La justicia en Manabí se administra en una de las jurisdicciones que se considera una zona estratégica para las operaciones del crimen organizado, en especial, del narcotráfico que encuentra en las costas ecuatorianas la vía de transporte para la producción de drogas, sobre todo de cocaína, provenientes de los departamentos del sur de Colombia, como son Nariño y Putumayo.

Pero un reciente estudio realizado por el Observatorio de Crimen Organizado de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) por sus siglas en inglés, puso en evidencia, con un muestreo de casos realizado en 2019, cómo un importante porcentaje de las causas penales por narcotráfico que se procesan en la provincia terminan en declaratorias de inocencia de los imputados, muchos de los cuales pertenecen a las mismas familias. La investigación reveló que en Manabí, además, hay muy escasas causas relacionadas con lavado de activos que hayan tenido sentencias significativas. 

La justicia manabita en cifras

Con sede en Portoviejo, la capital de la provincia manabita, el Consejo de la Judicatura de Manabí presentó, hace pocas semanas, su rendición de cuentas de 2022, en donde se destaca la infraestructura de la justicia local.

Según destaca el Consejo de la Judicatura, la falta de jueces es uno de los problemas que se han empeñado en enfrentar en Manabí. La falta de jueces es mencionada en la Sala Especializada de lo Penal en la Corte Provincial, y también en los tribunales de Garantías Penales en los cantones Portoviejo, Sucre, Manta y Chone. 

El Palacio de Justicia de Portoviejo sufrio daños en el terremoto de 2016. Foto: Manabí Noticias

Actualmente, la Corte Provincial cuenta con cuatro salas, hay un tribunal distrital, cuatro unidades penales y 38 unidades judiciales, lo que suma un total de 47 unidades en toda la provincia.  La mayoría de las unidades se ubican en Portoviejo (12), Manta (6), Chone (5) y Sucre (Bahía de Caráquez) (4). En otras localidades, como Paján hay dos unidades judiciales. En Portoviejo tiene su asiento una unidad de garantías penitenciarias. 

Manabí es la tercera provincia con más unidades judiciales, luego de Pichincha y Guayas, que tienen 50 cada una. 

Durante el año pasado, el Consejo de la Judicatura nombró cuatro jueces temporales en Manabí, de los que uno se encargó de la Unidad Multicompetente de Puerto López y los otros tres se instalaron en el Tribunal Contencioso Administrativo de Portoviejo. A esos se sumaron un juez multicompetente en Bolívar y otro penal en Manta, así como un defensor público y un agente fiscal.

Según la matriz del Consejo de la Judicatura, solo un juez obtuvo nombramiento en Manabí en 2022, así como nueve fiscales.

Solo en 2022, en Manabí ingresaron 67.661 causas de todos los ámbitos, de las que se resolvieron 58.555, lo que significa una tasa de resolución del 0.87. En 2019, la tasa fue de 0.89. La tasa de resolución de causas en todo el país alcanza al 0.96, según el Consejo de la Judicatura nacional. 

El año pasado, todo el aparato judicial manabita le costó al país USD 25´219.764,57 de los que el 99.80% se fue en gasto corriente. Durante 2022, se entregaron a la justicia de Manabí 261 computadoras, algunas de ellas fueron parte de un lote de 95 donadas por Estados Unidos. 

El Consejo de la Judicatura provincial destaca también su empeño en promover la mediación de conflictos y la cultura de paz, pero no menciona mayores acciones en el ámbito de la justicia penal.

Los casos de narcotráfico y lavado de activos bajo la lupa

El Observatorio de Crimen Organizado de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) realizó un muestreo de los casos que la justicia de Manabí ha procesado en dos delitos clave, como son el tráfico de drogas y el lavado de activos durante 2019. Los resultados evidencian lo que el Observatorio considera una gestión poco eficiente de la justicia penal de esa provincia en esas problemáticas específicas.

Solo lo relacionado a delitos como producción de drogas, tráfico, financiamiento para la producción y tráfico de drogas y lavado de activos, en 2020 se tramitaron en Manabí 732 causas, siendo resueltas 669. En 2021, las causas por estos delitos ingresadas fueron 692, con un total de causas resueltas de 678. El año pasado ingresaron 652 con una resolución de 637 y en lo que va de 2023 han ingresado 149 con una resolución de 156, según cifras proporcionadas a este medio por el Consejo de la Judicatura.  Sin embargo, la mayor cantidad de causas por estos delitos se tramitan sobre todo en Guayas y en Pichincha.

Incautaciones de droga, como esta de abril de 2023 en el cantón El Carmen, ocurren con frecuencia en la provincia de Manabí.  Foto: Fiscalía

En la provincia, según pudo evidenciar el Observatorio, hay redes familiares que se han dedicado al narcotráfico, una particularidad cultural que se evidencia también en otros países de tradición católica, como Italia (en donde son comunes las redes de parentezco en los grupos mafiosos) y en América Latina. Para el Observatorio, es evidente que familias enteras que antes se dedicaban a la pesca artesanal en Manabí ahora se dedican al tráfico de drogas en altamar, con dirección a Estados Unidos.

