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2 de Junio del 2023
Investigación
Lectura: 18 minutos
2 de Junio del 2023
Miami Herald, OCCRP y Plan V
La reputación y el apellido de Lasso se cuidaron a través de un contrato firmado en EEUU
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Fotos: Presidencia de la República y stockfilmstudio. Fotomontaje referencial: PlanV

 

Una pequeña empresa de Florida, en EEUU, contrató una firma de relaciones públicas por $250.000 para que medios de ese país y de Gran Bretaña difundieran información a favor de Guillermo Lasso durante su juicio político. Pero esa compañía está dirigida por un ex alto ejecutivo del Banco Guayaquil y personaje cercano al Mandatario. Esta es una investigación entre el Miami Herald, OCCRP y Plan V.


“Introducir/aclarar la verdad sobre los motivos del juicio político”. Ese fue uno de los objetivos del contrato entre las empresas Global Research and Asset Management LLC y Perceptual Advisors LLC para manejar la imagen del presidente Guillermo Lasso en EEUU y Gran Bretaña.

Ambas firmaron este acuerdo el 5 de abril pasado para que los asesores de Perceptual Advisors -una firma de relaciones públicas- gestionaran la crisis derivada por el proceso que adelantaba la Asamblea, de mayoría opositora, contra el Mandatario para su destitución. Pero también para que minimizara el potencial impacto negativo de esa situación en la reputación del Presidente y en el apellido de su familia.

Esto dice el documento del contrato que ha sido revelado en EEUU después de que Perceptual Advisors lo declarara ante el Departamento de Justicia de EEUU, tal como lo exige la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de ese país (FARA, por sus siglas en inglés) y al que accedió esta alianza periodística.

Registro en la ley FARA el contrato de relaciones públicas a favor de la imagen de Guillermo Lasso en EEUU y Gran Bretaña. VER PDF

Global Research and Asset Management LLC o GRAM, por sus siglas en inglés, acordó un pago de $250.000 a Perceptual Advisors LLC por sus servicios durante un mes para que los principales medios de comunicación de EEUU y Gran Bretaña cubrieran de manera favorable a Lasso y sus argumentos sobre el juicio político. ¿Por qué una pequeña compañía de la Florida -con ingresos anuales inferiores a los de ese contrato- estaba interesada en cuidar la imagen del Jefe de Estado ecuatoriano en el exterior?

GRAM fue fundada hace 13 años y sus oficinas se encuentran en Coral Gables, una ciudad que pertenece al condado de Miami-Dade, en la Florida. Se dedica a la gestión de patrimonio, tiene ingresos anuales de aproximadamente $150.000 y dos empleados, de acuerdo a la base de datos del sitio especializado Buzzfile. Pero está dirigida por Miguel Macías, un antiguo directivo del Banco  Guayaquil, según la declaración hecha ante la ley FARA.

Esa norma estadounidense obliga tanto a personas como a organizaciones a revelar su trabajo en nombre de una entidad extranjera, por ejemplo, un gobierno o partido político. Su propósito central es promover la transparencia respecto a la influencia extranjera en EEUU y evitar las ‘agendas ocultas’.

Pero este caso ha llamado la atención por su modo inusual. En lugar de que el Gobierno ecuatoriano realice una contratación directa con la firma de relaciones públicas, pasó por una empresa intermediara, es decir GRAM. En los registros oficiales, GRAM actúa como representante de la Secretaría General de Comunicación. También aparece el nombre de Wendy Reyes, actual titular de esa entidad, como la funcionaria de contacto.

GRAM fue fundada hace 13 años y sus oficinas se encuentran en Coral Gables, en Miami. Pero está dirigida por Miguel Macías, un antiguo directivo del Banco Guayaquil, según la declaración hecha ante la ley FARA.

Los documentos, sin embargo, no aclaran el origen del dinero. ¿Los $250.000 fueron aportados por fondos privados en este caso por GRAM? Si es así, ¿por qué una compañía privada pasó a financiar una campaña mediática de publicidad para el Gobierno de Ecuador? En cambio, si los fondos son públicos, ¿por qué la contratación de relaciones públicas fue realizada por una empresa privada en nombre de la Secretaría de Comunicación?

