Este artículo fue publicado originalmente en Latino Rebels

Hay un pueblo donde el sol no duerme desde hace 200 años, donde la vida es un sueño que se cuenta en torno al fogón y al calor de la wayusa. Allí, a media noche el sol toma chicha en mukawa, mientras en el lado oscuro de la tierra, la luna relata los arrebatos amazónicos del astro. Es el pueblo del eterno mediodía, una expresión de civilización originaria que resiste desde siglos al poder del acero postmoderno que busca someter a los tucanes. Son los guerreros wio (hormiga) resistiendo al jabalí. Es Sarayaku (río de maíz), una estrella en la provincia de Pastaza, en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana, donde sus 1300 habitantes, viven de la pesca, cacería, agricultura, recolección y de su interminable alegría.

En un hecho sin precedentes, dos años después de que fuera obligado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a través de sentencia de junio de 2012, el Estado ecuatoriano asume su obligación de ofrecer disculpas al emblemático pueblo kichwa de Sarayaku, por la violación a los derechos humanos cometidos durante la operación petrolera en el bloque 23, a cargo de la Compañía General del Combustibles (CGC). Aunque ese compromiso institucional le correspondería al presidente Rafael Correa, éste ha reiterado que no lo hará. Entre los motivos se podrían contar muchos, en especial que Sarayaku es un pueblo disidente con el extractivismo. La representación oficial en el evento del 1 de octubre de 2014, la asumieron varios ministros y el Procurador del Estado. Las disculpas llegan en momentos en que aún están frescas las amenazas de militarización, y las altisonantes acusaciones de paramilitarismo y secesionismo en contra del Pueblo del Mediodía.

Pero es en el gobierno de Rafael Correa, a decir de la dirigencia de Tayjasaruta, donde la presión del extractivismo y el acoso al pueblo, subieron de tono. Los hechos se cuentan solos: mientras las víctimas (Sarayaku) recibieron del Estado una indemnización USD 1.3 millones, los victimarios, la petrolera CGC obtuvo USD 18.5 millones en el año 2010; además, se suma el "desacato" a la sentencia de la Corte al haber impulsado la XI ronda petrolera y la concesión del bloque 79 a la empresa china Andes Petroleum en territorio Sarayaku, nuevamente sin consulta previa; y, finalmente, los crispados episodios registrados en mayo de 2014, cuando la comunidad debió enfrentar las amenazas gubernamentales de incursión armada, para detener al legislador Cléver Jiménez, al periodista Fernando Villavicencio, y al dirigente médico Carlos Figueroa, protegidos por el pueblo frente al desacato de las medidas cautelares emitidas por la CIDH.Desde el año 1996, en que se concesionó el bloque 23, hasta el 2014, el pueblo de Sarayaku, inspirador del Sumak Kawsay, ha visto desfilar por su territorio –armados de torres petroleras- a ocho Gobiernos, siete de sello neoliberal y uno posneoliberal y autoproclamado socialista . Todos ellos han actuado al ritmo de un similar libreto, en el cual la explotación del estiércol del diablo (petróleo) ha sido el motivo y la razón de su modelo económico.

Historia de una incursión extractiva

Desde los años treinta del siglo pasado, el pueblo de Sarayaku ha sufrido varias incursiones petroleras en su territorio ancestral. La primera fue en 1930, por la multinacional Royal Dutch Shell; la segunda en 1970, a cargo de la compañía norteamericana Amoco; la tercera en 1989, por la transnacional estadounidense Arco Oriente; y, la cuarta, en 1996, encabezada por la argentina Compañía General de Combustibles CGC.

La primera actividad fue la ejecución de sísmica, una de las prácticas más intrusivas contra la biodiversidad. Pese a que el Ecuador ha sido suscriptor de convenios internacionales que prohíben actividades extractivas en territorios indígenas -instrumentos que obligan a realizar consultas a las comunidades- estas compañías ingresaron sin consultar al pueblo. En el caso particular de Sarayaku, desconocieron el título de propiedad colectiva otorgado en el año de 1992 por el Gobierno de Rodrigo Borja.

