Cuando funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) llegaron a notificar la liquidación de una modesta cooperativa ubicada en Salcedo, Cotopaxi, tuvieron que acudir al dueño del local para abrir las instalaciones. Nadie daba razón del paradero de los administradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes del Cotopaxi. Sus puertas permanecían cerradas desde hace tiempo. Los funcionarios observaron una oficina con un par de escritorios y algunas sillas.

Pese a que los Andes del Cotopaxi era una de las cooperativas más pequeñas del país, que al 2017 solo tenía 46.000 dólares en depósitos, emitió garantías por 5 millones de dólares a favor de Isidoro Ricardo Martínez Velásquez, un contratista privado que ofreció dos millones de mascarillas al Ministerio de Salud en los meses más críticos de la pandemia. Salud le adjudicó ese contrato, por un valor de 9 millones, y le hizo un anticipo por la mitad de ese valor. Nunca llegaron los insumos y hasta la fecha se desconoce el destino del anticipo y del paradero del proveedor y de los representantes de la cooperativa.

En Ecuador, un contrato público no puede adjudicarse sin garantías. Es decir, el proveedor -sea una persona particular o una empresa- debe presentar un respaldo que puede ser una fianza de las aseguradoras, una garantía bancaria, depósitos a plazo fijo, bonos del Estados o hipotecas.  Las garantías más usadas y que se pueden cobrar son aquellas que provienen de las aseguradoras, dice el experto en contratación pública, Sebastián Mora. Si el proveedor falla, el Estado puede recuperar esos fondos públicos después de ejecutar la garantía, incluso de forma inmediata. Pero en este caso, el recobro de los 4,5 millones que entregó Salud a Martínez Velásquez es incierto y más aún porque Los Andes del Cotopaxi ya no existe.

La liquidación de esta cooperativa inició el 11 de marzo pasado. Fue fundada en 2007. Pero desde entonces su declaración de impuestos ha sido en la mayoría de años de 0, con excepción del 2016 cuando pagó 92 dólares. Los Andes del Cotopaxi no había registrado ninguna directiva ante la Superintendencia desde el 2015. Esa fue una de las razones para que la SEPS liquidara de forma forzosa a esa cooperativa.

Hasta el momento ningún socio se ha acercado a pedir la devolución de sus depósitos. Esto pese a que, en 2017, tenía 225 clientes, según documentos públicos de la Corporación del Seguro de Depósitos. Las autoridades del SEPS no han logrado determinar cuántos socios tenía esa cooperativa antes de su liquidación. En las oficinas de la cooperativa no había documentos ni registros. No hay bienes inmuebles ni vehículos a su nombre. Un fantasma.

Una feria de garantías no autorizadas

En la SEPS, solo existe un nombre relacionado con esa cooperativa: Yolanda Villacís Suárez, quien figuraba como gerente. Sobre ella no hay registros ni ninguna dirección en la SEPS. Por eso, los funcionarios de la Superintendencia tuvieron que pegar un papel con la notificación de la liquidación en la puerta de la cooperativa vacía.

Villacís se dedicaba a actividades de casas de subastas, pero su RUC está suspendido. Nunca ha declarado impuestos. La última vez que apareció fue el 11 de agosto de 2020. Ese día, por correo electrónico, respondió una solicitud del Ministerio de Salud sobre las garantías. La institución pidió la extensión de las garantías de buen uso de anticipo (4,5 millones) y de fiel cumplimento (498.000) a nombre de Martínez Velásquez y como beneficiaria esa cartera de Estado. Las garantías deben durar el mismo tiempo de la vigencia del contrato, pero Martínez Velásquez tuvo demoras. La gerenta de la cooperativa, en el correo, contestó que se habían emitido las dos renovaciones.

Pero esa cooperativa tenía prohibido emitir garantías a nombre de terceros desde 2016. Esa fue la contestación de la SEPS a Salud. Entonces, ¿por qué aceptó una garantía de este tipo? Por correo electrónico, este ministerio contestó que, a la fecha del contrato, Los Andes de Cotopaxi sí tenía la autorización y remitió un listado donde consta esta cooperativa. “No obstante, en meses posteriores la SEPS emitió dos comunicados a esta cartera de Estado, el primero ratificando lo indicado y luego un segundo, rectificándolo”, informó Salud.

