A siete minutos del malecón de Salinas está enclavada Santa Rosa, una parroquia de 10.000 habitantes en donde el 70% se dedica a las actividades relacionadas con la pesca.

Son las 13:00 y el movimiento frenético de los pescadores convierte en un auténtico alboroto su muelle. Este ambiente, matizado por vendedores, pescadores, estibadores y desbuchadores (personas que se dedican a limpiar pescado), permite percibir a Santa Rosa como el Wall Street de la pesca, un atracadero situado al pie de un mercado cuyo pavimento rezuma mar por los cuatro costados.

En la parroquia pesquera de Santa Rosa (provincia de Santa Elena) se levanta un monumento de más de dos metros que recrea la figura del pescador.

Este mercado de mariscos, que colinda con el mar, es una edificación en donde las gavetas chorreantes que llevan la pesca bañan los pies de quienes por allí transitan, de ahí que el gremio pesquero calce todo el tiempo botas, una prenda casi icónica de color amarillo y material plástico que encandila las retinas de los foráneos.

El sol es benevolente y a unos 90 metros de allí, el manabita Wilson Macías, oriundo de Santa Ana e hijo adoptivo de Santa Rosa, divisa el horizonte desde una de las tres fibras (así les llaman los pescadores a sus embarcaciones) que aún conserva. Lleva una gorra, unos jeans celestes, un buzo gris y una rabia que lo carcome.

El número de fibras con motor se ve mermado debido a la piratería, de ahí que gran parte de las embarcaciones naveguen solamente a remo.

“En este muelle actualmente hay unas 500 embarcaciones, pero hace cuatro años fácilmente había unas 4.000, y esta reducción es por culpa de los desgraciados piratas que con toda la impunidad del mundo se roban los motores y han convertido este sitio en un cementerio de fibras”, dice con el ceño fruncido.

Wilson no se anda con remilgos, por eso saca toda su ira y enfila sus dedos, como si fueran armas, para señalar cada una de las embarcaciones que navegan solamente a remo porque han sido asaltadas.

Este pescador es vehemente, articula bien cada palabra y narra encabritado que en sus buenos tiempos tuvo una flota conformada por 16 embarcaciones; sin embargo, ahora solamente le quedan seis: tres laborando y tres paradas.

Mientras va narrando sus pesares se quita la gorra y se rasca la cabeza como si este movimiento le ayudara a mitigar la furia que lleva dentro. Y así recuerda todo lo que ha perdido.

Wilson Macías ha realizado labores de pesca en Jama, Bahía de Caráquez, Muisne, Mompiche y Posorja. Tiene 61 años, el rostro mustio y el alma rendida, por eso no decide endeudarse nuevamente para reemplazar los motores que le han robado, más aún cuando después del último asalto fue a poner la denuncia y le preguntaron con un halo de incredulidad: “¿Otra vez le robaron?”. Aunque lo más inverosímil que ha escuchado últimamente es que pague a los piratas cierta suma de dinero para que lo dejen trabajar sin sobresaltos.

“Aquí más de la mitad de los pescadores ya están pagando. Sin embargo, en el mes de octubre robaron casi 30 motores en un solo día y a 125 millas. Eso es bien lejos y allá los piratas amedrentaron con disparos al aire”, relata Wilson al tiempo que imputa la agudización de este problema a la displicencia de las autoridades.

Hubo días más tranquilos para Wilson, como “cuando esta actividad daba plata. Da-ba”, afirma, poniendo el acento en la última palabra. Pero hoy el panorama es diferente, tanto que la vida de Wilson alguna vez estuvo en riesgo como consecuencia de los ataques de piratas.

A unos 30 metros de la orilla, los pescadores de Santa Rosa acoderan en sus fibras para desmallar su principal instrumento de pesca: la red.

Hace cinco años le robaron el motor a uno de sus trabajadores en medio del mar, y almas caritativas remolcaron su fibra hasta Olón. Él acudió con siete colegas y un motor para rescatar la embarcación, pero la fibra en la que iba, que estaba bajo su mando, se volcó.

“Doscientos metros antes de llegar a tierra nos volcamos porque Olón es bravo; yo sé que el mar tiene un ‘remanse’ de tres olas altas y ahí calma, pero en Olón las olas van a su aire”, aclara Wilson, hoy más sabio que hace 30 años porque nunca imaginó que la muerte le bailara tan cerca de la orilla.

