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12 de Noviembre del 2018
Investigación
Lectura: 14 minutos
12 de Noviembre del 2018
Redacción Plan V
Sinaloa y sus hilos en la justicia de Ecuador

Foto Prensa Libre: Hugo Oliva

Esta avioneta, capturada en Guatemala en octubre de 2017, salió de Ecuador cargada con 382 paquetes de droga. La aeronave tuvo un despefecto y cayó en Jutiapa. Los pilotos eran mexicanos. 

Una fiscal de Manabí buscó beneficiar a un organización de narcotráfico vinculada al cartel de Sinaloa. Para ello les cambió el delito y con eso los procesados buscaron acogerse al procedimiento abreviado para rebajar su pena a menos de tres años. Este fue el mismo método usado por la banda de alias Gerald, conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano, también con nexos con Sinaloa. Junto con la fiscal está siendo procesada una jueza y dos funcionarios judiciales. Pero su proceso ha sido dilatado y enviado de una corte a otra.

Las pistas que dejaron dos avionetas

La retención de una avioneta en Guatemala fue el primer eslabón de una serie de investigaciones que llevaron a una organización de narcotráfico vinculada al cartel mexicano de Sinaloa. La banda enviaba grandes cantidades de droga a México y Centroamérica desde Manabí, El Oro y Guayas. Pero dentro de esa red están involucrados además una fiscal, funcionarios públicos y una jueza.

Los agentes guatemaltecos encontraron, el 8 de octubre de 2017, 382 paquetes abandonados en una aeronave de matrícula N6621 y de bandera estadounidense. Un desperfecto había obligado a aterrizar al piloto en una finca en el departamento guatemalteco de Jutiapa y su tripulación -que había huido- fue capturada más tarde. La avioneta procedía de Ecuador y los pilotos eran mexicanos.  

El 8 de octubre de 2017, dos mexicanos fueron detenidos por la Policía guatemalteca en Jutiapa acusados de narcotráfico.  Piloteaban una aeronave cargada de droga procedente de Ecuador. Foto Prensa Libre/PNC


Estos fueron los paquetes envueltos en sacos de yute hallados en la avioneta que cayó en Guatemala. Foto Prensa Libre: Hugo Oliva

Dos meses después, en el cantón manabita de San Vicente, agentes policiales sorprendieron a nueve personas mientras éstas cargaban 580 kilos de cocaína en una avioneta, en el aeropuerto Los Perales de San Vicente. Eran ecuatorianos, colombianos y mexicanos. Los narcotraficantes, según la Policía, usaban pistas legales e ilegales de Guayas y Manabí para enviar la droga.

Para llegar a esas detenciones fueron necesarios siete meses de investigaciones. La Policía había interceptado los teléfonos de los líderes de la banda; el principal era Robinson A., investigado en Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de dinero. Así, los agentes supieron de ese envío de droga, el 2 de diciembre a las 15:00, con destino a México. La investigación de ese caso le correspondió a la fiscal de San Vicente, Angélica V.

Mientras el caso avanzaba, los agentes siguieron escuchando a los líderes de la banda. Ellos no fueron capturados en el operativo de diciembre. Todo lo habían organizado por teléfono porque los líderes “no se ensucian”, dijo a Plan V una fuente vinculada a las investigaciones. En las escuchas, los líderes se preguntaban cómo podían ayudar a los miembros de su organización que habían sido capturados.

Estas interceptaciones fueron a Robinson A., que operaba desde Guayaquil, y a su mano derecha, Víctor Hugo E., quien le informaba de sus gestiones para ayudar a los detenidos. En esas conversaciones, Víctor Hugo E. mencionó que ya “habían arreglado con la fiscal” y que supuestamente habían acordado un pago de 200.000 dólares para ella y 50.000 para la jueza de Garantías Penales del Cantón Sucre, Ana P.

Hubo cuatro acuerdos entre los narco y las operadoras judiciales que -después de revisar el expediente- efectivamente se cumplieron, según la misma fuente reservada. El primero: uno de los nueve detenidos en su versión iba a dar nombres de dos personas que supuestamente se harían pasar por quienes los habían contratado.

