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18 de Abril del 2022
Investigación
Lectura: 26 minutos
18 de Abril del 2022
Isabel Hungría
¿Por qué mi hijo no viene?
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En la parroquia Santa Rosa, provincia de Santa Elena, el 70% de la población se dedica a las faenas de pesca, una actividad que se ha convertido en una suerte de ruleta rusa debido al  peligro al que se ven expuestos los pescadores ante el acecho de los piratas. Fotos: Isabel Hungria

 

Detrás del idílico paisaje marino se esconde una realidad dolorosa: En Ecuador no existe un registro del número de pescadores que desaparecen en manos de los delincuentes del mar. Estas son algunas historias de estos ecuatorianos perdidos en alta mar y de sus familias que no tienen a quién recurrir.

A Elsa Estefanía Arcentales las desgracias le cayeron de golpe.

Hace cuatro meses a Ítalo Saltos, el segundo de sus vástagos, le dispararon seis veces y sobrevivió de milagro. No obstante, la autonomía que le es inherente a todo ser humano se convirtió en un privilegio del que ya no puede disponer: quedó confinado a una silla de ruedas. Podríamos decir, quizá pecando de abnegados, que Ítalo, de 38 años, corrió con suerte porque la persona que iba con él ese día recibió cinco disparos y falleció en el acto.

Por las esquinas de Santa Rosa, lugar donde habitan Elsa y sus hijos, los comentarios sobre el origen del crimen frustrado de Ítalo van perdiendo nervio, pero el rescoldo de las habladurías sigue permeando el ambiente: que salía con una venezolana casada, que hablaba mal de los piratas, que andaba con malas compañías.

Cualquiera que sea el motivo, Elsa agradece a Dios porque Ítalo está vivo, ya que de su otro vástago no sabe nada. Hace dos meses, cuando se recuperaba del trago amargo causado por el ataque a Ítalo, Óscar, el menor de sus hijos varones, desapareció.

Óscar Marcelo Saltos Arcentales, a quien sus compañeros pescadores llaman Chupete, tomó el 15 de enero de este año sus aperos de pesca, se embarcó en su fibra y se introdujo en el mar. Desde ese día, su paradero es un enigma.

Lo último que su familia supo de él, según el testimonio de uno de sus colegas, fue que una embarcación pequeña de color amarillo con filos blancos se le acercó cuando capturaba pez dorado —a 20 millas de Santa Rosa, en la provincia de Santa Elena— en compañía de Enrique Andrés Saltos Gutiérrez,  su tío de 58 años, y su ayudante, Pablo Escalante Balón. 

“Se nos está acercando una canoa, si no te vuelvo a llamar es porque los piratas nos robaron”, le habría dicho Óscar a su colega por radio. 

***

Tres días después de la desaparición de Óscar, el 18 de enero de 2022, fue puesta la denuncia de la desaparición de los tres pescadores, en el departamento de Espacios Acuáticos de la Capitanía de Salinas y en la Fiscalía de Santa Elena.


Ramón González, dirigente pesquero de Santa Rosa, ha recabado información sobre el número de embarcaciones que están activas ante el desmedido número de fibras, cuyo motor ha sido robado por parte de los piratas. 

Sin embargo, hasta el 7 de febrero del presente año, la Fiscalía no tenía ningún registro del número de pescadores desaparecidos en la península de Santa Elena, por tanto no hay estadísticas que puedan cuantificar una realidad que las autoridades prefieren ver de reojo.

Los números que maneja la Dinased —7 mil 826 casos solucionados y 333 en investigación, hasta el año 2021— no coinciden con los de la Asfadec (Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador). Lidia Rueda, presidenta de esta organización, en una rueda de prensa retomó mencionó que la Dinased (Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro) tiene 240 agentes para 24 provincias y que hay más de dos mil desaparecidos que están en investigación. Además remarcó que solamente en enero de 2022 fueron puestas 598 denuncias, de las cuales solamente 87 están en proceso.

El nombre de Óscar Marcelo Saltos Arcentales, por ejemplo, no consta en los registros de la Dinased, a pesar de que su madre puso la denuncia de su desaparición hace dos meses.


Los pescadores Óscar Marcelo Saltos Arcentales, Enrique Andrés Saltos Gutiérrez y Pablo Escalante Balón tomaron sus instrumentos de pesca y salieron a pescar el 15 de enero de este año con el propósito de volver al siguiente día. Hasta el día de hoy, 18 de abril, no aparecen. 

