarios. Juan, el exfuncionario con el que hablé, me confirmó que el equipo guayaquileño se ocupó de la parte central del proceso. “El personal de Quito recibía órdenes, los guayaquileños mandaban”, dijo.


El CNE contrató a 300 verificadores para procesar las firmas de Yasunidos. Trabajaron quince días sin parar, incluidos los fines de semana y los feriados de Viernes Santo y 1º de Mayo. Solo autorizaron a un máximo de quince veedores de Yasunidos, pero los veedores tenían prohibido interrumpir el trabajo de los verificadores. Foto: CNE (captura de video)

Patricia Carrión, activista de Yasunidos, me dijo que una funcionaria del CNE se le acercó durante el proceso para contarle que había venido desde Guayaquil “un equipo de élite” que rendía cuentas directamente al consejero Salazar.

Además de estos supervisores, el CNE contrató temporalmente a trescientos funcionarios para que verifiquen las firmas. Al menos cuarenta de los contratados también vinieron de Guayas y de otras provincias de la Costa. Algunas de estas personas que entrevisté me dijeron que vinieron como “gente de confianza” de Paúl Salazar o de otros vocales del CNE. Estas personas, a diferencia de los supervisores de la delegación del Guayas, viajaron a Quito cubriendo ellas mismas sus gastos de alojamiento y alimentación para no desaprovechar la oportunidad de trabajo que se les presentaba. 

Al menos dos de ellos me dijeron que también cumplieron funciones de supervisión, a pesar de que sus contratos no los autorizaba para ello. “Yo trabajaba en el CNE de Santa Elena. Desde diferentes delegaciones nos mandaron a un grupo para hacernos cargo de la supervisión”, me dijo el guayaquileño Ricardo Bowen. “Aparte de nosotros, la mayoría era gente ‘así nomás’ que la habían contratado en Quito. Pero los demás éramos de las provincias que manejaba Paúl Salazar, gente de confianza, de Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Manabí, y alguna gente de Quito”, dijo Bowen. Israel Noé Moreira, quien tenía 20 años de edad en 2014, también vino desde Santa Elena como parte de la gente de confianza de Salazar. 

Cuando le comenté mi sorpresa por la rapidez con que hicieron su trabajo, Moreira me dijo con orgullo: “¡Fue un resultado excelente! Se acabó en tres semanas lo que decían que iba a tomar tres meses. ¡Lo hicimos demasiado rápido!” Moreira, quien actualmente trabaja en la prefectura de Santa Elena, también trabajó como supervisor por fuera de las atribuciones de su contrato. Como tal, guiaba a los demás verificadores en su trabajo. “Los verificadores nos decían… ‘disculpe, una consulta, ¿se parece o no se parece esta firma?’, y nosotros le decíamos ‘dale anulada’ o ‘dale correcto’.” El consejero Paúl Salazar niega que todas estas personas hayan sido de su confianza. “¡Imagínese que el vicepresidente pueda tener tantas personas de confianza, sería muy difícil!”, me dijo. 

Entre los 300 contratos temporales hay tres para las funciones de supervisor. El primero fue suscrito con Andrés Valarezo Díaz, quien poco después pasó a trabajar como analista en la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, que estaba a cargo de Viviana Bonilla. Actualmente Valarezo consta como adherente del Partido Centro Democrático, afín al correísmo.

Entre los 300 contratos temporales hay tres para las funciones de supervisor. El primero fue suscrito con Andrés Valarezo Díaz, quien poco después pasó a trabajar como analista en la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, que estaba a cargo de Viviana Bonilla. Actualmente Valarezo consta como adherente del Partido Centro Democrático, afín al correísmo. Él me confirmó que trabajó en el proceso, pero no quiso dar más declaraciones para este reportaje. La segunda supervisora era Divina Purificación Vega, quien exhibe abiertamente en sus redes sociales su adhesión al expresidente Rafael Correa. La tercera supervisora, quien consiguió el trabajo gracias a un allegado afín al gobierno, me confesó las dudas que tenía sobre la transparencia del proceso y me pidió que no revelara su nombre. Me dijo que “se calló la boca” porque necesitaba su sueldo para sobrevivir. “No le puedo contar todas las cosas que sé por respeto y por cuidarme”, me dijo.

Otros verificadores cumplieron funciones de vigilancia. “Como me tenían confianza, desde la dirección de comunicación me pidieron que informara sobre cualquier anomalía”, me dijo María Auxiliadora Rodríguez, otra de las verificadoras. “Me lo pidieron porque había mucha gente allí, y muchos eran muy jóvenes”, dijo. “Yo debía ver que hicieran bien su trabajo. Era como una doble función que yo tenía allí”, explica Rodríguez, quien en esa época trabajaba en el programa de televisión Pulso Político que conducía el periodista Carlos Rabascall en TC Televisión. Después del proceso de los Yasunidos, Rodríguez pasó a trabajar en Gama TV y más tarde en la productora del mismo periodista. Rabascall es actualmente candidato a la Vicepresidencia de la República por la alianza Unión por la Esperanza, afín al  correísmo.

“La verdad es que en ese proceso había bastante gente infiltrada”, me dijo Ricardo Bowen. “A mí me metieron como ‘de tropa’ para que esté de ‘ojo seco’ [espiando] e informara de cualquier novedad. Pero la verdad es que yo no sirvo para ‘sapo’ mi amigo, a mí eso no me interesaba”, me dijo. Según él, la consigna de anular firmas a como diera lugar estaba sobreentendida.

—Por una razón muy sencilla: Correa quería explotar el petróleo del Yasuní, me dijo.

—¿Y cómo se transmitió la consigna?, le pregunté.

— Dar machete, que no pasen las firmas, esa era la orden. Eso era por demás obvio, respondió.

El 29 de abril, cuando el proceso ya estaba en marcha, el presidente del CNE, Domingo Paredes, firmó un contrato de consultoría con el perito grafotécnico Carlos Echeverría por 53.500 dólares para que capacitara y absolviera las dudas de los verificadores. Echeverría era un reputado forense y coronel retirado de la policía que falleció un año después.


El grafotécnico Carlos Echeverría Benítez, ya fallecido, fue contratado por el CNE para capacitar y asesorar a los verificadores por el monto de $53.500 dólares. En su informe de labores incluyó la intensa agenda de relaciones públicas que cumplió para defender el resultado de la verificación. Algunos de los peritos que constan en su informe en realidad eran policías activos que acudieron a apoyar el proceso por orden de sus superiores. Foto: CNE (captura de video)

Anteriormente, la Fiscalía le había encomendado a Echeverría las pericias balísticas que sustentaron la acusación de magnicidio en la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, cuando el presidente Rafael Correa estuvo retenido en un hospital y tuvo que ser rescatado por grupos de élite del ejército y la policía. Cinco personas murieron ese día. El CNE había contratado a Echeverría por primera vez en 2012 para que asesorara la verificación de las firmas de los registros de afiliación de los partidos políticos, cuando se descubrió que muchas de las fichas de afiliación eran falsas.

Echeverría apareció muchas veces en radio y televisión acusando a los Yasunidos de haber presentado firmas “irregulares”. En el informe final de su consultoría de 2014, enumeró entre las actividades cumplidas, las veinte entrevistas que dio para defender la anulación de las firmas presentadas por los Yasunidos. En algunas, Echeverría compareció acompañado del presidente del CNE, Domingo Paredes, y a todas llevó una selección de algunas firmas inconsistentes halladas en el proceso. Eran firmas que resultaban particularmente llamativas para el gran público, por lo que funcionaban muy bien en televisión.


