El deceso se produjo en un confuso episodio en medio de una protesta convocada por la Conaie, máxima agrupación indígena de Ecuador,  para rechazar  el proyecto de  Ley de Aguas, elaborado y promovido por el Gobierno, que se aprestaba a aprobar el oficialismo. Ese fue el primer levantamiento convocado por el movimiento indígena contra el Gobierno de Rafael Correa, su exaliado y cuya candidatura presidencial apoyó en 2006 y en 2007 lo llevó a la primera magistratura. Los manifestantes acusaron a la Policía de la muerte y el Gobierno los responsabilizó a ellos.

Roberto Meza es el mismo perito que causó revuelo en Ecuador al denunciar que fue presionado por funcionarios de los ministerios de Justicia y Defensa para que eliminara del informe sobre la muerte del general Jorge Gabela 35 hojas que correspondían a la compra de siete helicópteros Dhruv a India. Gabela denunció irregularidades en esa adquisición y murió en circunstancias aún no esclarecidas. Acacho, expresidente de la Federación Shuar y vicepresidente de la Conaie, afronta, junto con el dirigente y consejero amazónico Pedro Mashiant, un juicio penal en el que recibieron, en primera instancia, una condena de 12 años de prisión y una multa de $4.418. Acacho recuerda que la notificación de la sentencia llegó un viernes por la noche para evitar que se presentaran los recursos a tiempo. La ley da tres días para apelar.

El 19 de julio de 2013, Acacho y Mashiant fueron declarados culpables de terrorismo y sabotaje, figura a la que más tarde los jueces agregaron homicidio, en referencia a la muerte de Wisuma. Acacho es acusado de instigar a los indígenas a manifestantes con lanzas envenenadas y a levantarse en armas contra el Gobierno de Correa, una de las cuales habría sido la que impactó en Wisuma y le quitó la vida, según la versión oficial. El líder indígena desestima esa acusación y su defensa demandó la nulidad del proceso. La Corte Provincial de Morona Santiago negó ese recurso.

Luego, la defensa de Acacho presentó un recurso de casación hasta la fecha sin respuesta. El legislador cree que la audiencia de casación tendrá lugar en marzo de 2015, por cuanto los nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han sido posesionados y está conformada la Sala Penal que debe analizar y resolver el caso en última instancia. Pepe Acacho no confía en la Justicia ecuatoriana pues asegura que está sometida al Gobierno, en particular al Poder Ejecutivo, por lo que teme que la condena sea ratificada.

Su posición no ha cambiado y asegura que irá a la cárcel para demostrar que en Ecuador no hay independencia de poderes y que el Gobierno de la revolución ciudadana y de izquierda persigue a dirigentes indígenas y a líderes de la misma tendencia. Mientras tanto, continúa la espera y Acacho no está dispuesto a pasar por alto las contradicciones detectadas en el informe presentado por el perito Roberto Meza. Él espera que la Comisión legislativa de Justicia transparente el contrato de servicios, el monto y las condiciones de trabajo bajo las cuales el Ministerio de Justicia solicitó el trabajo del experto argentino.

El polémico peritaje que deja más dudas que certezas

De acuerdo con un extracto del informe de balística del perito Roberto Meza, “cuando se realiza un disparo con perdigón hasta los 60 metros mínimo, deben impactar 25 perdigones sobre el cuerpo humano”.  Acacho señala que, en una de las audiencias del juicio en la que Meza participó a través de una defectuosa video conferencia, a la pregunta de si el disparo que segó la vida de Bosco Wisuma fue a esa distancia, ¿por qué razón solo fue impactado por un perdigón?, el perito respondió: “Depende del lugar y de acuerdo con el viento”.

Para Pepe Acacho, el argumento del perito es descabellado y, tras la denuncia de las presiones sobre el caso Gabela, está convencido de que el perito Meza también actuó presionado en la investigación de la muerte de Bosco Wisuma. “Lo que nosotros aducimos es que no puede haber pretexto de que por el viento pueda existir variación de la balas. Es decir, nunca puede ser que por el viento se hayan desplazado más de 120 balas y solamente se haya proyectado un perdigón en el cuerpo del compañero Bosco. Ahí nos dan la razón para decir que, a nuestro juicio, la bala que mató al compañero Bosco fue de parte de la fuerza pública y no de los hermanos shuar como aduce el Gobierno”.

En tono enfático, Acacho agrega: “Los shuar tenemos experiencia en esto. Por más viento que haya habido entre las cuatro y cinco de la tarde, no pueden decir que fue un arma shuar la que acabó con la vida del compañero Bosco. Donde se produjo la muerte es una loma, no es ni siquiera una parte plana como para que se produzca un viento fuerte que pueda desviar los perdigones. Eso nadie le puede creer, menos nosotros los shuar que vivimos de la casería. En una persona no puede ser que haya ingresado un solo perdigón, cuando en un pájaro pequeño ingresan dos o tres perdigones mínimo cuando son armas  caseras. Algún momento esto saldrá a la luz  del día y se conocerá la verdad sobre la muerte del compañero Bosco”.

