¿Cómo funciona la justicia en las provincias costeras que son importantes en la cadena del crimen organizado? El caso de Guayas refleja la crisis de la justicia en un contexto de violencia, presiones, amenazas, desprotección, bajo presupuesto para los servidores judiciales, entre otros problemas. Dos actores directos de la justicia en Guayas y un observador del sistema judicial en el Ecuador dan su testimonio y cifras donde se refleja el problema. Además, ocho casos reflejan la tendencia de presunto dolo o negligencia en el tratamiento de causas judiciales en casos de narcotráfico, y las cifras proporcionadas por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) muestran cómo una decisión de la Corte Constitucional, para garantizar la automía jurisdiccional respecto al CNJ, derivó, según los datos, en una suerte de protección institucional para servidores judiciales que son cuestionados. 

“Guayas tiene bajo comiso de bienes, alta carga procesal y muchos procedimientos abreviados”

Renato Rivera, PADF:

Un informe de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés) analizó los 73 casos de lavado de activos presentados en Ecuador entre los años 2016 y 2020. Del total, cuatro de cada diez casos se presentaron en Guayas.

En otro informe de la misma organización, fueron analizadas 149 causas por delincuencia organizada entre el 2015 y el 2020. Guayas presentó un 56% de los casos, el triple que Pichincha.

Renato Rivera, miembro de la PADF, dice que Guayas concentra la mayor carga judicial en casos de lavado de activos y, al mismo tiempo, hay pocas sentencias. Algunas investigaciones no logran llegar a juicio, a pesar de tener elementos probatorios contundentes.

En los casos de delincuencia organizada hay una gran cantidad de sentencias, pero la mayoría termina en el sistema de procedimiento abreviado. Este tiene por objeto concluir de forma anticipada un determinado procedimiento judicial antes de alcanzar la etapa oral. El 41% de personas que accedieron al procedimiento abreviado tiene sentencias entre 20 a 24 meses. Rivera asegura que hay una falta de transparencia respecto de cómo se accede al procedimiento abreviado, que podría generar un esquema de corrupción.

En cuanto a narcotráfico, en un informe que esa organización todavía está preparando, los casos no están orientados hacia las organizaciones sino a individuos. Quienes terminan siendo judicializados son los micro traficantes, con penas bastantes altas. La investigación está orientada a los niveles más débiles.

Por otro lado, los informes de la PADF revelan que hay impunidad económica, especialmente en Guayas. Se investiga poco los patrimonios de las organizaciones criminales. En casos de lavado de activos hay un bajísimo comiso de bienes. “Guayas termina siendo una provincia altamente representativa que muestra falencias en el sistema judicial”, dice Rivera.

En Guayas "los jueces son eternos"

Jorge Yánez, presidente del Colegio de Abogados del Guayas

Otro de los factores que influyen en este tipo de irregularidades lo plantea Jorge Yánez, presidente del Colegio de Abogados del Guayas, quien señala que la mayoría de jueces tiene periodos “eternos”. Los únicos que tienen periodos cortos son los de la Corte Nacional. El jurista dice que hace cinco años se debían realizar las evaluaciones de los jueces, pero esto no ha ocurrido.

Para el dirigente gremial, el método de las evaluaciones es deficiente. “El margen cualitativo está determinado únicamente por la calidad de las sentencias, el margen cuantitativo en la cantidad de despachos, ambos parámetros son insuficientes. No hay una fecha para una próxima evaluación”.

Yánez es abogado en libre ejercicio, una de sus tareas en el Colegio es vigilar que haya un debido proceso en la actividad profesional de los abogados agremiados en la provincia más grande y conflictiva del país en términos judiciales, sociales y de seguridad. Él dice que la calidad de una sentencia no da el margen completo de la calidad del funcionario. Debe ampliarse la evaluación al despacho diario para determinar las tareas del funcionario de forma integral, señala.

Los únicos jueces que tienen periodo determinado son los de la Corte Nacional, cuyas funciones duran nueve años. “Yo creo que es porque ellos analizan los casos más importantes del país. La política hizo que haya rotación para tener influencias ahí. Siempre habrá oportunidad de cambiarlos. De ahí para abajo son fijos”, dice Yánez.

El jurista reconoce que garantizar la carrera judicial es un logro, pero sostiene que se debería permitir concursar a nuevos jueces al menos cada diez años. “La evaluación cuesta plata. Estamos hablando de 2000 jueces dentro de 12 mil funcionarios judiciales a nivel nacional”, dice.

