La Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999 (nombre oficial) fue aprobada por la Asamblea Nacional. Espera ahora el veto o la ratificación del Presidente.

Esta ley tiene dos grandes grupos de beneficiarios. El primer grupo es de quienes son acreedores de la crisis. Estos son los que se quedaron con depósitos en las instituciones financieras cerradas y que  nunca pudieron cobrar, porque sus depósitos no estaban dentro del orden de prelación o porque estaban fuera de la garantía del depósito, la cual tenía un límite. Como el objetivo es el cierre de la crisis, entonces la Ley dispuso que se pagara 75 000 dólares a cada acreedor. Si alguien tiene más de acreencia, de todos modos el saldo queda registrado contablemente para que en algún momento se pueda cobrar el dinero.

Estos no son depositantes, no es garantía de depósito, no se le está devolviendo la plata a la gente común que se quedó con los depósitos trabados. Los acreedores de esta ley son inversionistas, gente que se quedó con certificados de inversión o con pólizas…  El oficialismo presentó la lista de acreedores. 59 de estos exdepositantes tienen más de 75 000 dólares en acreencias con la banca cerrada, lo cual da un monto total de 15 millones de dólares.

El segundo grupo de personas beneficiadas es el de los deudores. Aquellas personas que cuando la institución financiera estaba abierta sacaron un crédito, que están calificados como no vinculados, es decir ajenos a la administración de la IFIS cerradas. La propuesta central del gobierno, en esta ley es que del total de los préstamos  recibidos, 849,5 millones de dólares, se reliquide con un interés del 5% a cinco años plazo. Con esto, se pretende recuperar 998 millones, de un total de 2693 millones de dólares, que el gobierno calcula es el monto que los deudores debieran cancelar al Estado.  Con esta fórmula se condonan 1694 millones por concepto de intereses a los deudores.

El oficialismo hizo pública la lista de exdepositantes, pero no de los deudores. ¿Por qué? La pregunta es clave para Ramiro Aguilar, asambleísta nacional de Suma y el único legislador que votó en contra de la aprobación de la ley.

Él dice que los deudores “sacaron un préstamo bancario pero no lo pagaron. ¿Por qué no lo pagaron? Esa es una pregunta que no se responde, porque generalmente la gente que tenía pagos pendientes con una entidad financiera cerrada, iba a la AGD y pagaba o iba donde el liquidador y pagaba. Aquí están beneficiados por una ley los que no pudieron pagar, la deuda se volvió incobrable. Pero aquí no estamos hablando de los pequeños deudores, que ese es otro cuento. No es el que deba hasta 5000 dólares, porque el que debe ese monto su obligación quedó extinguida, por la ley de reestructuración de la banca cerrada.

“En el informe para segundo debate, la comisión nos pasa la lista de los acreedores. Pero nunca nos entregó la lista de los deudores que iban a ser beneficiados. El beneficio para los deudores es grande. Se va a hacer un recálculo y reliquidación de capitales. Por qué el recálculo, porque van a tomar el capital inicial, lo que prestaron hasta el 99, nos vamos a olvidar de los intereses que han corrido en estos años. Sobre el capital de préstamo original vamos a aplicar una tasa del 5% anual, les vamos a dar un año de gracia y 5 años para que paguen. Quiénes son estos beneficiarios, no se sabe. La asambleísta (Alexandra) Ocles y otros de Alianza Pais denunciaron en el pleno que en esa lista hay nombres que son sospechosos. Yo me pare en el pleno y pregunté ¿por qué Alianza País tiene los nombres y los demás asambleístas no? Si el gobierno está haciendo una ley que tiene un universo definido y beneficiarios concretos, ha de preguntar quiénes son”.

Juan Carlos Cassinelli, el asambleísta del oficialismo que promovió la ley, corrió traslado al Banco Central, y en el pleno, cuando Aguilar volvió a insistir lo que le dijo es: en el Banco Central tiene los nombres, usted use su capacidad de fiscalización y pida directamente.

No tuvo su oportunidad, pero en Plan V, Aguilar replica: oiga, usted está haciendo la ley, usted está beneficiando a personas y empresas concretas, deben preguntar quiénes son. No sabemos quiénes son ni los montos de las deudas, pero por los cambios que terminaron haciendo, podemos adivinar los montos. Cuando Aguilar protestó en el pleno, porque además fue el único asambleísta que pidió información, no le contestaron.

