El procesamiento del material incautado en la minería ilegal, especialmente de la mina de Buenos Aires, en Imbabura, está en la mira del Gobierno para generar beneficios. El viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, calcula que antes de su administración estaban "tiradas" en bodegas estatales 2000 toneladas de material rico en oro. Esto quiere decir, señala, que mañana ese material puede ser reemplazado por ripio común. El viceministro teme que alguien cambie piedras con oro por tierra.

En enero, salió un decreto ejecutivo que permitía procesar ese material a la Empresa Nacional de Minería para que todo lo decomisado por la Arcom se convierta en oro. Eso se hace en una planta de beneficio, explica el funcionario; el equivalente minero a una refinería. Es el proceso de transformar en oro el material pétreo extraído del yacimiento. Luego de moler el material se hace polvo de piedra el cual, luego de procesos físicos y químicos, se logra que el oro flote o que se asiente. En Ecuador se hace, por lo general, por asentamiento. Ese residuo se lleva a una planta de proceso, se funde y sale la barrita de oro. Esas 2000 toneladas de piedra incautada pueden transformarse en 30 millones de dólares. Están abandonadas en las bodegas de la Policía Judicial en Ibarra, en Yachay... El gobierno ha hecho un concurso abierto para que las empresas regularizadas que tienen plantas de beneficio oferten.

Fernando Benalcázar, viceministro de Minas, explica que hay 2000 toneladas de material pétreo que contiene oro y que debe ser procesado en una planta especial. 

Es una de las partes de este problema llamado minería. Pero el funcionario prefiere ser optimista. En minería se han comprometido 1.153 millones de dólares en inversión, entre el 2016 y el 2017. Esto se ha dado por medio de subastas y remates, donde las empresas muestran su interés en un área de concesión. Esta sale a subasta y se la lleva el que más paga. Pero se mira también la experiencia y el compromiso de inversión para los siguientes cuatro años. Cuánto un concesionario se compromete a invertir. En el primer año se sacaron a subasta 138 concesiones y en el siguiente 137 concesiones. En el primer año hubo un compromiso de USD 109 millones y en el segundo de USD 1190 millones. Hay un total de 235 concesiones entregadas y el compromiso global de inversión es de USD 1.299, y ese monto, por ley, o se invierte o se paga. Nueve empresas australianas, entre las más grandes del mundo, llegaron al país con USD 1153 millones de compromisos de inversión. Las empresas canadienses invertirán USD 120 millones. Los ecuatorianos invertirán USD 24 millones.

La policía tomó el control de las minas en Buenos Aires, cerca de Urcuquí, en Imbabura. 

El Ejército controla los accesos y parte de la maquinaria de los mineros informales. 

El 90% de las grandes empresas del mundo han aterrizado en el Ecuador, dice el funcionario. Ecuador es un destino de inversión minera a escala mundial. Pero la exportación de minerales aún es logro de la pequeña minería. En el 2018, el país exportó USD 274 millones. Con la entrada en producción de Mirador y Fruta del Norte, las autoridades prevén exportar en el 2019 el doble; para el 2020 esperan exportar USD 1.370 millones y USD 1.890 millones en el año 2021. Esta cifra está condicionada a que se reviva Río Blanco y entre en producción el proyecto Loma Larga, en el Azuay. El PIB minero actual es 1,61%. De estos, 1,1% viene en minerales no metálicos, que se producen en el Azuay: cemento y cerámica.  La meta del actual gobierno es dejar al Ecuador con un 4% de PIB minero cuando entregue el poder en mayo del 2021. Pero hacia el futuro inmediato solo la mina Cascabel puede tener un impacto del 10% en el PIB, dice Benalcázar. Se prevé que Cascabel empiece a producir en el 2025. "Si no roban, si no hacen chanchullos, en ese año, gracias a la minería el Ecuador será otro mundo".

En el 2018, la recaudación tributaria directa por minería fue de USD 56 millones.  En el gobierno anterior los dos únicos contratos de producción que se firmaron dejaron regalías anticipadas de USD 165 millones. De estos, USD 145 millones ya fueron pagados.