Según el Consejo de la Judicatura, de los 845 agentes fiscales a nivel nacional, 172 se ubican en Guayas, lo que le ubica como la segunda provincia con más fiscales. En 2021, último año disponible, la Judicatura del Guayas devengó un presupuesto de USD 344'120.573. Los jueces y conjueces de la Corte Nacional ganan en promedio USD 5600 mensuales y no superan las 40 personas, los de la Corte Provincial ganan sobre los USD 5000 y son casi 370 jueces a escla nacional. Un juez de garantías penales puede ganar unos USD 4500. Son casi 2000 jueces en todo el país, según el distributivo de personal presentado por el Consejo de la Judicatura en diciembre de 2022. 

Por otro lado, Yánez señala que la Corte Constitucional quitó al Consejo de la Judicatura la facultad de calificar un error inexcusable y una negligencia manifiesta, cuya competencia pasó a jueces de última instancia.

“Un sistema garantista dificulta que se haga justicia”

María Josefa Coronel, ex directora del Consejo de la Judicatura del Guayas

María Josefa Coronel, fue directora del Consejo de la Judicatura del Guayas. Ella repasó algunos de los nudos críticos del sistema judicial de esa provincia. Según la jurista, los problemas se deben a la indiferencia de los jueces y un sistema garantista que obstaculiza hacer justicia. “Si tu jefe no hace nada para que mejores, yo por qué tengo que correr riesgos que no quiero”, es el razonamiento común en el sistema de justicia, salvo excepciones, por supuesto, dice Coronel.

Uno de los ejes críticos en el procedimiento judicial es, según Coronel, que el “dueño” de la investigación penal es el fiscal, y los jueces "de alguna manera" se someten a lo que éste pide. “El fiscal es el arquitecto que busca la sentencia, si el no construye el delito, el juez queda subordinado”, sostiene Coronel. Ella asegura que los fiscales por su parte tampoco tienen apoyo técnico para construir los tipos penales.

En el 2022, tras múltiples amenazas contra los funcionarios judiciales del Guayas, la presidenta de la Corte Provincial, Fabiola Gallardo, exhortó que se realicen las audiencias penales de forma telemática y afirmó que los jueces estaban desprotegidos.

“En los Consejos de la Judicatura anteriores había el dinero suficiente para contratar empresas de seguridad privada. Los edificios de las Cortes estaban llenos de personas que brindaban seguridad, usted iba de piso en piso y había mucha seguridad. Hoy en día la presencia policial ha reducido”, asegura Coronel.

De nuevo, Coronel atribuye esta falencia a un sistema garantista. “En lugar de la protección a los jueces, muchos oficiales están asignados a la vigilancia de detenidos con sentencias domiciliarias”.

Por último, la ex directora adhiere al argumento de Yánez y afirma que el Consejo de la Judicatura ya no tiene poder frente a los jueces. “La Corte Constitucional ha resuelto que el Consejo de la Judicatura no es el órgano disciplinario para calificar un error judicial ni está capacitado para calificar una negligencia. Ahora esa responsabilidad está sobre otros jueces, que se cuidan entre ellos”, concluye.

I. Ocho casos, solo un botón

Ocho casos compartidos por PADF que son representativos para analizar en Guayas

Encontraron evidencias, pero el fiscal se abstuvo de acusar

En el caso 09267-2017-00414: Operativo e investigaciones de policía evidencian estructura que transportaba y almacenaba una tonelada de droga en una finca. La finca tiene acceso a una pista ilegal en la zona de Puerto Inca, cantón Naranjal. Varios de los miembros son familiares (hermanos y primos).

A través de interceptaciones telefónicas se determinó que los vinculados coordinaban transporte, contaminación de contenedores y acopio de alcaloides. En el allanamiento de la finca, en donde supuestamente se producía banano y cacao, se encontró 17 costales con 498 bloques de clorhidrato de cocaína, según un parte policial.

El fiscal finalmente se abstuvo de acusar al no encontrar, dijo, elementos probatorios. Solo pudo demostrar que los vinculados realizaban tareas agrícolas. Es así que un juez de la Unidad Multicompetente Penal del Guayas en Naranjal sobreseyó a los vinculados.

De narcotráfico a delincuencia organizada

En el caso 09286-2017-01062: Se acordó procedimiento abreviado para dos personas que enviaban droga a México mediante contaminación de contenedores. Este fue un caso de narcotráfico que termina por abreviado por delincuencia organizada.

