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Fue un trámite maratónico. Todo ocurrió el viernes 13 de abril pasado mientras el país caía devastado por la confirmación de la ejecución de los tres periodistas de diario El Comercio. Ese día llegó un pedido de hábeas corpus a la Corte Provincial de Guayas. La solicitud era de Julia M., pareja del ecuatoriano Washington Prado Álava, que en el mundo del narcotráfico se lo conoce con el alias de ‘Gerald’.

A ‘Gerald se lo compara con el Pablo Escobar colombiano por el imperio que logró montar a través de un sistema de lanchas rápidas y barcos para el transporte de la droga hacia Centroamérica y varios ejércitos de sicarios con los que ha aplicado el mismo principio del capo colombiano: ‘plata o plomo’. Su fortuna, según Inteligencia de Colombia, estaría entre los 200 y 300 millones de dólares. ‘Gerald’ fue detenido en Colombia en abril de 2017 y extraditado a Estados Unidos el 24 de febrero de este año. Está relacionado con alias ‘Guacho’, un disidente de las FARC quien ha sido señalado como el autor de una decena de atentados en la frontera, y del secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio.

En los operativos de abril de 2017, también cayeron en Ecuador 11 integrantes de su banda. Entre ellos estuvo Julia M. Ella fue procesada por delincuencia organizada y sentenciada, el 17 de marzo pasado, a 28 meses de prisión tras haberse acogido a un procedimiento abreviado. Una condena que en la práctica solo sería de 17 meses, pues llevaba casi un año detenida. En este juicio fue señalada como una de las cabecillas de la banda de ‘Gerald’ en Ecuador. Al haberse acogido al procedimiento abreviado, aceptó los hechos con los que fue acusada y se le rebajó la pena. Pero esto, al parecer, no fue suficiente.

El viernes 13 de marzo su solicitud de hábeas corpus fue recibida en la Corte provincial de Guayas a las 08:15. A esa misma hora se hizo el sorteo que cayó en la Sala Especializada de lo Laboral de Corte. A las 09:37 fue puesta en conocimiento de la Sala conformada por los jueces Marco Vinicio Jirón, Carlos Miguel Pinto y Luis Alfredo Muga. Enseguida fue admitida a trámite por “ser clara y precisa”. Es así que bajo ese argumento fue convocada la audiencia para las 14:26. La Sala notificó a la Penitenciaría del Litoral para que Julia M. acudiera a la diligencia con las debidas seguridades. También fue convocado el juez de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil que le impuso la sentencia por delincuencia organizada.

Walter Vallejo, abogado de Julia M., expuso los siguientes argumentos: “No hay autoría de mi defendida en este delito, la prisión preventiva no reunía los requisitos para que existiera. No por ser conviviente tenía que haber una relación con el acusado principal del delito”. Por eso afirmó que su defendida era inocente, a pesar de que ya había aceptado los cargos en el primer juicio. En su defensa, el juez de la primera causa dijo que tanto la detención como la prisión preventiva estuvieron “bien impuestos”. Recordó que la procesada decidió libre y voluntariamente acogerse al procedimiento abreviado. “No es cierto que se le haya impuesto otra pena diferente (a la negociada con la Fiscalía). Lo que ocurre es que la Fiscalía acusó de otro delito”. El juez en ese momento reveló además que Julia M. había presentado antes otro hábeas corpus por los mismos hechos, que le fue negado. Pero los jueces aceptaron el pedido de la procesada y dispusieron su liberación inmediata. La boleta de excarcelación estuvo lista a las 18:07, según los registros del expediente.

El 18 de abril, la resolución de los tres jueces fue anulada. Entre las razones que menciona la decisión judicial está el no haber presentado un sentencia escrita como lo dispone la ley, lo que constituye una vulneración “al derecho a la seguridad jurídica”.

Los jueces fueron suspendidos por el Consejo de Judicatura y el 19 de abril pasado, la Fiscalía los detuvo y allanó sus domicilios en Guayaquil. El fiscal general Carlos Baca Mancheno los acusó por prevaricato. “Proceden en contra de ley expresa y norma constitucional incluso, pues en ningún momento la accionante fue detenida de forma ilegal arbitraria o ilegítima, nunca estuvo en riesgo su vida o integridad física, no se demostró vulneración de derecho alguno en el trámite sustanciado, se respetaron las garantías constitucionales de la accionante, al punto de que se le preguntó en audiencia si se sometía al procedimiento abreviado, y ella aceptó voluntariamente”, dijo Baca en la audiencia que se llevó a cabo en la Corte Nacional de Justicia.

El 19 de abril pasado fueron detenidos los tres jueces de la Corte Provincial de Pichincha que dieron un hábeas corpus a favor de Julia M. El fiscal general Carlos Baca Mancheno los acusó de presunto prevaricato. 

