En agosto de 2013, un portal de noticias casi desconocido llamado Amazónica Willay subió a la red esta información: “La agencia de estrategias digitales Ximah Digital S.A. agrega una nueva división a sus servicios: IMS Social Twitter en Ecuador, tras concretarse su alianza con la trasnacional IMS Internet Media Services. De este modo, Ximah será representante y soporte exclusivo de Twitter en nuestro país, y a través de IMS Social ofrecerá al mercado la suite publicitaria de los Productos Promocionados, de una forma rápida, fácil y efectiva”.

Amazonicawillay.com es un dominio que esta registrado a nombre de Juan Carlos Vásconez, socio de Ximah Digital. Lo que no decía la nota es que Ximah era uno de los ángulos en un esquema empresarial vinculado con sectores de poder en el Gobierno de Rafael Correa y con funcionarios públicos (a la fecha de los contratos) para participar y ganar en procesos de contratación pública.

¿Qué es Ximah? Es una empresa publicitaria que no ha estado ajena a los escándalos: el 24 de julio de 2014, después de que varias cuentas de Twitter críticas con el Gobierno fueron cerradas sin mayor explicación, el activista opositor Carlos Vera, @carlosverareal, confrontó a Vázconez e interrogó sobre los nexos de Ximah con cuentas troll identificadas con el Gobierno como @elpatriota.  El 5 y 6 de septiembre, un hacker destapó que Vásconez y personal de Ximah eran los administradores en Facebook de la cuenta El Patriota. Vásconez admitió a través de su cuenta de Twitter (@JCVascones) que Ximah creó la fan page y justificó esta acción, al tiempo que llamaba a denunciar a los trolls.

La empresa se constituyó en el 2011 con un capital de USD 800. En 2011 y 2012 pagó USD 10 000 en impuesto a la renta. En el 2013 la empresa dio un salto y registró USD 981 199 de ingresos, declaró USD 21 302 de impuesto a la renta y USD 10 549 de impuesto a la salida de capitales, esto según registros de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Hasta inicios de septiembre del 2014, Ximah había pagado por salida de capitales USD 41 714, lo que significa envíos al exterior por USD 83 4280.

Eran grandes tiempos para Ximah y sus socios: no sólo habían logrado convertirse en los representantes en el Ecuador de Twitter, sino que eran parte activa de la campaña de promoción turística más potente que alguna vez hubiera lanzado el Estado ecuatoriano, “All you need is Ecuador”, con un costo de USD 19 millones.

El 1 de abril de 2014, el diario oficialista El Telégrafo publicó la nota  “All you need is Ecuador, una producción 100% local” donde se identifica a Vásconez, como gerente de la empresa que puso en redes sociales la campaña insignia de Vinicio Alvarado, hombre fuerte de Correa, en su paso por el Ministerio de Turismo.

El Telégrafo se quedó corto. “All you need is Ecuador” no fue ni el primero ni el último trabajo en campañas digitales que realizó Ximah para el Ministerio de Turismo y otras instituciones del Estado como el Ministerio de Comercio Exterior. Aún más: Juan Carlos Vásconez, estrella en ascenso del mercadeo digital, empresario que aparecía hasta inicios de septiembre como accionista en seis empresas (tres activas, dos en disolución y una inactiva) y nexos políticos, era un frecuente contratista del Estado con Ximah Digital y con otras empresas publicitarias como Publiélite y Mercamáxima.

Todas estas empresas forman un entramado de accionistas, negocios y nexos familiares con exfuncionarios de este gobierno dónde siempre ganan los mismos al momento de montarse en un carrusel de contratación pública. Pero Ximah Digital tiene un segundo socio. Su nombre es Javier Sarmiento Fierro. Y aquí aparece la cuarta empresa: Prosigns, compañía gerenciada por la esposa de Sarmiento, María Paola Ampuero.

El hermano de Javier Sarmiento, Rafael Isidro, fue secretario técnico de la Comisión Estratégica de Marcas de la Secretaría de la Administración Pública, entre junio de 2012 y julio de 2013, y viceministro de Producción del Ministerio de Turismo (de julio de 2013 a junio de 2014) durante la administración de Vinicio Alvarado en esa cartera de Estado. En esta calidad, Rafael Isidro Sarmiento participó en al menos dos procesos de contratación, en los cuales fueron invitadas las empresas de su hermano y de su cuñada.