Un fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional inició la instrucción fiscal por el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y ordenó prisión preventiva. Pero luego, reformuló los cargos a delincuencia organizada. El fiscal pidió 24 meses de prisión al considerar al vinculado como colaborador de un grupo de personas para el envío de drogas a escala local e internacional.

Según un parte policial, el grupo estaba dedicado al envío de droga vía marítima hacia México, Centroamérica y Estados Unidos utilizando los puertos de Guayaquil y Manta.

Otro parte policial indicó que el vinculado se comunicaba con un recluso del Centro de Rehabilitación del Guayas, quien pagaba una pena por narcotráfico, para enviar drogas adentro de la cárcel. Se demostró la existencia material del delito por delincuencia organizada y se multó con doce salarios básicos al vinculado.

De cómo no se acusó a un oficial de la Policía

En el caso 09285-2016-02926: Boris M. es policía y tiene varias comunicaciones con el sentenciado Aroca Zambrano. Sin embargo, para el tribunal no fue suficiente porque no se especificaba, según dijo, la información que intercambiaban. 

Tres vinculados, incluido un oficial de la Policía, fueron procesados por delincuencia organizada. Según un parte policial, estaban vinculados a un grupo de 27 personas dedicadas al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, robo, secuestro y tenencia de armas.

En los allanamientos se encontró marihuana y heroína. Entre los procesados se supo que expendían droga en una discoteca y un domicilio en Durán. A través de interceptaciones telefónicas se vinculó al oficial de la Policía. Sin embargo, solo los dos civiles fueron sentenciados como autores directos a cinco años de prisión y una multa de 12 salarios básicos. El policía fue declarado inocente por “insuficiencia probatoria”.

Muy pocos capos caen en el Ecuador

En el caso 09281-2019-0424 un ciudadano fue detenido con 39 gramos de heroína y lo sentenciaron a prisión por 10 años.

El sospechoso fue detenido en el sector de La Prosperina, Guayaquil. Mientras se dirigía a comprar desayuno, oficiales de la Policía lo interceptaron. Los oficiales habían recibido una denuncia anónima de que el sospechoso vendía droga a menores de edad en el sector.

En el registro se encontraron 27 paquetes con una sustancia color marrón, que luego de las pruebas de laboratorio resultaron positivo por heroína.

Muy pocos capos caen en el Ecuador II

En el caso 09318-2019-00463 cae otro ciudadano con 12 gramos de heroína y es sentenciado a cinco años de prisión.

El vinculado fue condenado como autor directo bajo el delito de tenencia y posesión de sustancias sujetas a fiscalización. En un procedimiento policial en la comunidad de Yaguachi, los oficiales divisaron una persona con “actitud evasiva” afuera de una vivienda. Al momento del acercamiento, el sospechoso huyó.

Se encontró heroína tanto en posesión del sujeto como dentro de una vivienda. La investigación determinó que el detenido era un adicto a dicha sustancia.  

Los albaneses caen, pero se salvan en la justicia

En el caso 09285-2017-01786: dos ciudadanos albaneses fueron detenidos en aeropuerto de Guayaquil con 350 mil euros en efectivo. Fue un caso de lavado de activos, pero fueron sobreseídos por no respetar debido proceso.

Dos ciudadanos albaneses que venían de Madrid pasaron por un control aduanero en Guayaquil. En maletas cuyas costuras estaban manipuladas los agentes encontraron dinero escondido. La defensa de los albaneses argumentó que el dinero era lícito y fue apostillado por el Estado albanés, sin embargo, las autoridades locales no obtuvieron dicho documento.

El argumento de la defensa para sostener que no hubo un debido proceso fue que se declaró culpables a los dos detenidos por defraudación tributaria, luego de eso Fiscalía inició otra instrucción fiscal por lavado de activos. La defensa citó la Constitución y afirmó que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, lo que sirvió para sobreseer a los detenidos.

En el caso 09281-2017-01823: Uno de los implicados tiene antecedentes por narcotráfico. Fue sobreseído el 11 de septiembre de 2017 por el delito de lavado de activos con comiso de 90.000 USD.

Los detenidos se dedicaban supuestamente a la venta de joyas y relojes. Sin embargo, sus registros mercantiles en el SRI daban cuenta de que se dedicaban a la venta de pescado. Pero no se puedo demostrar que el dinero venía de fuentes ilícitas así que se devolvió el dinero.

