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5 de Octubre del 2023
Investigación
Lectura: 15 minutos
5 de Octubre del 2023
Susana Morán
A los recicladores de base les llega a cuentagotas la devolución del impuesto a las botellas plásticas PET
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Los recicladores estiman que el 30% de sus ingresos provienen del impuesto a las botellas plásticas. Pero en la larga cadena de intermediarios se queda la mayoría del dinero que el SRI devuelve por este impuesto. Foto: Luis Argüello. PlanV

 

Los recicladores de base son el motor de la recolección de materiales que pueden ser aprovechados por la industria, como las botellas PET. Y aunque son parte fundamental de la cadena, apenas les ha llegado entre el 10% y 20% del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas, según estimaciones empresariales. Esta es la última entrega de la serie La estafa ambiental de la década.



Lea la primera parte: LAS CUENTAS QUE NO CUADRAN DEL IMPUESTO A LAS BOTELLAS PLÁSTICAS. Lea la segunda parte: LA HERENCIA DEL IMPUESTO A LAS BOTELLAS PET EN ECUADOR: MÁS PLÁSTICO Y MENOS RECICLAJE. 


El Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas (IRBP) buscaba motivar a los ciudadanos para que reciclen estos envases. A cambio, el Estado les devolvía los dos centavos de dólar del impuesto por cada botella recolectada. Pero pronto este modelo mostró sus limitaciones.

Desde su primer año de vigencia, pocas personas se interesaron en esa tarea porque implicaba largos traslados hasta los centros de acopio o empresas recicladoras. Sin campañas de información y escasos puntos de acopio en las ciudades, los recicladores de base se convirtieron en el principal motor de la recuperación de ese material contaminante en las distintas regiones del país.

Pero no es una tarea fácil. Los recicladores de base caminan largos trayectos para encontrar no solo botellas PET, sino más materiales reciclables, que los lavan y limpian. Además, están expuestos a enfermedades porque los consumidores no clasifican su basura y obligan a los recicladores a que busquen las botellas en contenedores y botaderos.

María Rosario Criollo recorre su barrio en busca de materiales reciclables, en Cuenca. Debe entregarlos a los intermediarios porque no tiene transporte para llevarlos directamente a las plantas recicladoras. Por las botellas PET, le pagan menos del precio oficial. Foto: Plan V

María Rosario Criollo conoce bien esta dinámica. Tiene 69 años y la mitad de ellos los ha dedicado al oficio del reciclaje. Pertenece a la Asociación de Recicladores del Valle (AREV), en Cuenca. Recoge materiales como cartón, botellas, metales, aluminio y chatarra en la ciudadela Balcones del Valle, que las personas dejan en fundas fuera de sus casas. Aunque en Cuenca existe la funda celeste para este tipo de residuos, Criollo revisa las fundas negras con basura común porque, dice, allí también encuentra cosas que le sirven.

Criollo reúne en un costal estos materiales y los lleva a su casa para clasificarlos. Solo sale dos veces por semana, que es la frecuencia con la que pasa el camión recolector de la basura. Estos materiales los reúne durante tres o cuatro meses para poder venderlos por cantidad y por ellos recibe USD 160. Esto equivale a USD 40 o USD 50 mensuales. 

Esta recicladora, sin embargo, tampoco puede dejar las botellas PET en los centros de acopio autorizados para recibir los dos centavos por cada botella. Por eso recurre al intermediario de su barrio, quien la visita en su camión para llevarse los materiales, entre ellos las botellas PET. La falta de transporte y de un lugar de acopio obligan a los recicladores a acudir a los intermediarios que sí disponen de esos recursos. En esos años, el IRBP incentivó la creación de centros de acopio para recibir las botellas PET cuyo precio mejoró gracias al impuesto.

Pero esa necesidad permitió el aparecimiento de otras prácticas. Por ejemplo, el uso de pesas adulteradas o les pagan menos que el precio oficial. Esto lo contó María Alegría Villa, presidenta de la Asociación de Recicladores El Chorro, también de Cuenca. Villa dice que los intermediarios les pagan menos cuando ellos van a recoger los materiales a su planta de reciclaje. Entonces si el precio oficial de una botella PET está a USD 0.30 el kilo -que lo regula el SRI como se explicó en la primera y segunda entrega de esta serie-, a ellos les pagan a USD 0.25.

Entre 160 y 200 dólares se estiman los ingresos de los recicladores de base. Aunque son una pieza fundamental para la recolección de materiales, su actividad la realizan en condiciones precarias, que el impuesto no ha cambiado.