Resistencia a CGC

En el Gobierno de Sixto Durán Ballén, en el marco de la octava ronda petrolera (agosto de 1996), se firmó el contrato de participación para la exploración y explotación de petróleo en el bloque 23, entre la empresa estatal Petroecuador y la Compañía General de Combustibles (CGC) de nacionalidad argentina. El 85% del mencionado bloque estaba sobre territorio kichwa, del cual más del 60% pertenece al pueblo Sarayaku, el 25% a otras comunidades kichwas, y el 15% restante involucraba a los territorios de los pueblos Achuar y Shuar. Previo a la firma del contrato, no se consideró la obligación de realizar un proceso de consulta y participación a las comunidades.

De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, en los contratos de participación, el riesgo exploratorio lo asume la compañía privada. Esto implica que, si en la fase de exploración no se detectan reservas de petróleo comercialmente explotables, se revierten al Estado todas las áreas concesionadas, sin ninguna indemnización. La misma Ley establece un período de 4 años para la fase de exploración, tiempo que solo podrá ser ampliado por 2 años adicionales, previa justificación calificada por el Ministerio de Recursos Naturales, a esa época de Energía y Minas. Es decir CGC debió concluir la fase exploratoria en el año 2001, y presentar el Plan de Desarrollo, sin embargo, como se verá más adelante, apenas ejecutó un 29% de los trabajos.

Mapa petrolero actualizado de la Amazonia ecuatoriana.

Pese a esta situación, en el Gobierno de Gustavo Noboa, se autorizó la ampliación del período de exploración por 2 años adicionales –ignorando, además, los incumplimientos contractuales ya señalados-. El que la compañía CGC se encontrara inmersa en una condición de inminente quiebra económica y financiera en Argentina, lo cual era suficiente causal de extinción contractual.

Durante el gobierno interino de Fabián Alarcón, la compañía CGC en consorcio con la petrolera San Jorge (luego “Chevron-Burlington”), suscribieron un contrato con la consultora Walsh Environmental Scientists and Engineer, para la realización del Estudio de Impacto Ambiental EIA. En el EIA se dice que “es necesario puntualizar que con excepción de un área donde se nos negó el acceso la mayoría de las regiones fisiográficas y tipos de bosques identificados con las imágenes de satélite fueron visitados durante la visita de campo”. Según información del ministerio de Energía y Minas, el estudio de impacto ambiental no llegó a ejecutarse.

En 1999, en el Gobierno de Jamil Mahuad, CGC subcontrató para el manejo de las relaciones comunitarias, a una cuestionada compañía de servicios petroleros, Daymi Services, la cual ha sido en varias ocasiones acusada de prácticas de desestructuración de comunidades indígenas en la región amazónica. A decir de los dirigentes kichwas, la empresa hizo lo que sabía: cooptar dirigentes de otras comunidades, dividir a las organizaciones y generar enfrentamientos con el pueblo de Sarayaku.

Ya en el Gobierno de Lucio Gutiérrez, noviembre de 2002, frente al ingreso de trabajadores petroleros protegidos por grupos armados, y a la siembra de pentolita (explosivos) para la sísmica, el pueblo Sarayaku se declaró en estado de emergencia. En este contexto la dirigencia desarrolló una campaña de comunicación alertando a la comunidad nacional e internacional sobre los peligros a los que está sometido el pueblo kichwa y exigiendo la salida de la compañía.

Fueron 476 puntos en los territorios de Sarayaku y del pueblo Achuar, donde CGC colocó cargas de pentolita, un explosivo de alto poder. En total existen hasta la fecha 1433 kilos (casi tonelada y media) de explosivos sembrados a 12 metros de profundidad, y una cantidad no determinada en la superficie de la selva, en sus lugares de caza, en sitios donde niños y jóvenes transitan en busca del sustento.