El perito grafotécnico Carlos Echeverría toma fotografías de algunas firmas llamativas que después exhibirá en las veinte entrevistas que dio para defender el resultado de la verificación de firmas. Captura de una imagen de video del propio CNE el día 4 de mayo de 2014. Foto: CNE (captura de video)

Por ejemplo, una de las firmas que mostró incluía el dibujo de una ‘carita triste’. Sin embargo, en ese caso particular, la ‘carita triste’ era parte de la firma que constaba en la base de datos del Registro Civil, por lo que no había nada irregular en ella. El perito dijo solamente que el rasgo que constaba en el formulario de Yasunidos “carecía de la espontaneidad” del original. Que los servicios de un perito —normalmente obligados a la imparcialidad— incluyeran una intensa actividad de relaciones públicas no deja de ser extraño, más aún si consideramos que los Yasunidos no tuvieron acceso, como él, a la lista de firmas rechazadas.

El contrato con Echeverría fue suscrito el 29 de abril de 2014, cuando solo faltaban cinco días para la finalización del proceso, pero todo parece indicar que comenzó a trabajar antes de firmar el contrato. Entre los videos que grabó el departamento de comunicación del CNE para registrar las actividades de esos días, y que fueron entregados a la comisión auditora de 2018, hay imágenes fechadas el 13 de abril en las que aparece Echeverría impartiendo la capacitación.

Enrique Chiriboga, Director Nacional de Procesos en el Exterior del CNE en 2014, imparte una inducción al personal contratado para la verificación de firmas en el antiguo Comisariato de las FFAA. “Cuando se coloquen frente a la máquina adopten una posición ejecutiva porque va a venir la prensa… el que se quiera retirar que se retire, pero quiero aquí absoluta disciplina, les estamos pagando el doble de lo que normalmente se paga por este trabajo”, les dice en el video que grabó el propio CNE. Foto: CNE (captura de video)

El grafotécnico Marco Tipán consta como uno de los once expertos de la consultoría que Echeverría cita en su informe final. Sin embargo, Tipán me dijo que él participó en el proceso como funcionario de la Policía Nacional, en donde trabajaba, y no como consultor contratado. “Nosotros íbamos unos días, unas horas determinadas, porque teníamos que cumplir las dos funciones, como peritos de la Policía Nacional y a la vez hacer el trabajo encomendado”.

—¿Usted estuvo contratado como consultor o como Policía Nacional?

— A nosotros nos pidieron colaboración como Policía Nacional, por el numérico, porque yo era miembro activo de la policía. Entonces mal podría haber estado como contratado.

Según Juan, el exfuncionario del CNE que pidió la reserva de su nombre, otros cuatro de los peritos que Echeverría hizo constar como expertos de su consultoría en realidad eran policías activos. “Había un convenio con la Policía Nacional para que envíe personal a participar en el proceso. Ese personal vino, eran unos veinte, la mayoría eran estudiantes de tercer año de la carrera de criminalística, y estuvieron presentes esporádicamente allí. Algunos incluso trabajaron como verificadores en las computadoras”, dijo Juan. El CNE no entregó ninguna información ni a los Yasunidos, ni a la comisión auditora de 2018, sobre la participación de estos peritos de la Policía Nacional.

En 2014, el CNE contaba con dos peritos grafotécnicos de planta que trabajaban en el departamento de Organizaciones Políticas. Juan me dijo que el proceso de verificación lo pudieron haber hecho esos funcionarios con el apoyo de algunos contratados. “Si se contrataba peritos, debieron ser contratos individuales, no en una consultoría donde había un jefe que daba órdenes y dictaba criterios”, dijo. Si se hubiese procedido así, según Juan, el proceso habría sido más confiable pues en lugar de depender de un solo consultor, el CNE habría tenido que “tratar con diez peritos independientes que se hacen responsables de las decisiones que toman, de cada firma anulada.”


Un grupo de peritos grafotécnicos dieron apoyo a los verificadores el 3 y 4 de mayo de 2014. El CNE no ha dado información sobre la identidad de los peritos que participaron por delegación de la Policía Nacional. Otros lo hicieron como parte de la consultoría contratada con el perito Carlos Echeverría. Foto: CNE (captura de video)


En la imagen de video grabada por el mismo CNE aparece el perito grafotécnico Carlos Echeverría mientras rechaza directamente firmas en el sistema informático de la institución el 4 de mayo de 2014. Se trata de un acto irregular pues la aprobación o rechazo de firmas en el sistema informático es un acto administrativo reservado a los funcionarios públicos contratados para el efecto. Foto: CNE (captura de video)

En las imágenes de video que grabaron los camarógrafos del CNE aparece el perito Echeverría, en el último día de la verificación, tomando las fotografías de algunas firmas estrambóticas que luego mostraría en sus entrevistas. En un determinado momento se lo ve a él mismo sentado frente a la computadora rechazando firmas directamente en el teclado. Lo que muestra la imagen constituye una irregularidad flagrante pues el rechazo de una firma es un acto administrativo reservado a los funcionarios públicos y Echeverría no lo era.

***

El jueves 17 de abril de 2014, antes de que empezara la verificación, se produjo un episodio que anticipó la falta de transparencia que iba a caracterizar el proceso. Ese día, los Yasunidos intentaron bloquear el traslado de las cincuenta y cinco cajas con las firmas desde la sede del CNE en Quito, en la avenida 6 de Diciembre, hasta el antiguo Comisariato del Servicio Social de las Fuerzas Armadas, conocido como COSSFA, en la avenida de la Prensa de Quito. En este lugar, el CNE había instalado una especie de búnker para el proceso de verificación. 

Sentados en el piso del parqueadero del CNE, los activistas estaban decididos a no permitir la salida de los camiones militares que llevarían las cajas mientras no les garantizaran condiciones mínimas de transparencia. Los Yasunidos tenían desconfianza porque habían descubierto a funcionarios del CNE manipulando, sin presencia de ningún veedor, la caja que contenía las copias de las cédulas de los recolectores de las firmas. Era un tema muy delicado pues, según disponía el draconiano reglamento del CNE, sin la copia de la cédula del recolector el formulario entero perdía valor. De la manipulación de esa caja dependían todas las firmas.


​El 17 de abril de 2014 los activistas de Yasunidos se opusieron al traslado de las cajas que contenían las firmas desde la matriz del CNE hasta el antiguo comisariato de las FFAA. Las autoridades del CNE, con el apoyo de las FFAA y la Policía Nacional, pretendieron burlar su protesta trasladando las firmas subrepticiamente por una puerta secundaria del edificio. Una funcionaria del CNE los puso en aviso de lo que se pretendía. 
Foto: Edu León

Lo cierto es que los activistas se habían dispuesto frente a los camiones para bloquear su salida hasta que se llegara a un acuerdo.

Entonces, a espaldas de las negociaciones que se llevaban a cabo, las autoridades del CNE decidieron sacar las cajas a hurtadillas por una puerta secundaria del edificio. Los empleados del organismo no fueron indiferentes al bochornoso espectáculo de la fuga de las cajas para burlar la oposición de los peticionarios. Mientras una decena de ellos cargaban las cajas hacia la planta baja, otra funcionaria de la entidad se acercó a Pedro Bermeo, uno de los activistas de Yasunidos, y le contó lo que se estaba tramando. “Les están viendo la cara”, le dijo, “están sacando las cajas por el Auditorio.”

Los Yasunidos corrieron entonces a la parte baja, en la avenida 6 de Diciembre, y descubrieron que había dos camionetas de las Fuerzas Armadas esperando la carga. Los empleados del CNE se apresuraron a cargar las cajas en el balde de las dos camionetas, mientras el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional contenía por la fuerza a los activistas. 