En 2015, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) aseguró que había 20.000 recicladores a escala nacional. Mientras que el Ministerio de la Producción informó que ahora son 50.000. Esta cifra la confirmó la Red Nacional de Recicladores del Ecuador (Renarec). Elbia Pisuña, presidenta de Renarec, dijo que pasaron de 20.000 a 50.000 recicladores porque mucha gente se quedó sin trabajo tras la pandemia.

Renarec es la organización más grande de recicladores de base del Ecuador, que reúne a 55 organizaciones en 33 ciudades y tiene 1.800 recicladores asociados. Según Renarec, aproximadamente el 30% de los ingresos de sus afiliados provienen del IRBP. Sin embargo, este sector -que realiza el trabajo manual más difícil en medio de muchas precariedades- se ha convertido en un beneficiario marginal de este impuesto. 

El IRBP cae a cuentagotas a los recicladores

No existe un balance oficial sobre el impacto del IRBP en la economía de los recicladores base. Las únicas estimaciones provienen de sectores industriales. Es el caso de Enkador, una de las pocas empresas recicladoras cuyos directivos accedieron a una entrevista. Daniel Romero, gerente general, y Javier Díaz, de la Unidad de Desarrollo de Nuevos Negocios, aseguraron que tienen una vinculación directa con un centenar de recicladores y de manera  indirecta con cerca de 5.600.

“En la actualidad, pensamos que menos del 20% al 10% del impuesto está llegando al recolector final”, sostiene Romero, quien está al frente de una de las empresas recicladoras más grandes que han sido parte del IRBP desde su inicio. Enkador recicla en promedio 1.200 toneladas de PET mensuales. “¿Qué quiere decir ese otro 80%? Quiere decir que es un impuesto ineficaz”, cuestionó el directivo empresarial.

Como se explicó en las anteriores entregas de esta serie, el IRBP fue diseñado para devolver el impuesto a quienes recuperen las botellas para su reciclaje. Pero solo una decena de empresas pueden solicitarlo y son estas las que a su vez pagan a los recicladores e intermediarios por las botellas PET.

Entre 2012 y marzo de 2023, el SRI devolvió por concepto del IRBP un total de USD 246,1 millones. Es decir, a los recicladores de base pudo haber llegado entre USD 24 millones y USD 48 millones en una década. Lo demás se quedó en la larga cadena de intermediación. A esto se suma que, en los últimos siete años, existe una caída de la devolución del impuesto por parte del SRI. Desde el 2020, este valor no supera los USD 20 millones. Por ejemplo, en el año de la pandemia, el SRI regresó USD 12,9 millones a los solicitantes; el 2021, USD 13,9 millones; el 2022, USD 17,2 millones. Esta reducción ha impactado la economía de los más vulnerables.

“Por lo tanto, si se logra más controles puede ser que haya más dinero que le llegue al reciclador formal. Y puede ser que, a través de más política pública, puedas tener más impacto en la vida de los recolectores”, dijo Romero.

Ahora, ¿a dónde va la recaudación del impuesto? El SRI respondió que esta información no es de su competencia. Entre 2012 y marzo de 2023, el ente rector tributario recaudó por el IRBP un total de USD 323,7 millones. Todos los impuestos, tasas y contribuciones van a las cuentas del Tesoro Nacional.

En el 2022, de 40 millones recaudados, (el SRI) devolvió 17, se quedó 23 millones. Con esos 23 millones, el 100% de los recicladores de base podría estar inmerso en la cadena de valor. Pero no a pie de vereda, sino teniendo facilidades”, propuso Díaz.

De la información que ha recabado esta empresa, los recicladores de base pueden cargar hasta 10 kilos por cada uno y caminar alrededor de 7 km diarios, en la mañana y en la noche. Más peso no pueden movilizar porque no todos tienen un coche. Este es el perfil de un reciclador de base profesional, según esta fuente empresarial.

En función de las estadísticas que tenemos, un 30% de sus ingresos se les va (a los recicladores) en mover lo que recogen. Algunos incluso más”, afirma Díaz.

“Los recicladores son el primer eslabón. Limpiamos el rostro del mundo con nuestras manos. Pero somos los últimos que recibimos una paga”, lamentó Pisuña, quien está al frente de Renarec, pero ella lleva más de 36 de su vida como recicladora. Desde esta organización, ha defendido el valor que tiene el trabajo de ella y sus compañeros. Cada reciclador, según sus estimaciones, ha recuperado más de 200 toneladas de materiales reciclables que han llegado a las industrias. En Quito, cada reciclador recolecta una tonelada mensual.