Destrucción de sitios sagrados

Del texto de la sentencia se desprende que en julio de 2003, CGC destruyó al menos un sitio de especial importancia en la vida espiritual de los miembros del Pueblo Sarayaku, en el terreno del yachak Cesar Vargas. Los hechos fueron registrados por el Notario Primero de Puyo en los siguientes términos:

"En el punto denominado PINGULLU, se había destrozado un árbol de aproximadamente veinte metros de longitud por un metro de espesor, cuyo nombre es LISPUNGU. [...] Al caer la noche [...], nos entrevistamos con el anciano shaman Cesar Vargas [...] quien manifestó [...]: Que empleados de una compañía petrolera habían ingresado a su bosque sagrado en Pingullu y destrozaron todos los árboles ahí existentes en especial el gran árbol del Lispungu, lo que le ha dejado sin la fuerza para obtener su medicina para curar las enfermedades de sus hijos y familiares".

De igual forma se advierte que la empresa abrió trochas sísmicas, habilitó siete helipuertos, destruyó cuevas, fuentes de agua, y ríos subterráneos, necesarios para consumo de agua de la comunidad; taló árboles y plantas de gran valor medioambiental, cultural y de subsistencia alimentaria de Sarayaku. Tampoco fue rebatido por el Estado la entrada de helicópteros que destruyeron parte de la denominada montaña Wichu kachi, o “saladero de loras”, lugar de gran valor para la cosmovisión del pueblo Sarayaku. Los trabajos de la petrolera ocasionaron la suspensión, en algunos periodos, de actos y ceremonias ancestrales culturales del pueblo, tales como la Uyantsa, su festividad más importante que tiene lugar cada año en febrero, y la línea sísmica pasó cerca de lugares sagrados utilizados para ceremonias de iniciación de joven a adulto.

La represión a Sarayaku

El 20 de noviembre del 2002, se presentó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo, y el 28 del mismo mes la entidad emitió una resolución, estableciendo las obligaciones de las autoridades civiles y militares de respetar a los habitantes de Sarayaku. Previo e ello, el día 21 de noviembre, la CGC pretendió ingresar por la fuerza a territorio Sarayaku, en ese evento, 25 trabajadores de la compañía fueron expulsados en el sector de Kapawari, Shanshan, Wichucahi, por abrir campamentos sísmicos y cortar abusivamente árboles gigantes. Al día siguiente, la CCG ingresó nuevamente personal al territorio Sarayaku, quienes fueron retenidos por la comunidad.

La Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP), en representación de las 11 asociaciones del pueblo Kichwa, presentó un recurso de amparo en contra de CGC y Daymi Services. El trámite fue aceptado y el Juez convocó a una audiencia pública con la comparecencia de los demandados. En la misma resolución el Juez ordenó que se “suspenda cualquier acción que afecte o amenace los derechos que son materia del reclamo“. Es decir, dispuso la suspensión de las actividades de exploración dentro del Bloque 23.

En franca violación de la resolución de la Defensoría del Pueblo y la providencia del Juez, en diciembre de 2002, CGC ingresó al territorio de Sarayaku a continuar con los trabajos de sísmica, contando para ello con grupos armados y la protección de las Fuerzas Armadas y la Policía, procediendo a la apertura de nuevos campamentos, esta vez en el centro del territorio de Sarayaku, provocando nuevos enfrentamientos con los pobladores. Un hecho doloroso se registró el 12 de enero de 2003, entre comuneros de Pacayaku y Sarayaku que dejó herido de bala a Santiago Santi. Todo esto durante el gobierno de Lucio Gutiérrez.

“No había descanso, vivíamos en estado total de movilización y acecho“, cuentan quienes resistieron en esa época. Fue así que el 25 de enero de 2003, alrededor de veinte y cinco kichwas de Sarayaku llegaron a la base de la petrolera y pidieron a los trabajadores que desalojen su territorio. Entre ellos se cuentan Elvis Gualinga, Marcelo Gualinga, Reinaldo Gualinga y Fabián Grefa, quienes fueron detenidos de forma violenta y agredidos: “los militares nos apuntaron con fusiles y nos amarraron como animales hasta unirnos las piernas y brazos por la espalda“, señalaron.

Según relatan los kichwas, personal de las Fuerzas Armadas atacaron el campamento de Sarayaku, ubicado en el sector denominado Tiotihuallí, Huiracaspi, en la dirección del Río Santiago, la gente de la comunidad fue apresada y posteriormente recluida en la cárcel del Puyo. Según información de los detenidos, los militares ingresaron lanzando bombas lacrimógenas. Las personas que estuvieron en la cárcel cuentan que fueron amarradas y vendadas, para posteriormente ser entregadas al campamento de la CGC y, cuando llegaron allí, fueron insultados y golpeados por parte de personal de CGC, antes de entregarlos a la policía.