“Olón es bravo, por eso usted puede ver surfistas en Montañita todo el tiempo. Nos viramos, se cayó el motor que llevaba para la embarcación varada y el oleaje era tan fuerte que yo estaba acalambrado, mis piernas parecían lana y los brazos no me respondían”, relata como si lo estuviera viviendo otra vez. Sin embargo, pudo sobrevivir y gracias al trabajo de los buzos de Olón encontró su motor semienterrado una hora después del susto.

La fibra desde la que Wilson ahora cuenta sus desventuras, la misma que se volcó en Olón, cuesta unos 30.000 dólares, incluyendo el armazón que solo vale 10.000; sus dos motores, 14.000; la red, 7.000; el GPS 240, y el compás 150. Su red, cuyo precio podría compararse con el de un motor, es de cinco pulgadas, mide 1.500 metros y sirve para capturar albacora, bonito y picudo.

Pero Wilson no desea hablar de pesca ni de redes, sino de piratas. Por ese motivo ahonda en lo que considera la solución para terminar de una buena vez con ellos:

“Aquí han capturado a piratas en el hecho, con los motores robados, pero las autoridades decomisan las máquinas y los dejan libres; si estas los detuvieran e investigaran a fondo el troquelado de los motores (la patente o el registro), esto cambiaría, porque cada fibra tiene troquelados y con un ácido especial podrían analizar la numeración original”, expone.

También dice que la Policía debería ayudarlos. “Ellos decomisan motores en tierra, pero no los reportan, por ese motivo deberían enviar los informes a la Capitanía de Salinas. ¿Usted cree que de los 41 motores que me han robado he recuperado al menos uno? Me siento cansado, maltratado, dolido, humillado. Encontraron 280 motores en un operativo realizado en Puerto Bolívar; y yo me pregunto ¿en dónde están?”, dice Wilson con toda la bronca desatada.

El silencio entonces se apodera de su garganta y mira la hora como si anunciara sutilmente que tiene cosas que hacer. Luego se coloca la gorra, da unos cuantos pasos, pisa la red de 7.000 dólares, y dice: “nosotros no podemos echarle la culpa al Gobierno, a la economía, a la crisis, a la falta de crédito. No: le echamos la culpa a la inseguridad”.

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“En el país no hay piratería”, aclara con voz firme el comandante Iván Córdova, capitán de fragata de la Capitanía de Salinas (fue reemplazado el 27 de enero del presente año por el capitán de Fragata del Estado Mayor, Omar Llerena). “Los que roban en el mar no son piratas, sino delincuentes comunes”, explica.

El comandante Córdova invoca la ley: “Según el artículo 101 del tratado de la Convemar (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar), la piratería tiene un trasfondo político, de ahí que este delito se cometa en ciertos lugares exclusivamente, como en algunos países de África y en el golfo de Omán”.

“Según la Ley de Desarrollo de Acuacultura y Pesca, el área de pesca artesanal en Ecuador es de ocho millas; si un pescador artesanal realiza sus faenas más allá de este límite está incumpliendo la ley. La Ley de Navegación dice que los pescadores artesanales pueden navegar hasta las 25 millas. Na-ve-gar”, repite como si estuviera leyendo un silabario.

En realidad, para que una fibra pueda viajar más allá de esta distancia debe contar con equipos de comunicación, como walkie talkie, y un dispositivo de monitoreo satelital.

“Aquí una fibrita puede llegar hasta los Estados Unidos, pero en qué condiciones, ¿atentando contra la propia vida de sus tripulantes?”, se pregunta el comandante. Y continúa: “Lo que sucede es que los pescadores salen de las ocho millas, no utilizan estas herramientas porque quieren evitar ser monitoreados y se quejan cuando les roban. Por ello cada vez que una embarcación se pierde tardamos hasta tres días en encontrarla, a pesar de que utilizamos todos los elementos que tenemos a nuestra disposición, como aviones, helicópteros, radares y guardacostas”, asegura.

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Los pescadores vienen denunciando los casos de piratería desde el 2009 o 2010, cuando al año les robaban 10 motores. Ya en el año 2016 comenzaron a subir los asaltos y, de acuerdo con Gabriela Cruz Salazar, titular de la Fenacopec (Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador), empezó a haber muertos.

