Faltaban 14 días para el final del Gobierno de Lenin Moreno (2017-2021) y un funcionario del Ministerio de Energía envió un memorando urgente, el 10 de mayo de 2021. Estaba dirigido a los cinco coordinadores zonales del Ministerio, quienes son los encargados de las relaciones con los concesionarios, sobre todo, mineros, en todo el país. 

El comunicado insistía en que se debía notificar una decisión tomada por la Dirección de Patrocinio del Ministerio meses antes, en diciembre de 2020, que estableció que por lo menos 12 proyectos que afectan a veinte concesiones mineras en todo el país deberían pasar a la empresa Exploraciones  Mineras Andinas (Emsaec), la filial de Codelco, la estatal del cobre de Chile, en Ecuador.

La resolución implicaría un verdadero terremoto en el panorama minero del país, pues, de ejecutarse, significaría que las concesiones mineras más importantes en ocho provincias pasarían directamente a manos de la filial de Codelco, la empresa estatal chilena del cobre, con la que el gobierno de Lenin Moreno no logró concretar una asociación para la explotación de la concesión de Llurimagua, (en donde se encuentra la zona de Íntag, en el occidente de Imbabura), pero sobre la que se han denunciado supuestos cabildeos fallidos, opacidad y presuntos abusos de poder. 

Al mismo tiempo, Codelco anunció su intención de concurrir ante una instancia internacional de arbitraje para resolver la cuestión de Llurimagua, estancada durante varios años, mientras que en el sector minero se habla de injerencias indebidas de ex funcionarios del régimen de Moreno, como Juan Sebastián Roldán y María Paula Romo, que ambos han negado. 

Entre tanto, en zonas especialmente conflictivas, como Buenos Aires, al occidente de Ibarra, los enfrentamientos entre los moradores y empresas como Hanrine continúan, con la participación de nuevos actores, como el asambleísta por Imbabura, Mario Ruiz (Pachakutik) y del nuevo gobernador de la provincia, Marcelo Simbaña. 

Las concesiones mineras en el oeste de Imbabura intentan operar en medio de conflictos sociales. 

Una resolución en las sombras

La urgente comunicación que pretendía que se notifique la resolución que cambiaría el panorama minero en el país, apenas 14 días antes del final del régimen de Moreno, está firmada por Hector Dario Borja Taco, quien es el director de Patrocinio del Ministerio, encargado, y está dirigida a los cinco coordinadores zonales de la entidad. Borja Taco continúa en el cargo en el Gobierno de Guillermo Lasso.

En la carta, a la que tuvimos acceso en exclusiva, el funcionario relata que "el entonces Director de Patrocinio Legal de la Coordinación General Jurídica, resolvió el recurso de apelación interpuesto por Álvaro Dueñas Iturralde, ante el titular de esta Cartera de Estado, en contra de actos administrativos emitidos por la Subsecretaría de Minería Industrial, razón por la cual solicito si esta dentro de sus competencias notificar la presente resolución No. MERNNR-DPL-2020-0007-RM de 06 de diciembre de 2020, a las concesiones mineras que se detalla a continuación, remito a usted la resolución en mención y el cuadro respectivo de las concesiones, a fin de que sean notificadas a quien correspondan".

Y listaba las concesiones que estaban dentro de la decisión: Peña Blanca,Torneado, Chillánes, Don Bosco, Cerro Corcovado, Cerro Padre, La Chorrera, San Pedro, Cuchilla, La Carolina, San José y Cerro Tolondro. Estos bloques mineros se encuentran en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Carchi, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Loja y El Oro. 

Curiosamente, ninguno de los aludidos cumplió con la orden dada por el funcionario, y hasta la fecha de esta publicación, la resolución sigue sin cumplirse, según pudo constatar PLANV, pues aunque algunas empresas conocen extraoficialmente de esta resolución, ninguno ha sido notificado oficialmente. 

Pero, ¿de qué se trata esta resolución, un documento guardado bajo siete llaves que los funcionarios dudan desde el gobierno anterior en ejecutar?

La resolución fue firmada el 6 de diciembre de 2020 por el entonces Director de Patrocinio del Ministerio, César Zanafria. La Dirección de Patrocinio, aclararon fuentes del interior de la entidad consultadas, depende directamente del ministro y no tiene relación con los viceministerios de esa dependencia. 

