En dos celulares de miembros de una banda vinculada a Sinaloa en Ecuador, los agentes encontraron imágenes de manuscritos con estos mensajes: “50.000”, “3.000 Secretario”, “1.500 policía Piedra”, “15.000 peritos”, “5.000 vinculado”. En otro texto se lee: “300.000”, “200.000” “fiscal reformular” ,“50.000 juez es para aceptar reformulación y para cambio de delito”, “50.000 tema de vinculaciones”. Ambas imágenes fueron parte de las pericias que presentó la Fiscalía para acusar a ocho personas, entre ellas una exfiscal y una exjueza de Manabí. 

Este proceso lleva más de dos años de disputas legales en los más altos tribunales del país. Solo para la audiencia preparatoria de juicio, los abogados retrasaron el proceso en una docena de ocasiones. Ni la Corte de Manabí ni la del Guayas querían hacerse cargo del proceso (ver apartado más adelante). Recién el 12 de diciembre pasado empezó el juicio. Pero el mismo día se suspendió y se reanudó un mes y medio después, el 3 de febrero. Para los agentes antinarcóticos este es un caso emblemático, pues lo que se discute no es nada menor: la supuesta entrega de 300.000 dólares a las dos funcionarias judiciales y a un secretario de fiscales por parte de organización con nexos con el más importante cartel mexicano, Sinaloa.

Y el detalle de esos montos fueron encontrados en celulares de los narcos. Uno de esos celulares pertenecía a Robinson A.Y., el líder de la organización. Era investigado en Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de dinero. Nueve miembros de su banda fueron capturados el 2 de diciembre de 2017. Ocurrió mientras la banda pretendía enviar 582 kilos de cocaína desde el aeropuerto Los Perales, ubicado en el cantón San Vicente de Manabí. Allí estaba una avioneta tipo Cessna, con bandera mexicana, cargada con la droga. Seguimientos por siete meses permitieron a los agentes de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos (UIAN) dar con los narcotraficantes y frustrar el envío. La banda fue sentenciada a 17 años y 4 meses de cárcel en  el 2018.

 Pero la captura de Robinson A.Y. recién se dio dos meses después. Como sus comunicaciones habían sido interceptadas, la Policía pudo conocer sobre sus planes. En la Fiscalía se le abrió una investigación por asociación ilícita donde fueron involucradas las funcionarias judiciales. La exfiscal Angélica B.V. y la exjueza Ana P.R. fueron señaladas por la Fiscalía por supuestamente recibir dinero para beneficiar al grupo de narcotraficantes detenido en diciembre. 

Angélica B.V. fue capturada el 31 de enero de 2018 en el mismo operativo que dio con el paradero de Robinson A.Y. Angélica B.V. fue la fiscal a cargo del caso de la avioneta de Perales. Ella cambió el delito, según las investigaciones, para que los detenidos tengan penas mínimas. Primero los acusó de tráfico de drogas a gran escala (con penas entre 10 y 13 años) y luego por producción de drogas (con penas entre 7 y 10 años). Esa modificación les permitía a los detenidos acogerse al procedimiento abreviado y salir en 3 años de la cárcel. 

Pero también al despacho de la exfiscal se presentó un testigo falso quien, en compañía de la abogada Johana del P., se echó la culpa y dijo que los nueve detenidos con la avioneta no sabían que lo que había allí era droga. El testigo falso tenía cáncer y murió en la cárcel antes del juicio. Juan Vizueta, abogado de Johanna Del P., dijo en el juicio que se está criminalizando el ejercicio profesional. 

El Consejo de la Judicatura destituyó, el 19 de marzo de 2018, a Angélica B.V. como fiscal del cantón San Vicente. Eso por haber abandonado su lugar de trabajo por más de tres días laborables consecutivos injustificados en un mismo mes. La exfiscal no acudió a su trabajo ya que fue detenida mientras atendía una audiencia pública. Angélica B.V. presentó un recurso de hábeas corpus para salir de prisión, que le fue negado. 