Además acusó a los jueces de violar la Constitución de forma “deliberada, consciente y dolosa”. El Fiscal argumentó que la decisión de los jueces “no se expresa ninguna norma legal” para dejar en libertad a la pareja del narcotraficante. “Asumen el papel de fiscales y jueces penales; y establecen que se debe hacer un procedimiento ordinario y en libertad, no tomaron en cuenta que al conceder el hábeas corpus expresamente violaban la ley pues tenía una condena que pesaba en su contra”, agregó.

La amenazas tras la detención de Julia M.

La pareja del narcotraficante ‘Gerald’ nació en  Jaramijó, Manabí, y allí fue detenida nuevamente el pasado lunes 16 de abril, a las 23:00. Es decir, pasó tres días en libertad. Esta es la segunda vez que es aprehendida por la justicia. La primera ocurrió en abril de 2017 al tiempo que ‘Gerald’ era apresado en Ipiales, Colombia.

Después de la detención de ‘Gerald’ en el país vecino, ella buscó esconderse en Santo Domingo de los Tsáchilas. Salió escoltada desde su casa ubicada en la ciudadela Puerto Azul en Guayaquil. Los agentes lograron escuchar sus conversaciones durante este trayecto y conocieron que Julia M. dio la disposición  de quemar y destruir documentos. Fue entonces cuando se dieron los allanamientos en sus tres casas con millones de dólares encaletados.

Inicialmente fue acusada de presunto tráfico ilícito de drogas, un delito que tiene la pena más severa de este tipo: entre 16 y 19 años. Pero a los pocos meses le fueron reformulados esos cargos a delincuencia organizada, cuya pena máxima es de 10 años. Es por eso que logró acogerse a un procedimiento abreviado y obtener una pena de solo 28 meses, como lo contó Plan V en una publicación del 19 de marzo pasado.

Julia M. solo terminó la primaria. En las interceptaciones telefónicas se la escucha dar órdenes a los demás integrantes de la banda. Foto: El Telégrafo

El fiscal Carlos Baca Mancheno dijo en ese entonces sentirse “indignado” por dicho fallo. En una entrevista en Radio Sucesos reveló que para este caso había una veintena de policías de Inteligencia en la Fiscalía Provincial de Pichincha que respondían a la exfiscal subrogante Thania Moreno. “Y ahora resulta que se les encuentra caletas de dinero y ya no es financiamiento del narcoterrorismo, ahora se trata de una cuestión de crimen organizado, de delincuencia organizada, que no es un delito menor. Después se acogen a un procedimiento abreviado buscando salida a la norma y 20 meses”.

Adelantó que la sentencia “era una burla”. “Sabiendo el tipo de personajes que son, lo peligrosos que son. Sabiendo que estos tipos habían puesto precio a las cabezas de funcionarios públicos. Y resulta que ahora ya no hay amenazas y ni se aplica la ley con toda la severidad (...) He pedido que la dirección procesal de la Fiscalía haga una revisión inmediata del expediente y que se emita un criterio. Pero a priori esto es inaceptable”, mencionó. Anunció una investigación administrativa y penal para ver qué pasó con este tema. Pero hasta el momento no se conocen los avances de esta investigación.

Días después, la fiscal Thania Moreno replicó a Baca Mancheno. Dijo que el caso se lo investigó en Quito porque en Guayas los agentes corrían mucho riesgo. Mencionó que hubo amenazas contra los fiscales y que en el proceso abierto en Manabí la estructura de ‘Gerald’ estaba siendo acusada de sicariato. Gracias a Inteligencia de Colombia, Plan V conoció que la detención de su esposa dolió al narcotraficante ecuatoriano. Este portal tuvo acceso a esa lista en la que están los nombres de los blancos de ‘Gerald’ en Ecuador. Constan un fiscal, dos altos oficiales de la Policía y un asambleísta alterno de Manabí. También está escrito el apellido ‘Serrano’ por el cual se ofrecía dos millones de dólares. Los agentes colombianos creen que el narco se refería al exministro del Interior y actual asambleísta, José Serrano. “El ministro era correcto por eso lo querían matar”, aseguró un agente colombiano.

Pero según la fiscal Thania Moreno, no pudieron acusar por narcotráfico a la banda porque Colombia no envió la asistencia penal. “He revisado el expediente, pero nosotros no tenemos nada respecto al narcotráfico, por lo tanto como nos permite el COIP, el fiscal reformula hacia delincuencia organizada porque sí tenemos sicariato y una investigación por lavado e incluso por enriquecimiento ilícito privado”, aseguró.