Prosigns, Publiélite, Mercamáxima y Ximah Digital se turnaron para participar en, al menos, cuatro procesos de contratación para campañas digitales con el Ministerio de Turismo. Prosigns fue invitada a estos cuatro procesos. Dos veces compitió contra Ximah y Mercamáxima. Mientras que Ximah apareció en dos procesos y en los otros dos, Publiélite.

Los cuatro contratos, que se celebraron bajo el régimen especial de la Ley de Contratación Pública, se repartieron y cada empresa se quedó con uno de ellos. Ximah se llevó el de la “Campaña digital a través de la red de becarios” por un monto de USD 128 000. El contrato fue firmado el 20 de diciembre de 2013 y debía ser ejecutado hasta el 31 de ese mismo mes. Fueron 11 días de trabajo. En la Comisión Técnica de calificación actúo Rafael Isidro Sarmiento, hermano del socio de la empresa ganadora.

En otro proceso también de diciembre de 2013, Prosigns se enfrentó con su fraterna Publiélite y con Mediterráneo Comunicación, la única empresa fuera del grupo que aparece en el historial de los contratos revisados. ¿El resultado? Adjudicación para Prosigns. Esta vez, el contrato fue para la “Campaña online ecuatorianos en el exterior” por un monto de USD 263 500. Prosigns fue aún más afortunada que Ximah: El contrato fue firmado el 20 de diciembre de 2013 y se extendió asimismo hasta el 31 de ese mes. Es decir, Prosigns obtuvo ingresos diarios por casi USD 24 000 mientras duró el contrato. Aquí, el entonces viceministro Sarmiento participó del proceso hasta antes de firmar el acta de calificación de la oferta.

Para el contrato con el monto mayor fueron invitadas: Publiélite, Mercamáxima y Prosigns. Fue el turno de Publiélite para hacerse cargo de la asesoría, gestión y servicios publicitarios digitales del Ministerio de Turismo por un monto de USD 1 160 714. El contrato fue firmado el 13 de junio pasado y debe ejecutarse hasta el próximo 30 de noviembre. En otras palabras, Publiélite, cuyos socios son Juan Carlos Vásconez y su pareja Odile Castro Febres Cordero, obtuvo ingresos por USD 232 142 mensuales.Mercamáxima obtuvo otro récord: la “Campaña digital para promocionar Ecuador durante dos partidos de la Selección”, durante el mundial Brasil 2014, por un monto de USD 34 553. Fue un contrato cuyo eje fueron los 180 minutos de los partidos contra Honduras y Francia. En tres horas, esta empresa obtuvo ingresos que podría tomar tres años a una familia media ecuatoriana cuyo promedio de ingresos anual es de USD 10 000. Cabe anotar que la duración total de este contrato fue de tres meses, hasta septiembre de este año, aunque no se especifican actividades a ser desarrolladas después de los partidos de Mundial.

Pero el Ministerio de Turismo no fue el único con el que estas empresas construyeron el carrusel. La cartera de Comercio Exterior también invitó a Prosigns, Mercamáxima y Ximah a participar de un proceso de contratación. El servicio requerido fue el desarrollo, la evaluación y la difusión de la estrategia online de esta cartera de Estado. El monto fue de USD 399 500. La empresa que presentó la única oferta fue Ximah, por lo que se le adjudicó el contrato el 3 de junio de 2014. El plazo de la ejecución fue un año desde la suscripción del contrato. Asimismo, el 24 de julio pasado se adjudicó un contrato por USD 200 000 a Prosings para la estrategia de comunicación digital de la marca “Ecuador ama la vida”. A este proceso fueron invitadas además Publiélite y la empresa Bluetrust.

Plan V solicitó una entrevista a Vásconez desde el pasado 30 de septiembre a sus correos institucional y personal, y por teléfono a sus oficinas en Guayaquil, sin ninguna respuesta hasta el momento. También pidió entrevista con Javier Sarmiento, por teléfono y al correo personal de su secretaria, que tampoco fue respondido. Al secretario de la Administración Pública y ex ministro de Turismo, Vinicio Alvarado, también se le solicitó una entrevista por correo, que de igual manera no fue atendida. A los tres se les envió los cuestionarios de preguntas (Estas fueron las preguntas no contestadas). Los pedidos de entrevista a los directores de Comunicación de los ministerios de Turismo y Comercio Exterior no reciben una respuesta aún. Pero el Ministerio de Turismo, a través de un pedido con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), entregó los contratos que se adjuntan en esta publicación. Rafael Sarmiento no fue localizado.

¿Se incumplió con la Ley de Contratación Pública?