¿Por qué un experto en balística como Meza defendería tal argumento? Acacho responde: "Parece que el diablo hace la olla pero no la tapa y nos estamos dando cuenta de que los peritos actúan bajo presión, como ha ocurrido con el caso Gabela. Es decir que atienden a los requerimientos de los contratantes, de los que les pagan. No sé si un perito puede ir en contra de la autoridad que le contrata y le paga.  Para que se conozca la verdad sobre la muerte de Wisuma, el legislador Acacho exige que se cree una comisión independiente que transparente los informes de los peritos. También exige que sean sometidos al detector de mentiras todos los oficiales que participaron en el operativo del 30 de septiembre de 2009 en Morona Santiago".

Acacho  tiene el informe de la Comandancia de la Policía en el que se indica el tipo de armas que entregaron a los uniformados para que se desplazaran desde Quito con el fin de controlar las manifestaciones en Morona Santiago. Roberto Meza fue veedor de los hechos registrados en la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S) contra el Régimen correísta. En su página web, el Ministerio de Justicia informa que el experto en criminología y balística fue parte de la veeduría y seguimiento de las diligencias efectuadas para esclarecer dichos hechos en los que cinco ecuatorianos perdieron la vida. Luego se indica que el experto argentino participará en los peritajes balísticos y al rastrillo del Regimiento Quito Nº1, entre otras gestiones.

ENTREVISTA

'Iré a la cárcel, que el mundo sepa que el Gobierno persigue a inocentes y que la Justicia está entregada al Ejecutivo'

¿Cree qué los nuevos jueces lo declararán inocente de los delitos de terrorismo, sabotaje y de la muerte del profesor Bosco Wisuma?

Ojalá detecten todas las irregularidades en este proceso que ya va más de cinco años.

¿Qué irregularidades?

Por ejemplo, como prueba estrella lo que presenta la Fiscalía es las voces que yo supuestamente habría emitido por la Radio Arutam incitando a la población a la violencia, a que salgan con armas, con venenos, a una protesta con armas.

¿A levantarse? A levantarse, a sublevarse. No nos han presentado ni siquiera un arma que haya sido requisado o una lanza que haya sido envenenado. Ni las supuestas botellas con veneno tampoco han presentado.

¿El audio es suyo, es su voz aquella?

El audio tampoco ha sido calificado por un perito profesional. Y lo extraño es que hay ese audio pero hay una imagen. Entonces, si es que es un audio, por supuesto debería ser solamente el audio pero no debería haber la imagen, porque la imagen que muestran es en el puente sobre el río Upano, cuando yo estuve es en la ciudad de Sucúa, en la Federación Shuar.

¿Cuál es su argumento?

Si es que en esa imagen estuviera mi voz diría bueno sí estuve sobre el río Upano y por eso hay audio y la imagen. Pero la imagen es sobre el río Upano, que está a media hora de la ciudad de Sucúa, donde funciona la Radio Arutam. Lo otro es, por ejemplo, que los traductores del idioma shuar al español no son calificados ni reconocidos por el Consejo de la Judicatura como dice la Ley. Una de las traductoras tiene título de contadora, no es calificada. Y es más, ella, dentro de la versión que entrega, indica de que fue contratada por la compañía minera Exa y que específicamente fue designada para dar seguimiento a todo el movimiento que yo daba como presidente de la Federación Shuar. Extraño que una transnacional haya contratado a una persona que me de seguimiento cuando yo era presidente de la Federación Shuar.  Tampoco existe esa traducción del shuar al español. No existe.

Pero usted mandó un mensaje por la radio. Se escucha su voz.

Por supuesto, hubieron un sinnúmero de mensajes. Hubo muchas intervenciones en la Radio Arutam porque llamaban de diferentes lugares, de diferentes comunidades reaccionando, solidarizándose y emitiendo criterios y comentarios sobre la movilización.

Entonces, ¿usted argumenta que es un montaje?  

Interpretamos nosotros que es un montaje. Yo recuerdo que esa noche fueron como 30 intervenciones que llamaron vía celular y otros de manera directa con mi persona en la cabina. Nosotros, como Radio Arutam, jamás entregamos un audio a la Fiscalía porque no teníamos en ese entonces los equipos de grabación. Entonces, esos audios son grabados de manera clandestina. Sin embrago, la Fiscalía los presentó como pruebas válidas y, por supuesto, los jueces también los acogieron como pruebas.