La líder de los pescadores recuerda que advertían con insistencia que a sus caletas pesqueras llegaba droga y que había gente que amenazaba a los pescadores cuando no prestaban sus lanchas para el narcotráfico, pero las autoridades no hacían nada.

La seguridad empeoró, en 2017, cuando los piratas comenzaron a robarle a todo el mundo, de modo que los pescadores hicieron nuevamente un llamado de auxilio que no obtuvo respuesta. Grupos de la delincuencia organizada, como Los Lobos, Los Lagartos y Los Choneros, se metieron al mar y empezaron a entregar credenciales a todos los pescadores que pagaban entre 100 y 130 dólares de “vacuna”, como llaman a la cuota que cobran los delincuentes.

Ante la consolidación de las mafias en el mar, la Fenacopec envió una carta a la Corte Constitucional para que a la Armada se le permitiera disparar, pero el órgano de justicia no aceptó la petición. “Entendemos a la Armada, a veces no puede disparar y los ladrones te reciben a cañonazos, pero ellos son la autoridad, nosotros no portamos armas”, dice Gabriela Cruz Salazar.

El gremio pesquero artesanal explica que los piratas entregaban a los pescadores forros de colores según la banda a la que pertenecían (verdes, negros...) para que cubrieran sus motores y así ellos pudieran saber quién había pagado la “vacuna”. Sin embargo, los robos continuaron porque las fibras que llevaban forros verdes eran asaltadas por los piratas que entregaban forros negros. Y así fue creciendo la espiral de violencia.

En el escritorio de Gabriela reposan dos equipos de rastreo satelital que ocupan su jornada. Analiza con cuál de las dos empresas ofertantes firmará un contrato para que los pescadores artesanales puedan ser rescatados en caso de que sufran algún asalto. La idea es que toda fibra lleve obligatoriamente este dispositivo a partir de enero de 2022 (hasta el 7 de febrero todavía no se materializaba este proyecto), así los pescadores podrán ser rastreados en altamar. Sin embargo, deberán pagar una mensualidad de 20 o 30 dólares para recibir el servicio (el sistema es parecido al de las operadoras de celular con su programa de pospago).

“Esperemos que el software funcione, porque en el momento en que tengamos este aparato, las Fuerzas Armadas van a ayudarnos rapidísimooooo”, dice la presidenta de la Fenacopec con un halo de ironía que no se molesta en disimular y que quizá brote de la displicencia que percibe de la institución. Aun así espera que con esta medida la Armada no gaste combustible, opere con eficiencia y ayude a la brevedad posible.

También advierte que el estado de excepción declarado el 18 de noviembre (decreto 257) por el gobierno de Guillermo Lasso, ante la inseguridad, jamás fue percibido por el gremio pesquero. “De inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y policías se sentirán con fuerza en las calles”, dijo el presidente al rubricar el documento.

La caleta pesquera de Santa Rosa no descansa nunca, de ahí que a cualquier hora del día los pescadores zarpen para realizar sus faenas.

¿Y en el mar?

Según registros de la Fenacopec, hasta octubre de 2021 han sido reportados 12 pescadores asesinados y 482 robos de motores. Las muertes se perpetraron en El Matal (Manabí); General Villamil Playas, Puná, el Golfo de Guayaquil y Engabao (Guayas); Santa Rosa (Santa Elena), y Esmeraldas.

“Fíjate, el viernes 24 de octubre de 2021, en El Matal (provincia de Manabí) los delincuentes del mar mataron a un pescador”, revela Cruz.  La mujer busca entonces en su celular la foto del asesinado: un joven de no más de 25 años llamado Óscar Carrasco Carrasco, que luce en la imagen sonriente y lleno de vida.

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“Hasta mediados de octubre de 2021, en la Capitanía de Salinas hemos recibido 90 denuncias de robo de motores, menos del 1% en relación al número de embarcaciones registradas. Entonces no puede hablarse de una emergencia en este sector”, dijo —antes de ser reemplazado— el capitán Iván Córdova sobre las denuncias recibidas por la institución naval. “Además, todas las acusaciones dicen exactamente lo mismo, como si los denunciantes hicieran un copia y pega de todo el documento, excepto del nombre del barco y de la identificación del dueño de la fibra”.