Los medios de esta alianza enviaron estas preguntas a Reyes por correo electrónico. “En el ejercicio de mi cargo no he firmado ningún contrato de relaciones públicas que esté trabajando en representación de la Secretaría General de Comunicación del gobierno, o que se encuentre realizando una campaña mediática en su nombre y no existe ningún fondo público asignado para ello”, contestó la funcionaria.

“Dentro mis funciones está el recibir pedidos de medios de comunicación nacionales e internacionales, a veces directamente o a través de agencias, los mismos que he recibido y canalizado para decidir conjuntamente con la agenda presidencial, cuáles podemos atender con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía”, fue su comentario final. El presidente Lasso designó a Reyes el 5 de abril, el mismo día de inicio del contrato.

Wendy Reyes se convirtió en la cuarta Secretaria de Comunicación del gobierno de Guillermo Lasso, el pasado 5 de abril. El Presidente la nombró en reemplazo de Andrés Seminario. Foto: Teleamazonas

“No veo nada en la presentación que plantee de inmediato una preocupación sobre FARA”, dijo al Miami Herald Joshua Rosenstein, experto en derecho FARA del bufete de abogados Sandler Rieff Lamb Rosenstein & Birkenstock.

Aunque no es una forma común de financiar el cabildeo, Rosenstein afirmó que el registro parece cumplir con los requisitos de divulgación de EEUU sobre quién realiza el cabildeo, quién se beneficia y quién paga por este. Este tipo de acuerdo con terceros se ve más a menudo -manifestó el experto- cuando un bufete de abogados que maneja la presentación de un negocio de un cliente necesita contratar una firma de relaciones públicas o marketing.

Pero, ¿qué pasa en Ecuador? Abogados ecuatorianos coinciden en que es extraño que una empresa privada actúe como intermediaria del Gobierno. No tiene sentido que el contrato inscrito en el FARA mencione a la Secretaría de Comunicación si los fondos no son públicos. A Felipe Rodríguez, abogado penalista, le preocupa dos elementos de este contrato. El primero es que es el intermediario sea un allegado de Lasso porque existe un conflicto de interés. Y lo segundo, es que el literal D de los objetivos de ese acuerdo sea reducir el impacto negativo del juicio político en la reputación del Presidente y de su familia.  “Los fondos públicos son para proteger la imagen del Ejecutivo, es decir la estabilidad del país. Más no de la persona natural, del ciudadano o padre de familia que ostenta la calidad de Presidente”, explica el jurista.

El 16 de mayo pasado, el presidente Guillermo Lasso acudió a la Asamblea Nacional para defenderse en el juicio político. Un día después, decretó la muerte cruzada, disolvió el Legislativo y llamó a elecciones anticipadas. Foto Mauricio Muñoz / Asamblea Nacional

Si son fondos públicos, ¿hay alguna falta? Rodríguez sostiene que se estaría incurriendo en un peculado por el uso arbitrario de esos recursos para fines distintos a los previstos en la ley, en beneficio a un tercero y en perjuicio del Estado. “¿Dónde está el perjuicio al Estado? En el desembolso. ¿Dónde está el beneficio a un tercero? En este caso es un beneficio inmaterial que es salvaguardar la reputación de una familia. Si es así, es un peculado clarísimo”, manifestó.

Rosenstein adelantó que las reglas de FARA requieren que se presente una declaración complementaria dentro de los seis meses, que incluya los gastos detallados y también información sobre quién los pagó y cómo. Esos nuevos documentos saldrían a la luz en octubre próximo.

De acuerdo a los documentos oficiales, Perceptual Advisors se puso en contacto con 23 periodistas de medios de comunicación para gestionar entrevistas o reuniones informativas con Lasso. Claudia Gioia, cofundadora y socia gerente de esa firma de relaciones públicas, informó que se enviaron correos electrónicos o mensajes de texto a comunicadores que trabajan para Financial Times, Associate Press, Wall Street Journal, CNN, Miami Herald, BBC Mundo y Washington Post, entre otros.