En medio de gritos de “¡fraude!”, los empleados del CNE arrojaban las cajas a las camionetas amontonándolas unas sobre otras y poniendo en riesgo la seguridad de los documentos que contenían. Las camionetas arrancaron a toda velocidad en contravía por el carril oriental de la avenida, con varios empleados del CNE sentados en el borde del cajón de cada camioneta, jugándose la vida, agarrados de las cajas para evitar que caigan al pavimento. Uno de los camarógrafos del CNE filmó con destreza de reportero de guerra el recorrido de las camionetas en fuga mientras otro, con habilidades de espía, filmaba uno a uno los rostros de los activistas en los exteriores del CNE. Es una escena inverosímil que anunciaba el talante de lo que vendría después.


En medio de gritos de “¡fraude!”, los empleados del CNE arrojaban las cajas a las camionetas amontonándolas unas sobre otras y poniendo en riesgo la seguridad de los documentos que contenían. Después, las camionetas arrancaron a toda velocidad en contravía por el carril oriental de la avenida. Foto: Edu León

Fue tal el escándalo, que las autoridades del CNE ordenaron investigar cómo los Yasunidos se habían enterado de la evacuación subrepticia de las cajas. La funcionaria que se había contactado con Pedro Bermeo fue descubierta, aparentemente por las grabaciones de las cámaras de vigilancia del edificio, y pocos días después la despidieron sin darle ninguna explicación.

***

Si bien el inmueble del antiguo COSSFA había dejado de ser un recinto militar, tenía todas las características de un búnker. Allí, el CNE había equipado un salón con doscientas computadoras, donde trabajaron durante tres semanas los verificadores. Para asegurar aún más el control del proceso, el CNE restringió al máximo el acceso de los Yasunidos a este búnker, y cuando se lo permitía, les prohibía supervisar de cerca el trabajo de los verificadores. “Al inicio sólo nos permitían entrar a cinco personas”, me dijo Pedro Bermeo. “Nosotros reclamamos y por esto, y gracias a la presión de los medios, nos dejaron entrar a quince”, añadió.  

Bermeo me contó que cuando entraban eran cacheados y en alguna ocasión incluso les obligaron a sacarse los zapatos. Siempre les ordenaban dejar sus teléfonos celulares afuera. Además, una vez dentro, no les permitían interactuar y cuestionar las decisiones de los verificadores. “Era inútil estar allí”, recuerda Bermeo. “Algunas personas nos grababan con sus celulares. Luego esas imágenes salían en las cadenas de televisión del gobierno como prueba de que estábamos de acuerdo con el proceso”, me dijo. La abogada y activista de Yasunidos, Patricia Carrión, también estuvo presente durante la verificación. Ella me dijo que en el antiguo comisariato militar se vivía un ambiente de violencia psicológica. “No podíamos decir nada, los verificadores eran herméticos, preguntabas y no te respondían y después venía alguien y te decía, ‘¡cálmese o si no se va!’”, recuerda Carrión. “Para nada fue una veeduría, eso fue una pantalla que creó el CNE. La violencia psicológica nos rompía, salíamos llorando, los miembros de nuestro colectivo se fueron desmoralizando con el paso de los días y al final ya no querían ir, en los últimos días éramos muy pocos los que estuvimos presentes”, dijo.

La abogada y activista de Yasunidos, Patricia Carrión, también estuvo presente durante la verificación. Ella me dijo que en el antiguo comisariato militar se vivía un ambiente de violencia psicológica. “No podíamos decir nada, los verificadores eran herméticos, preguntabas y no te respondían y después venía alguien y te decía, ‘¡cálmese o si no se va!’”, recuerda Carrión.

Los diecisiete verificadores con los que hablé confirmaron que los Yasunidos no se podían acercar a ellos ni hablarles. “Ahí estuvieron siempre los Yasunidos, no podíamos comenzar ni terminar el proceso si ellos no estaban presentes,” me dijo María Auxiliadora Rodríguez, “sobre todo en la fase de verificación de firmas en duda, al final del proceso.” Estaban allí, casi siempre, pero su presencia era una mera formalidad. “Ellos no podían ver lo que nosotros hacíamos, ellos solo constataban que todo el mundo comenzara a hacer su trabajo”, me dijo Rodríguez. 

— Si no se acercaban, ¿cómo podían ellos impugnar lo que usted estaba haciendo?, le pregunté.

— Era imposible, nosotros éramos trescientos, ellos eran muchos menos. Ellos no podían acercarse a mirar lo que hacíamos. Así no era el proceso, me dijo la ex verificadora.

Los camarógrafos del CNE también grabaron la audiencia que los veedores internacionales Fausto Mendoza, de República Dominicana, y Sandra Minvielle, delegada argentina de UNASUR, concedieron a los peticionarios de la consulta el 26 de abril. En el video se ve que, antes de empezar la reunión, una funcionaria del CNE advierte a Natalia Greene y a Esperanza Martínez, delegadas de Yasunidos, que la audiencia no podía durar más de quince minutos “en razón de la apretada agenda de los veedores”. La excusa es sorprendente, pues, ¿qué podía ser más importante en la agenda de un veedor que escuchar a los peticionarios de la consulta que era objeto de la veeduría? En las imágenes se ve a Mendoza y a Minvielle escuchar de modo impasible la exposición y no tomar ni un solo apunte de lo que las delegadas exponen. 

Al final, Esperanza Martínez les pide que, por cortesía, se tomen el tiempo de saludar a unos delegados a los que no se les permitió participar en la audiencia, y los veedores se niegan a hacerlo. “Usted comprenderá que esos son ordenamientos y reglas en las que nosotros no podemos decidir”, dice el dominicano, dando a entender que las autoridades del CNE, sus anfitriones, les prohibieron saludar con nadie más. La escena es sobrecogedora.

Los veedores internacionales del proceso de verificación de firmas, Fausto Mendoza, de República Dominicana, y Sandra Minvielle, delegada argentina de UNASUR, recibieron en audiencia a Natalia Greene y Esperanza Martínez, delegadas de Yasunidos, el 26 de abril de 2014. La reunión tenía una duración taxativa de quince minutos. Foto: CNE (captura de video)

* * *

El colectivo Yasunidos se formó el 16 de agosto de 2013, al día siguiente de que el presidente Rafael Correa anunciara la cancelación de la Iniciativa Yasuní ITT. La iniciativa proponía a los países desarrollados compensar financieramente al Ecuador por el ahorro de emisiones de carbono derivado de la no explotación de los campos petroleros Ishpingo, Tambococha y Tiputini en el Yasuní. El beneficio colateral era la preservación de una zona del Parque Nacional Yasuní en donde vivían —y siguen viviendo— algunos pueblos indígenas en aislamiento. Si bien la paternidad de la idea es disputada, fue Rafael Correa quien se llevó el reconocimiento general por el carácter revolucionario de la misma. En cadena nacional, luego de anunciar el fin de la iniciativa, Correa lamentó que “el mundo nos ha fallado”, generando una enorme decepción entre sus muchos admiradores, en especial los más jóvenes. 

Los Yasunidos nacieron cobijados por la organización Acción Ecológica y al poco tiempo lanzaron la idea de recoger firmas para convocar a una consulta popular por iniciativa ciudadana, un mecanismo de democracia directa previsto en el artículo 104 de la constitución de 2008. En Yasunidos convergieron activistas muy diversos: provenían del ecologismo, de la militancia de izquierda, de asociaciones animalistas, veganos, del feminismo o del movimiento LGBTI. “Fue bien lindo encontrarnos en esa diversidad. Construimos la identidad de colectivo en los seis meses de recolección de firmas”, me dijo Antonella Calle. 