Los grandes proyectos mineros están en la minería del actual Gobierno, así como el control de la informalidad. 

El 53% de la inversión extranjera directa que llegó al Ecuador en el 2018 (USD 1.402 millones), fue para la minería (USD 742 millones). Y de estos, USD 458 millones llegaron entre octubre a diciembre del 2018. Lo cual muestra el interés minero en el Ecuador.

Estas son las cifras que se proyectan. Pero eso depende de lo que hagan las autoridades respecto a la minería ilegal. Y eso, piensan en el sector, no tiene tanto que ver con la pequeña minería o minería artesanal, sino con el crimen organizado. ¿La minería ilegal ha reemplazado al narcotráfico, en cuanto a impacto en la economía? En el gobierno creen que sí. Porque en la minería ilegal confluyen el narcotráfico y todos los demás tipos de delincuencia internacional. En lugar de mover una avioneta con un montón de paquetes de un kilo, en el mismo volumen se puede mover miles de kilos de oro, y el mercado del oro en el mundo es lo que manda. Solo por el problema en el estrecho de Orus, el precio de la onza de oro subió de USD 1.310 (estable durante cinco años) a USD 1.428. Informes de inteligencia señalan que el lavado de oro es la principal actividad para lavar los excedentes del narcotráfico y otros delitos internacionales. 

El catastro y una forma de corrupción

"El gobierno anterior nunca estuvo en contra de la minería, más bien la impulsó, pero como se hicieron las cosas, en estas oficinas y con sus aliados se hicieron multimillonarios, porque presentaban un perfil bajísimo. Muchos inversionistas cuentan, que se fueron y ahora han regresado, que en estas oficinas definían el millón o los dos millones que tenías que pagar para la concesión, así de frente, y mandaban al hombre del maletín y cosas así", denuncia el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar.

Las concesiones mineras son un tipo de actos de derechos mineros. Yaku Pérez, prefecto del Azuay, ha denunciado la existencia de 7000 concesiones mineras. Pero es una confusión, responde el viceministro: son derechos mineros y la concesión minera es uno de los cinco tipos de derechos mineros. El derecho minero abarca a la concesión minera: por ejemplo, el libre aprovechamiento es una concesión temporal que se otorga para explotar una cantera mientras dure un proyecto constructivo.  Dentro de los derechos mineros también están las plantas de beneficio, las licencias de comercialización, permisos artesanales, minería de subsistencia...

"Hay otra falacia que se maneja al respecto. El 7.5% del territorio ecuatoriano está entregado en derechos mineros. Este porcentaje representa a todas las actividades mineras y en superficie es la tercera parte de todas las zonas protegidas, que es el 20,5% del Ecuador. Cuando el presidente Lenín Moreno tomó la decisión de cerrar el catastro minero se suspendieron todos los procesos en marcha, excepto aquellos que por ley cumplían los requisitos", señala.

Hay unos 200 proyectos que quedaron suspendidos tras el cierre del catastro minero, pero que cumplían con los requisitos. Estar en el catastro significa estar "graficado". Es decir, en el mapa.  Y han centenares de casos que el Estado ha "desgraficado". Unas 5.130 concesiones no cumplieron con los requisitos de ley, y sin embargo fueron concedidas. Esto se dio en el gobierno anterior. Dieron más de 3 millones de hectáreas. En el 2018 se depuró en el catastro minero, con el apoyo del Banco Mundial. La meta es que en el primer trimestre del 2020 se abra de nuevo el catastro, pero con un sistema informático infranqueable. En el segundo semestre se hará una nueva subasta.

Mineros de la mina de Buenos Aires se han conformado en una compañía. Esta foto es dentro de la mina antes de que se diera el desalojo.

Una toma del Ministerio del Interior en el campamento Minero de Buenos Aires. Los policías quemaron material que consideraban inservible.

Horas antes de la intervención policial y militar, un dirigente minero arengó a cientos de sus colegas en el campamento improvisado de Buenos Aires.

