El Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género, tuvo una gran repercusión en su momento de creación y causó muchas expectativas sobre su impacto para disminuir la violencia. Para cristalizarlo se creó un Comité Interinstitucional integrado por representantes de los ministerios del Interior, de Inclusión Económica y Social (MIES), de Salud y de Educación; el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INFA) y el Consejo Nacional de las Mujeres (Conamu). El Plan trabaja desde cuatro ejes estratégicos: a) transformar patrones socioculturales; b) crear un mejor sistema de protección integral que garantice protección y restitución de derechos de las víctimas de violencias de género; c) garantizar el acceso de las mujeres a la justicia para reducir la impunidad; d) mejorar el sistema de registro de casos para lo cual hay que desarrollar sistemáticamente información cualitativa y cuantitativa sobre violencia de género.

Después de seis años de vigencia del Plan se han logrado algunos avances en las áreas antes mencionadas; quizás lo que más se puede destacar es el impulso al sistema legal de denuncia y de atención a víctimas de violencia. No obstante, en los últimos dos años, el Plan ha caído en la inercia por falta de seguimiento. Cómo política pública no ha sido evaluada, ni los espacios interinstitucionales se han fortalecido, ni se han creado mecanismos para insertar la interseccionalidad de la violencia en los programas y proyectos de cada entidad. Tampoco se ha trabajado en la territorialización con el fin de que los gobiernos locales cuenten con su propio plan local.

Las cifras de la violencia

En Ecuador se realizó la Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de Género en noviembre del 2012, ahí se devela que la violencia contra la mujer sigue siendo un problema de grandes proporciones. Los servicios y la atención que presta el país para sus víctimas sólo se han dado desde una dimensión proteccionista/paternalista, y muy poco o nada se ha hecho en función del empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia. Si existe una clara relación entre la propiedad y el empoderamiento, el Estado debe generar por ejemplo oportunidades para que las mujeres accedan al mundo de las microempresas y emprendimientos económicos, más ágilmente. 

La encuesta citada arroja los siguientes resultados: en Ecuador el 60,6% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia por el hecho de ser mujer; no se evidencian mayores diferencias en cuanto a su incidencia entre zonas urbanas y rurales (en la urbana el porcentaje es de 61,4% y en la rural 58,7%); una de cada cuatro mujeres ha vivido violencia sexual y la forma de violencia más común es la psicológica, con el 53,9%; las mujeres que han sido víctimas no se separan de sus parejas, entre otras razones porque “no puede sostenerse sola económicamente”, dijo el 22% de encuestadas.

Según el estado civil, el 80% de las mujeres divorciadas han vivido algún tipo de violencia de género, seguido por las separadas, con el 78%. Las mujeres solteras registran la menor tasa de agresión. De las mujeres agredidas el 76% ha sido por parte de su pareja o exparejas, 87,3% de ellas ha vivido violencia física y el 76,3% violencia psicológica. La violencia patrimonial es la que sufren en menor medida, con el 28,9%. Las mujeres que se han casado o unido por primera vez y que tienen entre 16 y 20 años son las que mayor violencia experimentan, con el 70,5%, seguidas del rango de edad entre 21 a 25 años, con el 69,2%.

El Summary Report: Violence Against Women in Latin America and the Caribbean: a comparative analysis of population-based data from 12 countries, realizado por la Organización Panamericana de Salud (OPS) el año 2013, revela datos actuales que se han venido manejando sobre el tema, pero que evidencian que algunos comportamientos y prácticas de género se mantienen pese a que hay cambios en los papeles entre mujeres y hombres. Algunos hallazgos o indicadores de violencia de esta investigación comparativa sirven para revelar que la violencia de género es multidimensional y que aún se requiere de nuevos abordajes por la magnitud y persistencia. Hay otras aproximaciones que aún no se han promovido de manera importante, como son precisamente buscar el empoderamiento económico de las mujeres y el fortalecimiento de su capacidad de resiliencia. Esto parte de abrir una nueva dimensión del sujeto mujeres que experimentan violencia para verlas no sólo como víctimas sino como agentes de cambios.