Otros eran simpatizantes desencantados de la Revolución Ciudadana. “Yo venía de un proceso político en la universidad que me hizo creer mucho en el gobierno de Correa. Pero poco a poco eso se fue cayendo y el punto de quiebre fue el tema del Yasuní. A partir de ese día ya no había manera de seguirlo justificando. Entonces me puse a recoger firmas y un día llegué a dejarlas en Acción Ecológica”, me dijo Pablo Piedra. La consulta de los Yasunidos condensa y representa, en cierto modo, el tuétano moral y simbólico del proceso político que lideró Rafael Correa, la Revolución Ciudadana, el clímax y declive de su legitimidad. Correa había impulsado el sueño de “salvar el Yasuní” por seis años y de la noche a la mañana reculó. Para miles de personas, especialmente las más jóvenes, resultaba difícil aceptar su nuevo planteamiento. El sueño había cobrado vida propia. Una encuesta de Perfiles de Opinión citada por diario El Comercio en octubre de 2013 señalaba que el 92% de los encuestados estaban a favor de dejar el crudo del ITT bajo tierra.

El sueño había cobrado vida propia. Una encuesta de Perfiles de Opinión citada por diario El Comercio en octubre de 2013 señalaba que el 92% de los encuestados estaban a favor de dejar el crudo del ITT bajo tierra.

Cuando los Yasunidos incluyeron en su propuesta de consulta la pregunta “¿Está usted de acuerdo en mantener el crudo del Yasuní ITT indefinidamente en el subsuelo?”, estaban cuestionando la autoridad moral del presidente Correa para decidir por sí solo la explotación del Yasuní. La discusión de fondo aludía al hecho de que la explotación de esos campos amenazaba la vida de los pueblos en aislamiento y, en consecuencia, entrañaba la posible comisión de un delito de genocidio.

Más de mil quinientos activistas recogieron las firmas entre octubre de 2013 y abril de 2014. Lo hicieron soportando estoicamente el acribillamiento mediático del gobierno y del presidente. Un informe del Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial enumera cientos de episodios de hostigamiento oficial en contra de ellos. 

El 31 de agosto de 2013, en su programa semanal de televisión, el presidente Rafael Correa tildó de “vaga” a quien resultó ser la abanderada del Colegio Mejía, Lady Morales, por haber participado en las protestas por el Yasuní y amenazó con retirar el cupo en la educación pública a los estudiantes que salieran a protestar. Aprovechando la fama de agitadores violentos que tenían las bases del Movimiento Popular Democrático (MPD), un partido de la izquierda marxista que apoyaba la consulta, Correa dijo: “Cuidado el lunes cuando empiecen clases, ¡padres de familia mucho cuidado! Ya tenemos circulares del MPD [en las que dicen] que quieren sacar a los jóvenes a las calles para tener un joven muerto. ¡Cuidado exponen a sus hijos! Además, ¡chico que sale, chico que perderá su cupo! Tengan mucho cuidado que estos irresponsables, miserables del MPD buscan un joven muerto generando violencia.”

El presidente atacó a los Yasunidos cada semana de octubre y noviembre de 2013 y volvió a hacerlo cada semana de marzo y abril de 2014. En septiembre de 2013 el Estado ordenó la emisión de 555 spots de televisión acerca del bajo impacto ambiental que tendría la explotación del ITT.

Solo el relevo simbólico que los Yasunidos representaban en el imaginario de la juventud podía explicar una campaña tan intensa. Y, claro, la posibilidad cierta de perder en la consulta popular. Según los datos de la empresa de estudios sociales Opinión Pública, a cuyo boletín de encuestas estaba suscrita la Presidencia de la República, la idea de la consulta popular que lanzaron los Yasunidos tenía en octubre de 2013 un 67% de aprobación. 

Cuando la recolección de firmas estaba en su apogeo, en marzo de 2014 —en los días en que el correísmo acababa de perder la alcaldía de Quito— Correa se enteró de que un 38% votaría “sí” en una eventual consulta sobre el ITT frente al 41% que votaría “no”. “Si bien una elección la gana quien hace la mejor campaña, existía una probabilidad de que Correa hubiera perdido esa consulta dado el apoyo que tenía la iniciativa”, me dijo Santiago Pérez, investigador que dirigía en esa época Opinión Pública. Las mediciones que hizo esta misma empresa cuando terminó la recolección de firmas revelaban que era probable que el número de firmas que el grupo anunciaba en sus declaraciones fuera cierto: el 7% de los encuestados decía haber firmado por la consulta de los Yasunidos y otro 11% lo había hecho por “alguna de las propuestas de consulta popular” por el Yasuní. Era una cifra muy alta.

David Cornelio Íñiguez (derecha), líder de la organización ecologista Frente de Defensa Total de la Amazonía, junto a otros miembros de su organización cuando acudieron al CNE a entregar las firmas que recogieron para librar al Ecuador del extractivismo. Los Yasunidos denunciaron que se trataba de un grupo fantasma que pretendía confundir al público. Foto: CNE (captura de video)

Entre las otras propuestas estaba la del misterioso Frente de Defensa Total de la Amazonía, que comenzó a recoger firmas en paralelo a los Yasunidos. Liderado por el comunicador social guayaquileño David Cornelio Íñiguez, una persona sin antecedentes de activismo ecologista que aparece en la Superintendencia de Compañías como accionista de una compañía de publicidad, este Frente de Defensa Total se dedicó a recoger firmas para que el Ecuador renunciara indefinidamente a todo tipo de actividad extractiva. 

Con colores y logotipo parecido a los de Yasunidos, el grupo de Cornelio Íñiguez confundía al público. El presidente Rafael Correa nunca se refirió a ellos en sus apariciones públicas, ni se burló de su propuesta, mucho más “infantil” —el término con el que Correa ridiculizaba a los ambientalistas— que la de los Yasunidos. Cornelio Íñiguez presentó ante el CNE 73 mil formularios que fueron rápidamente verificados días antes que los de Yasunidos sin llegar tampoco al mínimo legal. No se ha vuelto a saber nada de este grupo fantasma que se declaraba afín al movimiento “Ocupa Wall Street”, según dijo su líder al diario El Telégrafo en esos días.

También recogió firmas un grupo de alcaldes de las provincias amazónicas en apoyo a la explotación del ITT, pero no quedó claro cuántas recogieron porque solo entregaron una parte de ellas al CNE y éstas nunca fueron procesadas.

El sábado 12 de abril de 2014, los Yasunidos entregaron al CNE 107.018 formularios. La organización contabilizó 756.291 firmas. Se requerían 584.000 para aprobar la consulta.

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Las consultas populares de iniciativa ciudadana constituyen una tradición democrática en algunos países. Suiza es el que lidera esta práctica desde 1852: cuatro domingos al año los suizos acuden a las urnas a votar por iniciativas populares. Cada vez votan por tres o cuatro preguntas distintas. Por lo general son consultas a nivel municipal o regional. En los Estados Unidos también se recogen firmas para consultas populares muy a menudo.

En esos países el número de firmas necesarias para que se convoque la consulta fluctúa entre el 2% y el 8% del padrón —en el Ecuador es el 5%— pero los plazos y las maneras de verificar las firmas son muy distintos. En los Estados Unidos, las reglas cambian de estado a estado, pero en todos los casos la autoridad electoral tiene 30 días hábiles para verificar una muestra aleatoria que represente el 3% de las firmas presentadas. Si en esa primera verificación los proponentes superan el 110% del número requerido, se da por aprobada la propuesta. Solamente si la verificación de la muestra aleatoria arroja un resultado que va entre el 90% y el 110%, se deben verificar todas las firmas. En ese caso, la autoridad tiene un plazo de sesenta días hábiles adicionales.

