I. LA CARTA DE UN TENIENTE A SU COMANDANTE

El comandante general de la Policía, y algunos altos mandos policiales están inmersos en el caso de la compra venta de pases policiales, según denunció uno de los oficiales procesados en una carta al general Diego Mejía a la que tuvo acceso este portal.

El teniente de la Policía Nacional, Daniel Gutiérrez Romero, mediante oficio firmado junto a su abogado, Hugo Espín, asegura que él y otros fueron puestos en condición de disponibilidad por el Consejo de Generales de la Policía, cuando varios miembros de este Consejo estaban dentro de la lista de personal policial que había pagado por los pases.

El oficial dice en su oficio que "no he sido atendido en mis consideraciones respecto a la necesidad de declarar la nulidad de lo actuado, al haber sido colocado a disposición por vocales del H. Consejo de Generales de la Policía Nacional que precisamente se encuentran en el listado de los presuntos miembros policiales que habrían incurrido en actos de corrupción al haber pagado por su pase, y por lo tanto ser los corruptores de quienes se les atribuye haber recibido dinero por dicho pase. Esta situación hace que forzosamente se deba reveer las decisiones por vicio de falta de imparcialidad en quien resolvió modificar la situación jurídica de servicio activo, de oficiales de la Policía Nacional, calificando la presunción de mala conducta, cuando la conducta que se está calificando es precisamente la que hace referencia a quien la califica".

El oficial dice que este es un hecho "gravísimo y sin precedentes en la historia de la Policía Nacional". Más aún, agrega, cuando del listado aludido por la fiscalía en su acusación, y por el cual se han fijado penas privativas de la libertad, se infiere que los pases policiales "no ha sido solicitados exclusivamente por el autor confeso, el teniente Eduardo Montenegro Gaona".

Montenegro fue dado de baja de la Policía y sentenciado por el delito de delincuencia organizada, junto al ex comandante general de la Policía, general Fausto Tamayo y al teniente Alexis Cifuentes, entre otros. El teniente Gutiérrez asegura que en el listado aparece el nombre de varios oficiales generales de la Policía Nacional, en servicio activo y pasivo, "entre ellos oficiales que hoy conforman el Consejo de Generales de la Policía Nacional". El oficial pide al comandante de la Policía que se lleve a cabo una prolija investigación para descartar lo afirmado —ante el tribunal penal y bajo juramento— por el cabo Milton Albacura, testigo, analista de información y principal denunciante del Caso Pases, "quien aseveró la procedencia exacta del listado de 1.317 policías en servicio activo, y posiblemente hoy en servicio pasivo, que hubiesen pagado por sus pases dentro de la institución".

Señor comandante general, le dice al general Diego Mejía, "su nombre ha sido mancillado, al aparecer en ese listado". El teniente Gutiérrez dice que su defensa jurídica impugnó ese listado desde el primer día, al estar segura de que se trataba "de un error esencial en el proceso de depuración de la información que sustentó el proceso penal. Por ello, se indujo a error al juzgador por la falta de acuciosidad o por negligencia manifiesta de quienes formaron el equipo policial de apoyo de investigadores de (la) fiscalía, al haber sustentado con sus testimonios los hechos indicados". El denunciante "entiende" que se trata de un "error esencial" pues no quiere creer que es un error deliberado para irrogar daño.

"Los hechos denunciados son muy graves, como grave es que existan en este listado oficiales generales, coroneles, tenientes coroneles, mayores, así como oficiales subalternos, clases y policías a los que se les atribuye haber pagado por sus pases y a quienes se les ha permitido continuar con su carrera profesional sin afectación alguna", reclama el teniente.

El teniente Daniel Gutiérrez reclama en esta carta que el comandante inicie una indagación sobre la conducta profesional del equipo investigador de este caso "que no ha tenido la acuciosidad necesaria para depurar el listado de funcionarios de policía que efectivamente y que, por el contrario, dejar en claro que se ha mancillado el nombre y la reputación de dignos oficiales y servidores judiciales que aparecen en el listado como corruptos, al decirse que han pagado por su movilidad dentro de la institución policial". Y le pide, finalmente, que denuncie estos hechos ante el fiscal general.