El documento tiene 16 páginas y relata que a las 14:00 de ese día, que era domingo, Zanafria Niquinga avocó conocimiento de los recursos de apelación presentados por el entonces representante legal de la empresa Emseac, Álvaro Dueñas Iturralde, quien es hoy ejecutivo de otra empresa minera tras algún tiempo en el exterior. 

Tras largas fundamentaciones, el ex funcionario Zanafria destaca que la empresa Emseac es una subsidiaria de la empresa estatal chilena Codelco, por lo que goza de una cierta ventaja: según el artículo 29 de la Ley de Minería, las subsidiarias de las empresas estatales extranjeras están exentas de participar en subastas o remates de la concesiones.

Y aunque reconoce que ese argumento de la subsidiaria de Codelco es válido, Zanafria argumenta que el principal problema que tiene que resolver es que los recursos presentados por la empresa en 2017 llevaban años sin resolverse, cuando realmente el caso debía contestarse en máximo 60 días.

De ahí que el resto de su argumentación apunta hacia la figura del silencio administrativo, que, destaca, aplica cuando el plazo previsto en la ley ha terminado sin que el funcionario se pronuncie, lo que significa una aceptación tácita.

Así, el ex funcionario, quien actuaba como delegado del ministro del ramo, decidió aceptar todas las apelaciones de la empresa de origen chileno, anular todos los documentos de 2017 sobre el caso y disponer que "el coordinador zonal norte continúe con el trámite de las concesiones mineras denominadas Peña Blanca, Torneado, Chillanes, Don Bosco, Cerro Corcovado, Cerro Padre, La Chorrera, San Pedro, Cuchilla, La Carolina, San José y Cerro Tolondo", aplicando siempre el artículo 29 de la Ley de Minería vigente entonces, que le concede una ventaja especial a Codelco por ser una empresa estatal extranjera. 

El efecto Codelco

De ser ejecutada esta resolución, provocaría lo que en el argot técnico minero se conoce como "superposición", es decir, que algunos de los bloques que reclama Codelco se conformarían en zonas en donde ya hay otras concesiones, realizadas a varias empresas. 

Por ejemplo, la concesión llamada Peña Blanca se superpondría sobre los bloques IMBA 01, 02 y 03, actualmente en manos de Hanrine, lo que también ocurre con concesiones como La Cuchilla y La Chorrera, que también está en las zonas de las actuales IMBA 02 y 01. 

Aunque la decisión que tomó el Ministerio de Energía afecta a concesiones en todo el país, una muestra de su efecto se puede notar en la zona de Imbabura, concretamente, en el sector de Buenos Aires, en donde se encuentran tres concesiones de la empresa Hanrine que se identifican con los códigos IMBA 01, 02 y 03.

Los trámites para obtener las concesiones mineras que están actualmente en manos de Hanrine, y podrían pasar a Codelco, con la resolución del Ministerio, empezaron en 2016, cuando el 29 de marzo de ese año, la empresa Emsaec solicitó áreas mineras, un pedido que fue archivado el 20 de febrero de 2017 por el Ministerio de Minería.

Emsaec, presentó el 7 de marzo de 2017 un recurso de reposición impugnando el archivo, que fue nuevamente negado el 6 de abril de ese mismo año, todavía durante el gobierno de Rafael Correa, que terminó el 24 de mayo de 2017.

El 20 de abril de 2017, la empresa filial de Codelco presentó un nuevo recurso de apelación. Mientras tanto, la empresa Hanrine había presentado, el 15 de septiembre de 2017, la documentación sobre concesiones que coincidían en parte con lo que reclamaba Emsaec y el 20 de noviembre de 2017 obtuvo los títulos mineros respectivos. Luego llegó la resolución de Zanafria el 6 de diciembre de 2020. 

Esta situación afectaría a otras empresas, como Ecuador Fortescue, una filial de FMG Ecuador; Cerro Yatsur cuyos accionistas son BHP Exploration y Tarqui Holdings; Green Rock que pertenece a la multinacional Solgold; Proyectimin S.A. que forma parte de Proyectmin Holdings; Central Ecuador que es una subsidiaria de Anglo American, entre otras.

Tras firmar electrónicamente la resolución, el funcionario, que en teoría trabajaba ocho horas de lunes a viernes, renunció al otro día, que fue un lunes. La renuncia le fue aceptada el día martes 8 de diciembre de 2020 por el Ministerio. 

Tras la salida de Zanafria, su sucesor insistió, hasta 14 días antes del fin del régimen morenista, en que se notifique la resolución. Pero al interior del propio Ministerio, se emitieron informes advirtiendo sobre la grave y confusa situación que podría provocar la ejecución de esa decisión. 