En la actualidad solo 19 cooperativas del país pueden dar estos avales, según consta en el listado oficial. Esas cooperativas autorizadas están en el segmento uno y dos, es decir que tienen capitales de más de 80 millones de dólares (segmento 1) o entre 20 y 80 millones de dólares (segmento 2).  Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, confirmó que Los Andes del Cotopaxi era una cooperativa que pertenecía al segmento 5, es decir a aquellas con activos inferiores a 1 millón de dólares. 

¿Puede la SEPS conocer si una cooperativa entrega una garantía sin autorización? Hernández explicó que, en el procedimiento normal, las entidades autorizadas que emiten garantías deben registrarlas en una cuenta contable específica. Pero en el caso de las no autorizadas usan otra modalidad. Por ejemplo, emiten un documento que hace las veces de garantías, pero se registra como un depósito en su contabilidad. Entonces, la Superintendencia ve un depósito, afirma Hernández. La Superintendenta aseguró que este caso fue puesto en conocimiento de la Contraloría y de la Fiscalía.

“Por lo que se presume que el contratista cayó en una irregularidad para la ejecución del contrato, así como para la administración del mismo por parte del Ministerio de Salud”, fue el análisis que hizo el departamento jurídico el 26 de agosto de 2020 de esa cartera de Estado, casi tres meses después de la firma del contrato y de la entrega de 4,5 millones. 

El convenio se suscribió el 20 de mayo entre Salud y Martínez Velásquez -como proveedor- quien además debía entregar las mascarillas 15 días después de la firma, pero esto no pasó. El 14 de julio de 2020, el Ministerio de Salud y Martínez Velásquez firmaron un acta de terminación por mutuo acuerdo, donde acordaron la entrega solo de un millón de mascarillas y ya no dos millones como estaba en el contrato original. Pero tampoco llegó el millón de mascarillas.

El Ministerio decidió la terminación unilateral del contrato por los reiterados incumplimientos de este proveedor, según documentos públicos de esa cartera de Estado. Pero Martínez Velásquez aseguró que los retrasos no le son imputables. Primero solicitó una prórroga de 15 días para entregar las mascarillas porque Banecuador, donde recibió los fondos, no permitía transferencias al exterior. “Los recursos públicos deben ser manejados a través de la banca pública y éstos no pueden ser transferidos al exterior sin autorización”, le contestó Salud. El pedido fue negado.

El arribo del millón de mascarillas estaba previsto para el 30 de junio de 2020 a Guayaquil. Pero el 7 de julio de ese año, Martínez Velásquez pidió un plazo de 10 días más por retrasos de su proveedor. 

El Coordinador Zonal 8 de Salud intentó notificar la terminación unilateral del contrato en tres ocasiones, de forma personal, a Martínez Velásquez en la dirección que dio, pero no lo encontraron. Las notificaciones las recibió una empleada. Martínez Velásquez respondió, mediante un oficio, que no le entregaron los informes técnicos y económicos junto a la notificación, lo cual le causaba indefensión.

El Ministerio de Salud adjudicó el contrato a Martínez Velásquez cumplía con el criterio de “menor tiempo de entrega, con la oferta económica de menor precio y con las condiciones de pago”. Ahora Martínez Velásquez debe devolver el anticipo de 4,5 millones de dólares y pagar las multas que ascienden a 667.320 dólares. Pero esto aún no sucede. 

El Ministerio de Salud adjudicó el contrato a Martínez Velásquez porque cumplía con el criterio de “menor tiempo de entrega, con la oferta económica de menor precio y con las condiciones de pago”. El doctor Francisco Solórzano Salazar, viceministro de Gobernanza y delegado del entonces ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, y el doctor Julio López Marín, profesional afín al objeto de contratación, recomendaron contratar a Martínez Velásquez. Ahora Martínez Velásquez debe devolver el anticipo de 4,5 millones de dólares y pagar las multas que ascienden a 667.320 dólares. Pero esto aún no sucede.