La Policía había interceptado los teléfonos de los líderes de la banda; el principal era Robinson A., investigado en Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de dinero.  Así, los agentes supieron de ese envío de droga, el 2 de diciembre a las 15:00, con destino a México.

La segunda: que la fiscal iba a llamar a declarar a estas personas y que uno de ellos se iba a echar la culpa. Esa persona, considerada más tarde por la Fiscalía como testigo falso, se acercó por su propia voluntad a declarar sin que haya sido convocada por la fiscal del caso, algo que causó sorpresa a los agentes. En su comparecencia, en compañía de una abogada, el testigo dijo que él había contratado a los detenidos. Según su versión, los nueve contratados no sabían que era un cargamento de droga. A su vez, en las escuchas entre los líderes de la banda, el plan contemplaba también que el testigo dijera que tenía cáncer terminal.

En el tercer punto del plan entraba el papel de la fiscal. Ella iba a reformular los cargos a los procesados con esa versión. Efectivamente eso pasó. Los procesados inicialmente habían sido acusados por tráfico de drogas a gran escala (con penas entre 10 y 13 años). Pero la fiscal les cambió el delito a producción de drogas (con penas entre 7 y 10 años). Esa modificación les permitía a los detenidos acogerse al procedimiento abreviado. Esta es una figura a la que se solo se pueden acoger los acusados por delitos con penas de hasta 10 años de cárcel. Bajo esta modalidad, el acusado acepta los hechos y se le garantiza la rebaja de al menos un tercio de la pena. Con ello la condena podría llegar a solo 3 años. En el caso de alias Gerald, conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano con nexos con Sinaloa, también fue usado el procedimiento abreviado para beneficiar a su banda.

Tras la reformulación de los cargos, fiscales del Guayas y agentes policiales emprendieron el el operativo Impacto 43 entre el 30 y 31 de enero de 2018. Fue detenida la fiscal y cuatro funcionarios de la Dirección General de Aviación Civil de Manta y San Vicente. Estos últimos, según la Policía, facilitaron a la organización la logística para la llegada de varias aeronaves a plena luz del día, abastecidas con cocaína y enviadas a México.


Detalle de los resultados del operativo Impacto 43. Los agentes se decomisaron dos avionetas y detuvieron a 15 personas. 

También se capturaron a los dos líderes: Robinson A. y Víctor Hugo E., que junto con la fiscal Angélica V. fueron procesados por asociación ilícita. Esta detención frustró el cuarto punto del plan: solicitar el procedimiento abreviado para todos los procesados. Finalmente, un nuevo fiscal en este caso pidió la nulidad de esa reformulación.

Una jueza también involucrada

Una vez detenida la fiscal, las investigaciones también apuntaron hacia la jueza que aprobó la reformulación de los cargos de los procesados. Ana P., jueza de Garantías Penales del Cantón Sucre, fue llamada a declarar. Para los investigadores era extraño que el nuevo delito sea producción de droga, que se debe justificar con la existencia de algún laboratorio o con un lugar donde se esté produciendo la droga. Pero la droga decomisada estaba lista para su exportación.

Además la solicitud para la audiencia de reformulación de cargos fue calificada por la jueza el mismo día que llegó; asimismo convocó a la diligencia para el siguiente día. La ley manda que las audiencias deben notificarse mínimo con 72 horas de anticipación. La audiencia fue convocada para el 22 diciembre de 2017, día en que Ana P. terminaba sus funciones como jueza encargada de la Unidad Judicial Penal de Sucre. En su defensa en la Fiscalía, dijo que ella no sabía de ese expediente sino que su ayudante le había dicho que convoque pronto a la audiencia. La ayudante lo negó, según las versiones que reposan en la Fiscalía.


En el aeropuerto de Perales, en San Vicente, se hizo una rueda de prensa para informar los resultados del operativo Impacto 43. 