En este estudio, en los países donde había disponibilidad de información se constató que: a) un comportamiento abusivo y controlador acompaña la violencia física; sin embargo, hay que considerar que este patrón es parte constitutiva de todo tipo de violencia -psicológica, sexual y patrimonial- por ser un elemento de la cultura del dominio masculino; b) la prevalencia de la violencia no está asociada con la situación económica de la mujer; incluso en algunos países la violencia era mayor en clases medias, pudiendo ser un factor desencadenante por ser un desafío al poder de los hombres; c) La aceptación de la violencia por parte de las mujeres así como su conformidad con patrones culturales de subordinación, fueron factores comunes entre las mujeres encuestadas.

El reporte en mención concluye diciendo, entre otros aspectos, que la violencia puede ser prevenida, no es un determinante inevitable de las sociedades. Factores disuasivos de la violencia se requieren debatir más ampliamente para encontrar otras entradas para la erradicación de este grave problema social.

Activos, riqueza y violencia de género

La investigadora Carmen Deere compartió los resultados de un amplio sondeo que ha venido realizando en algunos países, entre ellos Ecuador, en que busca establecer la vinculación –si la hay– entre propiedad sobre activos, empoderamiento y cambio de actitud de las mujeres frente a la violencia de género.

El marco conceptual de la investigación Assets, Wealth, and Intimate Partner Violence in Ecuador and Ghana señala la complejidad de la violencia de género, en la cual intervienen múltiples factores desencadenantes de la misma, entre ellos las características de la mujer y su pareja, la naturaleza de su relación, los contextos de su hogar y de la comunidad. Es de interés de las autoras encontrar la interrelación entre la falta de empoderamiento de las mujeres y su propiedad sobre los activos. La investigación demuestra que la propiedad sobre los activos puede ser una condición disuasiva de la violencia de género pues le otorga poder de negociación. En esta interacción no sólo es importante la propiedad individual de la mujer, sino su participación en los bienes conjuntos de la pareja. Por otra parte, se evidencia que el hecho de que las mujeres tengan una reserva o resguardo económico constituye un factor de empoderamiento para que puedan salir de la situación de violencia.

Las autoras señalan que en los países en desarrollo la violencia de género tiene mayor incidencia, por eso la investigación se realizó en Ecuador y Ghana. Para el efecto, el proyecto levantó datos estadísticos sobre la propiedad de activos por parte de las mujeres y utilizó la estadística existente sobre violencia.

Tanto en Ghana como en Ecuador existen cifras altas de violencia de género que sigue patrones similares, y en ambos países existen leyes que la sancionan. La magnitud de la violencia en Ghana es más elevada. La propiedad de las mujeres sobre los activos en Ecuador es proporcionalmente mayor: llega al 52,5%, mientras en Ghana es 30,3%, lo cual podría ser un indicio de la relación entre propiedad de activos y violencia.

Para indagar en la interrelación entre los tres factores que aborda el estudio (propiedad, empoderamiento y violencia) las autoras seleccionaron cuatro factores que se conjugan en la violencia de género:

a) La propiedad de la mujer sobre activos tales como el lugar de residencia, la tierra u otro bien inmueble, lo que puede disminuir la incidencia de la violencia. Uno de los datos reveladores es que la propiedad sobre los activos es más determinante como factor disuasivo que el empleo, porque es permanente y estable.

b) Ciertas características de la mujer y su pareja. Encontraron que la edad y educación de la mujer influye en la violencia; entre más edad y educación, menos violencia. Por otra parte, señalan que la violencia puede ocurrir no porque la mujer trabaja, sino porque su estatus de empleo es mejor que el de su pareja o gana más. Una socialización familiar de violencia es un factor de relevancia en la fijación de patrones de conducta.

c) La naturaleza de la relación. Se tienen indicios de que en el matrimonio hay menos probabilidad de sufrir violencia que en las relaciones de hecho. Sin embargo, la violencia dentro del matrimonio puede ser más larga en el tiempo porque es un vínculo más difícil de disolver que la unión de hecho. La unión de hecho permite más movilidad en la pareja por la falta de formalismos legales. 

d) Contexto del hogar y de la comunidad. La presencia o no de hijos/as como factor de conflicto y por tanto de violencia es ambigua. Puede ser causa de desacuerdos cuando son pequeños/as pero cuando crecen pueden ayudar a proteger a la mujer. Sin embargo, aquí el análisis no debiera ser el papel que juegan los hijos/as frente a la violencia. Lo que hay que indagar es cuántos de los desacuerdos tienen relación con la crianza. En Ecuador el tener hijos/as es un factor de violencia y entre más hijos/as es mayor la incidencia de violencia, según la Encuesta de Relaciones Familiares.