Pero la exfiscal ha enfrentado el proceso penal en libertad, desde que pagó USD 4.632 como caución dos meses después de su aprehensión (ver más adelante El paso del juez Manzur). En la universidad Uniandes está un registro de febrero de 2019 de su proyecto de examen complexivo para magíster en derecho penal y criminología. Su tema fue la conciliación en delitos de violencia psicológica contra la mujer y miembros del núcleo familiar y la rehabilitación social del infractor. Es parte de la Asociación de Mujeres Abogada del Ecuador, filial Santo Domingo. En la audiencia preparatoria de juicio, del 16 de julio de 2019, ella se acogió al derecho al silencio. En el juicio, ella aún no da su testimonio. 

Así como la exjueza Ana P.R. Ella fue vinculada al caso el 27 de abril de 2018. Se le dictó orden de prisión. Según la Fiscalía, durante las investigaciones se explotó la información de teléfonos celulares donde se  evidenció que les mencionaban. La presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas (S), Dora Moreano Cuadrado, señaló que el actuar de la jueza y de los procesados puso en entredicho la administración de justicia. 

Ana P.R., en su calidad de jueza encargada, convocó a la audiencia del proceso por narcotráfico un día antes de que su encargo terminara. Un apuro innecesario, según la Fiscalía, pues aún había tiempo para convocar a la audiencia con anticipación.  Además mantuvo en reserva el caso, un proceso donde no había necesidad de hacerlo. 

Pero la exjueza también salió libre al mes de su detención. Sobre ella, el Consejo de la Judicatura fue hermético en dar información. Una vez que se hizo público ese caso en 2018, Plan V pidió información al Consejo para que confirme si ella seguía en sus funciones y las circunstancias de una posible sanción. El 15 de noviembre de ese año llegó una contestación donde se explicaba que la funcionaria tenía un sumario administrativo y una suspensión por 30 días. “Esta decisión ha sido apelada por la sumariada ante la Dirección General del Consejo de la Judicatura; y en consecuencia, se encuentra en funciones hasta tanto no esté en firme la sanción impuesta o sea revocada la misma”, se indicó. 

Pero la Judicatura no contestó por qué fue sancionada la exjueza. Según la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura esa información era reservada aunque el pedido era información de su situación laboral como funcionaria judicial.

Ana P.R. -quien fue candidata a diputada por Manabí en el 2002 por el Partido Libertad- fue destituida, según lo informó su defensa en la audiencia preparatoria de juicio. De hecho tiene previsto usar ese documento como prueba porque la sanción, dijo su abogado, es “solo por haber convocado audiencia”. Otras pruebas que presentarán sus abogados son los certificados de honorabilidad y de la Judicatura, así como sus notas de evaluación, las solicitudes de diligencias de la exfiscal y los movimientos financieros de sus cuentas. 

La información que remitió la Unidad de Análisis Financiero demostró transacciones bancarias de grandes sumas de dinero en las cuentas de los procesados en especial de Robinson A.Y. y Víctor E.H., según contó una fuente vinculada a las investigaciones. No se encontraron cuentas bancarias relacionadas con los depósitos de los dineros mencionados por los procesados. Sin embargo, de las pericias al equipo telefónico de Robinzon A.Y. se obtuvo información de que su abogado Javier N.A. hacía las entregas de dinero de manera personal tanto en Manabí como en Guayaquil a la exjueza y a la exfiscal.

En la Corte Provincial del Guayas se desarrolla el juicio desde el pasado diciembre. 

La Fiscalía sostuvo que Javier N.A., abogado de Robinson A.Y., era la persona encargada de coordinar y entregar el dinero para las funcionarias judiciales. Entre los elementos que tiene la Fiscalía está una conversación por WhatsApp con Robinson A.Y. y su abogado, quien le “remite una serie de fotografías relacionadas con las versiones y ciertos oficios que fueron suscritos” por la entonces fiscal Angélica B.V. También se encontraron conversaciones entre Robinson A.Y. y Víctor E.I., otro líder de la banda, donde “hablan de pagos realizados a funcionarios públicos como son juez, fiscalía y secretario de fiscalía”. 

