Los habitantes de Buenos Aires aún recuerdan la madrugada del domingo 23 de junio de 2019. Ese día hubo una balacera que duró seis horas y provocó el terror en la población. Cuentan que el primer ataque fue supuestamente contra un grupo de personas de origen venezolano. Los victimarios, en cambio, eran colombianos. La balacera se extendió a casas cercanas a la montaña donde se abrió la mina. Hubo persecuciones y más disparos que aterrorizaron al pueblo. Los asesinados, narra la gente, habrían sido botados a la quebrada aledaña a la mina. Más de una fuente consultada por PlanV cree que en ese lugar puede haber aún cuerpos.

Casi dos años después de la incursión de 2.500 policías y 20 fiscales para desalojar las minas ilegales en este sector montañoso de la Sierra Norte del Ecuador, dos juicios sobre estos crímenes han llegado a sentencia. Con ellos, testimonios de mineros y policías salieron a la luz sobre los violentos ajusticiamientos que ocurrieron en territorio ecuatoriano, que recuerdan a los ensañamientos del conflicto armado en el país vecino.

La presencia de grupos armados obligó al expresidente Lenín Moreno a firmar, el 1 de julio de 2019, el Decreto Ejecutivo N.812 para declarar el estado de excepción en este territorio, dijo una fuente que pidió el anonimato. El Gobierno ordenó el masivo operativo para sacar de las minas a miles de personas, entre nacionales y extranjeras, que llegaron para laborar allí. En ese gran grupo salieron los  armados haciéndose pasar por mineros, refirió la misma fuente.

Vista panorámica de la Mina Vieja. La destrucción que dejó la minería ilegal es visible. 

La historia de la violencia que generaron los grupos armados está en las investigaciones sobre el crimen de Nayenberth Alejandro F.M. Él fue asesinado ese 23 de junio en la Mina Vieja, una de las tres minas que hubo en este paraje montañoso. Según los documentos que están en el sistema judicial, su cuerpo tenía seis impactos de bala y heridas de arma blanca. Llegó desde Venezuela a Ecuador. En 2019, un familiar viajó desde su país natal para reconocer sus restos. Lo logró gracias a un tatuaje en forma de corazón en la pierna de Nayenberth.

Según el parte policial, el extranjero pertenecía a un grupo armado y se encargaba de la seguridad en las minas. Pero fue asesinado por otra agrupación similar. Uno de sus atacantes fue identificado y llevado a juicio. Es colombiano, oriundo del Valle del Cauca, y tenía 23 años cuando sucedieron los hechos. Él fue detenido junto a otro colombiano, quien tenía en su poder prendas militares. El procesado se encuentra recluido en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas.

En este caso hubo un testigo que relató la violencia con la que el venezolano fue asesinado. Dijo que un día el acusado preguntó al venezolano por “las armas y el dinero” y después le abrió el estómago con un cuchillo. Esto coincide con el acta de levantamiento del cadáver, donde se registró lo siguiente: “corte de arma blanca en tórax y abdomen con exposición de intestinos”.

El testigo afirmó que el atacante pertenecía a un grupo armado colombiano. Los extranjeros dispararon a la víctima, lo envolvieron y lo sacaron de la mina atado a los cables de una polea. Los agentes encontraron el cuerpo amarrado con cuerdas a dos tablas, en forma de camilla.

En la Mina Vieja se instalaron varias poleas para pasar el material rocoso de montaña a montaña. Incluso los trabajadores de las minas se colgaban en ellas para cruzar rápidamente entre un punto y otro. Con este mecanismo también salieron varios heridos que dejó la balacera aquel domingo.

En las minas ilegales de Buenos Aires se instalaron poleas para pasar el material mineralizado a través de cables de montaña a montaña. A casi dos años del desalojo de estos asentamientos mineros ilegales, aún están estas estructuras.

En la mina aún siguen instaladas algunas de esas poleas que se pierden en el horizonte. PlanV accedió a este lugar después de casi dos años de estos hechos violentos. Desde Buenos Aires hasta la mina hay una hora en auto por un camino lastrado. Luego es necesario caminar entre una y dos horas a través de una trocha empinada en medio de la montaña.