La norma estadounidense obliga a motivar el rechazo de cada firma y a notificarlo al peticionario, quien tiene derecho de apelar la decisión del verificador en el plazo de cinco días.

En Suiza son más prácticos: las firmas se verifican a medida que se van recogiendo. Es una tarea paulatina que se hace a mano. La verificación la efectúa la autoridad electoral de cada municipio. La ley no concede un plazo, solo dice que lo debe hacer “sin retrasos”. Habitualmente, cada dos semanas el promotor de la consulta entrega al municipio las nuevas firmas que ha recogido y recibe el lote de firmas verificadas que entregó dos semanas atrás. Como tiene año y medio de plazo para recogerlas, cuando va a la Cancillería Federal a entregar las cien mil firmas requeridas, estas ya están verificadas.

En Suiza son más prácticos: las firmas se verifican a medida que se van recogiendo. Es una tarea paulatina que se hace a mano. La verificación la efectúa la autoridad electoral de cada municipio.

Si una firma es anulada, el verificador debe escribir a mano el motivo del rechazo al margen del mismo formulario. Los criterios pueden ser “ilegible”, “inidentificable”, “repetida”, “escritas por la misma persona”, “no manuscrita”, “no consta en padrón”, “fecha de nacimiento equivocada”. Si el promotor desea apelar la decisión del verificador puede hacerlo en el plazo de tres días desde que le entregaron el formulario original con la constancia del rechazo.

No contratan grafotécnicos. Si encuentran una firma sospechosa a simple vista, o un formulario donde todas las firmas se parecen, las rechazan. Lo que suele ocurrir en esos casos es que notifican al promotor, quien hace el reclamo consiguiente al recolector responsable del formulario y, por regla general, el promotor de la iniciativa acepta la anulación.

En la Cancillería Federal de Suiza dos funcionarios cuentan a mano las firmas de cada formulario y emiten un certificado. No usan computadoras ni escáneres.

El único conflicto que se ha presentado en los últimos años fue en 2012. Los promotores reclamaron que algunos municipios entregaron muy tarde las firmas verificadas. El caso llegó al Tribunal Federal que sentenció en contra de los promotores porque habían entregado lotes muy abultados de firmas que los municipios no pudieron procesar a tiempo. La iniciativa en cuestión se llamaba, irónicamente, “Stop a la burocracia”.

El responsable suizo que atendió mis consultas no estaba autorizado a darme opiniones personales, sentí que no alcanzaba a entender mi insistencia por conocer el tiempo que se tomaban allá para verificar las firmas y cuántos verificadores y grafotécnicos contrataban.

“Si usted supiera”, le dije.

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Cuando las cajas llegaron al antiguo comisariato de las Fuerzas Armadas, comenzó la revisión de los formularios. En cinco días, un grupo de veinte verificadores anuló 9.205, casi el 10% de los presentados. Con ello, quedaron por fuera —sin ser examinadas— unas sesenta mil firmas aproximadamente.

El 17 de abril de 2014 las autoridades del CNE trasladaron las cajas que contenían las firmas en contra de la voluntad de los activistas. El CNE no quería retrasos en un proceso que había sido diseñado para anular las firmas de modo fulminante. En medio de un gran forcejeo, un contingente de soldados y policías ayudó a los empleados del CNE a transportar las cajas con las firmas en dos camionetas de las FFAA. Foto: Edu León

700 formularios fueron anulados por el tamaño o el tipo del papel y casi 5000 porque según el CNE no se había adjuntado la fotocopia de la cédula de ciudadanía del recolector. Los Yasunidos me mostraron las imágenes de algunos de los formularios rechazados. Todos eran legibles y estaban en buen estado, y los nombres y las firmas eran perfectamente identificables. El único problema era que la hoja de papel era un centímetro más corta que el A4. 

En cuanto a las cédulas, los Yasunidos alegan haber entregado todas, pero señalan además que, en caso de que no hubiese sido así, la presentación de la cédula debería ser un requisito subsanable. Mario Melo, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica, opina que si bien el reglamento establecía ese requisito, se imponía una interpretación favorable al ejercicio del derecho de participación. Melo me dio el ejemplo del señor Andrés Aráuz, actual candidato a la Presidencia de la República, quien no presentó su cédula de ciudadanía en la inscripción de su candidatura presidencial y a quien el CNE autorizó a presentarla posteriormente. Pero en 2014 el rigor era otro. La cantidad de formularios anulados por este motivo fue muy significativa. Cinco mil formularios equivalían casi a 40 mil firmas rechazadas sin ser examinadas.

Después vino la fase de indexación de los formularios aceptados. Cada verificador digitaba los números de cédula de cada registro que constaba en el formulario para ingresarlos al sistema informático. “Es una etapa muy delicada porque el verificador debe mirar y digitar el número. Si el verificador se equivoca, o quiere equivocarse, puesto que ningún veedor lo está controlando, puede poner otro número, en cuyo caso se anula el registro,” me dijo Juan, el exfuncionario del CNE. 68.755 registros se anularon por tener “nombres inconsistentes”.

“Se dio la orden de que si el nombre estaba mal escrito, incompleto, en desorden, se lo descartara”, me dijo Juan. La supervisora con quien hablé bajo reserva me lo confirmó: “si el nombre estaba donde iba el apellido, el registro se anulaba”. Un total de 18.337 registros se anularon por “ubicación incorrecta de nombres y cédula”, según el informe oficial. 

En cinco días, entre el viernes 25 y el martes 29 de abril, los 300 verificadores anularon 183.433 registros por estos motivos. Las firmas que constaban en esos registros tampoco fueron examinadas. “Nosotros no pudimos revisar si las cosas eran como ellos decían o no”, me dijo Bermeo. “Cuando anulaban el registro por ilegible, por ejemplo, podría ser porque estaba mal escaneado, y el escaneo lo hicieron ellos, o simplemente decían que era ilegible, pero en realidad sí lo era.”

Paúl Salazar (izq.) entonces vicepresidente del Consejo Nacional Electoral estuvo a cargo del proceso de verificación de firmas de Yasunidos. En esta captura de video recorre las instalaciones del CNE en el antiguo comisariato de las FFAA donde se desarrolló el proceso. Foto: CNE

La discrecionalidad de los verificadores fue mayor en la etapa siguiente, cuando se procedió a examinar las firmas propiamente dichas. Para entonces solo quedaban 599.103 registros válidos. Esta verificación tuvo lugar en dos fases: en la primera, que duró tres días, los verificadores tenían la opción de aceptar la firma o de marcarla como “firma en duda”. Después, en otra etapa que duró dos días, se examinaron las firmas en duda. En estos dos últimos días se rechazaron 206.504 por ser inconsistentes o disímiles de las firmas que constaban en la base de datos del Registro Civil o del padrón del CNE y 32.838 por repetidas.

Esas son las frías cifras que recibieron los Yasunidos el 8 de mayo de 2014: el CNE reconocía como válidas solamente 334.474 firmas. Les habían rechazado más de 400.000. El documento contiene una detallada contabilidad de registros y de etapas y ni una sola información concreta acerca de qué firmas fueron rechazadas y quién lo hizo.

Recién a finales de 2018, el CNE entregó documentos que permiten descifrar cómo se llegó a esa cifra. Esos documentos retratan una situación inverosímil.

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El CNE contrató a trescientas personas para la verificación de las firmas. Fueron contratos de tres semanas de duración con un sueldo mensual de 733 dólares. “Me dijeron que necesitaban gente que digite rápido,” me dijo Silvia Almeida Macías, quien vino desde Portoviejo como persona de confianza de la consejera Nubia Villacís. Marcela Noboa, quiteña, también fue seleccionada por su rapidez: “di una prueba, para ver cuántos números de cédula podía digitar en un minuto, y me seleccionaron”.