Cuando fue detenido el líder de la banda, Robinson A., le fue decomisado su celular. Este fue revisado por los agentes y allí se encontró una conversación de whatsapp de él con su abogado, Xavier N. En esos chats consta la imagen de una servilleta que decía “300.000, 200.000 FISCAL REFORMULACIÓN, 50.00 JUEZ ES PARA ACEPTAR REFORMULACIÓN Y PARA CAMBIO DEL DELITO, 50.00 tema de vinculaciones”, según fuentes de inteligencia policial a las que Plan V consultó. Con ese indicio, la Fiscalía Provincial del Guayas solicitó la vinculación de la jueza, del abogado Javier N., del secretario de la fiscal y de la abogada del testigo falso, Johanna del P. El abogado Javier N. negó haber ofrecido dinero a la fiscal y a la jueza.

Pero entre los indicios que recopiló la Fiscalía están las escuchas telefónicas, los exámenes periciales al teléfono del líder de la banda donde se hallaron chats y fotos de los documentos que enviaba la fiscal Angélica V. para pedir el cambio de delito, informes de cotejamiento de voz, un informe técnico con el que se confirman los vínculos telefónicos entre los procesados, un informe de los movimientos financieros, entre otros.

Según un investigador del caso, solo la fiscal Angélica V. fue destituida por faltar a su trabajo. Mientras que la jueza Ana P. sigue en su despacho. El Consejo de la Judicatura aún no responde un pedido de información al respecto. 

Por el fuero de la jueza, este caso subió a la Corte Provincial del Guayas. La jueza encargada dictó la prisión preventiva contra los involucrados. Pero los abogados apelaron en la misma audiencia. “Al hacer eso la jueza está obligada a enviar el proceso a otra sala de jueces de la misma Corte y ellos resuelven la apelación. Pero la apelación no suspende la prisión preventiva. Pero la jueza terminada la audiencia dijo que no firmará las órdenes porque los abogados apelaron. La audiencia fue antes de un feriado largo y después de esos días firmó la prisión el titular de la Corte. Pero el Presidente de la Corte les concedió una caución por 4.632 dólares”, relató una fuente reservada que estuvo en esa audiencia.

La caución es una garantía que se deja ante el juez y puede ser una prenda, una hipoteca o  dinero para que el procesado pueda salir en libertad y el juez esté seguro que el procesado esté presente en todo el proceso penal. Según un investigador del caso, solo la fiscal Angélica V. fue destituida por faltar a su trabajo. Mientras que la jueza Ana P. sigue en su despacho. Plan V pidió al Consejo de la Judicatura información sobre la situación laboral de las procesadas, pero aún no emite una respuesta. Los líderes de la banda Robinson A. y Víctor Hugo E. están presos.

Fuentes vinculadas a la investigación, que pidieron el anonimato, sostienen que las presiones llegaron hasta el Consejo de la Judicatura y altos funcionarios de esa entidad habrían supuestamente respaldado las decisiones judiciales. En el sistema judicial se observa además que la audiencia preparatoria de juicio fue postergada 10 veces. Finalmente, se realizó el 29 de agosto pasado en la Corte de Justicia del Guayas. Pero ese día el presidente de la Corte, el juez Gabriel Manzur,se inhibió de continuar conociendo y envió el expediente a la Corte Provincial de Justicia de Manabí. En su resolución, el juez Manzur dijo: “Debo indicar que a criterio personal el juzgador, a quien recaiga la competencia de este proceso deberá observar las presuntas nulidades que podrían existir presentes en el desarrollo de este proceso, ya que el suscrito se ve imposibilitado de declararlas por haberme inhibido del mismo”.

De esta forma el expediente fue a la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Pero su presidenta, la jueza Laura Sabando, también se inhibió y devolvió el proceso a Guayas. “La competencia se encuentra radicada en la ciudad de Guayaquil, lugar donde presuntamente se habría cometido el hecho investigado, correspondiéndole al señor Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas sustanciar y resolver la presente causa”. El expediente, de 15 cuerpos, regresó al Puerto Principal el pasado 8 de noviembre. Hasta el momento aún no se convoca a audiencia preparatoria de juicio y este caso está por cumplir nueves meses desde que fuera anunciado como uno de los operativos antidrogas más importantes del país.

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