El que la Marina tarde en las investigaciones sobre desaparecidos en el mar no está justificado. La debida diligencia tiene que ser expedita y buscar la efectividad.

Los delincuentes del mar —mal llamados piratas— tienen en zozobra a los pescadores, de ahí que las faenas de estos últimos se han convertido en una suerte de ruleta rusa debido al peligro que corren cada vez que se adentran en el océano.

A este problema se suma el de la impunidad: de las 526 denuncias por piratería puestas por los pescadores desde el 2015 hasta el 7 de febrero del presente año, en la península de Santa Elena, ninguna ha sido resuelta.

Pero a Elsa esos números fríos no le interesan. A ella le ocupa —y preocupa— algo en particular:

"¿Por qué mi hijo no viene? Robos en el mar hay casi a diario, pero los pescadores vuelven. ¿Por qué mi hijo no regresa? Además siempre que los piratas asaltan queda algún rastro del delito en el mar, como las pomas de agua, o la embarcación, o alguno de los pescadores retorna, pero en este caso no hay nada", dice Elsa con la incógnita en su frente.

Ante la displicencia de las autoridades, a Elsa no le ha quedado más remedio que hacer acopio de todas las murmuraciones que llegan a sus oídos: que los piratas tienen a los pescadores secuestrados en la ría (no sabe cuál); que los piratas los tienen amarrados en la embarcación y con ellos, como rehenes, asaltan; que en San Mateo (Esmeraldas) los piratas robaron en una embarcación muy parecida a la de su hijo; que los piratas no les hicieron nada y que se llevaron solo un motor de los dos que traía la embarcación, porque el otro traqueteaba.

"Dígame, señora periodista, ¿cómo se enteraron de que un motor le estaba fallando?", remata Elsa para convencerse a sí misma de que sus investigaciones van por buen camino. 

***

De acuerdo a Lidia Rueda, la Asfadec puede solicitar a la Fiscalía y a la Dinased, información sobre lo que está pasando con los pescadores. Enterada de la desaparición de Óscar Marcelo Saltos Arcentales, Lidia asegura que las víctimas indirectas solo necesitan presentar la copia de la denuncia que pusieron en la Fiscalía y una foto de la persona desaparecida para que sus datos queden registrados en la página de la fundación que dirige.

Recuerda que en noviembre del año 2012 desaparecieron en altamar dos pescadores de apellido Tumbaco Villa y Tumbaco Pilay —padre e hijo—; hasta ahora las autoridades no responden por ellos.

"Lo único que sabemos es que salieron de Anconcito por la mañana y que la desaparición de ambos coincide con una redada organizada por la policía contra el tráfico de drogas. Quién sabe si fueron amenazados", remarca.

En Santa Elena hay 16 caletas (lugar en donde los barcos desembarcan la pesca) y 5.833 embarcaciones registradas. No obstante, hasta octubre de 2021 solamente 1.400 trabajaban en la legalidad debido a los problemas que enfrentan los pescadores. 

"Nos enfrentamos a un sistema judicial inoperante, inepto, indolente y hasta corrupto", señala Yanera Constante, quien padeció la desidia de las autoridades cuando su hija, Geovana Paulina Pérez Constante, desapareció en Ambato, el 4 de diciembre de 2010. A partir de este hecho, la mujer se vinculó a la Asfadec,

Yanera explica que una vez puesta la denuncia, la Dinased debe delegar a un agente para que investigue el caso, no obstante "muchas veces hay que respirarles en la nuca para que hagan las diligencias".

Lidia, Yanera y Elsa están atravesadas por el mismo dolor; pero Elsa recién está empezando a percibir el tufo de la indolencia.

***

Para Tomás Guayasamín, funcionario del Ministerio de Gobierno, los casos de los pescadores desaparecidos son más complicados de resolver porque estos desaparecen en alta mar. Si bien el protocolo no discrimina ninguna región o zona, el problema es que los fiscales no delegan para estas investigaciones a cualquier agente, sino a la Marina. Entonces las víctimas no ingresan al sistema de registros de la Dinased —ni el Ministerio hace la difusión— porque la fuerza naval no tiene acceso al sistema.