El caso 09286-2018-00585, de ciudadanos chinos vinculados por lavado de activos, fue archivado por supuestamente no respetar debido proceso. No hay información en el proceso judicial.

II. Amenazas, atentados y muerte

Los impactos del incremento en los niveles de violencia en el país no han sido ajenos al sistema judicial del Guayas. En el último año los funcionarios judiciales han sufrido amenazas y atentados contra su seguridad.

En septiembre de 2022, el fiscal Edgar Escobar, quien había investigado varios casos relacionados al crimen organizado, fue baleado y asesinado frente a la Fiscalía Provincial. Ese mismo día la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, denunció la falta de protección de los funcionarios judiciales y solicitó se declare en emergencia la Función Judicial de la provincia.
Un mes después, en agosto de 2022, una amenaza de bomba fue enviada a la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Tras la evacuación del edificio se descartó la amenaza. La acción se la habría atribuido un grupo denominado Los Chamos.

El fiscal de la Unidad de Personas y Garantías de Guayaquil, Édgar Escobar, fue baleado frente al edificio La Merced de la Fiscalía, en pleno centro del Puerto Principal. Foto: Twitter Fiscalía

En ese mes, se conformaron 14 nuevos tribunales fijos en materia penal, cinco para la Corte Provincial de Guayas y nueve en el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil. Esta nueva modalidad buscaría evitar los sorteos en cada caso y asignará jueces fijos.

Una serie de atentados terroristas ocurrieron en noviembre de 2022 en Guayas. Ante esto, el presidente Lasso informó que 53 delincuentes, incluidos otros involucrados de atentados en Esmeraldas, enfrentarían la Justicia.

A mediados de diciembre del 2022, el vehículo de una jueza del cantón Milagro fue quemado. Dos individuos llegaron al lugar en una motocicleta y rociaron el vehículo con inflamable. Dejaron fotografías con los hijos de la jueza.

A fines de diciembre del 2022, una nueva amenaza firmada por Los Lobos y Los Tiguerones llegó a funcionarios del Complejo Judicial Albán Borja en Guayaquil. El atentado iba dirigido a la jueza Heydy Borja, quien investigaba la detonación de un coche bomba en mayo del 2022 en las afueras de una UVC en Guayaquil. El panfleto, publicado por El Universo, detalló que la jueza debía “alinearse”, caso contrario ella y su familia sufrirían consecuencias. Además, los presuntos delincuentes alertaron que podrían haber “hecho pagar” a otros jueces en una fiesta realizada por Borja, pero que no lo hicieron porque entre ellos había funcionarios que si les servían.

El grupo especializado de la Policía acudió a la Unidad Judicial ubicada en el Albán Borja para revisar las instalaciones y los carros de la jueza Heydy Borja y sus colaboradores. Foto: El Universo

Pero la impunidad y las influencias externas también han estado presentes…

En junio del 2022, el ex gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, denunció a José Torres López, juez de garantías penales por prevaricato. Torres dejó en libertad a 18 personas que fueron arrestadas con posesión de armas en las afueras del hospital Luis Vernaza. Los vinculados habrían estado custodiando a alias “Joselo”, quien estaba internado luego de un intento de sicariato.

En octubre del 2022 la Judicatura suspendió a tres jueces penales de la Corte de Justicia luego de una declaratoria de la Corte Constitucional por un error inexcusable.  

El procurador Íñigo Salvador denunció en octubre de ese año una presión política de los hermanos Isaías en la Judicatura del Guayas. Salvador apuntó contra la ex directora provincial, María Josefa Coronel, por haber emitido un informe de opinión consultiva favorable a los Isaías que habría servido para las sentencias que favorecieron a los ex banqueros.

En noviembre del 2022, Coronel renunció a su cargo en la Judicatura. Había solicitado cerca de USD 16 millones como presupuesto, pero recibió solo USD 1,5. La ex directora argumentó en su momento que los fondos no eran suficientes para garantizar un servicio público de nivel.

El pleno del Consejo de la Judicatura, destituyó el 28 de diciembre de 2022 al juez José Daniel Poveda, miembro de la Corte Provincial, por llamar a juicio en una causa prescrita y con un delito diferente al que la Fiscalía había imputado en su momento. Según Expreso, el juez había tenido decisiones polémicas; dispuso la orden de libertad a Luis Jairala, ex gerente del Hospital Teodoro Maldonado, quien había sido procesado por delincuencia organizada en la compra de insumos con sobreprecio.