Reservas en el Ministerio

Tuvimos acceso a uno de esos informes del Ministerio, que analiza qué es lo que podría ocurrir si efectivamente se ejecuta la decisión del ex director de Patrocinio. 

El informe, fechado el 4 de mayo de 2021, 20 días antes del fin del morenato, fue elaborado por la Dirección de Minería Industrial en Etapa de Exploración y aprobado por la Subsecretaría de Minería Industrial. 

El documento contiene varios mapas que muestran el impacto de la resolución de Zanafria sobre concesiones en todo el país. 

El imforme precisa que "es trascendental dar a conocer que la superficie de las áreas denominadas Peña Blanca, Torneado, Chillanes, Don Bosco, Cerro Corcovado, Cerro Padre, La Chorrera, San Pedro, Cuchilla, La Carolina, San José y Cerro Tolondro solicitadas por EMSAEC S.A., se encuentran superpuestas con concesiones debidamente otorgadas conforme a derecho corresponde, así mismo con áreas en trámite e inclusive varias de las mencionadas áreas se encuentran superpuestas con áreas protegidas".

Y, a continuación, el informe de la Dirección de Minería Industrial precisa con varios mapas que concesiones como Cerro Corcovado y San José afectan directamente áreas protegidas, como Los Illinizas (Cotopaxi) y El Quimí (Morona Santiago), respectivamente. 

El documento al que también tuvimos acceso en exclusiva precisa también que "se ocasionaría una problemática que amenaza a la estabilidad jurídica del sector minero ecuatoriano, puesto que, las concesiones superpuestas a las mencionadas áreas corresponden a titularidad de empresas serias, responsables y de reconocimiento internacional que se encuentran ejecutando sus actividades en legal y debida forma, se incurriría en vulneración de derechos plenamente adquiridos lo cual provocaría un impacto negativo a nivel internacional desacreditando la imagen del Estado ecuatoriano como destino productivo de inversión para ejecutar actividades mineras". El informe agregó que también habría un perjuicio económico a las empresas, pues, por ley, deben hacer inversiones al momento de participar en los procesos de adjudicación. 

Así, según el informe del Ministerio, "El compromiso de inversión total acumulado a cuatro años contados a partir de la fecha de otorgamiento del título minero para las 19 concesiones de subasta o remate que se superponen con las áreas contenidas en la resolución MERNNR-DPL-2020-0007-RM es USD 375,28 millones, de los cuales entre 2016 a 2019 se han ejecutado USD 25,63 millones, por lo que entre 2020 hasta principios de 2022 está pendiente invertir USD 349,65 millones".

Una fuente del Ministerio, que habló a condición del anonimato, sostuvo que se analiza la posibilidad de dejar sin efecto la resolución, por lo que continúa sin efectuarse su notificación. 

¿Qué podría pasar con la resolución?

Durante el gobierno de Lenin Moreno, Fernando Benalcázar fue el zar de la minería, desde su cargo de viceministro de Minas. Benalcázar estuvo dos veces en el cargo de viceministro, en donde impulsó iniciativas de transparencia como EITI Ecuador.  Trabajo con los ex ministros Carlos Pérez y René Ortiz. 

En el país, la minería es una industria opaca, en donde los contratos se manejan con reservas y discreciones que pocas veces parecen tener un amparo legal. En un diálogo con este portal, en julio de 2019, Benalcázar se mostraba entusiasta sobre la inminencia de un boom minero en nuestro país. 

Luego de su salida del gobierno de Moreno, Benalcázar se ha dedicado a actividades privadas en una consultora, y es presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Chilena, que agrupa a empresas del país austral que operan en nuestro país, como la aerolínea Latam, la petrolera Enap y la propia Codelco. 

Benálcazar comentó, como experto en la temática más que como ex funcionario, los alcances de la resolución. Para el ex viceministro, se trata de un "documento interno" del Ministerio, que aún no ha sido notificado por los coordinadores zonales en ninguna parte del país. 

"Este es es un tema sensible, pero no creo que se llegue a notificar porque no creo que haya un coordinador zonal en sus cabales que frente a algo que no está técnicamente respaldado lo vaya a notificar", explicó y sostuvo que el funcionario que realice tal notificación "se haría un harakiri".