Algunas de las conclusiones destacables del análisis empírico son: a) en Ecuador las mujeres tienen más poder de negociación que en Ghana, toda vez que en Ecuador las mujeres tienen más propiedad y más participación en la propiedad compartida con su pareja; b) la situación de la mujer sobre la propiedad disuade la violencia, pero no en todas sus formas; por ejemplo, en Ecuador disminuye la violencia física pero no la psicológica, y al contrario, en Ghana, disminuye la psicológica pero no la física; c) la propiedad sobre los activos no es en sí un factor preventivo de la violencia, pero sí un elemento que coadyuva en disminuir las diferentes formas de violencia dependiendo del contexto sociocultural.

La hipótesis sobre la disminución de la violencia en razón de la situación económica de la mujer no es una relación clara y directa; varios estudios y encuestas realizados evidencian que la situación de ventaja económica de la mujer disminuye en parte el abuso de parte de su pareja, pero no es un factor determinante. Esta idea parte además de que en la relación entre la mujer y el acceso a la propiedad, la violencia tiene múltiples dimensiones como hay múltiples regímenes de propiedad, leyes y servicios de atención a la víctima, así como la violencia interseccional por la cual la subordinación se experimenta de formas diferentes. Podemos poner el caso de una mujer de clase media, con trabajo, copropietaria de su casa, heterosexual, mestiza, que tiene un hijo, y la situación de una mujer afro, obrera, sin sueldo fijo, copropietaria de su departamento o vivienda popular, con cinco hijos. La propiedad en cada caso juega un papel diferente.

Un plan debilitado

El Comité Intersectorial responsable de ejecutar el Plan Nacional de Violencia de Género, está integrado por las entidades públicas encargadas de todas las áreas que tienen relación con la atención en violencia de género. Efectivamente encontramos entre estas una amplia gama de especialidades que podrían dar enfoques interseccionales a este problema social. Sin embargo, esto aún no ha ocurrido y no todas las entidades han puesto en ejecución sus mecanismos y programas al servicio de la erradicación de la violencia de género. Por otra parte, la ausencia de acciones encaminadas hacia el empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia es un denominador común entre ellas. Los servicios que ofertan estas entidades no potencian las capacidades de resiliencia y empoderamiento de las usuarias que se vuelven meras receptoras de los servicios y no actoras de los cambios.

Así, una de las debilidades del Plan es la falta de interseccionalidad e interinstitucionalidad en la oferta de los servicios y programas que coadyuven en los procesos de empoderamiento como pudieran ser la capacitación en microcrédito, la inserción a empleo formal, la formación y capacitación en la gestión de recursos financieros y la formación legal en materia financiera microempresarial.

La conexión entre la realidad material de la mujer y su situación de violencia no se ha establecido en las políticas públicas, lo cual podría producir nuevos enfoques y abordajes de la violencia que fortalezcan los mecanismos de resiliencia para que las mujeres encuentren salidas a las relaciones abusivas en que se encuentran. El sujeto mujer al que están dirigidas las políticas y los servicios de atención en violencia está construido desde el paradigma patriarcal basado en un esquema ideológico paternalista y, por tanto, meramente proteccionista. La violencia de género tiene una complejidad tal que requiere de abordajes multidimensionales y de la intervención de todos los actores involucrados. En su abordaje entran en juego factores como la ubicación territorial, cultura, edad, discapacidad, situación migratoria, entre otros, y, por otra parte, intervienen características individuales de la víctima como su estado emocional, presencia de enfermedades, número de hijos e hijas a su cargo, situación laboral y económica, etc.

Aquí vale citar lo que la investigadora Kate Young denomina el potencial transformador que debe estar presente en las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres, el cual está dirigido a cambiar la posición de las mujeres, convirtiéndolas en agentes para la transformación de sus propias vidas.

Hay que enfatizar la necesidad de que el Plan de Violencia encuentre nuevos puntos de anclaje teóricos y prácticos para mejorar la respuesta estatal. Necesita incorporar enfoques multidimensionales considerando los contextos socioculturales en que viven las mujeres, que determinan la existencia de múltiples subjetividades femeninas para las cuales un solo modelo de respuesta estatal es insuficiente.