Maquinaria y herramientas de todo tipo quedaron abandonadas tras el desalojo. Habitantes de Buenos Aires creen que mineros ilegales aún visitan este lugar para llevarse el material mineralizado que el Estado no retiró.

En la Mina Vieja se instalaron discotecas, tiendas de ropa, prostíbulos y billares, según una trabajadora sexual que dio su versión a la Fiscalía. Aún quedan los restos de precarios cuartos hechos de madera, mucha ropa y herramientas como taladros, plantas eléctricas y carretillas.

Inmensas cantidades de ropa y utensilios de cocina se quedaron en la Mina Vieja. La maleza ha invadido las precarias estructuras de madera que sirvieron como casas, comedores y burdeles. Siete plantas eléctricas obsoletas también siguen en el lugar.

Ella también contó lo que ocurrió el día de la balacera. Narró que ese domingo, aproximadamente a las 04:00, escuchó muchas detonaciones que pararon hacia las 10:00. Manifestó que hubo “muchos muertos”, que amarraron a la gente y los enterraron en la misma mina. En los enfrentamientos habrían fallecido también guerrilleros, según la testigo. Aseguró haber visto “por todos lados los cuerpos tirados”. “Se calcula que había como 30 muertos, todo eso por recuperar el poder que poder cobrar todo”, agregó.

Los cobros a los que se refiere son las llamadas vacunas, término con el que se conoce a las extorsiones. Los líderes de estos grupos empezaron a exigir regalías a los mineros por sus actividades en la zona a cambio de protección y seguridad hasta salir de Buenos Aires. Cobraban a las tiendas, restaurantes y prostíbulos. Estas vacunas iban entre el 8% y 10% de los recursos que generaban los negocios. Un habitante relató que en una ocasión estos grupos intentaron poner orden en una gallera y en las villas, pero el pueblo hizo un paro de ocho días contra esas medidas.

El poder económico de estos grupos fue visible. Habitantes y autoridades recuerdan la gran cantidad de billetes de 50 y 100 dólares que circulaban en esta región. En las minas incluso se encontraron antenas de telecomunicaciones. “Se notaba que el grupo colombiano tenía un respaldo económico fuerte porque tenían teléfonos satelitales”, dijo una fuente. Esa comunicación avanzada en una zona montañosa les permitía alertar operativos o la llegada de la fuerza pública. Cuando las autoridades arribaban, solo hallaban a las personas que cargaban el material o picaban las piedras.

El ascenso de los ‘comandantes’

La misma testigo explicó a los investigadores que el primer grupo que llegó a controlar las minas era del país vecino y estaba armado. Presuntamente se trataba de la guerrilla colombiana.

De acuerdo a las investigaciones que se dieron a conocer en el juicio, hubo más crímenes. Antes del venezolano había sido asesinado otro hombre, de nacionalidad ecuatoriana con un supuesto parentesco con alias ‘Guacho’. Alias ‘Guacho’ fue un disidente de la guerrilla colombiana y la Fiscalía lo señaló como autor de varios crímenes en la frontera norte.

El ecuatoriano -el primero que llegó a controlar las minas. tenía el alias de ‘el comandante’. Su cuerpo fue extraído de esa mina.  Según los registros judiciales, el venezolano José Javier C.M., alias ‘el doctor’, habría asesinado al ecuatoriano para tomar el liderazgo en la Mina Vieja. Luego contrató a connacionales suyos para su seguridad como Nanyenberth Alejandro F.M. y Anthony de Jesús I.R., conocido con el alias de ‘el árabe’.

El crimen contra el ecuatoriano se conoció en Colombia, dicen los registros judiciales. En los audios del teléfono del colombiano procesado se halló la disposición que recibió para que se traslade a Ibarra y después a La Merced de Buenos Aires. Él cruzó a Ecuador por Lago Agrio, desde el departamento colombiano del Putumayo.

En un audio, que fue encontrado en chats de Whatsapp, el colombiano cuenta que llegó a Buenos Aires para hacerse cargo de un grupo armado y de las labores de inteligencia. Dijo que le estaban pagando muy bien y que necesitaba más personas “para poder trabajar”.