Sin dar nombres, Benalcázar describe cómo se hacía en el gobierno anterior: se emitía el sello para la concesión, llegaba un estudio jurídico y asesoraba a los que licitaron, negociaban y definían que el estudio o informe valía USD 3 millones. Y llegaba donde la autoridad y le decían que el señor NN entregó ese dinero y él era el ganador de la subasta. "Es verbal, no lo puedo probar, nadie de los que ha denunciado esto quiere firmar una denuncia. Han dicho: usted y el ministro Pérez pueden ser íntegros, pero están de paso y las concesiones mineras se han manejado así cuarenta años", relata Benalcázar.

Por el momento, unos 239 concesiones están en proceso de suspensión. Entre las principales causas están la identificación de causales de caducidad, por alguna irregularidad o falta de documentación; los procesos de caducidad propiamente.

En minería, este país tiene más especuladores que la Bolsa de Valores de New York, dice el funcionario. Un especulador es una persona o empresa que cogió una concesión, paga una patente el primer año y no hace nada de prospección, no invierte un centavo y luego le traspasa el título minero a otro inversor por mucho más cantidad de lo que el costó la concesión. Mucho ecuatorianos vivían de eso, y ahora está cortado.

La mina de Buenos Aires estuvo concesionada a la empresa Hanrine (Hancock), en las concesiones llamadas Imba 2, Imba 3, Imba 4 e Imba 6. Buenos Aires está en Imba 2. Esta empresa ganó la subasta con una oferta de inversión de USD 234 millones. Eso rompió los esquemas porque "nadie sabe cómo podían invertir ese dinero en cuatro concesiones, pero igual ganaron", dice Benalcázar.

Esta empresa comenzó su actividad de exploración y en eso estaban cuando el equipo de geólogos identificó una veta superficial. Según el funcionario, lo más probable es que uno de estos haya vendido la información a las mafias mineras establecidas. Por esa información se pudo haber pagado entre 200.000 y 300.000 dólares. La minería ilegal tiene muchos recursos, sostiene. La minería ilegal busca vetas superficiales, que no requieran las inversión multimillonaria de yacimientos ubicados a cientos de metros de profundidad. Con la información, la concesión fue invadida por al menos dos mil personas en dos semanas. La empresa australiana, al ver que el Estado no otorgaba seguridad ni garantías, se hizo a un lado y con eso logró parar el contrato, y con ello no perdió la concesión "y se quedó tranquilita".

Hablan los mineros: no somos delincuentes, somos trabajadores

Un grupo de mineros informales habló con PLANV sobre sus condiciones de trabajo. 

Las mismas dudas sobre la concesión a la empresa australiana, y su papel en Buenos Aires, tienen los ahora ex trabajadores de la mina. Organizados en Compemim, miles de trabajadores de las minas, ahora organizados buscan la legalidad. Manuel Cando Gómez es uno de sus dirigentes y ratifica que en la mina estuvieron ocho mil trabajadores y ahora ellos están asociados con registro de firmas y número de cédula. El jueves 4 de julio tuvieron una reunión de dos horas con la ministra del Interior, María Paula Romo. Su empresa está apoyada políticamente por la Fenocin. 

Manuel Cando llegó de Sucumbíos hasta La Merced de Buenos Aires, en busca de trabajo cuando estalló la fiebre del oro en Imbabura. Él solo buscaba futuro para su familia. Es parte del grupo de lo que llama "los estafados de Quality", la empresa vinculada a Fabricio Correa, hermano de Rafael Correa, que realizaba exploración petrolera en Orellana. Para solucionar eso conformaron la compañía Epsat, y "Rafael Correa nos dio un contrato emergente, que él mismo lo administró. El contrato era para limpieza, mantenimiento de todas las líneas del distrito amazónico. El contrato era el 2011-017 y con eso íbamos a tener trabajo, pero fue una mentira porque esto nunca funcionó. Era un contrato por más de tres millones de dólares. Tenía una falencia: en vez de poner metros cuadrados pusieron kilómetros cuadrados".