La comunicación es uno de los nueve tipos de contratación que están bajo "régimen especial" de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).  En el artículo 2, numeral 3 de esta Ley, vigente desde el 2008, se establece que estos contratos están sometidos a una “normativa que para el efecto dicte el Presidente de la República en el Reglamento General de esta ley”. Así, estos procedimientos quedaron sujetos a la voluntad del Presidente, encargado de normarlos o modificarlos a través de un Decreto Ejecutivo, que es el instrumento normativo por el cual se expide un Reglamento General a una ley.

El reglamento establece que para los contratos de servicios o productos de comunicación social, la entidad contratante puede hacerlo bajo dos modalidades: contratación directa o proceso de selección. Bajo esta última modalidad, la entidad tiene la facultad de invitar directamente a mínimo tres empresas y máximo a cinco. De esa manera fueron convocadas Ximah Digital, Prosings, Mercamáxima y Publiélite. Sin embargo este no es el único elemento que se debe considerar en la materia. La Ley, en su artículo 63 numeral 3, establece como inhabilidad para celebrar un contrato que participen del mismo “los miembros de directorios u organismos similares o de la Comisión Técnica de la entidad convocante, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”. Rafael Isidro Sarmiento, viceministro de Promoción del Ministerio de Turismo de entonces, participó en dos procesos.

En el numeral 4, del mismo artículo, la Ley establece que no podrán celebrar contratos con la entidad contratante “los funcionarios, servidores o empleados que hayan intervenido en la etapa precontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieren resultar favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como las personas jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho en las que los indicados funcionarios, servidores o empleados, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad tengan participación, aún en el caso de que los referidos funcionarios, servidores o empleados hubieren renunciado a sus funciones”. Y añade que “si se comprobare la intervención de un oferente inhábil, éste quedará eliminado del respectivo proceso precontractual, sin derecho a reclamo alguno”.

El Artículo 64 habla de los “Contratos Celebrados contra Expresa Prohibición” y dice que “si se celebrare un contrato contra expresa prohibición de esta Ley, la máxima autoridad de la Entidad Contratante podrá declarar en forma anticipada y unilateral la terminación del contrato, sin que proceda reconocer indemnización alguna al contratista”. Por último señala que “si la celebración del contrato causare perjuicio económico a la Entidad Contratante, serán responsables solidarios el contratista y los funcionarios que hubieren tramitado y celebrado el contrato, sin perjuicio de la sanción administrativa y penal a que hubiere lugar”.

Para el abogado y experto en derecho público, José Suing, la LOSNCP tiene una deficiencia: los organismos de control no acompañan las contrataciones desde su inicio. “Los organismos de control intervienen en hechos consumados, en contratos ejecutados. Y ya cuando las cosas están dadas y no se pueden generar alertas tempranas como tenía el sistema anterior”. Antes de los cambios a la ley en el 2008, según recuerda Suing, la Contraloría debía aprobar los documentos precontractuales, lo que generaba demoras. Ahora “se ganó agilidad pero se perdió control en momentos cruciales del proceso”.

ANÁLISIS

“Contraloría es la llamada a determinar 
si hubo perjuicio para el Estado”

Ramiro Aguilar, asambleísta nacional 

"Se evidencia un enorme conflicto de intereses entre el funcionario que dispone la contratación y las empresas beneficiadas de los contratos porque resulta que hay vínculos de parentesco entre los accionistas de las empresas y los funcionarios que participan en los procesos de adjudicación.

"No hay que echarle la culpa al proceso de adjudicación o al régimen normativo. Hay que echarle la culpa a la ética del funcionario que está realizando este tipo de contratación, en el escenario ideal, de que no haya habido perjuicio al Estado.

Porque si hubo perjuicio al Estado, el ente encargado para determinar si hubo o no perjuicio, después de un proceso de auditoría, es la Contraloría. Nadie podría asegurar que hay un perjuicio al Estado sin que no exista antes un examen especial de la Contraloría.

"Obviamente las relaciones de parentesco que están allí que son públicas y que además existen, evidencian una falta total de ética en el proceso de adjudicación. Y ¿cómo se valora el comportamiento ético de un funcionario? Es a través del juzgamiento de su responsabilidad política y quien juzga esta responsabilidad es la Asamblea a través de la facultad fiscalizadora que le concede la Constitución".

Lea la segunda entrega de esta investigación: La movida de las cifras digitales

*AGNI es la agencia de distribución de contenidos de Plan V.