El problema fundamental es que la concesiones están superpuestas, explica Benalcázar, quien asegura que aplicarla podría provocar una gran "inseguridad jurídica". Además, destaca, las matrices de estas empresas que operan en el Ecuador son líderes mundiales en el sector minero. "Son empresas de gran calibre cuyas matrices son líderes en el mundo. En minería están operando empresas que están entre las diez primeras del mundo y ninguna va a quedarse quieta", explica el ex viceministro. 

Benalcázar reitera también que más de 300 millones de dólares deben ser invertidos todavía, según explica el informe del Ministerio, pero cree que más que el perjuicio económico, se estaría afectando el prestigio y la seriedad del sector minero ecuatoriano. "Una decisión de éstas afectaría la estabilidad jurídica y las perspectivas de este Gobierno de atraer inversiones", explica el ex funcionario minero. 

Este portal intentó obtener una entrevista con el actual viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer, para analizar el impacto de esta resolución y el estado actual de la notificación, pero no fue concedida hasta el cierre de este reportaje. Las funcionarias de Comunicación del Ministerio de Energía tampoco confirmaron el estado actual de la resolución de Zanafria. 

Codelco, en el centro de la polémica minera

El ex viceministro de Minas se molesta cuando recuerda una publicación del portal colega Periodismo de Investigación, del actual asambleísta Fernando Villavicencio y de Christian Zurita, en donde se denunciaron supuestas presiones por parte del ex secretario del Gabinete de Lenin Moreno, Juan Sebastián Roldán, al que el portal relacionó con uno de sus tíos, quien es socio del Estudio Jurídico Pérez, Bustamante y Ponce, que representa los intereses de la subsidiaria de Codelco en Ecuador. 

Fernando Benalcázar fue el zar de la minería en el gobierno de Moreno.  Foto: PlanV

Efectivamente, los documentos y recursos que fueron  presentados por la empresa Emsaec están suscritos también por los abogados de Pérez, Bustamante y Ponce, como son Sebastián Pérez Arteta, Edgar Acosta Grijalva y María Isabel Aillón. Uno de los socios del estudio es el tío paterno de Roldán, Francisco Roldán.

Según Periodismo de Investigación, las gestiones de Codelco se evidenciaron, además del caso de la superposición de las concesiones, en supuestas presiones sobre el proyecto Llurimagua, que debía ser ejecutado por una empresa con USD 100 mil de capital conformada por la empresa Estatal Minera ecuatoriana y la Codelco de Chile.

El portal colega sostuvo que "en 2009, luego de la aprobación la nueva Ley de Minería el gobierno de Rafael Correa contrató al abogado chileno Jerónimo Carcelén Pacheco, para que lo asesore al Ministerio de Minería. Carcelén es un abogado de prestigio en el área minera y por tanto es cercano a CODELCO; además por su condición profesional mantenía contractos profesionales con socios del bufete ecuatoriano Pérez Bustamante y Ponce.

Fue con ellos, junto al ex embajador del Ecuador en Chile, Homero Arellano, con quienes se apalancó una relación en la que, en este mismo momento, Francisco Roldán, tío del secretario general de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, y socio de Pérez, Bustamante y Ponce manejan a su antojo Llurimagua y los miles de millones de dólares que representa. Este estudio jurídico es el que tensiona a favor de CODELCO", afirmó Periodismo de Investigación.

El portal Periodismo de Investigación denunció una supuesta injerencia de Juan Sebastián Roldán Imagen: Periodismo de Investigación

La publicación aseguraba también que "Es una paradoja que organismos públicos de Ecuador y Chile formen una sociedad anónima y luego de constituirse como privados impongan una cláusula para despojarle a una de las partes su paquete accionario; es la historia de Llurimagua, el yacimiento de cobre que puede valorarse en 3 mil 500 millones de dólares como proyecto, aunque información alterna advierte que esa cifra podría ser mayor".

Y agregaban que "funcionarios de alto rango como Juan Sebastián Roldán junto a su tío, el abogado representante de los intereses de Chile, Francisco Roldán, se han puesto la camiseta de CODELCO y se han pintado el rostro con sus colores para evitar ser vistos, para expoliar al triste Ecuador. El pasado 17 de marzo de 2020 fue el día en que se anunció el regreso de Fernando Benalcázar a la subsecretaría de minas del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. Quién ya lo sabía era el abogado Francisco Roldán Cobo, del bufete Pérez Bustamante & Ponce, que esperaba listo en la antesala del despacho de Benalcázar para ser recibido".