“Si recupero 40 botellas, deben pagarme 80 centavos. Pero nos pagan 40 centavos. Eso es lo que recibimos por el servicio que brindamos a la ciudadanía. Pero el esfuerzo que hace el reciclador no está pagado. La empresa recolectora contrata tres personas para recoger la basura, además de un chófer y un vehículo. Todo eso tiene un costo. Nosotros hacemos lo mismo. En las calles, estamos recuperando (el material). Pero no tenemos vehículos. Caminamos con coches o cargamos”, describió esta líder recicladora.

El IRBP se mantiene, pero deja preguntas

“Con la nueva ley que enviaremos el día viernes a la Corte Constitucional se crea un marco de formalidad para todos ustedes que con gran esfuerzo se levantan a las 4 am para iniciar sus tareas de trabajo. Hemos cumplido lo que ofrecimos en campaña”, dijo el presidente Guillermo Lasso, el pasado 16 de agosto.

Ese día firmó el Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva. Fue el espacio que sirvió de antesala para el anuncio de un nuevo decreto-ley para mantener el IRBP. Este impuesto era parte de la Ley de Fomento Ambiental, que fue declarada inconstitucional en enero de 2022.

Por eso, Renarec rechazó la eliminación del impuesto porque, para esta organización, el IRBP ha logrado mejorar sus ingresos, pese a los continuos cambios del precio del kilo de botellas PET. En un comunicado, exigieron al Gobierno mantener el IRBP con mejoras y transparentar el uso del dinero de una década que ingresó por este concepto a las arcas del Estado. Consideraron además que estos montos pueden servir para mejorar los sistemas de reciclaje inclusivo.

Dos días después del anuncio, es decir, el 18 de agosto, Lasso firmó el nuevo decreto-ley, bajo el carácter de económico urgente. La norma fue enviada a la Corte Constitucional y esta lo aprobó con los votos de los nueve magistrados. Para la Corte, este decreto era prioritario.

Según el Gobierno, el decreto ley contribuirá en la reducción de la contaminación por plástico y atenderá una demanda de los recicladores base: mejorar su economía familiar con ingresos seguros y justos.

El decreto-ley del IRBP mantiene casi en su totalidad el mismo diseño. Solo hay dos cambios. El primero tiene que ver con la devolución del impuesto, que solo lo podrá requerir “únicamente a quien sea considerado reciclador transformador, conforme lo disponga la certificación emitida en conjunto entre el ente rector de la producción y el ente rector en materia ambiental”. En la anterior ley, ese umbral era más amplio:  “a quien recolecte, entregue y retorne las botellas”. Con esto, se cierra la posibilidad -en principio- de que centros de acopio participen en la devolución como sucede hasta el momento.

El segundo cambio tiene que ver con la inclusión de términos relacionados con la economía circular y, por primera vez, aparece el reciclador de base, algo que no consta en la versión actual del IRBP. La nueva ley lo define como la “persona natural que, mediante el uso de la técnica artesanal y/o semiindustrial, se dedica en forma directa y habitual, individual o colectiva, a la recuperación y recolección selectiva de residuos domiciliarios o de otras fuentes, y a la gestión de instalaciones de recepción y almacenamiento de tales residuos, incluyendo suclasificación y revalorización”.

Para conocer si este nuevo decreto amplía o no la participación de los recicladores de base en el IRBP será necesario esperar al reglamento del mismo. Asimismo, queda pendiente conocer si el nuevo IRBP tendrá alguna relación con la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva.

El reglamento de esta normativa, que Lasso firmó el pasado 16 de agosto, tiene amplios capítulos sobre la participación de los recicladores de base en la economía circular. Por ejemplo, una de sus primeras disposiciones es un censo de los recicladores a escala nacional para el Registro Único de Recicladores de Base. Para febrero del próximo año deberían estar concluidos sus lineamientos, según lo establece el reglamento.

Asimismo, dispone que se priorice la entrega de los residuos a los recicladores de base, previo un acuerdo contractual establecido con el fin de fomentar el reciclaje inclusivo a nivel industrial. Los municipios deberán promover la formalización y asociación de este sector y crear una base de datos. También existe un acápite que establece los derechos de los recicladores de base.

“Hace años soñábamos con una ley que en realidad vaya visibilizando y reconociendo la labor del sector. Nos sentábamos en varias mesas de diálogo, donde nos escuchaban, pero decían: ‘en qué código está, en qué ordenanza está’”, dijo  Elbia Pisuña casi en lágrimas sin antes dejar de recordar que si ahora existe una norma que los menciona es solo por su trabajo de incidencia  que les ha tomado más de 15 años.

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