Este caso ha llegado al Tribunal Contencioso Administrativo de Guayaquil, donde un litigio de este tipo puede durar años. El 8 de enero de 2021, Martínez Velásquez demandó al Ministerio de Salud para que se deje sin efecto la resolución de la terminación unilateral del contrato y el cobro de las multas. Argumentó que el incumplimiento se debió a un “caso fortuito o fuerza mayor”. Ese Tribunal aceptó su pedido. Salud presentó una contrademanda para que el empresario devuelva el anticipo y pague las multas, pero también que cancele 500.000 dólares por daños y perjuicios.

El proceso primero estuvo a cargo de jueces en Quito. Pero el contratista, al estar domiciliado en Guayaquil, el trámite pasó a esa ciudad recién en mayo de este 2021. Entre los demandantes aparece el exministro Zevallos. En su administración se adjudicó el contrato. En el contrato se designó al Viceministro de Atención Integral como el administrador del mismo. Ese cargo, a la fecha del contrato, lo ocupó Ernesto Carrasco, pero tras la consulta de PlanV dijo que él no administró ningún contrato.

El 16 marzo de 2020, la exministra Catalina Andramuño delegó a la Coordinación General Administrativa Financiera las contrataciones de emergencia. Ese cargo lo ocupó Miguel Ángel Guevara Yulán, quien firmó el contrato con Martínez Velásquez. Guevara es el actual gerente del Hospital General de Manta. 

Mientras tanto, la Fiscalía abrió una investigación previa contra la gerente de la cooperativa, Yolanda Villacís, por presunto peculado, pero por una denuncia ciudadana. A la Fiscalía de Salcedo llegó una persona quien dijo ser representante de un grupo de socios de la cooperativa. Afirmó que hubo un supuesto mal manejo de los fondos de en Los Andes del Cotopaxi durante la administración de Villacís y mencionó las garantías emitidas a favor de Martínez Velásquez y otra más por 500.000 de dólares. Esta cooperativa también emitió una garantía por 32.000 dólares para un contrato con Emaseo para la adquisición de trajes de bioseguridad durante la emergencia sanitaria.

Villacís dio su versión en la Fiscalía sobre esa denuncia y dijo como defensa: “jamás se efectivizó los avales que dicen ha firmado la cooperativa” sin referirse exactamente a qué garantía se refería. Mencionó que una de esas garantías fue a pedido de una empresa de suministros médicos, que también aparece como uno de los proveedores más importantes de estos insumos para el Ministerio de Salud. Pero dijo que solo era un borrador realizado a pedido de otras dos personas para presentar a la empresa “para ver si aceptan o no”.

El Fiscal de Salcedo, sin embargo, pidió al juez Carlos Sánchez el archivo de la investigación previa por no encontrar suficientes elementos, el pasado 14 de mayo. Pero el juez le negó el pedido porque no había tomado las versiones de los otros involucrados y elevó la consulta al fiscal provincial de Cotopaxi, Segundo Augusto Semanate, quien finalmente dispuso que continúe la investigación. Por correo electrónico, PlanV solicitó una entrevista a Villacís, pero no hubo respuesta. 

Un arrocero que se dedicó a importar mascarillas

Una de las mayores polémicas dentro de los contratos por la emergencia sanitaria lo ha protagonizado Isidoro Ricardo Martínez Velásquez. Fue un proveedor al que el Ministerio de Salud le adjudicó uno de los contratos más grandes de la emergencia sanitaria. Fue por 9,960,000 millones de dólares para la adquisición de 2 millones de mascarillas. Por correo electrónico, Salud confirmó a este medio que en la convocatoria para este contrato solo llegó una oferta: la de Martínez.

Hasta el pasado 13 de octubre, a 25 proveedores les fueron adjudicados los contratos para insumos médicos con los montos más altos en la emergencia sanitaria. Martínez Velásquez ocupa el segundo lugar solo por detrás de la farmacéutica china Sinopharm, que recibió 28,5 millones. Es uno de los cinco proveedores naturales, es decir sin el respaldo de una empresa, que están entre los mayores contratistas de estos implementos en la pandemia. PlanV solicitó una entrevista con él a través de los correos registrados de sus empresas en la Superintendencia de Compañías, pero no hubo respuesta.