Benalcázar se descompone cuando recuerda la publicación, y asegura que nunca se ha reunido con los abogados de los empresas. De hecho, afirma que tampoco conoce a los abogados de otras empresas, como Hanrine. Afirma también que nunca ha tenido contacto alguno con Juan Sebastián Roldán ni con su tío, aunque dice que en una reunión en Palacio de Carondelet, Roldán se acercó a saludar a un ministro y luego salió del Salón.

La explicación que da Benalcázar sobre por qué ha fracasado el acuerdo con Codelco es bastante simple: dice que el Estado nunca asignó por lo menos USD 51 mil para la constitución de la empresa que debía realizarse con los chilenos, lo que atribuye a la iliquidez del Estado en el morenato. Y niega enfáticamente haber recibido alguna presión del Gabinete de Moreno para beneficiar a la estatal del cobre chilena.

Codelco recurre a un arbitraje en París

Si se hicieron o no gestiones, lo cierto es que no funcionaron, al menos en el caso de Llurimagua. De ahí que Codelco ha anunciado, para la solución de este caso, recurrir a un arbitraje internacional, según una declaración emitida por la estatal del cobre chileno desde Santiago, este 8 de abril de 2021.

Codelco dijo que solicitó un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en París, contra Ecuador y la Empresa Nacional Minera Enami EP  por "diferencias" sobre el proyecto de cobre Llurimagua, que se considera está en etapa de "explotación avanzada".

En un comunicado, Codelco precisó que "diversos convenios firmados desde 2008 respaldan los compromisos adquiridos por Ecuador y Enami EP. Sin embargo, éstas no han cumplido con los acuerdos alcanzados", y agregó que "Codelco determinó ejercer su derecho ante dicha instancia en resguardo del proyecto y de las inversiones realizadas".

Un abogado de otra de las empresas involucradas en la polémica, que pidió no ser citado, sostuvo que la intención de Codelco, más que lograr cambiar el mapa minero en el país con la resolución de Zanafria, es apalancar su demanda internacional en el tribunal de arbitraje, llevando documentos que puedan servir como elementos de convicción en su reclamo. 

Solicitamos una versión de la empresa Emsaec y también nos comunicamos por correo electrónico con los abogados del Estudio Pérez, Bustamante y Ponce, pero no fuimos atendidos. 

La teoría de conspiración de Hanrine y Carlos De Miguel 

Un indignado Juan Sebastián Roldán respondió con un comunicado en su cuenta de Twitter a la publicación de Periodismo de Investigación. El ex secretario de Gabinete se dirigió despectivamente al entonces periodista Fernando Villavicencio y, en su comunicado del 17 de abril de 2020, señaló las que consideraba varias mentiras de "Villavicencio" a secas, como llamó al actual asambleísta. 

Entre éstas supuestas mentiras, Roldán mencionó que nunca ha dado instrucción alguna al Ministerio de Minas sobre la situación de Codelco en Ecuador, que nunca realizaría acción alguna contra los intereses nacionales, y que su tío no es abogado de Codelco, si bien admitió que ese estudio tiene a la empresa chilena como cliente desde hace varios años por medio de otros abogados. Desmintió también cualquier tipo de "conflicto de intereses" y sostuvo que no tiene ninguna relación con el sector minero. Roldán dijo también que, aunque conoce a su tío y a varios socios del Estudio, aquello no tiene nada que ver con su "servicio público" durante el morenato.

Pero pocos meses después ocurrió un suceso que volvería a relacionar el nombre de Juan Sebastián Roldán y su amiga y compañera de movimiento político, María Paula Romo, en el centro de la polémica minera. La relación entre ambos es muy a antigua y juntos realizarían su proyecto político, conocido como Ruptura 25, un movimiento con escaso impacto electoral, que pasó de aliarse al correísmo a combatirlo y luego, a convertirse en la columna vertebral del gobierno débil y ambiguo de Lenin Moreno.

El 15 de marzo de 2019, llegó al Ministerio de Minas, desde el Palacio Nacional, una carta que un empresario minero, el norteamericano Carlos De Miguel III, había enviado al entonces presidente Lenin Moreno. Se trataba de una oferta por USD 396 millones para invertir en Llurimagua, lo que implicaría romper el acuerdo con Chile. De Miguel es el representante de Hanrine, una empresa minera cuya matriz, llamada Hancock, está en Australia. 

La oferta podría poner en entredicho el acuerdo con Codelco, cuyas primeras negociaciones habían sido realizadas entre los ex presidentes Rafael Correa y Michelle Bachelet. El encargado de responder la carta, en nombre del Gobierno, fue el ex viceministro Benalcázar, quien el 29 de marzo de 2019 le contestó a De Miguel que el Ecuador debía respetar los acuerdos ya suscritos con Santiago, por lo que declinaba la oferta.