Gioia tiene una amplia experiencia en el campo de las relaciones públicas, según el portal especializado Odwyerpr.com. Fue la directora ejecutiva para América Latina de Hill+Knowlton Strategies, una multinacional de la rama con presencia en 40 países. Asimismo, fue directora de la unidad hispana de EEUU de la firma internacional Burson-Marsteller, con presencia en 110 países, y vicepresidenta senior del brazo LLYC-Americas. También se desempeñó como líder de clientes en América Latina de la multinacional WPP para Ford Motor.

En un breve mensaje de texto, Gioia confirmó que su empresa apoyó al Gobierno ecuatoriano en el trato con representantes de la prensa internacional. “Para ello se ha realizado el registro correspondiente ante el gobierno de Estados Unidos”, escribió en referencia a la presentación de FARA, que por ley es requerida para cualquier empresa que trabaje en Estados Unidos a nombre de un gobierno extranjero.

Este caso recuerda al de MCSquared, una empresa de relaciones públicas con sede en Nueva York, que representó en 2014 al gobierno de Rafael Correa. La firma, que pertenecía a la ecuatoriana María del Carmen Garay, obtuvo un contrato por $6,4 millones. Este lo firmó Nathalie Cely, entonces embajadora del Ecuador en Washington DC a nombre del Régimen, pero fue solicitado por Fernando Alvarado, secretario de Comunicación de aquella época. La contratación buscaba combatir en EEUU la supuesta arremetida de Chevron contra el Estado. Correa fue el impulsor de la campaña ‘La mano sucia de Chevron’ y MCSquared debía conseguir que estrellas de Hollywood como Mia Farrow o Danny Glover se sumaran a la iniciativa.

MCSquared presentó sus reportes de ese contrato a la ley FARA con un año de retraso. En ese momento, MCSquared solo justificó operaciones por $1,5 millones, pero faltó por conocerse públicamente el destino de los $4,9 millones restantes. Por esta serie de publicaciones de Plan V, Correa calificó al equipo periodístico como ‘acomplejados, amargados, enfermos y mediocres’. En marzo de 2015, la Contraloría -manejada por Carlos Pólit, ahora procesado en Miami por lavado de activos- concluyó que no hubo irregularidades en ese contrato.

Pero no son los únicos convenios que se ha registrado en FARA sobre Ecuador. Firmas norteamericanas han reportado 75 contratos con entidades gubernamentales y políticos ecuatorianos desde la década de 1940. Solo en los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Lasso se han celebrado 33 contrataciones donde los beneficiarios han sido ministerios, secretarías, embajadas y hasta el Centro de Inteligencia Estratégica (ex Senain).

Macías, un personaje cercano a Lasso

Miguel Macías Yerovi, de 42 años, firmó como CEO de GRAM en este contrato que buscaba también “mantener la buena voluntad de sus actuales aliados (los de Lasso)” y “aclarar la defensa de GLM”. En el apartado correspondiente a los objetivos, está tachada la línea que dice: “Con base en el escrito recibido por el exsecretario de Comunicaciones”. Andrés Seminario fue el antecesor de Reyes.

¿Macías tuvo que realizar su propia declaración a FARA e informar que era un agente que actuó en nombre del Gobierno ecuatoriano? Es una pregunta que quedó sin respuesta porque Macías no atendió a las solicitudes del Miami Herald de comentar esta historia.

Durante su paso por el Banco Guayaquil, Macías fue asistente financiero y luego subgerente de Información Gerencial. Más tarde se desempeñó como vicepresidente financiero de la misma institución privada. En EEUU, además de ser el Presidente Ejecutivo de Global Research and Asset Management, es miembro de la Junta Directiva de Banisi Panamá, un banco relacionado con Lasso y que el Mandatario reconoció públicamente en 2016.

Además de Macías, otros miembros del directorio de Banisi han sido Juan Emilio Lasso Alcívar -como presidente del banco- y Santiago Lasso Alcívar, hijos del Jefe de Estado; Iván Correa Calderón, exsecretario de la Administración Pública de Lasso; y Euvenia Touriz Mawyin, exfuncionaria del Banco Guayaquil, entre otros, según un documento público de Banisi de 2018, cuando lanzó un programa rotativo de bonos corporativos.