Luego de un nuevo fracaso o estafa, toda esa gente migró a las minas. Cando no sabía de minería, pero no tenía otra opción. No había trabajo. Ahora, como pequeño minero o "ilegal" se declara en contra de las empresas de la gran minería, porque "es una vil mentira que aportan al país. Veamos lo del petróleo en la Amazonía, lo que tenemos es devastación a gran escala, derrames, contaminación". 

En Buenos Aires, el trabajo era a pico y pala. Luber Chica Román, presidente de la Federación Nacional de Minería Responsable, dice que hay un millón doscientos mil pequeños mineros en el Ecuador, más ocho mil de Buenos Aires. Chica es uno de los miles de desplazados del terremoto de Pedernales, en abril del 2016. En la mina de Imbabura había cerca de 700 habitantes de la zona que huyeron de su hogar en busca de trabajo. "Como pequeños mineros no cabemos en los planes de la gran minería transnacional", dice. Quieren estar en la mesa de las discusiones sobre el futuro. 

Lo de Buenos Aires, dice Chica, fue que al gobierno se le salió de las manos. Nosotros hicimos una migración masiva al área. Nos acusan de ilegales y hasta de delincuentes, "pero la preocupación debe estar en las autoridades locales. Ahí está la podredumbre; ellos han estado lucrando, extorsionando. Se prestaron para movilizar materiales (material extraído de la mina. Ndlr.) y extorsionando a los compañeros". El trabajo de los ocho mil mineros era picar y vender el material obtenido y mucha gente llegó de diferentes lugares a comprar el material. La gente que compraba no sabían quien era. Se vendían las piedras. Era una cadena: "las autoridades sectoriales eran las encargadas de movilizar el material", dice el minero. Las personas en el área movilizaban el material al sur con las autoridades seccionales, insiste Chica. Cuando se le pregunta a cuáles autoridades se refiere, contesta: "policías, los locales, de la UPC, un sinúmero. Sabemos que no son todos, pero la pudrición está ahí. Nosotros hicimos algunos oficios para la gobernadora, pero nunca fuimos oídos. Ya cuando reventó la bomba... Estamos en esto desde agosto del 2017".

Chica Román llegó de Manabí, de San Vicente, por el terremoto. Gente muy pobre pero con experiencia. Estaban en condiciones de vivir una semana a sesenta metros bajo tierra, en los socavones, para sacar el sustento. La veta, dice Chica, es muy importante, una de las más grandes de América Latina. Y es un yacimiento que tiene su historia. Según el minero manabita, que tiene conocimientos de historia, esta mina fue la que Rumiñahui quiso ocultar a los españoles. 

Nosotros usamos una pala y un pico, esas son nuestras armas, dice Chica. Se refiere a las informaciones oficiales de que ahí habían subversivos y gente del crimen organizado. Los mineros ganaban 40 dólares por día de trabajo. Se trabaja ahí porque no hay dónde. Ahora ellos quieren dejar la minería artesanal y pasar a una verdadera pequeña minería responsable.

En Buenos Aires, el pequeño minero se dedicaba a sacar sus dos o tres costales diarios, no es más. Pero en la magnitud de ocho mil mineros, son 24 mil costales al día. Trataron de hacer una unión entre ellos para juntar los costales. Juntaban unos doscientos y los hacían transportar en las líneas o tarabitas improvisadas desde la mina hasta el centro de acopio, a donde llegaban los camiones. Pero mucho de este material era incautado por la Policía. "Y ojo aquí con esto, dice Chica. El momento en que se incauta tienen que llegar a las bodegas de ARCOM (la estatal Agencia de Regulación y Control de la Minería). Quisiera que se de una auditoría de estos materiales. Nosotros sospechamos que son tierras estériles, ese material fue reemplazado por tierra; no todo, pero fue reemplazado".