"La Dinased se encarga de crear una cuenta, con el usuario y la contraseña, en donde el agente delegado va poniendo todas las cosas que va haciendo y en función de eso realiza las consultas, como la medicina forense. Pero eso no sucede con los pescadores porque la Marina no tiene acceso a este sistema, solo la Policía", matiza Guayasamín; de ahí que sea el fiscal quien lleva las investigaciones, el dueño de la información y quien debe dilucidar, según lo que haya recabado, si la desaparición responde a un caso de piratería o naufragio.

"En el tema investigativo el Ministerio de Gobierno no tiene nada que ver. En eso no me meto", señala.

Para constar en el Registro nacional de personas desaparecidas, remarca Guayasamín, la víctima indirecta debe pedirle al fiscal del caso que solicite a la Dinased que incluya los datos de la persona desaparecida.

"Una vez que la Dinased está al tanto, nosotros podemos, a través de las redes sociales, ayudar a la difusión, pero estos casos son difíciles porque suceden en alta mar", aclara.

***

El 15 de enero, Óscar Marcelo Saltos Arcentales zarpó con un objetivo entre ceja y ceja, y así se lo hizo saber a su madre: ir a pescar para poder arreglar el motor que le estaba dando problemas. Ese día, Elsa le pidió que no saliera porque la alerta de tsunami, debido a la erupción del volcán submarino Tonga, recién había sido descartada.  

Elsa lo ha soñado vivo, "delgado, flaquito", dice, pero con vida, por eso no ceja en su afán de recabar información.

"Y si le ha tocado la muerte quiero tirarle al menos un puño de tierra, porque mi hijo no puede desaparecer como por arte de magia", habla entre lágrimas.

Elsa recuerda que Óscar siempre se preocupó de la familia: "mami, cómete ese encebollado que te traje; mami, ahí está la merienda para mi abuelita".

A la mujer los pensamientos la asaltan sin orden ni concierto, quizá por eso las virtudes que siempre admiró de Óscar se le van desdibujando:

"Era el más obediente de todos mis hijos, y si yo cogía un limón que no era mío en seguida me decía 'mami, deje eso, no esté cogiendo'. Por eso ruego que si hubiera partido para hacer una vuelta —llevar droga a Centroamérica— la patrulla lo coja y me lo entregue". 

Elsa se entrega al silencio. Recula:

"Pero no llevó nada porque venía al siguiente día. Mi hijo es sano. Además su tío, con el que fue a pescar, tiene 58 años, ya es mayorcito. No es posible, no...".


Para los comuneros de Santa Rosa, hablar de piratería es un riesgo que no quieren correr; ellos temen que los delincuentes del mar tomen represalias por ofrecer información a los medios de comunicación o a las autoridades.

***

La primera vez que se habló con Elsa, no estaba segura de dar declaraciones a la prensa por temor a los piratas; hoy ese sentimiento no ha mermado, pero el horror de pensar que no volverá a ver a su hijo la fortalece. 

Elsa nació en Jaramijó y quedó viuda a los  37 años con seis hijos que mantener. Hace diez años le robaron su fibra (embarcación según el argot de Santa Elena) y tuvo que viajar hasta Sechura, un pequeño poblado de Perú, para recuperarla.

Allí estuvo 15 días buscando su lancha, deambulando de puerto en puerto; no creyó que su viaje se dilataría tanto, por eso solo llevó dos mudas de ropa. Tampoco imaginó que en su búsqueda se llenaría de piojos. Su consigna era no volver a Santa Elena sin su embarcación.

“Esa lancha es mía”, le dijo a la persona que "dizque la había comprado". Como no quería devolvérsela acudió a las autoridades, quienes le pidieron 500 dólares para que de Paita (puerto peruano) saliera la orden de que se la entregaran.

"Me costó lágrimas, llanto y dinero. La embarcamos en Sechura en un tráiler, la desembarcamos en Puerto Pizarro y desde allí me vine por agua con mis dos hijos. Durante todo el camino lloré. Volvimos un 28 de diciembre, pasamos la Navidad en Perú", recuerda.

***

“No es lo mismo extraviado que desaparecido. En el primer caso están las personas que desaparecen por alguna causa natural, y en el segundo, las que desaparecen de manera voluntaria o involuntaria”, señala Francisco José Cevallos Guerrero, abogado por la Pontificia Universidad Católica de Quito y experto en derechos humanos. 

