“La promoción de actividades agroindustriales es uno de los objetivos del Gobierno Nacional este año. Para ello, se generarán políticas públicas que la impulsen e incentiven. Así lo aseguró el vicepresidente de la República, Jorge Glas, en su visita a Ecuacoffee, una agroindustria que inició hace 9 años con apoyo público y que genera actualmente exportaciones por $ 28 millones.

“El fortalecimiento de este sector es necesario para cambiar la matriz productiva. Como explicó el ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Javier Ponce, nuestra agroindustria tiene todavía un desarrollo precario. Por ejemplo, Ecuador no logra procesar más allá del 8% de la producción cacaotera; el porcentaje restante es vendido como materia prima, dijo”.

La nota corresponde al diario gobiernista El Telégrafo, del 29 de enero del 2016. El gobierno prioriza la estrategia agroexportadora para el campo, dice la nota.

El gobierno no se quedó quieto. Pero hay otra realidad que contrasta el informe Más agronegocio, menos soberanía alimentaria, una investigación de Esteban Daza Cevallos, y publicado por el Movimiento Regional por la Tierra. Señala el documentos que en agosto del 2013 el Ministerio de Agricultura expuso el documento denominado El Sector Agropecuario, Acuícola y Pesquero en el Cambio de la Matriz Productiva, que recoge una serie de programas y proyectos para transformar el campo, destacándose el Ahorro por sustitución de importaciones y la innovación tecnológica. Esto supone ahorrar 622´690.776 dólares entre el 2013 y el 2017, con la intensificación de la producción de soya y canola para balanceados, harinas y aceites, y caña de azúcar para agro-combustibles. Para acrecentar los rendimientos, se promueve la intensificación productiva por dos vías, una impulsa la composición de paquetes tecnológicos que contengan semilla mejorada, y otra, considera las semillas transgénicas. Los dos tipos de producto, demandan la concentración de la tierra, 50.000 hectáreas en la costa para el caso de la soya y 20.000 hectáreas en la sierra para la canola. Por otra parte, la producción caña de azúcar pretende aportar etanol a la mezcla de gasolina significando 15% del valor agregado; que además, implicará reducir 53% de la importación de Nafta de Alto Octanaje hasta el 2017. Se reproducirán semilleros y se fomentará la producción, se propone pasar de 10.000 hectáreas en el 2014 a 67.500 hectáreas en el 2017, y la industria privada de servicios de intermediación financiera será la encargada de la mezcla de la gasolina con los agrocombustibles. Finalmente, toda la propuesta de cambio de matriz productiva en el sector agropecuario generaría 749.765 plazas de trabajo directo (MAGAP, Propuesta, 2013). En síntesis, la agenda de intervención para la solución de la problemática del atraso en el campo contempla la profundización del modelo del agronegocio y la agroindustria que concentra recursos (tierra, agua, semillas y capital) y agota el suelo, no garantiza la soberanía alimentaria y promueve la producción para la exportación. Esta agenda, además, no controlará el mercado de los alimentos, de insumos químicos, la oferta de crédito y mucho menos, la propiedad de la tierra.

Los sujetos o beneficiarios y los actores de la “transformación”

El problema central de la propiedad de la tierra, señala la investigación, está en la iniquidad en el uso y propiedad de la tierra. Uno de los principales problemas agrarios hasta la década de los sesenta fue la concentración de la tierra en pocas manos, el latifundio debía ser eliminado.

Para el año de 1954, el índice de GINI2 se ubicó en 0,86; medio siglo más tarde y luego de varias transformaciones normativas, según el censo agropecuario del año 20003, el índice de GINI de la tierra todavía se ubica en 0,80. ¿Cómo entender los datos que nos proporciona el índice de GINI sobre nuestros territorios?