El comandante Córdova reconoció que hay un problema de jurisdicción, pero que ese obstáculo no depende de ellos, sino de normas internacionales, ya que las denuncias que reciben deben ser atendidas en el lugar en el que se cometió el delito. Gran parte de los robos denunciados tienen origen en Perú o en Puerto Bolívar, de manera que las víctimas deben trasladarse a la Fiscalía de estos lugares para seguir el caso.

Ramón González Suárez, vicepresidente de la Cooperativa Artesanal Santa Rosa, dice que si las denuncias parecen un “copia y pega” es porque el perjudicado acude a la Capitanía para seguir la causa y es el funcionario del departamento de Espacios Acuáticos el que redacta el documento.

Los compañeros de su gremio pescan en la zona de influencia, que es donde están los cardúmenes (banco de peces) en muchas de las épocas, como en el mes de febrero, que se encuentran a 20 o 30 millas, pero en el verano se van a 160 o 180 millas por la depredación que causan los pescadores industriales.

Señala que la Ley de Navegación que les permite llegar hasta las 25 millas está caduca. En consecuencia, los pescadores pidieron que fuera actualizada, “pero las autoridades se escudan, eluden su responsabilidad, desprestigian al sector, nos culpan de todos los males que no pueden solucionar y nos tratan incluso como narcotraficantes”.

“Desde que yo tengo uso de razón pescamos a más de 100 millas y ellos pretenden conminarnos a las ocho millas. ¿En dónde vamos a encontrar pesca si prácticamente los barcos industriales se llevan los peces por toneladas y nosotros por gaveta?”, se defiende González.

Las fibras en las que los pescadores realizan sus faenas miden entre 9,50 y 10 metros y llevan dos motores fuera de borda porque no todos los artesanales se quedan en las ocho millas, de hecho, en el puerto de Santa Rosa el 80% es pescador de altura, y aunque actualmente la mayoría pesque en la orilla (hasta las 8 millas), cuando hay cardúmenes y volúmenes grandes también recorren esa distancia. Es decir, solo un 20% de los pescadores faenan en la costa, no obstante, todo depende de la época.

Los motores que llevan las fibras son el objeto más apetecido por los piratas, cada uno tiene un costo de alrededor de 7.000 dólares.

“Tenemos una zona de pesca, los cardúmenes llegan a ese sector, pero últimamente están robando a 10, 12 o 15 millas, de modo que las autoridades no pueden decir que todos los robos se cometen a cien millas. Y si hay solamente 90 denuncias es porque la gente está cansada, no tiene confianza en las autoridades, no hay respuesta en la Fiscalía, pero además atosigan con tantas cosas al pescador que debe contratar a un abogado cuando con el robo se ha quedado sin fibra, sin trabajo y sin esperanzas”, señala el líder de la Cooperativa.

González manifiesta que la Capitanía y ciertas notarías son las entidades encargadas de legalizar las embarcaciones, de manera que si hay motores robados operando en estos momentos la responsabilidad es de quienes tienen la potestad de hacer los trámites administrativos para legalizarlos y de quienes no hacen operativos.

El dirigente pesquero ahonda un poco más en el problema de la impunidad y menciona que de todas las denuncias que se han hecho en 25 años que lleva en la actividad pesquera, solamente el 1% ha seguido el trámite —y eso porque ha habido algún muerto—, el resto se queda en la Secretaría de la Judicatura o en el área de Espacios Acuáticos.

La indefensión en la que se encuentran los pescadores es caldo de cultivo para que los delincuentes roben ahora incluso a 10 o 20 millas, como por ejemplo en La Puntilla o la Chocolatera (Salinas), en donde se han multiplicado los robos. 

Con una veta de desencanto González expone que las autoridades no encuentran las lanchas que son robadas porque no las buscan, de modo que “nosotros salimos y rescatamos a nuestros hermanos pescadores cuando se quedan botados; la institución naval actúa después de 24 o 48 horas y solamente cuando insistimos. Ellos son profesionales, saben cómo funciona la marea y, sin embargo, nosotros, en una fibra pequeñita, sin tecnología y sin equipos sofisticados, rescatamos a nuestros hermanos pescadores”, aclara.

—¿Es verdad que pagan a los piratas?

—Los pescadores pagan 120 dólares mensuales, pero a pesar del desembolso siguen robando —responde González.

Según el dirigente, en los años 2008 y 2009 había un robo o dos. González asegura que la delincuencia se desbordó en 2011 o 2012 cuando el expresidente Rafael Correa anunció en Anconcito que devolvería a los pescadores artesanales los motores robados.