Explica además que los instrumentos legales que existen en el Ecuador para el caso de desaparición de Óscar Marcelo Saltos Arcentales son la Ley de Desaparecidos, que busca establecer los derechos de las víctimas (las primeras son las personas desaparecidas) y define quiénes son las víctimas indirectas (los familiares de los desaparecidos) y cuáles son sus derechos y obligaciones; la Constitución, que establece cuáles son los derechos constitucionales de las y los ecuatorianos, así como de las personas que residen en el Ecuador; la Convención Interamericana de Derechos Humanos; y el Sistema Universal de los Derechos Humanos, en donde consta la Declaración Universal de los Derechos Humanos que la Convención Americana va desarrollando de manera más concreta y específica.

En noviembre del año 2012 desaparecieron en alta mar los pescadores Tumbaco Villa y Tumbaco Pilay —padre e hijo— después de una redada de la guardia marina. Hasta hoy no hay noticias de ellos. 

“Los derechos están interconectados, de modo que si se vulnera alguno, se vulneran otros. Son interdependientes", matiza.

Ceballos pondera que el primer derecho que se viola siempre es el de la tutela judicial efectiva (el amparo y a la protección de los derechos dentro de un proceso judicial civil, penal, de niñez y familia, laboral o administrativo) por ser el derecho más general.

El artículo 8 de la normativa de la Corte Interamericana pone como primer elemento de las garantías jurisdiccionales el acceso a la justicia, el cual tiene que otorgarse de manera integral.

—El acceso a la justicia significa que la persona tiene la facultad de acceder a un órgano competente para poder solicitar un reclamo, en este caso una denuncia porque es un proceso penal —precisa Ceballos—. Si se trata de una familia de pescadores, que tiene cierta situación económica y, por tanto, requiere de cierto tratamiento porque puede ser que no esté alfabetizada, el Estado tiene que ir con todo su aparataje para que esta haga efectivo su derecho a la petición o denuncia.

—¿Qué sucede tras la denuncia?

—Una vez que haces la denuncia esta no puede quedarse ahí porque es obligación del Estado investigar. Quien tiene el control de la fuerza pública es el Estado. Ante un crimen o una desaparición es el Estado el que debe inmediatamente activar sus organismos para llegar al objetivo fundamental que es encontrar la verdad. No solo porque es su obligación natural, sino porque parte de sus obligaciones internacionales son prevenir delitos; investigar delitos; sancionar delitos, y reparar a las víctimas. Eso está establecido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el Sistema Universal de Derechos Humanos, es decir las Naciones Unidas.

En Ecuador, la Constitución norma los elementos del debido proceso; mientras  que el Sistema Interamericano lo hace con las garantías jurisdiccionales, establecidas en el artículo 8, donde consta el recurso efectivo, el derecho a la defensa y otros derechos análogos.

“Si no se sigue de manera efectiva y reglada el debido proceso o las garantías jurisdiccionales el proceso es inválido porque si no investigas de maneras diligente no vas a encontrar nada y, por lo tanto, no llegarás a lo que busca el derecho penal, que es el derecho a la verdad”.

Asimismo, Cevallos menciona que la Ley de Personas Desaparecidas aclara que el sistema de búsqueda de las personas desaparecidas es gratuito porque muchas veces, dependiendo de la zona, de la clase social de las víctimas y de sus condiciones de vulnerabilidad, la Policía llega al caso extremo de solicitar a la familia que le pague el transporte o la gasolina para poder buscar a sus familiares.


La pesca artesanal está permitida hasta las ocho millas, pero incluso si un pescador desaparece más allá de las cien millas es responsabilidad del Estado su integridad y bienestar porque continúa en territorio ecuatoriano. 

—¿Qué puede pasar en el caso de la familia del pescador?

—Que acceden a la justicia, hacen la denuncia, pero luego no saben cómo pueden seguir el proceso porque desconocen los pasos, como la investigación previa; no saben cuáles son las fases de investigación. La Ley de Personas Desaparecidas tiene un protocolo en el que todas las instituciones deben activarse porque en un proceso penal, cuando hablamos de efectividad, nos referimos a establecer la verdad. En estos casos lo que generalmente sucede es que la Defensoría Pública no está capacitada para acompañar ciertos procesos y en algún momento deja a las víctimas indirectas en la indefensión, violando así el derecho a la tutela judicial efectiva, que es el amparo y la protección de los derechos dentro de un proceso judicial. 

Francisco José Cevallos remarca que el Estado, una vez que conoce la denuncia, tiene que inmediatamente investigar, de manera diligente y en un plazo razonable, porque el fiscal no puede decir que tiene muchos casos, o que no posee competencia y que, por tanto, delega a la Marina. ¿Por qué? Porque la Fuerza Naval es parte del sistema de investigación de desapariciones y no por el hecho de que se le deleguen funciones ahí queda el caso.