La respuesta la encontramos en otra información oficial, que nos dice que para el año 2000, el 63% de la unidades productivas acceden a menos de 5ha de tierra y representan el 6,53% de total de la superficie productiva, mientras que el 2,22% de las unidades productivas tienen una superficie de tierras que van desde las 100ha hasta más de 500ha, y cuya propiedad representa el 41,6% de la tierra productiva nacional. La complejidad en las relaciones de poder al interior del sector agrario, tiene como elemento central la disputa por el acceso y uso de la tierra, pero además, incluye la concentración de otros medios de producción como el agua para riego y las semillas; y aspectos como el acceso a crédito o asistencia técnica que inciden en los ingresos5. Este modelo despliega formas de explotación que violentan derechos laborales, seguridad y salud ocupacional; promueve la feminización del campo y la migración de los jóvenes a las ciudades. Además, provoca el agotamiento de los suelos y la dependencia al mercado de insumos químicos. Hay algunos ejemplos sobre esta relación:

Los campesinos que tienen propiedades de tierra menores a 10ha poseen solo 26% de la superficie con riego, mientras que las propiedades de más de 50ha concentran el 51% de agua para riego. El crédito de la banca pública para el campo estuvo direccionado en un 60,03% para el sector ganadero; 29% para empresarios agrícolas cuyo destino de la producción es el mercado mundial; y, finalmente apenas 10,97% dirigido a pequeños productores campesinos. Y, en los lugares donde hay mayor presencia de agroindustria y agronegocio, por cada dólar que recibe el patrón, el trabajador recibe 0,33 centavos de dólar; este es el caso de los territorios donde se concentran los cultivos de caña de azúcar, palma aceitera, banano y maíz amarillo duro.

Se debe considerar que quienes no poseen tierra deben “vender” su fuerza de trabajo. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en 2010, la Población Económicamente Activa (PEA) en el área rural, representa el 34% de la PEA Nacional. De este porcentaje de población rural, el 78% está subempleado; es decir, no cuenta con seguridad social, su salario están por debajo del mínimo vigente6; trabajan en horario completo, no tienen contratos fijos, no tienen sobresueldos y tampoco derecho a utilidades. Además, las condiciones laborales a las que se enfrentan provocan enfermedades ocupacionales, como trastornos musculo-esqueléticos, problemas gineco-obstétricos y de vías urinarias, enfermedades respiratorias y lumbalgias.

Según la Encuesta de Uso del Tiempo del INEC en el 2007, la carga global de trabajo7, presenta datos alarmantes sobre la situación de sobre-explotación de las mujeres en el área rural. Las mujeres trabajan 82 horas y 58 minutos cada semana, mientras que los hombres, trabajan 60 horas y 11 minutos semanales; y las mujeres urbanas trabajan 75 horas y 5 minutos; es decir, las mujeres del campo trabajan 22 horas más que los hombres en el campo y, aproximadamente, 8 horas más que la mujer de la ciudad.

En este marco de condiciones del agro, el investigador se pregunta: ¿En qué se usa la tierra en el Ecuador? La información oficial muestra que aumentan las extensiones de cultivos para agronegocio y agroindustria: banano, palma africana, cacao, caña de azúcar, flores y brócoli. Desde 1970, hay una tendencia decreciente de la productividad de los cultivos de menor escala como tomates, café y papas, productos de la dieta diaria de las familias campesinas; y por otro lado, aumenta la productividad de cultivos para la exportación. Del 2007 al 2011, la superficie de palma africana en la provincia de Esmeraldas mostró un crecimiento de 90.913 hectáreas a 155.860 hectáreas. En el caso del banano, mantiene su superficie sin mayores cambios, en la provincia de Los Ríos, pasa de 53.438 hectáreas en el 2007 a 57.857 hectáreas en el 2011. Otro de los usos que se le da a la tierra está estrechamente relacionado con la expansión del turismo comercial y el crecimiento urbano, complejos habitacionales para extranjeros y nacionales, lógicas que generan dinámicas de especulación en el precio de la tierra. En Cotacachi, el hectárea de tierra para el año 2002 tuvo un costo de 4800 dólares; y la misma hectárea para el año 2012, llegó a costar 75.000 dólares.