Los mineros que operaban en Buenos Aires piden que se investigue la concesión a la empresa australiana. Una vez cerrado el catastro minero, dicen, no se puede dar la concesión a una compañía minera. Eso es ilegal y hay responsables en el ministerio de Minas. Los mineros han pedido copias certificadas de ese contrato. 

En agosto del 2018, la Federación de Minería Responsable envió varios oficios a las autoridades locales advirtiendo sobre el problema que se venía en Buenos Aires. Esto debido a la enorme migración de personas que llegaban de dentro y fuera del país. La gente no se iba a dejar morir de hambre. En Buenos Aires construyeron cambuches con madera de monte y plástico. 

Ahora, organizados como Compemin buscan encajar en las leyes ecuatorianas. Y esperan que el Ministerio del ramo defina cómo trabajar como pequeño minero. Ellos dicen que pueden explotar mineral sin usar agua ni minerales pesados. Se lo comentaron a la ministra. El tema de las máquinas procesadoras es un problema de salud pública y esperan que no solo las de Buenos Aires, sino de todo el país, entren a chatarrización y reemplazo con nuevas tecnologías. 

Los mineros informales defienden su actividad y cuestionan la criminalización de la que afirman ser víctimas. 

Luego de Buenos Aires, el problema es que los mineros están ahora instalados en barracas en Ibarra y en pocos días estarán sin alimento. Ahí hay venezolanos, colombianos, haitianos, gente del Medio Oriente ...17 nacionalidades. Unos 4000 son extranjeros, y unos 700 son gente que fue desplazada por el terremoto de Manabí, "y no se puede poner en el mismo saco a todos. Dicen las autoridades que ahí había insurgentes, lavado de dinero, abusos... todo puede ser, pero hay una organización social también. Son trabajadores autónomos y organizados, gente honesta que solo buscan un pan para su casa", dice el presidente de la Fenocin, Santos Villagrán. Es gente que llegó luego del terremoto, o gente que ha salido de su trabajo. Creemos fundamental que tengan alguna solución, de cómo dar de comer a su familia. Ahí adentro hay familias enteras. Si tienen que poner orden, que lo pongan, pero con quienes incumplen con la ley.

La ministra Romo les dijo al respecto que en Buenos Aires rige el estado de excepción. Pero para Chica, es un tema limitado. La mina no solo está en La Merced de Buenos Aires. Están las parroquias de La Carolina y la de Urcuquí y ahí no rige el estado de excepción. Hubo un error del presidente al firmar solo para Buenos Aires, cuando hay barricadas desde Mascarilla, dice Chica.

Deben investigar el material incautado

Henry Cando perdió su empleo en el sector público, con el último decreto del presidente Moreno. Debió dedicarse a la minería. Él cuestiona las versiones del ministerio del Interior de que dentro de la mina se hayan dado los delitos que dicen que había. En la Policía y el ministerio dijeron que tenían gente infiltrada  en la mina "pero si es así, ¿por qué están cogiendo gente inocente? Obviamente puede haber minería ilegal, pero de ahí que sean acusados de crímenes, es muy distinto". Ahora las autoridades están cometiendo atropellos. Cuando la gente vio a los policías y militares estuvieron aterrorizados. "A un compañero que bajó de la mina con 1500 dólares, luego de tres meses de trabajo, le fueron quitados los billetes de 100 dólares, dice Cando ¿Y ese dinero, dónde queda? Les quitan la comida. Muchos niños trabajan ahí dicen las autoridades, pero los niños no trabajan, están con sus familias pero cuando les quitan una funda de pan los están afectando.

"La gente está siendo extorsionada por la Policía. Cuando sacábamos el material en tantos meses, porque se saca en dos o tres meses,  unos doscientos sacos, y los policías llegaban y decían: tanto te vale para que sigas sacando y luego ese mismo material era decomisados. Que se haga una investigación dónde están esas 2000 toneladas de material incautado, porque mínimo un saquito de cien libras de material bota una gramo o medio gramo de oro. Si van a hacer una investigación en las bodegas de Ibarra, solo encontrarán material estéril, no en su totalidad, pero debe haber investigación".