El proceso estaría marcado por la rapidez y la presión por la productividad. “La rapidez influyó en el resultado. Se descartaron demasiadas firmas por la rapidez que nos exigían. Nos decían: ‘lo que necesitamos es sacar, sacar, sacar… ¡dale y avanza, dale y avanza!’, lo que tenías que hacer era avanzar y rápido,” me dijo Silvia Almeida. Ella añadió que si un supervisor veía que el digitador avanzaba a paso lento, le ordenaba descansar y ceder el sitio a otra persona. “Estábamos organizados por cuadrillas y horarios. No te controlaban el número de firmas que procesabas, pero si el ritmo al que ibas”, recuerda Almeida.

La rapidez llamó la atención de los Yasunidos que estaban presentes. “Nos dábamos cuenta de que era muy automático el dedo en la tecla ‘suprimir’”, recuerda Patricia Carrión.

Los verificadores participaron en tres jornadas de capacitación, pero según el informe del consultor grafotécnico Echeverría, no todos participaron en los cursos. Además, cuando los evaluaron, sólo el 18% en el primer grupo y el 15% en el segundo obtuvieron nota ‘A’.

Ricardo Bowen recuerda así estas jornadas: “nos dieron una capacitación de dos días, donde nos habló unas palabras un grafólogo, habló sobre patrones de rasgos, tipos de letras, una capacitación rápida en ese aspecto. Nos dieron también una charla sobre cómo detectar posibles trampas, lo que se llama ‘la viveza criolla’, como cuando una sola persona rellena todas las firmas de un formulario. Un día o dos estuve en eso.” 

Las imágenes que el mismo CNE grabó en video y que entregó a la comisión auditora de 2018 muestran un ambiente muy poco académico durante las capacitaciones. Mientras los futuros verificadores estaban sentados en desorden en un salón, con mesas dispersas y sin cuadernos de apuntes, un instructor les dice: “veo que no han tomado en serio su trabajo, los policopiados que ayer les dimos eran para que los leyeran y ustedes los dejaron aquí tirados.” En otra imagen de video un funcionario del CNE les dice “cuando se coloquen frente a la máquina adopten una posición ejecutiva porque va a venir la prensa… el que se quiera retirar que se retire, pero quiero aquí absoluta disciplina, les estamos pagando el doble de lo que normalmente se paga por este trabajo.”

La capacitación de los verificadores de firmas se dio en un ambiente muy poco académico. En una escena un instructor les dice: “veo que no han tomado en serio su trabajo, los policopiados que ayer les dimos eran para que los leyeran y ustedes los dejaron aquí tirados.” Foto: CNE (captura de video)

Los verificadores fueron capacitados para aplicar estrictos criterios que faciliten la anulación de la mayor cantidad de firmas. “Si la firma en el Registro Civil termina con un punto y la persona no puso el punto en el formulario de Yasunidos, se les instruía que debían anularla”, me dijo Juan. “Echeverría y el presidente Domingo Paredes tomaron la decisión de aplicar un criterio muy estricto sobre identidad total de los rasgos de la firma, cuando lo legal y lo técnico es verificar la correspondencia morfológica de la firma. La ley dice que debe verificarse que la firma sea de la persona, no que sea idéntica a la firma de la cédula,” dijo Juan. Varias veces intenté contactarme con Domingo Paredes para tener su versión, pero fue imposible dar con él.

Algunos verificadores con los que hablé reconocieron que la capacitación fue insuficiente. José Ricardo Bowen me dijo: “mi amigo, yo no soy perito grafólogo, ¿con qué autoridad yo puedo coger y eliminar una firma?”

—¿Usted tuvo dudas sobre esa potestad tan absoluta que tenía?

— Claro, siempre la tuve, ¡imagínese! Éramos como doscientas personas revisando firmas, y nadie era perito, solo los que estaban como peritos contratados, uno los podía llamar, pero eso retrasaba el trabajo y era potestad de uno.

A esto se sumaban las extenuantes jornadas de trabajo. “Todos esos días en Quito, sin ver a nadie, en un hotel con compañeros, era pesado y tedioso, añádale a eso la presión”, dijo Bowen. En otras imágenes filmadas por el equipo de comunicación del CNE se ve a los verificadores formados en fila en el patio, bajo el sol de la mañana, entrando en el recinto de trabajo como soldados y en los recesos recibiendo imperativas instrucciones por altavoz. “Fila 1, levantarse, recoger su silla, salir en orden y silencio”. Tres mesas alineadas, con cinco hileras de treinta computadoras cada una, conformaban el espacio principal de trabajo. “Como estábamos de supervisores, el día más bajito que salíamos era 3 de la mañana. A veces nos decían, ya, mañana no vengan, como haciendo un favor. El último día yo ya no fui, que me lo descuenten, les dije”, recuerda Bowen.

—¿Por qué se quedaban hasta tan tarde?

—Un día porque se había extraviado un formulario. Tuvimos que revisar y recontar y estuvimos hasta las 3 de la madrugada hasta encontrarlo. Imagínese lo que hubieran dicho los señores de Yasunidos.

“¡Señores! ¡Dejan todo afuera, ni esferos ni botellas de agua!”, ordena el funcionario del CNE que obliga a formarse en filas a los verificadores antes de entrar a trabajar. Foto: CNE (captura de video)

Trescientos verificadores trabajando a un ritmo frenético, con personal atento a las “anomalías”, supervisores de confianza que sacaban de la cadena de producción a los más lentos, los Yasunidos limitados al máximo en sus movimientos y unos peritos a quienes ocasionalmente se consultaba su criterio, pero que no era vinculante para el verificador. María Auxiliadora Rodríguez me dijo que ellos, los verificadores, decidían por sobre el criterio del perito. “Era mi potestad, nadie podía decirme que acepte o no una firma. Si hubiera sido de otro modo, debieron poner solo grafotécnicos, no bachilleres”, dijo Rodríguez. Ella misma cree que “el proceso debió haber sido hecho solo por peritos para que no haya habido tanta gente que piense que estuvo mal hecho”.

Algunos recuerdan a los activistas desesperados y frustrados por el trato que recibían. “Los delegados de Yasunidos que estaban adentro tuvieron bastantes problemas”, me dijo Bowen. “Me acuerdo que uno se puso a llorar del coraje porque les rechazaban por cualquier cosa”, dijo. Muchos funcionarios del CNE se acercaban a hablar con los Yasunidos, para aconsejarlos y advertirles sobre lo que estaba sucediendo. “Yo y otros funcionarios veíamos que era injusto, veíamos a Pedro Bermeo desesperado”, me dijo Juan.

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El informe que el CNE entregó en 2018 contiene la lista de los 131 verificadores que examinaron las “firmas en duda”. Lo hicieron todo el sábado 3 y el domingo 4 de mayo hasta las 3 de la tarde. En el informe consta el número de firmas que cada verificador rechazó. Llama la atención la desproporción en el número de firmas que rechazaron unos y otros. Un grupo de treinta verificadores anuló el 42% de las 206 mil firmas rechazadas.

Encabeza la lista María Auxiliadora Rodríguez con 4480 firmas rechazadas, una cada once segundos, asumiendo que rechazó todas las que verificó. Rodríguez me dijo que aprendió a verificar firmas cuando trabajó como cajera en el Banco Pichincha y en el desaparecido Filanbanco.