El sector productivo privado y personeros gubernamentales de planificación explican que la propuesta modernizadora necesita de ciudadanos emprendedores y competitivos a nivel nacional e internacional; es decir, deben contar con el conocimiento y recursos necesarios para triunfar en el mercado. El Estado como garante de los derechos ciudadanos y en alianza con el sector privado, desarrolla el aparato productivo para la democratización de los recursos. La propuesta es pasar de agricultores “pobres” a microempresarios exitosos, transformar la mentalidad de los campesinos atrasados en verdaderos ciudadanos rurales. Y la estrategia para tal efecto, se basa en un proceso pedagógico de empoderamiento ciudadano como la participación, la economía social y solidaria; capacitaciones en desarrollo socioempresarial para el reconocimiento de la potencialidad del capital social de los campesinos e inducir iniciativas productivas viables23. Se trata de generar un ambiente de adaptación y adopción de tecnología en las economías campesinas “pequeñas”, en función del cambio de las formas y el destino de la producción y el mejoramiento del ingreso económico en las zonas agropecuarias (Daza, et. Al., 2012). Basada en los valores de la productividad empresarial, la propuesta diseña un sujeto beneficiario de las políticas públicas, al que denomina como el “nuevo ciudadano rural”. La lógica de intervención de la economía familiar campesina plantea tres momentos, (1) la adaptación y adopción de la innovación tecnológica de manera participativa; (2) el fortalecimiento organizacional; y (3) la gestión socio-empresarial que vincula a los pequeños agricultores a cadenas agroproductivas que les garantiza un mercado fijo para sus monocultivos.

Los tres pasos que componen el diseño de las políticas públicas en el presente régimen que domina el campo en el Ecuador, muestra claramente que el poder necesita del control de los recursos naturales entre ellos la tierra, y también busca la dirección de los campesinos a través de asignar “sutilmente” nuevos valores en las relaciones sociales y de producción entre estos.

En el contexto del Cambio de Matriz Productiva y lucha contra la pobreza, la función social de la tierra se cumple cuando ésta es eficientemente explotada, no genere acaparamiento en su tenencia, no exceda los límites permitidos, respete los derechos laborales, aproveche las obras de infraestructura productiva que realiza el Estado y mantenga niveles de productividad aceptables de acuerdo con las condiciones materiales de la zona (Asamblea Nacional, 2014). Está claro que la función social de la tierra exige el cumplimento de los derechos laborales y garantiza la productividad de la tierra bajo un régimen de propiedad privada normada por el Estado, el criterio de eficiencia no solo recae sobre la producción de los agentes del campo, sino sobre la capacidad de las instituciones que regulan el desarrollo agrario.

Bajo el proyecto de transformación de la matriz productiva para el campo, la tierra cumple su función social, en tanto y cuanto garantice la productividad mediante mecanización, tecnificación, capacitación, control sobre la cadena productiva, agricultura de precisión para soya, maíz, arroz, y masificación de semillas de alto rendimiento, y además, la redistribución del ingreso con la creación de aproximadamente 749.765 plazas de trabajo para fuerza de trabajo campesina.

La propuesta para el campo que presenta el gobierno actual no cuestiona y tampoco modifica la estructura histórica del poder en el agro, pues ante la concentración de los recursos productivos no se definen políticas esclarecidas de redistribución de la propiedad, y en su lugar, se muestran a las economías campesinas como la causa del retraso del sector productivo agropecuario. Se define una agenda de transformación que profundiza el nivel de extracción de renta del suelo y de plusvalía de los trabajadores, requiere concentrar la tierra y promueve la expulsión de pueblos y comunidades de sus territorios y el abandono de sus relaciones sociales de producción y sustento de la vida. Esto queda demostrado en la articulación entre la estrategia de Ahorro por Sustitución de Importaciones y la propuesta de Ley de Tierras y Territorios Ancestrales.

La propuesta del Ministerio de Agricultura establece que la función social de la tierra tiene correlación directa con la explotación eficientemente del suelo y el logro de altos niveles de productividad, esto implicaría por ejemplo, 3,6 Tn/Ha en la producción de soya con semilla transgénica, calidad de rendimiento que exige la concentración de grandes extensiones de tierra. La redistribución del ingreso estaría en la inclusión de los pequeños campesinos que representarán el 59% del total de productores, a la cadena de producción de soya y otros monocultivos; el 19% serán productores medianos y el 22% serán grandes agricultores. Con esta incorporación y proletarización de los sujetos rurales a las grandes cadenas productivas y comerciales, se generan aproximadamente 749.765 plazas de trabajo y se dice cumplir con la demanda de empleo.

En definitiva, este contexto sólo puede generar mayores preguntas, ¿Cuáles son las tierras destinadas a producir para el cambio de matriz productiva? ¿Quiénes serán los campesinos que se “beneficien” de la cadena de soya? ¿Cómo será el régimen de articulación entre productores y las cadenas? ¿A quién pertenecen estas tierras y cuál es su uso actual?