"El que la Marina tarde no está justificado, es parte de su incapacidad. La debida diligencia tiene que ser expedita y buscar la efectividad. La grandeza del Sistema Interamericano está en que sus estándares se pueden usar de manera análoga para fundamentar una violación de los derechos, en este caso el de la debida diligencia, que en Ecuador sería el debido proceso.

La Fuerza Naval es parte del sistema de investigación de desapariciones y no por el hecho de que se le deleguen funciones puede asumir estos casos con displicencia. 

También señala que en el caso de los pescadores puede ser complejo preguntar cuáles son las coordenadas o a cuántas millas estaba la víctima cuando desapareció —como pedía la Marina a la señora Elsa Estefanía Arcentales, la madre de Óscar— porque la familia no está calificada para proporcionar este tipo de información y porque es la Armada la que tiene que buscar las millas. Lo que puede dar la familia son todos los datos que tiene, por ejemplo a qué hora salió el pescador o qué ropa llevaba.

"La familia no puede especificar las coordenadas. Me parece absurdo, lo que me hace pensar que la investigación está recayendo sobre los familiares y no sobre los órganos y funcionarios del Estado", sostiene el abogado. “Es parte del derecho de las personas desaparecidas que haya diferentes líneas de investigación porque siempre surgen varias hipótesis”.

Respecto al derecho a la reparación del daño, Ceballos explica que existen varias medidas. Una de ellas es el derecho a la verdad.

“Si la propia familia no sabe qué pasó con su familiar se viola el derecho a la reparación, además no solo se está violando el derecho de los familiares sino también el de la sociedad porque el pescador es parte de una comunidad. La desaparición de un pescador, que es una persona activa de su comunidad, afecta socialmente a su entorno, de modo que no solo se viola el derecho a la reparación sino también a la sociedad, que no sabe lo que sucedió con el pescador porque no se hizo una investigación diligente”.

—Si Óscar Marcelo Saltos Arcentales hubiera estado más allá de las ocho millas cuando desapareció y la ley de pesca artesanal señala que solo se puede realizar faenas de pesca dentro de esa longitud ¿la Marina tiene la obligación de investigar su desaparición?

—En ese caso habría una ilegalidad, pero para eso hay una sanción administrativa. Ese producto que pesca es ilegal y puede ser confiscado, pero de todos modos sigue pescando dentro del Ecuador, dentro de las ocho millas, y, por lo tanto, el Estado tiene la obligación de velar por él y brindarles seguridad a todas estas personas -pescadores- que son ecuatorianas y seres humanos. El Estado debe proteger sus derechos humanos. En el artículo 11 de la Constitución de Ecuador dice que ninguna persona podrá ser discriminada porque el respeto a los derechos humanos tiene como fundamento la dignidad.  

***

A Elsa la resiliencia la empieza a traicionar. Es 9 de marzo y se acaba de despedir de su nuera, Rosa Maribel, y de sus dos nietos, Michael y Madeleine. Los tres viajan hacia Jaramijó, a la casa de los padres de Rosa para ver si la ayudan, porque no hay quién solvente sus gastos más urgentes, como la alimentación.

"Mi nuera se fue con la esperanza de volver en 15 días o en un mes, cuando mi hijo vuelva", cuenta Elsa, a ratos serena; a ratos quebrada.

Rosa y Óscar se casaron hace diez años, cuando eran todavía jovencitos y desde entonces vivieron con Elsa. Unos años más tarde entibiaron sus regazos con la llegada de Michael —hoy de nueve años— y de Madeleine —que tiene seis—.

Ahora Elsa cuenta con 61 años y a pesar de la fortaleza que la vida le ha dado, no puede más. Como si el atentado contra Ítalo, la desaparición de Óscar y la partida de sus nietos y de su nuera fuera poca cosa, hoy Elsa también se ve agobiada por las deudas de su hijo ausente, de las que ella es garante.

"Todos los días lloro, me arrodillo. Si lo tiene alguien, que tenga compasión, no importa que no traiga nada, pero que me lo devuelvan", suplica Elsa con el llanto desbocado.

Elsa pasa los días divagando, contrastando, elucubrando y soñando. Su más grande anhelo es que un barco grande haya rescatado a Óscar.

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