Robinson A.Y., en su versión, dijo no haber entregado dinero alguno a ningún funcionario judicial. En su defensa aseguró: “no existen llamadas ni fotos que los puedan vincular al proceso”. Agregó que en su directorio telefónico a quien lo identifican como “Ab Novillo” lo conoció en Machala y que se llama Absalón Novillo y no el abogado Javier N. A. 

Otros indicios incluídos fueron los encontrados en la habitación 508 del Hotel Rizzo, en Guayaquil. Allí se encontró varios teléfonos celulares de diferente marca y modelo, entre ellos, los que se encontraban siendo interceptados, así como una caja fuerte que contenía 50.000 dólares en efectivo, informó un agente. 

La Fiscalía llamó a rendir testimonio a 20 testigos entre agentes aprehensores, investigadores, peritos forenses y jueces en funciones de Manabí. La audiencia se suspendió el lunes 3 de febrero, luego de que la Fiscalía terminara con su prueba testimonial y documental. La sala penal aún no señala nueva fecha para la reinstalación de la audiencia de juicio.

El paso del juez Manzur 

El caso estuvo por meses de corte en corte. Fue la Corte Nacional de Justicia la que tuvo que intervenir para decidir si el proceso era competencia de la Corte Provincial de Manabí o del Guayas. Esta última se quedó a cargo, desde enero de 2019, y tuvo que recibir las 14 carpetas con los documentos del caso.  

Pero esta batalla empezó en el 2018. En mayo de se año, el juez Gabriel Manzur Albuja, en ese entonces Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, concedió la caución por USD 4.632 a favor de la mayoría de procesados. La caución es una garantía que se deja ante el juez y puede ser una prenda, una hipoteca o  dinero para que el procesado pueda salir en libertad. La exjueza y la exfiscal quedaron en libertad. 

Manzur, a quien le correspondía efectuar la audiencia preparatoria de juicio, se abstuvo de conocer el caso.  En la audiencia de septiembre de 2018 dijo: “Este juzgador se ha tomado el tiempo para analizar el proceso y tengo que anunciarlo: que revisada efectivamente a criterio personal de este juzgador, existen nulidades que deberían declarase dentro de este proceso”. De esa manera la audiencia preparatoria de juicio quedó en suspenso hasta que se resuelva qué corte era la competente. 

En un escrito del 8 de noviembre de 2018, Manzur expuso sus argumentos, que coincidieron con la defensa de los procesados. “No se entiende la razón por la cual se escogió a la Provincia del Guayas y que la única y exclusiva explicación sería porque las supuestas personas privadas de la libertad se encontraban recluidas dentro de un centro de rehabilitación de aquí en la Provincia del Guayas”. Laura Sabando, presidenta de la Corte de Manabí, envió esa respuesta a la Corte Nacional resaltando las afirmaciones de Manzur. Ella sostenía que el delito investigado es asociación ilícita y que si bien la captura de la banda fue en San Vicente, el delito de asociarse pudo haberse efectuado “en cualquier lugar”. 

Manzur dejó la Presidencia de la Corte del Guayas el 26 de noviembre de 2019. Ese día fue reemplazado por el abogado Francisco Morales en la Presidencia de la Corte Provincial del Guayas. El cambio se debió a que Manzur fue suspendido por 90 días por el Consejo de la Judicatura. La razón: la Fiscalía le abrió una investigación previa por supuesto enriquecimiento privado no justificado y lavado de activos. El juez, según la denuncia, habría precancelado giros y pagos de dos bienes inmuebles a través de cuentas de terceros y de dos compañías privadas, entre 2011 y 2017. Los patrimonios investigados podrían sumar los USD 500.000. 

Esta investigación de la Fiscalía arrancó después de que la Secretaría  de Anticorrupción presentara una denuncia. Dora Ordóñez, extitular de esa Secretaría, dijo que habían detectado transferencias al padre de Manzur. “¿De dónde vienen esos recursos y cuál es la relación que existe?”, preguntó. Manzur respondió en un comunicado y dijo estar sorprendido pues aseguró no haber sido notificado. “He comparecido de inmediato ante las autoridades pertinentes poniéndome a disposición del Ministerio Público para presentar cuanta documentación o información requiera”, manifestó.