La investigación realizada por el Centro de Investigación Periodística en las Américas para Plan V y publicada en la tercera semana de agosto desató un polémica en el Ecuador y en los ambientes diplomáticos de Washington DC. El informe detalló como la empresa Stratega BDS S.A, cuyo principal accionista es la madre de la actual embajadora del Ecuador en Washington DC, Nathalie Cely, había sido adjudicataria de un contrato con Presidencia de la República en el año 2013 por USD 210.000.

La investigación completa puede encontrarse aquí.

Lo que dijo la Embajadora

La respuesta de la Embajadora no tardó en llegar, por medio de una carta abierta a los ecuatorianos publicada en su cuenta de Twitter el viernes pasado, alrededor del mediodía. La carta no respondió las alegaciones centrales de nuestra investigación. Por el contrario, buscó apelar a las emociones de los ecuatorianos con frases como:

“El país conoce que he liderado en los Estados Unidos la defensa de los intereses nacionales y el bienestar de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, batallando en contra de transnacionales y banqueros prófugos, y que he develado los cientos de millones de dólares que se han gastado y se continúan gastando para desprestigiar al Ecuador”

“No duden que cuentan con mi total entrega y trabajo honesto. Soy simplemente un corazón ecuatoriano que late ante las injusticias”

Dice también la Embajadora sentirse orgullosa de haber sido la fundadora de Stratega BDS en el año 2003 y de haber liderado su crecimiento  y reconocimiento como “una de las firmas de consultoría más prestigiosas del país”, y sostiene que en ningún caso ha influenciado desde sus roles en el gobierno, los procesos de contratación de esta empresa.

La carta completa de la Embajadora puede leerse aquí.

Lo que dijo Stratega

Stratega BDS, por su parte, emitió un comunicado firmado por el Presidente de su Directorio, el cual a diferencia de la Embajadora, no apeló a lo emocional, si no a los números. Por supuesto, el comunicado negó el haber sido favorecidos por la labor de Cely en el gobierno. Pero también nos brindó alguna información interesante. Por ejemplo, que los ingresos totales de la empresa entre 2007 y 2013 ascendieron a casi 5 millones de dólares. Si revisamos las cifras publicadas en nuestro informe anterior, esto significa que en 2012 y 2013 (años para los cuales la empresa aún no ha presentado balances a la Superintendencia de Compañías del Ecuador), habría facturado en promedio 750 mil dólares cada año. El comunicado también revela algo importante: que de estos casi 5 millones de dólares, el 27.09% -$1.346.917- corresponden a contratos suscritos con el Estado del Ecuador.

La carta de Stratega se puede leer aquí.

Las dos versiones, tanto de la embajadora Cely como de la empresa endilgaron a la publicación de CIJA la intención de relacionar los contratos que ha firmado la embajadora en Washington en nombre del Estado ecuatoriano, por más de USD 7, 5 millones, con el contrato de Stratega con la Presidencia de la República. La investigación no hizo esa relación, salvo por la presencia de la embajadora en los dos hechos, uno separado del otro por completo.

Lo que la embajadora y Stratega no dicen

En sus versiones ni Stratega ni la embajadora del Ecuador en Washington, DC, hicieron referencia al punto central de la investigación de CIJA, que es el hecho de que la madre de la embajadora Cely es la principal accionista de la empresa, tal como lo muestran los registros de la Superintendencia de Compañías:

Tal como se mencionó en el informe inicial, la Ley Orgánica de Servicio Público dice en su artículo 24 (j) que los servidores públicos tienen prohibido “Resolver asuntos, intervenir, emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado, por si o por interpuesta persona u obtener cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esta prohibición se aplicará también para empresas, sociedades o personas jurídicas en las que el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan interés”.

En consulta con abogados, previa a la publicación de la primera investigación, fuimos informados que la relación entre Flor María Suarez y su hija la Embajadora, inhabilita a la empresa a suscribir contratos con el Estado.

Las acciones que la señora Flor María Suarez posee, fueron cedidas a ella por la propia Cely en el año 2006, según consta en los registros existentes en la Superintendencia de Compañías. Es decir, esas acciones eran propiedad originalmente de la actual Embajadora.

No obstante, la madre de Cely no tiene rol ejecutivo alguno en la empresa.

Y en medio de todo esto: MCSquared PR

En su carta la embajadora Cely defendió las contrataciones de empresas de relaciones públicas realizadas durante su gestión, especialmente las de Van Scoyoc, Ketchum y Delahunt Group, calificándolas como empresas de larga trayectoria en Washington, que han cumplido un papel esencial para evitar las sanciones económicas que la empresa Chevron quiso imponer al país.

Sin embargo, una vez más, Cely aprovechó la oportunidad para volver a desligarse de la contratación por USD 6,4 millones con la Empresa MCSquaredPR.

Dice Cely: “En relación a los contratos suscritos: por delegación expresa, en base a la resolución no. 131-2013 del 24 de abril del 2013, en representación de la Secretaría General de la Presidencia de la República, firmé el contrato con la firma MCSquared por US 6.4 millones, al cual no me he referido, porque la misión diplomática a la que represento no participó ni en la fase pre-contractual, contractual o durante su ejecución, como ya he declarado anteriormente”.

Esto significa que de haber ocurrido algo ilegal o irregular en el proceso de contratación o ejecución del contrato con MCSquared, la propia Embajadora estaría responsabilizando a Presidencia de la República, es decir, al propio Presidente Rafael Correa, por cualquier eventualidad.

Para más información acerca del caso MCSquared recomendamos leer la investigación de Plan V y la recopilación de artículos realizada por CIJA aquí.

Una historia repetida y el caso Duzac

Esta no es la primera vez que Cely niega su participación en una posible vinculación de su empresa en convenios con el Estado. Cuando en 2011 la desaparecida revista Vanguardia publicó una investigación sobre otra serie de contratos suscriptos por Stratega con el Ministerio de Industrias y Productividad,  y el Ministerio de Turismo, entre otros, Cely ya se había excusado con la misma respuesta, diciendo no haber influido los procesos de contratación. En ese entonces, la actual embajadora era ministra del gabinete del presidente Correa.

Otra investigación también de Revista Vanguardia del año 2012, mostró la presunta participación de la entonces Ministra de Coordinación de la Producción en el affair Cofiec/Duzac a través de la agilización de trámites para favorecer al empresario argentino Gastón Duzac. En aquella ocasión. Cely también negó rotundamente tener relación alguna con el tema. Sin embargo, una declaración judicial de Pedro Delgado, en carta dirigida al Fiscal General y revelada por al asambleísta Andrés Páez (CREO), asegura que Cely y otros ministros recibieron a la “delegación empresarial” argentina, la cual buscaba contratos en el Ecuador, “por disposición de la Presidencia de la República". El caso Duzac desembocó en un escándalo de corrupción de proporciones para el gobierno de Rafael Correa.