Mientras la dirigencia de Sarayaku mantenía una reunión con el presidente Lucio Gutiérrez, el 30 de enero de 2003, el Ejército realizaba otra incursión al territorio indígena, según se registra en la amplia documentación reportada a la CIDH. Algo que hasta hoy la dirigencia de Sarayaku lo logra explicarse es cómo mientras su pueblo era agredido, altos militantes de Pachakutik, ostentaban cargos representativos en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Entre las principales cuotas de poder figuraban: el actual asambleísta de PAIS, Virgilio Hernández, quien fue Subsecretario de Gobierno y Policía; el exalcalde de Quito por Alianza PAIS, Augusto Barrera, en ese entonces Secretario de Planificación y Diálogo de la Presidencia; Doris Soliz, quien ocupó el Ministerio de Turismo; Rodrigo Collahuazo, representante de Gutiérrez al Fondo de Inversión FISE; Fernando Buendía, asesor del Ministerio de Finanzas, entre otros.

Durante este mismo año, el ministro de Energía y Minas, Carlos Arboleda, aceptó el pedido de fuerza mayor solicitado por la contratista, preparando de esa forma el terreno jurídico para los posteriores reclamos de indemnización económica de CGC, petición que finalmente se acordó en noviembre de 2010 bajo la administración del Ministro Wilson Pastor. Arboleda, quien posteriormente estuvo preso en la Penitenciaría del Litoral, fue amnistiado durante el gobierno de Rafael Correa, y desde entonces se presenta como su aliado.

La CIDH, el único camino

Ante la evidente inacción de la justicia nacional, Sarayaku puso la mirada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.  En abril de 2003, la OPIP y la Asociación de Sarayaku, con el apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), y la asesoría de José Serrano Salgado, solicitaron al organismo de la OEA, la adopción de medidas cautelares, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento de la Comisión, para proteger el derecho a la vida, la integridad personal, el debido proceso, la propiedad de la comunidad indígena, así como garantizar la integridad de los dirigentes Franco Viteri, José Gualinga, Marlon Santi y Cristina Gualinga. A esa fecha también estaba vinculado al CDES, Patricio Pazmiño, actual presidente de la Corte Constitucional.

Durante una entrevista realizada en radio La Luna, en octubre de 2003, por Francisco (Paco) Velasco, al entonces asesor jurídico de Sarayaku, José Serrano, éste condenó las pretensiones de militarizar el territorio kichwa, y exigió el respeto a las medidas cautelares emitidas por la CIDH:

PV: ¿A usted le preocupa estas expresiones de Gutiérrez de que va a militarizar la zona?

JS: Definitivamente las últimas declaraciones del presidente durante la inauguración del túnel, Baños-Puyo no solamente amenazan a Sarayaku sino además a todas las nacionalidades indígenas.

PV:  ¿Gutiérrez nombró la palabra Sarayaku?

JS: Si, eso está grabado. El manifestó que llegó a un acuerdo y que la empresa CGC ingresará nuevamente en un programa de exploración petrolera desde diciembre. Y si es necesario ingresará con la fuerza pública. Pero vale mencionar y tener en cuenta que en mayo de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un órgano judicial interamericano, dictó tres medidas cautelares a favor de Sarayaku. Una es que el Estado debe ser responsable de vigilar por la integridad física y síquica de los habitantes y dirigentes de Sarayaku. Otra es investigar las torturas e intentos de violación que se dieron a finales de enero del 2003. Tanto las torturas por parte de militares que ingresaron a la zona que están documentadas, como los intentos de violación por parte de unos empleados de la compañía CGC.

Gobierno de Correa indemniza a CGC

El pueblo de Sarayaku tuvo confianza de que un gobierno como el de Rafael Correa, inspirado en el Sumak Kawsay, un principio florecido en Sarayaku, haría respetar las medidas cautelares y provisionales de la CIDH. Llenos de entusiasmo sus dirigentes, de la mano de la Fundación Pachamama, asistieron a la invitación para la posesión del Presidente revolucionario. El regocijo duraría pocos meses.