Declaraciones de Rafael Correa sobre la piratería, desde el minuto 10:25.

 Reportaje de 2014 donde los pescadores hablan sobre la entrega de los motores.

Fue así que a través de la Fenacopec (Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras) se hizo la reposición de los motores.

“La reposición por robo y el programa de chatarrización de motores (año 2013), emprendido por el mismo gobierno, fueron un disparador de la piratería porque los delincuentes del mar se apoderaban de motores nuevos. Antes del lanzamiento de este programa, solo existían ladrones furtivos en Puerto Bolívar que asaltaban en La Poza, entre Posorja, Villamil Playas y la Isla Puná (provincia del Guayas). Esa era la zona roja, pero con la reposición de alrededor de 2.000 motores a nivel nacional las bandas se multiplicaron y ya no hubo una sino dos, tres, cuatro”, señala González. 

—¿Y quiénes compran los motores robados, señor González?

—No lo sé. La pregunta sería: ¿quién legaliza estos motores?

Generalmente, los motores son desguazados para venderlos por partes, pero también hay casos en que los delincuentes llaman a las víctimas para ofrecerlos: “yo tengo tu motor, dame 1.500, dame 2.000 dólares y te lo devuelvo”.

Otros motores, en cambio, se van a otras ciudades, o a países como Perú o Colombia y son utilizados para el traslado de droga porque los narcotraficantes pagan de 10.000 a 15.000 dólares por ellos, según algunos pescadores. Otros han sido vendidos a través de licitación porque sus dueños no pudieron comprobar que les pertenecían toda vez que el troquelado (patente o número de registro) había sido pulido. (Lea este miércoles, 23 de febrero, la segunda entrega de esta investigación donde la Fiscal de Santa Elena explica por qué hay impunidad). 

De acuerdo con el capitán Córdova, se decomisaron 16 motores que no tenían documentos, ni respaldo o que habían sido adulterados, entre enero y octubre de 2021. Sin embargo, la institución naval no es ente depositario, por eso entrega los bienes a la Policía Judicial.

“Aprehendemos a la persona que cometió el delito, si la hubiera, y decomisamos la embarcación y el motor, pero el caso pasa a la Fiscalía y a la Policía Judicial, de modo que si al siguiente día queda libre el autor del delito no es nuestra responsabilidad”, señala el funcionario marino.

—¿Cómo se recupera un motor robado?

—La Fiscalía pide a la Capitanía los documentos pertinentes, pero el problema radica en que la institución policial no tiene capacidad para hacer el revenido químico (aplicación de reactivos químicos para restaurar la numeración anterior) de los motores y casi todas las máquinas que decomisamos están adulteradas, por eso cuando el troquelado está intacto entregamos de inmediato el motor a su dueño y hacemos el trámite de desbloqueo —responde el capitán.

—¿Y las lanchas paradas por qué no tienen motor?

—Muchos de sus dueños sacan las máquinas, una vez terminada su faena, porque sus papeles no están en regla.

Los pescadores se quejan de las trabas a las que se enfrentan para hacer sus trámites en las capitanías. Generalmente cuando acuden a Espacios Acuáticos para sacar la matrícula “no hay sistema o la persona encargada de atender está comiendo o haciendo otra actividad”.

“Vuelve el sistema cuando hay incentivo, pero pregunte, ¿cuántas fibras de las que están registradas están operativas? ¿Para qué matricularlas si ya no tienen motor?”, matiza Ramón González.

Lourdes González Cortez, propietaria de una fibra, acudió a la Fenacopec para buscar ayuda. Ella fue víctima de los obstáculos a los que se enfrentan los pescadores artesanales. En octubre hizo la diligencia para reemplazar un motor que le habían robado. En la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos le comunicaron, luego de tres meses de iniciado el papeleo, que el trámite no procedía porque faltaba el acta de subida del motor, un documento interno de la institución en donde consta el registro de los motores que ha tenido su embarcación.

La mayor preocupación de los pescadores en estos momentos es su tranquilidad, menoscabada desde hace algunos años por la piratería, cuyo control es casi nulo o inexistente.

Ramón González resume esa inquietud: “El pescador no desea que le regalen nada, lo único que pide es control, seguridad y que las autoridades se sensibilicen”.