Otro componente de esta ley es la liquidación de los fideicomisos de la banca cerrada. La cifra supera los 19 000 bienes, los cuales están en un limbo jurídico porque no se los puede usar ni vender. ¿De dónde salieron esos bienes? De las IFIS cerradas. Pero tampoco hay la lista de bienes, los nombres de los fideicomisos, la institución que los constituyó, el objeto del fideicomiso, cuál es el avalúo, quién lo hizo. El informe de la Comisión para el primer debate fue de cuatro páginas, una ley donde se juegan miles de millones de dólares del Estado ecuatoriano. Y de estas cuatro hojas, el análisis del proyecto fueron dos hojas y media. Muestran un inventario de 19 910 bienes pero son las únicas cifras que contiene el proyecto: 117 fideicomisos y 227 compañías por liquidar. Pero no se sabe cuáles son, no hay detalle de los bienes muebles e inmuebles. No se conoce aún cuál es el bien ni a qué entidad financiera cerrada pertenece ni quién evaluó los bienes. Esta información es fundamental y no se hizo pública a los legisladores, advierte Aguilar.

Estos bienes van a pasar al Estado y con este dinero se va a pagar a los acreedores. En estos  hay bienes culturales, pero no está tampoco detallado: de qué se trata; no se sabe si es una pintura, una escultura, quién los avaló, en qué condiciones está.

Tampoco se ha hecho pública la lista de los fideicomisos.

Aguilar tiene sus dudas sobre los montos que se van a condonar. No es lo mismo, dice, deber 5001 dólares que deber 25 millones de dólares. “No es lo mismo que yo, cuando la banca estaba abierta, estuviera al día en mis pagos y después no pude pagar porque se me complicó la cosa  o fui un mal deudor y nunca pagué. Para que estos deudores se beneficien deben tener ciertas condiciones, por eso les dije que la buena fe de los deudores quedó en el debate político. En el texto de la ley no hay una sola norma que diga quién es deudor de buena fe. Había sugerido que se hiciera un comité de acreditación de deudores de buena fe. Para que quienes se vayan a beneficiar de esta ley vayan a un comité integrado por un experto financiero que diga cuál es la evolución de los intereses; un experto en crédito, que diga si el deudor tenía o no capacidad de pago cuando fue a pedir el crédito. NO es que en 1999 se pedía un préstamo de 200 000 dólares y le daban así nomás. Debieron haber verificado capacidad de pago. Y un experto jurídico que determine que los títulos que el deudor firmó estaban en orden. Y segundo, el deudor tiene que acreditar tres cosas: que cuando la institución financiera estaba abierta él estaba al día en sus pagos, porque si no por qué una ley tendría que beneficiar a un tramposo, que ya era un tramposo en el 99, y no hay que olvidarse que fueron también los tramposos que no pagaron los créditos a sus bancos fueron causantes de la crisis, sobre en todas estas cantidades. Segunda condición: que demuestre que cuando fue a sacar el crédito estaba este suficientemente garantizado, que el crédito no fue producto de un telefonazo al gerente del banco. Y tercero, que demuestre documentadamente que durante estos 15 años hizo alguna intención de pago. Pero no me hicieron caso, y cuando vieron que ciertos deudores que quebraron a la banca se iban a beneficiar,  resolvieron poner rangos: los que deben hasta 100 000 dólares entran a la reliquidación del 5%, de 100 000 a 2,5 millones, 5% siempre y cuando hayas acreditado el pago del 10% del capital. Y de 2,5 millones en adelante, 5% siempre hayas acreditado el pago del 35% del capital. Esto fue sugerencia de la asambleísta Alexandra Ocles. Viendo estos rangos uno se da cuenta que hay varios tipos de deudores. Y cuando yo les digo: oigan, pero cuando ustedes hagan esto va  a operar una cosa que en derecho civil se llama novación, es decir, tú renuevas la obligación y se queda extinta la anterior, y si no se paga la nueva no es que revive la anterior, no pagas la nueva con las nuevas condiciones. Porque puedes haberles perdonado intereses y de todo, igual esa gente no va a pagar.

Ellos resolvieron una cosa curiosa: que esta ley no sea novación y entonces si un deudor incumple sus pagos regresa a lo que debía antes de la promulgación de la ley. Lo cual es discutible, porque ya opera la novación, o sea no puedes cambiar el Código Civil. La Asamblea, de hecho, parió un conflicto de ley entre esta norma y el Código Civil”.

No es el único que cuestiona las intenciones de esta ley. Pedro Delgado, el otrora poderoso presidente de la UGEDEP y que cayó en desgracia frente al Presidente, envió una tercera carta personal a Rafael Correa, en la cual expone sus dudas sobre esta ley.

Delgado denuncia que “lamentablemente es una vergüenza que se deba mandar una Ley a la Asamblea Nacional para encubrir y resolver la ineficiente y negligente actuación de la actual representante legal de la UGEDEP de los últimos doce meses”. Y acusa a su primo, Rafael Correa, de que “tú, a sabiendas de eso justifiques con tu silencio la negligencia de (Katia) Torres”.

Delgado sugiere a Correa que “exijas a tus titulados y revolucionarios funcionarios, inventores de esta propuesta, que explique al país de por qué de esta ley y a quiénes beneficia (pues no solo es a deudores de buena fe, como se ha publicitado) sino a los grandes deudores”.