La propia Codelco, el 5 de junio de 2020, le escribió a Hancock una carta, en donde la advertía que no debía intervenir en sus negocios en Ecuador. Lo que ocurrió a continuación  es confuso. 

Menos de un mes después, el 27 de julio del 2020, Carlos de Miguel III, fue allanado por la Policía en su domicilio, en el valle de Tumbaco, nororiente de Quito, a las 07:00 y acusado de tráfico de municiones y de armas de fuego, biológicas y nucleares.

Romo expuso en su cuenta de Twitter, a las 09:43 de ese día,  fotos de la llamada "operación Victoria 653" en donde aparecían las supuestas armas y municiones del empresario extranjero y se informaba que se le había conducido ante una jueza de flagrancia. Como en el caso del programador sueco Ola Bini, en este también la Policía actuó con una supuesta "denuncia anónima".

Para las 13:00, Romo escribió en la red social, en tono de reparo, que aunque De Miguel tenía doble nacionalidad (lo que podría significar que deje el país, pues es norteamericano de nacimiento) y de que se había encontrado "este arsenal" se le había liberado. El empresario pudo defenderse en libertad el resto de la investigación. 

 Tras un operativo en #Tumbaco, la Unidad de Delitos con Armas, de la @PoliciaEcuador, detuvo a Carlos Miguel D.M. con 2 pistolas, 1 fusil, alimentadoras y más de 9 500 municiones.

En este momento, se desarrolla la audiencia de flagrancia.#CombateAlDelito pic.twitter.com/SBiatsXTiX

— María Paula Romo (@mariapaularomo) July 27, 2020

A pesar de este arsenal y que el detenido tiene doble nacionalidad, la jueza no consideró necesaria la prisión preventiva...
La investigación seguirá adelante.#CombateAlDelito https://t.co/QfdVEqcy48

— María Paula Romo (@mariapaularomo) July 27, 2020

Estas son algunas de las armas y municiones que fueron incautadas a Carlos de Miguel.

Diez meses después, un juez por petición de la Fiscalía, ordenó el archivo de la causa y ordenó la devolución de cuatro armas y 9.500 municiones incautadas. De Miguel y su abogado, Emiliano Donoso, están seguros que este incidente fue una respuesta a las intenciones y ofertas de Hanrine de comprar el 51% de la participación del Estado en la mina Llurimagua, uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo, que tiene en sociedad con la chilena Codelco.

La detención de De Miguel, según su entorno, evidenciaba que se estaba librando una verdadera guerra por el cinturón del cobre de Imbabura en la que, al parecer, estaban tomando partido Lenin Moreno y sus ministros, en especial, María Paula Romo desde Gobierno y Roldán desde su cargo en el Palacio presidencial. 

Casi enseguida de la detención  de De Miguel, sus abogados presentaron una denuncia por fraude procesal  y otros delitos contra Romo y varios de los policías que participaron. La ex ministra se limitó a comentar que se trataba de "una forma de amenazar o amedrentar a la Policía Nacional, así que responderemos con las herramientas de la ley”. 

Pero el abogado de De Miguel, Emiliano Donoso, sostiene que más que "amedrentar a la Policía", las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía en este caso permitirían determinar que entre el sorpresivo allanamiento a De Miguel, la pugna por Llurimagua y los intereses de Codelco habría una conexión. 

Un supuesto cabildeo a favor de Codelco que fracasa

"Quien estaba y está detrás de esto es Juan Sebastián Roldán", dice, rotundo, el abogado de De Miguel y Hanrine, y asegura que María Paula Romo estaba interesada en "apoyar los proyectos de su mejor amigo", en alusión a Roldán y su supuesto cabildeo a favor de Codelco. 

Emiliano Donoso es el abogado de Carlos de Miguel y de Hanrine. Foto: PlanV

Donoso sostiene la teoría de que lo que gatilló la supuesta represalia en contra de De Miguel no fue tanto la oferta de Hanrine sobre Llurimagua, sino la publicación de Periodismo de Investigación, que, afirma Donoso, Roldán y Romo consideraron que contaba con algún tipo de "auspicio" de Hanrine y De Miguel. 