En las etapas anteriores del proceso, Rodríguez ya había rechazado por otros motivos 952 registros y solo aceptó como válidas 1.973 firmas. Es decir que siete de cada diez firmas que pasaron por sus manos fueron descartadas. “Yo no tengo nada en contra del grupo Yasunidos”, me dijo Rodríguez. Cuando le pregunté por su vinculación con TC Televisión y Rabascall, Rodríguez aceptó que simpatizaba con el gobierno del presidente Correa, “de otro modo no hubiera trabajado en los canales que estaban con el gobierno, pero en el CNE nunca recibí una consigna de anular firmas”, sostuvo.

Ocupa el segundo lugar en la lista Juan Fernando Vallejo quien actualmente trabaja en el CNE como técnico administrativo en el despacho del consejero José Cabrera. Vallejo rechazó 4.206 firmas, una cada doce segundos. Anteriormente había rechazado por otros motivos 815 registros, sumando un total de 5.021. Aceptó como válidas 1.167 firmas. Anuló 8 de cada 10 que examinó.

En tercero y cuarto lugar en la lista están Eymer Antonio Álava, de Quito, con 4.668 registros anulados y el joven Israel Noé Moreira, de Santa Elena, con 3.877 registros anulados (rechazó el 82% de los registros que examinó). Siguen después otros verificadores que también vinieron de las provincias de Santa Elena, Guayas y Manabí: Eliana Chalén Alvia rechazó 4.662 y aceptó 1.832, Marianella Chang Oleas, rechazó 3.968 y aceptó 956 firmas, y Silvia Almeida Macías, quien rechazó 3.236 firmas y solo aceptó 599. Todo ellos rechazaron entre el 80 y el 84% de los registros que examinaron.

Más abajo en la lista destacan Johnny Cristobal Vargas, Jean Arnaldo Pasaca y María Fernanda Bustamante, de Guayaquil, y Marcela Noboa Arias y Luis Eduardo Chamaidan, de Quito, que anularon 7 de cada 10 firmas que examinaron. Entre los cinco anularon 16 mil firmas y aprobaron 5293.

En el otro extremo de la lista, algunos verificadores tienen resultados completamente distintos. Michelle Guerra Morales, por ejemplo, rechazó 364 firmas y aprobó 1629. En lo que sería una muy extraña coincidencia, la mayor parte de las firmas irregulares fueron a parar justo a las manos de unos pocos verificadores —justo aquellos identificados como “de confianza” de varios consejeros del CNE. 

Además, nueve personas que aparecen como verificadores en el informe oficial del sistema informático del Consejo Nacional Electoral, no constan en la lista del personal contratado para el proceso de verificación. Solicité al CNE que me confirmara si estas personas habían sido contratadas, pero la entidad no ha contestado el pedido de acceso a la información que presenté el 28 de octubre de 2020. Estas nueve personas rechazaron 10.365 firmas. Aparte de eso, una verificadora con la que hablé, que me pidió la reserva de su nombre, me dijo que le permitieron reemplazar a alguien que no pudo presentarse a trabajar. Según el abogado Mario Melo, el hecho de que unas personas que no contaban con contrato con el Estado hubiesen anulado firmas podría constituir un delito de simulación o usurpación de funciones públicas, penado con hasta siete años de prisión.

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El resultado del trabajo de estos verificadores ultrarrápidos queda en evidencia cuando se revisa la lista de firmas rechazadas.

La lista de firmas que fueron rechazadas por no parecerse a las que constan en el Registro Civil contiene 206.504 nombres. Fue entregada oficialmente por el Director Nacional de Organizaciones Políticas, Juan Francisco Cevallos, el 31 de octubre de 2018 a la comisión auditora. 

En pocos días encontré algo más de cuarenta personas conocidas en esa lista. Las contacté, les pregunté si recordaban haber firmado y si reconocían su firma en la imagen del formulario de Yasunidos. Todas, salvo una, me dijeron que era su firma. Les pedí que me enviaran una foto de la firma en sus cédulas de ciudadanía. No todos me autorizaron a publicar sus nombres o las imágenes de sus firmas.

Entre las personas cuyas firmas fueron rechazadas sin motivo —pues la imagen corresponde inequívocamente y a simple vista a la del Registro Civil— consta la del cineasta Víctor Arregui y la de la escritora Ana Cristina Franco. Julia Ortega Almeida, quien fue secretaria de comunicación en la primera etapa del gobierno de Rafael Correa y posteriormente Directora de Comunicación de la Asamblea Nacional, reconoció su letra y su firma en el formulario de Yasunidos y me envió la firma que consta en su cédula.

 

También reconoció su firma en el formulario de Yasunidos el periodista Jorge Ortiz, antiguo presentador de noticias en Teleamazonas. “Esa es mi letra y es mi firma”, me escribió Ortiz en un mensaje de texto. Reconoció también su letra y su firma Eduardo Kingman, antropólogo y docente titular de la universidad FLACSO. Ambas firmas habían sido rechazadas.

Varias personas más que prefirieron no revelar su identidad en este reportaje me enviaron también la imagen de la firma que consta en sus cédulas de ciudadanía y en todos los casos me resultó fácil determinar el parecido entre las dos firmas.

 

Cuando envié la lista a los Yasunidos, se sorprendieron de que las firmas de algunos de ellos y ellas también habían sido anuladas. No como firmas repetidas, como ha quedado claro, sino por inconsistentes. Estaban allí las de Pedro Bermeo —a quien se la anularon, como se dice vulgarmente, “en sus narices”—, Antonella Calle, Carolina López, Pablo Piedra, Klever Calle y Sara Bonilla. 

Estas son las imágenes de ambas firmas: la del formulario de Yasunidos y la de sus cédulas.

 

Esto es todavía más sorprendente si consideramos que estas firmas fueron revisadas dos veces: un primer verificador las “puso en duda” y, después, un segundo verificador las rechazó. El exconsejero Paúl Salazar me dijo que le parecía una muestra muy pequeña hablar de 40 firmas en un universo de 206 mil. Según él, en la última etapa, todas fueron examinadas por los peritos.

Captura de video del film “El nombre de las plantas”, de Manolo Sarmiento. Foto: Daniel Andrade Brauer

El activista y vocero de Yasunidos, Pedro Bermeo, (izq) y la abogada Claudia Storini, docente de la UASB, durante un coloquio sobre el caso Yasunidos. El informe de la comisión auditora que presidió Storini concluyó que se debía otorgar el certificado de legitimidad democrática a los Yasunidos en vista de los “serios indicios de arbitrariedad” constatados en el proceso.

A diferencia de otros países, en los que el rechazo de cada firma es notificado al promotor de la iniciativa antes de la terminación del proceso, a fin de garantizar su derecho a impugnar la decisión del verificador, en este caso el CNE ocultó esa información y de ese modo negó a los Yasunidos el ejercicio de un derecho fundamental. “Nosotros entregamos en la resolución las cantidades de firmas anuladas luego del proceso de validación, como se entrega a todas las organizaciones políticas… Así se hace en todos los casos”, me dijo Paúl Salazar. “El procedimiento es el mismo y está basado en el Código de la Democracia”. Salazar añade que si los Yasunidos requerían una información adicional debieron interponer recursos administrativos y jurisdiccionales, en los plazos correspondientes. “Si no lo hicieron así, y solo mandaron cartitas, es su responsabilidad”, dijo Salazar. Los Yasunidos presentaron un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de la época, pero el TCE lo rechazó alegando que lo habían presentado fuera del plazo. Se trató en realidad de una artimaña: el 13 de abril se habían celebrado las elecciones seccionales en el cantón Balzar y el TCE interpretó que, debido a eso, el país estaba viviendo “un periodo electoral” y por tanto, según la ley, los plazos eran más cortos.  

— ¿Qué le parecería hacer pública la lista de las 206 mil firmas?, le pregunté a Salazar.