Apenas posesionado como ministro de Minas y Petróleos, en septiembre de 2007, Galo Chiriboga Zambrano, junto a su Viceministro José Serrano, visitaron la comunidad de Sarayaku. Allí, entre abrazos y recuerdos de aquellos tiempos en que la chicha fraternizaba la resistencia al gobierno de Lucio Gutiérrez, los dos funcionarios reconocieron las medidas cautelares y provisionales y aceptaron impulsar acciones para “el retiro de la pentolita”. En la reunión, la comunidad también solicitó que se declare la caducidad del contrato con CGC, considerando varios argumentos jurídicos, entre cuales se destacan: violación de los derechos humanos; incumplimiento de la cláusula contractual que obligaba a obtener el permiso de la comunidad antes de ingresar a su territorio; y, vencimiento del plazo contractual en la fase de exploración (agosto 2001).

El destino de Galo Chiriboga en el sector petrolero estuvo marcado. En octubre del 2008, luego de la firma del “mejor contrato de la historia“, con la canadiense Ivanhoe, debió abandonar el cargo y pasar algunos meses fuera del escenario oficial. Le sucedió Derlis Palacios, aunque José Serrano siguió en el cargo de Viceministro hasta agosto de 2009.

En mayo de ese año, desconociendo el compromiso adquirido por Chiriboga, el ministro Derlis Palacios dispuso a CGC el inmediato reinicio de las operaciones en el bloque 23, dentro del territorio Sarayaku. Es decir, retomar las actividades de sísmica en el territorio ancestral del pueblo indígena, pese a contar con medidas cautelares y provisionales de la CIDH y la Corte IDH, respectivamente. En respuesta, la dirigencia indígena aseguró que la disposición de Palacios era arbitraria e inconsulta.

Las disposiciones de Derlis Palacios, de reiniciar las operaciones de sísmica en el territorio indígena, solo quedaron en eso. El gobierno ignoró cualquier posibilidad de caducidad contractual con CGC, por el contrario avanzó en un proceso de acuerdo con los representantes de la compañía, en particular con Gonzalo González Galarza, un nombre que figura en otros contratos, como apoderado y representante de Técnicas Reunidas, Petrobras y Trafigura.

Finalmente, el 19 de noviembre del 2010, apenas a un mes del vencimiento del plazo para el cambio de modalidad contractual de Participación a Prestación de Servicios,  previsto en la reforma a Ley de Hidrocarburos, Petroecuador firmó con la empresa CGC un Acta de Terminación por mutuo acuerdo del contrato de participación del bloque 23, a través del cual se indemnizó a la compañía con USD18.5 millones. Según la Corte Interamericana, el pueblo Sarayaku no fue informado de los términos de la negociación que sostenía el Estado con la empresa CGC, ni de las condiciones en las que se celebró el Acta. Según los términos del Acuerdo, en la cláusula 8.4 las partes (Petroecuador y CGC) “aceptan y ratifican que no existe ningún pasivo ambiental” en el área de concesión atribuible a la contratista. Algo que para la dirigencia de Sarayaku constituye una burla al Ecuador.

Los gobiernos de Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio y Rafael Correa, contaban con argumentos jurídicos de peso para proceder con la terminación del contrato a través de varios mecanismos que le facultaba la Ley de Hidrocarburos, como la nulidad o caducidad. Partiendo de que la compañía CGC hasta el año 2003, en que se aprobó un cuestionado “estado de fuerza mayor“, apenas ejecutó un 29% de los planes de exploración, siendo esta una de las causas de caducidad contractual. Pero, otra razón de peso, era el estado económico y financiero de la compañía, la cual fue sometida a un proceso legal de quiebra en Argentina, como se demostró en la comparecencia del ministro Carlos Arboleda, al Congreso Nacional el año 2003, cuando el entonces legislador de Pachakutik, Ricardo Ulcuango, demostró que CGC era una empresa quebrada, que había violado la normativa nacional y el Convenio 169 de la OIT, por lo que, debía terminarse el contrato de participación.