En el documento, el Observatorio explica que "Dentro de los casos analizados en la provincia de Manabí en 2019, al menos en 6 sentencias están implicados miembros de la misma familia. Se evidenciaron casos en los cuales tíos, primos y hermanos estructuran organizaciones para el transporte de drogas ilícitas. De estos 6 casos, el de mayor relevancia tiene que ver con una interdicción marítima realizada por Guardacostas de los Estados Unidos. En este caso particular, se evidenció que al menos 12 de los 20 implicados coincidían con los apellidos Chávez, Mero y Franco. Asimismo, todos los implicados se identificaron como pescadores, lo cual establecería la hipótesis que familias que históricamente se dedicaban a la pesca artesanal como un negocio familiar, estarían migrando al transporte de envío de cocaína hacia México y Centroamérica". 

La presencia de dinero sin justificación y el funcionamiento de clanes familiares podría ser un escenario ideal para el lavado de activos, pero en el periodo observado solo hubo siete casos judicializados de este delito. Se trató de casos de flagrancia en 6, al encontrarse personas con dinero que no podían justificar. "En la práctica se realizaron escasas investigaciones relacionadas a lavado de activos", señalan desde el Observatorio. Mucha de la operación criminal por medio de clanes familiares se justifica con la posibilidad de lavar dinero por medio de parientes que no necesariamente están relacionados con los delitos que producen el dinero. Los casos de lavado de activos son más bien escasos a nivel nacional: en 2020 solo hubo 20 procesos en todo el país, en 2021 19 casos, en 2022 solo cinco y en lo que va del año 2023 ninguno, según cifras del Consejo de la Judicatura. 

Si solo hubo siete procesos, las sentencias fueron todavía más escasas: el muestreo evidenció que solo se dictaron condenas en dos de esos, mientras que en tres casos continúan las investigaciones previas  y una causa fue archivada  cuando los acusados logran explicar la procedencia del dinero. "Una causa se sobreseyó por decisión judicial a pesar de evidenciar que los bienes aprehendidos (dinero) provenían de transacciones por tráfico de drogas vinculados al Centro de Privación de Libertad de Guayas", señaló el Observatorio.

Según el estudio, "en 2019 solamente 58 causas aparecen registradas por tráfico ilícito de drogas en esa provincia de las 9.958 causas ingresadas a nivel nacional en ese año. Esto quiere decir que en el año 2019 la provincia de Manabí ingresó únicamente el 0,58% de las causas por tráfico de drogas a nivel nacional".  Como precisión sobre por qué la justicia manabita parece haber procesado tan pocas causas de narcotráfico, el estudio establece que muchos casos pudieron haberse tramitado en otras provincias, sobretodo en Guayas.

Pero por razones como condenas por otros delitos o por el envío de los procesos a otras jurisdicciones, lo cierto es que en Manabí, en 2019, solo se dictaron 26 sentencias sobre tráfico ilícito de drogas, de las cuales hubo ocho en Portoviejo, seis en Manta, cinco en Sucre, tres en Chone, dos en Pedernales, una en Paján y una en El Carmen. En estos procesos estuvieron indiciadas 86 personas, de las que el 97% eran ecuatorianos de los que 55 provenían del propio Manabí. En total, se incautaron 4.39 toneladas de droga, la mayoría de las cuales fueron cocaína (cuatro toneladas) y la cantidad restante correspondió a drogas que se considera no suelen ser exportadas, como heroína, marihuana y pasta base de cocaína, que se considera abastecen el mercado interno de microtráfico. 

Un alto porcentaje de exculpados 

Más allá del volumen de la droga capturada y las personas procesadas, el Observatorio cuestiona la calidad de las sentencias y las decisiones tomadas en los pocos casos que la justicia de Manabí juzgó en 2019. "Respecto a la naturaleza de la decisión de fondo en los procesos penales, se observa como significativo el número de ratificaciones de inocencia de los casos de 2019. En los 26 procesos, 42 personas fueron declaradas inocentes y 11 de ellos sobreseídas; en otras palabras, 5 de cada 10 (51,2%) de los implicados tienen un grado de inocencia y en 13,4% de ellos, no se cuenta con el acerbo probatorio y/o la sustentación necesaria que haga posible emitir sentencia". Estos resultados ponen en evidencia, para el Observatorio, la ineficiencia del sistema de justicia penal en Manabí. 

"Según la información emitida en las actas de juicios, la mayoría de participantes en el transporte de drogas a gran escala supuestamente desconocía la contaminación de los medios de transporte, por lo cual y ante la ausencia de técnicas especiales de investigación, análisis de contextos, entre otras razones posiblemente relacionadas con aspectos probatorios, debilidades en estrategia del caso, litigio malicioso y demás, evidencian una marcada ineficiencia del sistema de justicia penal en la región".

Otro detalle que anota el Observatorio tiene que ver con la participación de los jueces penales en estos casos: "de los 26 casos registrados en 2019, se evidenció que 17 jueces emitieron sentencias. De estos, 1 juez participó en 5 juicios relacionados a casos relevantes de tráfico de drogas a gran escala y 1 jueza participó en 4 juicios de casos altamente relevantes de gran escala. Esta información requerirá una evaluación a profundidad por parte del Consejo de la Judicatura, puesto que los tribunales de sentencias requieren un sorteo aleatorio que limita que un número reducido de jueces participe en este caso de sentencias de tráfico de drogas a gran escala".