— Me parecería fantástico, pero en este momento, seis años después, me parece un poco fuera de tiempo y tiene un tinte político.

El abogado Mario Melo considera que el hallazgo de la lista de las 206 mil firmas anuladas y su contrastación con las firmas auténticas de quienes allí aparecen, es un indicio importante que podría fundamentar varias acciones legales. “Dar click para rechazar una firma constituye un acto administrativo por el cual un funcionario público declaró que la firma de equis persona es falsa para efectos de no permitir que sea contada en la petición de consulta popular”, me dijo Melo. “Ese acto generó un documento falso, pudo haber sido hecho por una autoridad competente y puede ser formalmente legítimo, pero su contenido es falso, entonces habría allí delitos, un delito por cada una de las firmas ilegítimamente rechazadas.”

Melo considera que podría haber una “falsedad ideológica”, en el sentido de que el contenido del documento, en este caso el formulario que presentaron los Yasunidos, ha sido desvirtuado. 

—¿Quién habría cometido el delito?, le pregunté a Melo.

— El verificador y la autoridad que aprobó ese informe y desechó la consulta. Podrían haberlo cometido incluso de una forma culposa porque ambos funcionarios debían haber obedecido al deber objetivo de cuidado, el cuidado que se espera de un verificador y de quien lo supervisa.

Los vocales del Consejo Nacional Electoral que aprobaron en última instancia el informe de la verificación de firmas fueron Domingo Paredes, Paúl Salazar, Juan Pablo Pozo, Nubia Villacís y Roxana Silva.

Mario Melo me dijo que el rechazo de una firma tenía que haber sido notificado, individualmente, por cada formulario, para que los activistas o incluso las personas que firmaron pudieran ejercer el derecho a la defensa. Por ese lado, podría haberse cometido también una violación de un derecho constitucional. “La persona podría decir: el Estado violó mi derecho a que mi firma sea considerada, y no me permitió defenderme, es decir, apelar su decisión, por lo tanto, yo, como medida de reparación solicito que se recuente todo y se considere mi firma y se haga la consulta, esa podría ser una opción que se abre a los Yasunidos si se ha comprobado que las firmas fueron irregularmente rechazadas.”

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En mayo de 2014, una vez concluido el proceso de verificación de firmas, un equipo de expertos de la Escuela Politécnica Nacional liderado por Enrique Mafla, PhD en sistemas informáticos por Purdue University, efectuó un examen estadístico acerca de la validez de los registros presentados por Yasunidos.

“Empleando un generador de números aleatorios, se seleccionó una muestra de 2.508 formularios, que contienen 20.064 registros”, dice el informe. En un lapso de nueve días, un grupo de doce digitadores voluntarios procesaron los registros, los ingresaron al sistema informático y los compararon con la base de datos del padrón electoral del CNE.

 

El pedido de consulta popular por iniciativa ciudadana que hizo Yasunidos ha dado lugar a un reclamo ante la Corte Constitucional que admitió a trámite el caso el 16 de octubre del 2020. En la imagen, de abril de 2014, aparece a la izquierda Esperanza Martínez de la organización Acción Ecológica. Foto: Edu León

El estudio buscaba determinar si la cifra de 599.103 registros que el CNE admitió como válidos antes de la verificación de firmas era plausible. Los autores del estudio eliminaron los registros repetidos e ilegibles, las cédulas y nombres inexistentes, y aquellos en los que nombres y apellidos no coincidían. El resultado, proyectado al total, indicaba que había 673.862 registros válidos.

“Esta cifra difiere ampliamente con el número de registros aceptados como válidos por el CNE [599.103]  (…). De acuerdo al estudio realizado, la probabilidad de que este valor sea objetivo es menor a un millonésimo.” Según los expertos de la Politécnica, la verificación de firmas comenzó, de entrada, con una desventaja de 74.759 registros.

El diligente trabajo de los verificadores ultrarrápidos se encargó del resto.

Los expertos de la Escuela Politécnica Nacional concluían diciendo que “se han identificado razones de fondo para dudar de la objetividad de los resultados del análisis realizado por el CNE… el grupo (...) recomienda la realización de una auditoría formal e independiente a la base de datos indubitada, al sistema informático, al personal y a los procesos utilizados por el CNE.” 

***

Como me dijo el verificador Ricardo Bowen, es muy fácil entender que la consulta de Yasunidos fue negada porque Rafael Correa “quería explotar el Yasuní”. Los estrechos vínculos que unían a las autoridades del CNE con el gobierno han sido ampliamente reseñados en la prensa. Cuando dejó el CNE, Domingo Paredes, quien era su presidente en 2014, pasó a ser Secretario Nacional del Agua, un cargo de libre remoción del ejecutivo, y dos años después anunció en Twitter su afiliación al movimiento Alianza País, el partido de gobierno.

En 2018, a raíz de la ruptura de Lenín Moreno con Rafael Correa, se abrió la posibilidad de que el CNE revirtiera su decisión. Bajo la presidencia del docente universitario Gustavo Vega, el Consejo Nacional Electoral acogió el reclamo de Yasunidos y creó una comisión auditora que recomendó al CNE que reconociera como válidas 310 mil firmas que habían sido rechazadas sin ser examinadas y que, en consecuencia, se emitiera el certificado de legitimidad democrática a favor de Yasunidos.

La historia tuvo entonces un nuevo giro rocambolesco. En pocas semanas, la actual presidenta del CNE, Diana Atamaint, pasó de ser una ardiente defensora de la tesis del fraude contra Yasunidos, a alinearse con las decisiones que había tomado en 2014 el CNE de Domingo Paredes.

Atamaint postergó durante un año entero la discusión del informe de la comisión auditora. Una comisión, por cuya conformación ella misma había votado en 2018 cuando era Vicepresidenta del CNE de transición. En noviembre de 2019, cuando el CNE finalmente se pronunció, porque así se lo ordenó el Tribunal Contencioso Electoral, tuvo la sangre fría de decir —en un argumento jurídico cantinflesco— que los Yasunidos carecían de legitimidad como peticionarios debido a que, para entonces, Julio César Trujillo había fallecido. Como la solicitud inicial de la consulta en 2013 la había presentado Trujillo, su pedido desapareció con su muerte, según votó la mayoría del CNE de Atamaint.

 

El Dr. Julio César Trujillo era uno de los abogados del colectivo Yasunidos. Como la entidad no tenía personería jurídica y el pedido de consulta popular fue presentado por Trujillo en 2013, el CNE que preside Diana Atamaint alegó que la muerte de Trujillo, ocurrida en mayo de 2019, acarreaba la extinción de la organización. En la gráfica, Trujillo acompaña a otros miembros de Yasunidos en una rueda de prensa en 2014. Constan en la mesa directiva, de derecha a izquierda, Patricia Carrión, Julio César Trujillo, Esperanza Martínez, Fabricio Astudillo y David Suárez. Foto: Yasunidos

Más tarde, el Tribunal Contencioso Electoral también se alineó con la resolución del CNE de 2014, ignorando el informe de la auditoría independiente y el hecho de que este informe había sido ordenado por el pleno del CNE. El juez electoral Ángel Torres discrepó con la mayoría del tribunal y emitió un voto salvado. El juez Torres me dijo que el Consejo Nacional Electoral está obligado a concluir el proceso iniciado con la auditoría de 2018. “El informe de la auditoría, que había sido ordenada por el mismo CNE, debió dar lugar a una resolución motivada en base a las conclusiones de la misma.” Ahora el caso está en manos de la Corte Constitucional.

Este reportaje fue originalmente publicado en GK y fue financiado por la beca GK.

 
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La gran farsa de la anulación de las firmas de la consulta por el Yasuní
 


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