Donoso cuestiona también a Fernando Benalcázar, a quien atribuye la "misión" de firmar un convenio sobre Llurimagua que beneficiaba a Chile y que fue detenido supuestamente por orden del ex presidente Moreno. Benalcázar lo negó enfáticamente en diálogo con este portal. 

"Roldán, Romo y Codelco pensaron que tras de esto estuvieron Hanrine o De Miguel", recuerda Donoso, quien también cuestiona el comunicado en donde Roldán dijo no tener nada que ver con ninguna gestión minera.

Y para probar su cuestionamiento, muestra una carta enviada desde la matriz de Codelco en Santiago a Juan Sebastián Roldán, con fecha 27 de febrero de 2020, en donde la estatal chilena la agradece a Roldán por "haber recibido a sus funcionarios" en una reunión que tuvo lugar el 20 de febrero de 2020 en el Palacio de Carondelet, en donde, prosigue la carta de Codelco, se habló sobre "los avances del proyecto Llurimagua" y "algunas preocupaciones de Codelco". Sobre esta cita, Roldán no dijo una palabra en su comunicado, destaca Donoso.

Donoso explica también que en su denuncia contra la ex ministra Romo por fraude procesal, se destacó que habría tenido la intención de "engañar a la jueza del caso", además de "dirigir el operativo de la Policía", lo que le permitió tener las fotos del caso en tiempo real. El fiscal Fabián Chávez, de la Fiscalía General, está tramitando la causa, y Donoso sostiene que en la investigación "está por determinarse cómo actuaba Romo y qué información le daba a Roldán sobre De Miguel. Roldán creía que el señor De Miguel había auspiciado el reportaje para desprestigiar a Roldán y la forma que encontraron para vengarse fue ésta".

Pero las supuestas gestiones de Romo y Roldán estarían dando, hasta el momento, un pobre resultado. Ante el entrampamiento del tema de Llurimagua, Codelco ha tenido que recurrir a instancias internacionales y no se ha notificado la resolución que podría darle el control de las más importantes concesiones del país. ¿Existió realmente el supuesto cabildeo? 

Donoso sostiene que lo que pasó es que, a pesar de todos sus supuestos esfuerzos, "simplemente no pudieron, al descubrirse lo que estaba detrás no pudieron firmar el acuerdo con Codelco sobre Llurimagua. Eso llevó a Codelco al arbitraje internacional", sostiene el abogado de Hanrine. 

En Buenos Aires, la pugna sigue

Como en una película del Viejo Oeste, al oeste de Ibarra, en una localidad a varias horas de camino, llamada Buenos Aires, se desató una fiebre de oro. Mineros informales de todo el país y migrantes extranjeros llegaron en busca de una veta superficial de minerales y se asentaron en una ladera, que forma parte de las concesiones de la empresa Hanrine. Pero como en toda película de pioneros, aquí también hubo muerte y violencia.

La gran mina de Buenos Aires, actualmente está abandonada. Foto: Ecuavisa

El drama humano de miles de mineros, sobre todo hombres jóvenes de varias partes del país y también  migrantes colombianos y venezolanos, se hizo evidente en la explotación minera en el sector.

En el caso de la concesión de Hanrine en Buenos Aires, se produjeron hechos de violencia como ataques al campamento de Hanrine y la identificación por parte de la policía de varios líderes de la comunidad, como José Fraga y el actual gobernador de Imbabura, Marcelo Simbaña.

Los conflictos en la zona motivaron que, inclusive, los camiones de la empresa Hanrine, al no poder ingresar a su concesión por la presión de los moradores, se estacionen durante semanas en el acceso del pueblo, lo que fue destrabado con una acción de protección concedida a favor de Hanrine y con el despliegue de la Policía en este año. 

Los camiones y personal de Hanrine pasaron semanas sin poder ingresar a su concesión.  Foto: PlanV

Pero hay nuevos actores en la disputa entre Hanrine y los pobladores de Buenos Aires. Se trata del asambleísta por Imbabura Mario Ruiz (Pachakutik) quien junto con el gobernador nombrado por el presidente Guillermo Lasso, Marcelo Simbaña, son blancos de nuevos cuestionamientos por parte de Hanrine. 

En el caso de Simbaña, destaca el abogado de la minera, Emiliano Donoso, este habría convocado a los representantes de Hanrine a una reunión en la Gobernación de Imbabura en Ibarra para pedirles que cedan por lo menos mil hectáreas a los mineros informales, lo que, explica Donoso, motivó una denuncia por concusión contra el funcionario del actual régimen.