Enero del 2023, el expresidente de la Corte Provincial de Guayas, Gabriel Manzur, fue sentenciado por la Corte Provincial a cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito. Manzur y otra abogada no lograron justificar un incremento patrimonial de USD 682 mil.

Gabriel Manzur Albuja, ex titular de la Corte Provincial de Justicia del Guayas desde enero del 2018. Foto: El Universo

En febrero del 2023, el ex secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, ingresó una denuncia contra el juez de Guayas Juan Carlos Terán, y otros dos jueces de Santo Domingo y Manabí, en la Fiscalía General del Estado. Según una investigación del Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, Terán revocó la prisión preventiva de cinco presuntos delincuentes luego de haber sido arrestados con posesión de armas y sustancias ilícitas. Además, la investigación señaló que el juez declaró inocentes a dos funcionarios públicos en un caso de tráfico de bienes patrimoniales.

Ante estos hechos, la Fiscalía emitió un comunicado en el que resaltó que las decisiones de los jueces no son susceptibles de prevaricato, delito que sanciona las decisiones perjudiciales o injustas, por lo que no argumentan no hay un control ante decisiones contrarias a la ley.

En febrero del 2023, una jueza en La Aurora, Guayaquil, sobreseyó a Junior Roldán por tráfico de armas y ordenó su libertad. El líder de los choneros se abría beneficiado de la abstención del fiscal, Julio Sánchez. Sin embargo, la presión del Gobierno ha impedido la salida de Roldán. El fiscal está en la clandestinidad.

En Guayas también reposa un proceso judicial contra el entorno del difunto Leandro Norero. El caso trata sobre lavado de activos, se acusaba al “Patrón” de financiar bandas criminales.

III. ¿Espíritu de cuerpo?

Entre el 2019 y y marzo del 2023, el Consejo de la Judicatura destituyó a 286 servidores judiciales. De estos, 102 eran jueces, 27 fiscales y 135 "otros servidores", como secretarios, ayudantes y asistentes. De las sanciones a los jueces, la mitad de estos, 56, fueron sancionados por negligencia manifiesta, que define como una inconducta disciplinaria por la cual el operador de justicia infringe su deber, por la falta de cuidado en informarse de manera adecuada y actuar conforme a dicho deber. El 30% de las destituciones a escala nacional corresponde a Guayas.

El CNJ reveló oficialmente que el 63.2 % de solicitudes de declaratoria jurisdiccional previa por supuesto dolo, error inexcusable o manifiesta negligencia de servidores judiciales, presentadas por el Consejo de la Judicatura (CJ), en aplicación de la sentencia N° 3-19-CN-20A de la Corte Constitucional, han sido negadas por los órganos jurisdiccionales correspondientes. La información de la Subdirección de Control Disciplinario reveló que 292 de las 462 solicitudes presentadas por el CJ, desde julio de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2022, recibieron respuesta negativa.

En el citado periodo, del total de requerimientos, solo 63 (13.64 %) recibieron respuesta positiva, mientras que 107 (23.16 %) no tuvieron contestación.

En sentencia No. 3-19-CN/20 de 29 de julio de 2020, se pronunció en el sentido de que la aplicación del artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial es constitucional condicionado a que previo al eventual inicio del sumario administrativo en el Consejo de la Judicatura contra un juez, fiscal o defensor público, se realice siempre una declaración jurisdiccional debidamente motivada de la existencia de dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable; y, que tal declaración deberá ser efectuada por un juez o tribunal del nivel superior inmediato que conoce un recurso. Con ello, el CNJ perdió la capacidad de sancionar a servidores judiciales de modo directo, sin que medie una decisión de un juez o autoridad superior al involucrado. 

La declaratoria jurisdiccional previa es un requisito indispensable para la aplicación de sanciones disciplinarias a los servidores judiciales que presuntamente han incurrido en las faltas gravísimas de error inexcusable, manifiesta negligencia o dolo, contenidas en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, que señala como

Infracciones gravísimas.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución, por las siguientes infracciones disciplinarias: 7) Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable.

La baja tasa de resolución favorable para los requerimientos de declaraciones jurisdiccionales previas impide que el CJ pueda continuar con los procesos disciplinarios a los servidores judiciales investigados por las mencionadas infracciones gravísimas, dijo el CNJ.

Hasta el 30 de septiembre del 2022, los 107 procesos pendientes de trámite se encontraban en los órganos jurisdiccionales superiores.