Con el recurso de casación su defensa habría agotado las instancias nacionales. De ratificarse la sentencia a 12 años de prisión ¿acudirán a la Comisión Interamericana de DDHH. Cuál es el camino a seguir?

Tenemos preparado el sustento para presentarlo ante la Comisión Interamericana. Inclusive el año pasado, cuando hubo la reunión anual de dicha Comisión, fue una delegación, yo estaba invitado para exponer mi caso, pero no pude participar por la prohibición que tengo de salir del país. Pero nuestros abogados tienen listo el pedido de medidas cautelares a la Comisión Interamericana. A fines de febrero o inicios de marzo posiblemente se trasladará una delegación para solicitarlas.

¿Cómo este juicio ha afectado su vida?

Psicológicamente es un golpe fuerte, es un golpe duro porque cuando eres inocente y te juzgan y sentencian es moralmente duro. Igualmente en la vida personal y de mi familia y los amigos y compañeros es de mucha preocupación porque uno está en libertad condicionada. No sabes qué es lo que pasará en la audiencia de casación. Igualmente en lo económico significa mucho gasto porque hay que pagar honorarios de los abogados, copias del juicio, ir a las audiencias, ir a los medios de comunicación para esclarecer. Es mucho costo.

¿Teme que en cualquier momento lo tomen preso?

Prácticamente sería eso. En el caso del compañero Cléver Jiménez, (otro asambleísta por Pachakútik que está en la clandestinidad tras un juicio promovido por el Gobierno en su contra),  no hay garantías de que la Justicia actúe de manera independiente por el hecho de que uno es de oposición en la Asamblea. Parece que para el presidente (Rafael Correa) somos una piedra en el zapato. Entonces, el único medio es, de la manera más injusta, lograr que se ratifique la sentencia. Con ello yo perdería mi curul y lo que tendría que hacer es entregarme a la Justicia y pagar mis 12 años de cárcel.

¿Piensa hacerlo?

Sí, para demostrar ante el país y ante el mundo que no hay garantías aquí de la Justicia, no hay independencia y se persigue a líderes y dirigentes inocentes. Pero, como la Justicia está entregada al poder, especialmente al Ejecutivo,  no hay garantías. Y para decir que en el Ecuador,  a pesar de ser un país plurinacional y pluricultural, que garantiza los derechos colectivos y de la naturaleza, en este Gobierno llamado de la revolución y del socialismo, que supuestamente es de izquierda, se judicializa y se encarcela a un dirigente indígena que también es de izquierda. Eso voy a demostrar desde la cárcel hasta cuando dure Correa. Ojalá con otro Gobierno en el que exista imparcialidad de la Justicia pueda lograr mi libertad.

¿Su compañero Pedro Mashiat piensa igual? 

Sí, estamos los dos en esto. Si es la cárcel, para los dos ha de ser. Ojalá nos asignen la misma celda.

¿Cuántos hijos tiene?

Una hija de 20, que este año se gradúa del colegio y otra de cinco años.  Es muy difícil, son más de cinco años que este proceso no ha concluido. Presentamos una demanda en contra del Estado por daño moral, por mala aplicación de la justicia porque en el 2011 fuimos capturados a pesar de tener una medida cautelar y de estar cumpliendo fielmente. Logramos nuestra libertad por medio del Habeas Corpus y el juicio sigue sin resolverse.

En este momento están a la espera de que les llamen a la audiencia de casación.

¿El fallo que resulte de ahí es inapelable?

Es inapelable. Una vez que se ratifica la ley dice que se ejecutoría la sentencia. Hay otro recurso que es la acción extraordinaria de protección que podríamos presentar ante la Corte Constitucional pero una vez que esté ejecutoriada la sentencia. Es decir que podríamos hacerlo aún estando en la cárcel. Ese es el último recurso en los tribunales del Ecuador. Pero, con la experiencia del compañero Cléver Jiménez, a quien no le admitieron esa acción, como dijo Cristo: ‘todo está consumado’.

¿Por qué entregarse a una Justicia en la que no cree?

Para demostrar  que hay un Gobierno prepotente que tiene acaparado todo y para que el mundo sea testigo y juzgue una mala y pésima administración del Presidente Correa en respetar los derechos de los seres humanos.

Usted fue parte de aquellos que apoyaron su candidatura presidencial.

Por supuesto, por supuesto. Inclusive el 15 de marzo de 2008, el Presidente Correa estuvo en Sucúa en una de las sabatinas. Le recibimos en la Federación Shuar, le entregamos insignias, apoyamos la primera candidatura, la Asamblea Constituyente, apoyamos también la aprobación de la nueva Constitución. Hasta ahí avanzamos.

¿Cuál fue el hecho que rompió esa alianza?