Según datos del Consejo de la Judicatura, proporcionados a este medio digital luego del envío de un pedido de información, entre julio de 2020 y marzo de 2023, se presentaron 32 pedidos de declaratorias jurisdicciones previas contra jueces de la provincia de Manabí, un paso necesario para determinar la aplicación de sanciones por manifiesta negligencia en el ejercicio de sus funciones. A nivel nacional, esos pedidos sumaron 666 en el mismo periodo. 

La visión de los litigantes y los jueces 

Adolfo Castro es el presidente del Colegio de Abogados de Manabí. Desde Portoviejo, analiza algunos de los problemas más significativos del aparato de justicia en esa provincia. Sus principales preocupaciones se refieren a la escasez de fiscales en la provincia. "Hay demasiada carga laboral para los pocos fiscales que hay en la provincia", destaca. El déficit de fiscales alcanzaría a cerca de 50 funcionarios, por lo que hay una sobrecarga de denuncias. Además, explica el abogado, hay cierta tendencia en la provincia a poner denuncias penales en lugar de recurrir a otros medios para solucionar los conflictos, lo que también satura a la Fiscalía local. 

Para el líder gremial es necesario que haya más fiscales, que se depuren las denuncias y que se prioricen los delitos que deben llegar a juicio. Eso permitiría, en su criterio, mejorar la administración de justicia, así como reclama una mayor preparación de los jueces, pues muchos de ellos creen que deben ser "la caja de resonancia de la Fiscalía". 

Castro cree que los jueces deberían dictar sobreseimientos en casos en los que no hay suficientes indicios, mientras que sostiene que hay tribunales penales que sentencian "por miedo al que dirán", lo que produce que ante amenazas o presiones haya inclusive casos en los que a pesar de las evidencias se dictan sobreseimientos en Manabí.

Sin embargo, Castro cree que es importante analizar la calidad de las sentencias de los jueces, más que la cantidad de sentencias que se emiten.

La violencia y la inseguridad también preocupan al gremio de juristas manabitas. El 2 de julio de 2022, el Colegio de Abogados de Manabí hizo un plantón para solicitar más seguridades para jueces, fiscales y abogados en esa provincia, explica Castro, quien destaca que se están produciendo amenazas en la provincia.

Entre los casos de amenazas y atentados que destaca en Manabí, el jurista destaca el asesinato, en mayo de 2022, de la fiscal de Tránsito Luz Marina Delgado y su asistente, Jefferson Mendoza en Manta (hecho por el cual se condenó a 34 años tres mujeres, cómplices de los sicarios) y el atentado sufrido por una jueza y su secretario en el cantón Paján en febrero de este año, quien resultó herida en un atentado y actualmente se encuentra en el Programa de Víctimas y Testigos. Así mismo, señala el intento en este año de atentar contra un fiscal en Montecristi, quien pudo ser puesto a buen recaudo por la Policía. Por lo menos dos abogados en libre ejercicio han sido asesinados en Manta y San Clemente en este año. 

Para el representante de la Asociación de Jueces en Manabí, y juez penal de Manta, Christian Quito, las condiciones de seguridad para los operadores de justicia en la provincia no son las ideales. El magistrado relata que tuvo que recibir protección policial casi por un año durante el trámite de un proceso penal. Quito precisa que el crimen organizado opera realizando actos de intimidación, por lo que el Estado debe activar medidas de seguridad para los jueces, en especial para los jueces penales. 

En casos como narcotráfico y lavado de activos, como en otro tipo de casos, se debe permitir la práctica de pruebas y también los fiscales tienen la posibilidad de retirar cargos, explica el juez, con relación a la cantidad de personas que han sido exculpadas en causas en Manabí. Quito precisa que la inseguridad y la delincuencia han aumentado en todo el país, pero en denuncias de lavado de activos, los fiscales trabajan desde la Unidad de Lavado de Activos en la capital. El juez precisa que en la provincia se tramitan casos de mediana y gran escala, y en los de mediana magnitud es común que haya procedimientos abreviados y penas un tanto menores por esa razón. 

La falta de fiscales en Manabí y en el resto del país complica la administración de justicia, explica el juez, quien precisa que se alega la falta de recursos cuando se reclama más jueces, fiscales, peritos y personal técnico, pero que estas son necesidades que deben ser atendidas. 

La justicia manabita también se ha visto involucrada en escandalosas decisiones judiciales, como la excarcelación de Jorge Glas, dictada por un ex juez de Garantías Penitenciarias de Portoviejo, Banny Molina, que le valió una reciente condena a un año de cárcel, en mayo de este año, mientras que el juez del cantón Paján, Simón García, dispuso en diciembre de 2022 la liberación de Daniel Salcedo, un empresario de Guayaquil procesado por redes de corrupción en los hospitales de esa ciudad durante la pandemia.