Garantía de no repetición

La “garantía de no repetición“ es como se denomina en la sentencia de la Corte IDH a la prohibición de que el Estado incurra nuevamente en los delitos sancionados. Esta quedó claramente definida en el fallo. Es más, el Tribunal anunció que fue informado por los demandantes “sobre una convocatoria a una nueva licitación petrolera en el Centro-Sur de la Amazonía ecuatoriana, en las provincias de Pastaza y Morona Santiago. En particular, se alegó que “… en el suroriente de la Amazonía estarían por ser explotados al menos ocho bloques que incluyen la provincia de Pastaza y que la nueva ronda de licitaciones incluiría el territorio de Sarayaku“.

Además, se informó de la firma de un contrato modificatorio en el Bloque 10 con la compañía Agip, cuya área incorpora 80.000 Ha. del bloque 23, el campo Lumbiquiti. “Esto afectaría el territorio de comunidades Kichwas de la cuenca alta del Bobonaza y a la Asociación Achuar de Shaime, así como una porción del territorio de Sarayaku“, señala la sentencia.

Al respecto, la Corte recuerda que el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, al reconocer la responsabilidad del Estado en este caso, manifestó: [...] no habrá explotación petrolera aquí mientras no haya una consulta previa [...] No hay una nueva ronda que se inicie mientras no haya una consulta informada. [...] no vamos a hacer ninguna explotación petrolera a espaldas de las comunidades, sino con el diálogo que habrá en algún momento, si es que decidimos iniciar la explotación petrolera [...] aquí. No va a haber ningún desarrollo petrolero sin un diálogo abierto, franco; no un diálogo hecho por la petrolera, como siempre se ha acusado. Nosotros hemos cambiado la legislación para que los diálogos sean desde el gobierno y no desde el sector extractivo [...].

Respecto a este punto, la Corte dispuso que como garantía de no repetición: “… en el eventual caso que se pretenda realizar actividades o proyectos de exploración o extracción de recursos naturales, o planes de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que impliquen potenciales afectaciones al territorio Sarayaku o a aspectos esenciales de su cosmovisión o de su vida e identidad culturales, el Pueblo Sarayaku deberá ser previa, adecuada y efectivamente consultado, de plena conformidad con los estándares internacionales aplicables a la materia“. Una disposición que ha sido ignorada por el Gobierno, según lo señala Patricia Gualinga, dirigente de Sarayaku.

El bloque 79 es parte de los 13 bloques petroleros en proceso de concesión dentro de la XI ronda petrolera. En el marco de este proceso, en el 2012 se decretó el “Reglamento para la Ejecución de la Consulta Previa Libre e Informada en los Procesos de Licitación y Asignación de Bloques Hidrocarburíferos”, conocido como Decreto 1247. Según el gobierno este decreto cumple con la reparación que ordena la Corte Interamericana, sin embargo Viviana Kristicevic, directora ejecutiva de CEJIL, sostiene que el mismo no cumple con los estándares establecidos por la Corte, además de no haberse garantizado la participación de las comunidades. Para Mario Merlo, abogado de Sarayaku, la consulta previa por tratarse de un derecho debería estar regulada por una ley y no por un decreto.

La XI ronda atraviesa por una serie de inestabilidades técnicas, económicas y jurídicas. Aunque el gobierno pretenda responsabilizar de su fracaso a la Fundación Pachamama, y a la dirigencia de Sarayaku, hay complicidades que afloran desde adentro. A saber, el arquitecto de la política petrolera del régimen, Wilson Pástor, acudió al confesionario y reconoció ser el autor de los fracasos. En una carta remitida a Rafael Correa el año 2013, enlistó sus errores: el proceso fracasó por la ausencia de reservas comercialmente explotables; por la presencia de crudos pesados y extra pesados; la falta de oleoductos para la evacuación; por un modelo de contrato de prestación de servicios incompatible con la realidad petrolera internacional; y, por varios litigios judiciales con la mayoría de petroleras. Sin embargo, el régimen centralizó las culpas sobre los sectores ambientalistas, en una auténtica vendetta judicial y política.