Touriz, ecuatoriana, aparece en ese documento también como vicepresidenta de operaciones de Global Research and Asset Management. Fue gerente en el Banco Guayaquil, en la División Internacional, y representante de la Oficina de esa misma entidad financiera en España. Entre 2009 y 2010, fue subgerente general del Banco Guayaquil en Panamá.

Euvenia Touriz y Miguel Macías Yerovi fueron altos ejecutivos del Banco Guayaquil. Ambos han estado relacionados a Global Research and Asset Management.

No es la primera vez que los nombres de Macías y Touriz aparecen relacionados a Lasso. Ambos fueron llamados a declarar el 23 de octubre de 2021 a la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea tras el escándalo de los Pandora Papers. La Comisión buscaba identificar si Lasso tenía bienes en paraísos fiscales. Esto después de que diario El Universo y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) revelaran que “el mandatario cerró once entidades offshore antes de inscribir su candidatura (presidencial) y que puso varios activos en dos fideicomisos establecidos en Dakota del Sur (EE.UU.): Bretten Trust y Liberty Trust”.

Lasso negó a El Universo tener relación con esos dos fideicomisos y dijo que nunca escondió su participación en el banco panameño, que no funciona como una offshore. “Por lo tanto aquí no ha existido ningún encubrimiento de ninguna naturaleza”, le respondió al diario guayaquileño. En la actualidad, el 100% de las acciones de Banisi Panamá pertenecen a Banisi Holding S.A., cuyo 41.59% a su vez es de Banisi Internacional Foundation, dice la resolución de la Superintendencia de Bancos de Panamá del 10 de septiembre de 2020.

“En este gobierno, él (Lasso) ha sido un hombre completamente solo, pero además obsesionado con su reputación, no obsesionado con la reputación de un país”, Felipe Rodríguez, abogado penalista.

Este cambio accionario ocurrió siete meses antes de las elecciones presidenciales de 2021, en las que Lasso se impuso a Andrés Arauz, candidato del correísmo. Lasso, tras el informe de la Comisión y la publicación de los Pandora Papers, pidió a la Contraloría que investigue sus bienes. En una carta a ese ente de control, adjuntó certificados apostillados para probar que no ha figurado como accionista o director de Banisi S.A. o Banisi Holding S.A. La Contraloría archivó la investigación.

La Comisión de Garantías Constitucionales, de mayoría opositora, recomendó en su informe sobre los Panama Paper que la Fiscalía investigue al entorno cercano de Lasso, como sus hijos, esposa, además de Macías y Touriz, entre otros, por supuestamente “consentir de forma dolosa, en hacer pasar como suyos bienes o dineros que en realidad son de propiedad del señor Lasso Mendoza”. Pero la Asamblea resolvió aprobar una resolución que dispone enviar el informe a los organismos de control. 

 Los nombres de Macías y Touriz también aparecieron en un reporte de 2017 publicado por el Center for Economic and Policy Research, un grupo de expertos con sede en Washington. Ambos se incorporaron a una empresa en Florida llamada Nora Investment US, que fue registrada por Guillermo Emilio Lasso, hijo del Presidente. Los tres figuaron como directores en una serie de empresas LLC que usaron para comprar más de 140 propiedades en el sur de Florida, valorados en $130 millones. 

“Después de la implementación de nuevas regulaciones en Ecuador con respecto a los activos en el extranjero, el nombre del hijo de Lasso fue eliminado sistemáticamente como director de las 10 empresas, según muestran los registros públicos. Pero Macias y Touriz continuaron abriendo holdings adicionales. Es importante tener en cuenta que, si bien las LLC enumeran a los directores, el llamado beneficiario real, o verdadero propietario, está oculto”, dice el informe.

Este tema se ha discutido en las elecciones presidenciales en las que Lasso ha participado y organizaciones aliadas al correísmo han sacado esta información en esos momentos electorales.

 

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