Su grupo asesinó a los tres venezolanos en esa madrugada del 23 de junio, dicen los documentos judiciales. Todos, según un testigo protegido, fueron acribillados con disparos y tuvieron cortes en el abdomen que dejaron expuestos sus intestinos. El grupo armado también pasó el cuerpo de ‘el árabe’ por la polea. Después de enterrar a las víctimas, presentaron al colombiano como el ‘nuevo comandante’ en una asamblea con los mineros que estaban en el sector. A este grupo, una testigo, lo llamó como la “verdadera guerrilla”.

En el juicio, se le atribuyó al colombiano procesado estas afirmaciones que quedaron registradas en otro audio: “Matamos un poco de gente, a usted no se le escapa ni una, como van a mandar a una h... vieja, que lo que nos tocó a nosotros mami fue echar el balín corrido h..., cogimos once fusiles macoco, metras, sacamos manes muertos, matamos un poco de gente”.

En un siguiente audio, el procesado contó que había logrado “coronar la vuelta” y que sacaron a la gente que estaba ahí. Luego de la balacera, el resto de venezolanos se habría fugado a la montaña. El colombiano afirmó que por su buen trabajo lo habían ascendido al grado de ‘comandante’.  En el celular, los agentes hallaron fotografías del victimario vestido como militar, con fusiles y granadas en un chaleco.

Un agente policial sostuvo que en el teléfono del colombiano había más audios de Whatsapp, donde mencionaba haber participado en el enfrentamiento armado y que victimó a diez personas. En otra conversación dice lo siguiente: “Mira ahora están subiendo los militares, nosotros no les podemos echar bala, no podemos hacer nada con ellos, pero tranquila mi amor que todas nuestras cosas están enterradas, todo nuestro armamento ya está oculto”.

En menos de dos años, los mineros ilegales crearon una mini ciudad en la montaña. Usaron madera, plásticos y hojas zinc para sus instalaciones.

Gritos de ayuda

Personal de la Policía llegó a Buenos Aires para investigar los hechos del 23 de junio de 2019. Un agente contó en el juicio que él y su grupo conocieron que esa noche hubo heridos con armas de fuego tipo fusil, además de los venezolanos asesinados.

El policía afirmó que el 4 de julio se procedió al desalojo de las personas que estaban en la Mina Vieja porque, entre los días 1 y 4 de ese mes, se escucharon gritos y pedidos de ayuda. En la madrugada del 3 de julio, según el policía, hubo detonaciones de armas de fuego. Fuerzas especiales del Ejército y de la Policía llegaron hasta esa mina.

Los uniformados levantaron dos cuerpos más en este sector minero, que se encontraban dentro de una piscina de cianuro con los mismos rasgos de violencia que los otros: impactos de bala y cortes en el abdomen. Los uniformados llegaron a esos restos por el mal olor que se desprendía de esa fosa que en principio se creyó que era agua.

Según una fuente reservada, este fue un lugar muy difícil investigar porque los grupos armados eran muy drásticos con las personas que daban la información y asesinaban a quien lo hacía.

El juez de la Unidad Judicial Penal del cantón de Urcuquí condenó al colombiano a 10 años de cárcel por el asesinato del venezolano Nanyenberth Alejandro, según la sentencia escrita emitida el pasado 18 de marzo. También fue procesado por el asesinato de otro de los venezolanos, ‘el árabe’. Pero el pasado 6 de abril, un tribunal lo declaró inocente por no haber suficientes pruebas. En ese caso, los testigos -en su mayoría extranjeros- habían salido del país.

Frente a la Mina Vieja, otra montaña también fue invadida. En total, en este sector del norte del país hubo tres minas ilegales. Los lugares siguen aún deforestados.

El caso de los militares mineros y los resquicios de la ley

Tras el operativo militar y policial de julio de 2019, se abrieron 12 procesos contra 25 personas. Pero por minería ilegal, la Fiscalía abrió más de 50 causas, en los que también estuvieron involucrados militares.