Las llamadas interceptadas

Para estas investigaciones se interceptaron llamadas al número telefónico de Julia M. y de otros integrantes de la banda. Esta es una de las conversaciones vigiladas por los agentes. Participan Julia M. y Fabricio P., quien según el expediente era conocido como alias ‘Conejo’ y era la persona que ayudaba a ‘Gerald’ y a su hermana en el manejo del dinero.

Conejo: Ya tienes que prestarme esa casa del Prado, que ya estoy botado

Julia M.: No más Conejo

Conejo: Ese man, ese man también está que llama, dice que tiene una tola guardada ahí dice, que la quiere dice

Julia M.: ¿Quién?

Conejo: Ese, ese, ese, el piojoso del Cholo, ayer también me dijo eso

Julia M.: ¿Cuál?

Conejo: El Cholo

Julia M.: Dile a ese t... c... la madre que se vaya para la v... que yo digo

Conejo: Está que pedía la llave, yo le digo esa llave la tiene Javi, le digo ese man está de viaje ese man no llega, ayúdeme me dice a conseguir eso me dice, ya yo te aviso le digo

Julia M.: Llámalo a ese c... la p... la madre o ponle una nota de voz, dile que se vaya como para la v... y que el lunes le espero allá en Tumaco

Conejo: Está cagado, dice que no quiere ir

Julia M.: Si no va peor porque yo lo cojo ahí, lo hago reventar de coraje, que mejor que vaya el lunes a Tumaco

Conejo: Me dice que yo hable con usted, yo le digo pero es que yo yo yo qué puedo hacer

Julia M.: Buscando padrino ese triple c… la madre

Conejo: Ya pues, yendo para allá

Julia M.: Ya y si te pregunta de nuevo eso

Conejo: ¿A dónde?

Julia M.: Sí a donde siempre, tráelo hasta acá arriba un solo y anda recógelo que creo que ya debe estar listo

Conejo: No pues digo la llevo no más hasta hasta donde siempre la llevo y lo recogen los muchachos o la subo hasta allá mismo

Julia M.: Hasta donde siempre, donde siempre que aquí vaya mismo el Enano a recoger

Conejo: Ya listo ya

Con estas llamadas, los agentes lograron determinar cómo actuaba la organización criminal de ‘Gerald’. Para el tráfico de droga, usaba lanchas rápidas para el transporte de los cargamentos hasta Guatemala y México. Esta información fue corroborada por una asistencia penal del país centroamericano.

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía de Colombia (DIJIN) detalló a Plan V cómo funcionaba este mecanismo. Las lanchas llegaban hasta barcos que simulaban pescar en altamar y estos abastecían con gasolina y víveres para que las lanchas terminaran con sus largos trayectos. El mecanismo fue tan exitoso que solo en dos años, ‘Gerald’ ingresó 250 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Uno de los puertos de donde salían los cargamentos era Tumaco, en el departamento colombiano de Nariño.

Uno de los cargamentos monitoreados fue el del 3 de abril de 2017. La organización de ‘Gerald’ tenía previsto enviar desde Esmeraldas 1.500 kilos de cocaína. El traspaso y la entrega final del producto se iba a realizar en altamar. Estos registros fueron parte de la prueba que presentó la Fiscalía contra Julia M. El juez de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil la sentenció a 28 meses de cárcel y le impuso una multa de 30 salarios básicos, el decomiso de los bienes y de 17,3 millones de dólares.

La mayoría de este dinero fue encontrado encaletado en dos casas de Guayaquil, ubicadas en Puerto Azul y Los Ceibos. En esas dos viviendas, Julia M. fue observada junto al capo. En la primera casa se hallaron 7,5 millones ocultos en el garage. En la segunda, los agentes encontraron más de 1 millón encaletado debajo de un basurero, bajo una tapa de cemento de 15 centímetros de espesor. En los allanamientos de abril, también fue ubicada una casa en Manta con 3,1 millones.

En las investigaciones de este primer caso se determinó que ella tendría propiedades que sumarían 225 mil metros cuadrados y a su nombre estaba registrada una nave. Con estos indicios la Fiscalía le abrió un nuevo proceso por enriquecimiento privado no justificado. La audiencia de formulación de cargos se realizó el 18 de abril, un día antes de que se detuviera a los jueces que le dieron el hábeas corpus.

Además del dinero encaletado en las casas de propiedad de la pareja, la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE) halló movimientos inusuales en su cuenta bancaria y dinero no justificado por USD 232.285. El día de nueva detención también fue encontrada con 7.000 dólares y un celular. El juez de Garantías Penales, Ángel Moya, acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Julia Mero y otorgó un plazo de 90 días para el cierre de la instrucción fiscal. El enriquecimiento privado no justificado tiene penas entre 3 y 5 años.