La aprobación de la Ley de Minería en  2009 y los hechos del 30 de septiembre de ese año con la aprobación de la Ley de Aguas luego de cinco años de haber estado en el congelador. Porque no tenían mayoría oficialista nunca lo pusieron en el orden del día.

Su elección como asambleísta es un voto de confianza dado por la gente de su provincia. Es un ‘yo te creo Pepe Acacho’.

Por supuesto. Yo le he demostrado al Gobierno quien soy… Nos fuimos a las urnas en el 2013 y el pueblo de Morona Santiago me eligió primer asambleísta de la provincia. Le gané a Bettoven Chica, que iba a la reelección por Alianza País. Por eso sostengo que lo que no han podido ganar en las urnas lo están ganando por medio de la Justicia. Si fuera independiente, el juicio en nuestra contra ni siquiera hubiera llegado a la Corte Nacional, se hubiese quedado en la Corte Provincial resolviendo los recursos que presentamos de nulidad, de aclaración y apelación.

¿Quién mató al profesor Wisuma?

La gran pregunta es esa. Si es que el Gobierno presentó como testigos principales a unos jóvenes Anguasha, quienes indicaron que habían visto disparar al compañero Fidel Kaniras. Sin embargo, en la audiencia del 2013, la Sala Penal y el mismo fiscal dicen que no tiene por qué acusarlo y fue sobreseído. Fíjese que en más de cinco años no hay un responsable material de la muerte de Bosco Wisuma.

¿Kaniras es inocente?

Por supuesto. Presentamos un video y demostramos que esos jóvenes no estuvieron cuando le dispararon a Bosco Wisuma. Llegaron después, cuando estaba muerto. Como les detectamos sus mentiras, jamás se presentaron en la audiencia de juzgamiento. Por eso el fiscal se abstuvo acusar a Kaniras.

¿Este es un caso político?

Eminentemente político.  Por eso le digo que a Pachakútik no pueden ganar en las urnas y se desquitan por medio de la Justicia. La bala que mató al compañero Bosco fue de parte de la Policía. Inclusive en la audiencia los comandantes de la Policía que estuvieron al frente de este operativo indican que sí estuvieron dotados de armas. Así consta en el acta, que en Quito les dotaron de armas cuando ellos se trasladaban a la provincia de Morona Santiago.

¿Políticamente le convendrá a Rafael Correa que Pepe Acacho vaya preso?

Eso tiene que reflexionar él. Yo prefiero perder mi libertad pero garantizar la libertad de mi pueblo. Dejar que vayan a explotar el oro, el cobre y el petróleo que hay en mi provincia sería condenar a mi pueblo a cambio de mi libertad. Ese pueblo jamás me va a perdonar.

¿Le han hecho propuestas en ese sentido?

No tenemos ninguna propuesta porque nuestro juicio no es para negociar. Por eso no admitimos ni el indulto ni la amnistía vengan desde la Asamblea o desde el mismo presidente Correa. Eso sería admitir que hemos cometido un delito y que estamos arrepintiéndonos y pidiendo perdón para lograr nuestra libertad. No estamos dispuestos a eso.

Más de cinco años de juicio

En 2013, Pepe Acacho recibió dos de los más duros golpes de su vida. En agosto murió su madre y un mes antes lo habían condenado a 12 años de cárcel, tras un juicio instaurado el 2 de octubre de 2009. Su defensa presentó un recurso de aclaración y ampliación en la Corte de Macas al considerar que se trata de un análisis erróneo y parcializado basado en versiones de funcionarios del Gobierno contra  Acacho y Mashiant. El recurso fue rechazado.

Más tarde se interpusieron los recursos de apelación y nulidad a la sentencia. Tampoco fueron admitidos. Sus abogados presentaron el recurso de casación que espera una resolución de la Corte Nacional de Justicia en Quito desde hace dos años. Pero el dirigente no cree que los nuevos magistrados reviertan la sentencia de este juicio que, en su opinión, ni siquiera debió haber llegado a casación por que se inició con el anterior Código Penal bajo la acusación de sabotaje y terrorismo.

Posdata

A pesar de que el juicio se inició con la figura de sabotaje, terrorismo y homicidio, pero la sentencia se dicta por terrorismo organizado. La defensa de Acacho y Mashiant argumenta que esas figuras tipificadas en el anterior Código Penal fenecieron con la vigencia del actual Código Orgánico Integral Penal (COIP). A entender de Acacho, tanto la Constitución como el COIP establecen que se extingue la pena cuando se extingue el delito. “Es decir que los delitos que nos imputaron ahora no existen. Ahora es una pena por sabotaje, otra por terrorismo y otra por homicidio… La figura de terrorismo organizado no existe. Ellos mismo acabaron esos delitos al aprobar el nuevo Código, por tanto se extingue”, enfatiza el líder indígena.