Las relaciones con el asambleísta por Imbabura no son mejores: lo acusan de contactos con los mineros informales liderados por dirigentes como José Fraga y de haber intentado extorsionar al propio Carlos De Miguel por medio de alguien de su entorno, que le habría pedido al empresario por lo menos 80 mil dólares en efectivo, vehículos y plazas de trabajo a cambio de apaciguar a los moradores del sector de Buenos Aires. La supuesta extorsión por Whatsapp fue denunciada a la Fiscalía por De Miguel. 

Mario Ruiz: "el abandono del Estado es la estrategia para que entre la minería"

En su despacho en el Palacio Legislativo, el asambleísta Ruiz - camisa blanca, huipala en el cuello, una cruz andina con una gota de agua como collar- niega tener cualquier interés en la minería y, más bien, se declara un antiminero. 

El asambleísta por Imbabura (PK) Mario Ruiz niega las acusaciones en su contra.  Fotos: Luis Argüello. Plan V

El legislador, quien también ha sido abogado y juez en su provincia, ha propuesto en el seno de la Asamblea la conformación de una Comisión ocasional para analizar las concesiones mineras y petroleras en el Ecuador, tomando en cuenta la forma en la que se realizaron tales acuerdos, si se han respetado los informes de la Contraloría y los derechos socio económicos y ambientales de las comunidades.

El Pleno aún no resuelve su propuesta, que, para el ex viceministro Benalcázar, podría significar una legalización de la minería informal y más inseguridad jurídica. Ruiz defiende su propuesta en el Legislativo como parte del plan de gobierno de Yaku Pérez, y asegura que consta en la agenda de Pachakutik. Ruiz sostiene que el tema está en la agenda legislativa de su bloque y que hay apoyos de otros sectores para la aprobación de la comisión que propone. Un obstáculo es que la Comisión de Biodiversidad quiere realizar ese proceso de fiscalización. 

"Yo creo que no debería haber ningún tipo de minería en fuentes de agua, páramos, sitios de recarga hídrica", asegura el legislador, quien  declara que nunca estuvo en Buenos Aires en tiempos de la minería informal y la mina sin permisos que se instaló ahí.

El legislador desmiente también recientes publicaciones en redes sociales en donde se sostiene que su esposa habría estado en Imbabura y en Azuay en zonas mineras en carros de la Asamblea Nacional, aunque admite que él y su asesor de despacho han intervenido en acciones legales relacionadas con el tema "a título personal" y no como funcionarios públicos. Se refiere a un amicus curiae que él y su asesor de despacho han presentado en el caso de la apelación a la acción de protección concedida a favor de Hanrine, pero que está siendo llevado por otro abogado en su representación.

Ruiz sostiene que los recursos que permitieron a Hanrine ingresar a su concesión el 14 de agosto de este año fueron tramitados con irregularidades en el sorteo similares a las que habría cometido el ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, lo que Donoso niega enfáticamente. "Hay unos 300 policías en un pueblo de 50 gentes impidiendo que le miren mal a las camionetas de la empresa", sostiene el legislador.

"Hay parroquias en Imbabura donde se oponen totalmente a la minería y se han dedicado a producir en  busca de otras opciones. Pero en otras zonas hay gente que está trabajando en las empresas y se ponen a defender su trabajo. Eso es lo que defienden. Hay una estrategia del Estado para que entre el extractivismo minero y esa estrategia es el abandono", dice el legislador.

Ruiz niega tener ninguna relación con la minería ilegal, a pesar de que aparece en algunas fotos con dirigentes mineros de Buenos Aires y anuncia acciones legales para defender el honor de su esposa, quien asegura, ni conoce el Palacio Legislativo. 

La decisión sobre qué podría pasar con las polémicas relacionadas con la minería en por lo menos ocho provincias, el fracaso de Llurimagua y las tensiones entre mineras y moradores forman parte de la agenda de las autoridades del sector nombradas por el presidente Guillermo Lasso. 

ACTUALIZACIÓN:

El Ministerio de Energía reconoce superposición de concesiones en Imbabura 

El documento, que publicamos en su integridad, refleja una superposición entre las distintas concesiones mineras en Imbabura, en especial, entre las de Hanrine y Emsaec, basadas en el catastro minero cerrado, aunque no precisa si esta esta parcial o total. 

Este portal pudo conocer que tras la publicación de este reportaje, ha habido varias reuniones del equipo jurídico del Ministerio y de los coordinadores zonales, con miras a anular la resolución del ex director de Patrocinio, lo que podría ocurrir en los próximos días.