En noviembre de 2019, la Fiscalía reformuló los cargos contra cinco militares -entre cabos, un teniente y un capitán- porque la cantidad de material mineralizado ilegal que transportaban no superaba las 10 toneladas. La Policía había detenido un mes antes a cuatro de ellos, el 14 de octubre, mientras en Quito ocurrían fuertes manifestaciones contra la eliminación de los subsidios a la gasolina. El grupo intentó trasladar 259 bultos de rocas con minerales sin permisos y en un camión militar. El material pesó 10,64 toneladas. Por esa cantidad, la sanción que recibieron correspondió a minería artesanal.

En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) la minería artesanal es sancionada con uno a tres años de prisión. Los otros tipos de minería tienen penas entre cinco a siete años de cárcel. Según la Ley Minera, la minería artesanal es aquella que produce hasta 10 toneladas por día en minería subterránea  de minerales metálicos como es el oro. Mientras que la pequeña minería va hasta las 300 toneladas. De acuerdo a los registros judiciales, la gran mayoría de casos ha sido sancionada por minería artesanal porque los operadores judiciales no tienen la capacidad de bajar la gran cantidad de material de las montañas aledañas a Buenos Aires.

La Policía ha tenido que cargar el material minero para llevar las evidencias a las audiencias de flagrancia. Pero estos no tienen volquetas o ‘camiones bañeras’ para levantar este material rocoso. Sin las suficientes pruebas para los jueces, los procesados han recibido condenas mínimas. “Nos hace falta logística y medios adecuados” para impulsar las investigaciones, dijo una fuente cercana a estas indagaciones.

En los registros judiciales, está la versión de uno de los militares, quien dijo que recibió una orden verbal del capitán José Luis F.P. para que salga en el camión militar desde el coliseo de Buenos Aires hasta el kilómetro 13 de la vía de la misma parroquia. En ese punto, los cuatro militares se encontraron con cinco civiles, quienes preguntaronsi venían de parte del capitán. Un militar les respondió que sí y los hombres -sin decir nada- cargaron los bultos en el camión. Más adelante, en un control policial fueron aprehendidos.

En uno de los dispositivos de los militares, se encontraron chats. Uno de ellos, que tiene como fecha el día de la aprehensión, dice: “Prepara el camión, no digas nada a nadie, vamos a la vuelta, confirma, Tite cómelo más rápido y vamos, tenemos que salir lo más pronto, me copias”. En un audio, según la pericia, el capitán dijo lo siguiente el 25 de septiembre en un chat con otros militares:

Capitán: Cuánto ofrece yo por los 1.000 le pido 40.000.00 como los Ayalas, que dice Chutu, o qué opinan,  de una mi Sub (sic);
Capitán: No se hablen o callen (sic);

En otros chats se registra la siguiente conversación:

Teniente: Se hizo agua, donde pregunta todavía hay la vuelta
Teniente: Mantengan tarde tarde ya llega las dosis, los manes están en Ibarra trayendo dice (emojis de dinero)
Teniente: Se hizo agua esa nota, vienen a decirme que ha pagado a las chapas 5 camiones; Capitán: Simón
Teniente: Manda un stickers que dice ‘estamos jodidos’
Capitán: Sí creo
Policía Ch.: Se nos adelantaron, cállate poco hombre

Sobre este caso hubo poca colaboración de las Fuerzas Armadas. Un investigador de la Unidad de Delitos Mineros contó que su entidad envió un oficio a la Dirección General de Talento Humano de la institución para que indique la fecha que fue asignado el vehículo de uso oficial, quién era el jefe de puesto de mando, y qué servidor militar que estaba a cargo en la parroquia de la Merced de Buenos Aires. Pero no tuvo respuesta.

Tres de los cuatro militares apresados se acogieron al procedimiento abreviado y aceptaron los cargos. Fueron sentenciados a cuatro meses de cárcel, pero como tuvieron prisión preventiva, al momento de la sentencia ya había cumplido ese tiempo, por lo que quedaron libres. Uno de ellos fue absuelto. Mientras que el quinto miembro de esta agrupación es el capitán , quien se encuentra prófugo y tiene llamamiento a juicio. Todos fueron dados de baja.