En Ecuador, entre marzo de 2020 y el 13 de octubre pasados, el monto destinado para la compra de insumos médicos, equipos, medicinas, pruebas Covid, entre otros implementos médicos, ascendió a 183,5 millones de dólares. Eso representa el 31% del total de los fondos públicos que se desembolsaron para emergencias en el último año y medio. El 69% restante, es decir 405,6 millones, ha sido usado para la compra de patrulleros, pólizas de seguros petroleros o seguros para las aeronaves de las FFAA, en plena época de pandemia.

Pero los insumos médicos no eran el mundo de Martínez Velásquez. Su actividad económica principal, que figura en su RUC, es la venta al por mayor de arroz. Inició sus actividades en 1994. Según el SRI, de 20 dólares que pagó en impuestos en 2016 pasó a cancelar 91.483 dólares en 2020. En la pandemia, fue el año que más pagó por el impuesto a la salida de divisas: más de 190.000 dólares.

Figura como gerente de general Carozeli, una empresa dedicada a la compraventa de bienes inmuebles urbanos y rurales, pero con un RUC para la venta al por mayor y menor de productos agrícolas. Es accionista en Hugofish, una empresa dedicada al transporte aéreo de pasajeros o de carga y fue administrador en Surrey, que se dedica a la venta de productos veterinarios. También fue expresidente de Afitger, que realiza compra y venta de repuestos y accesorios de vehículos; y de Tupetrol, que se dedica a obras civiles. Además, fue accionista de Alianzatransp (transporte de carga), de Cipecuador (representación de empresas), y de Lauders (actividades inmobiliarias).

Pese a no tener experiencia, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) lo autorizó para la importación y distribución de dispositivos médicos el 29 de abril de 2020. Aunque desde 2015 solo ha realizado la importación de dos artefactos: un ventilador y un control. La multinacional norteamericana 3M Health Care aparece como su proveedor de mascarillas, según la Arcsa. Pero en el contrato con Salud consta el nombre de la empresa Oracle Companies LLC. De acuerdo a la información del Arcsa, entre los 25 proveedores más grandes de insumos médicos, cinco no tienen permiso para importar estos implementos.

Desde el 10 de septiembre de 2020, Martínez Velásquez consta en la lista de proveedores incumplidos y no podrá contratar con el Estado hasta el 2025.

Los nexos empresariales de Martínez Velásquez saltaron a la luz a pocas semanas de que firmó ese contrato. En Carozeli -que se dedica a la comercialización y almacenamiento sobre todo de arroz- fue socio junto con su madre María Eugenia Yolanda Velásquez Villacís. Pero no fueron los únicos.

Una investigación entre los portales Periodismo de investigación, PlanV y La Historia descubrió que entre “el 31 de enero y el 2 de febrero de 2019, madre e hijo adquirieron las acciones (de Carozeli) de Nicole Bejarano Malhame y Pedro Julio Bejarano Alvarado, hija y padre respectivamente”. Pedro Julio Bejarano Alvarado, dice la publicación, tiene difusión roja internacional de la Interpol y es considerado “el hombre más poderoso del Cartel Andino” dedicado al narcotráfico y desmantelado en Perú. Bejarano Alvarado también tiene empresas arroceras en Ecuador.

El 2 de octubre de 2018, Pedro Julio Bejarano transfirió el 95% de las acciones de la empresa Carozeli a Martínez Velásquez. El mismo día, Nicole Bejarano Malhame transfirió el 5% de sus acciones a María Eugenia Yolanda Velásquez. Ambas operaciones fueron inscritas a principios del 2019 en la Superintendencia de Compañías.

La investigación agrega: “Aunque las acciones de la empresa pasaron a nombre de Isidoro Martínez y María Eugenia Velásquez, los negocios de Carozeli los maneja Nicole Bejarano en conjunto con Isidoro Martínez, según se desprende de información pública del Ministerio de Agricultura, de la UNA EP y de varias publicaciones en las que la señorita Bejarano aparece incluso realizando donaciones de arroz al Municipio de Guayaquil, como parte de la campaña de solidaridad con las víctimas de la pandemia del coronavirus”.

En la actualidad, Martínez Velásquez ya no figura como accionista de Carozeli, pues su parte -el 95%- lo transfirió a la administradora de la empresa Surrey, donde él fue gerente general. Carozeli, Surrey y Sotelgra conforman el consorcio Casusol. Casusol, según la investigación de los tres portales, fue constituido horas antes de la adjudicación de un contrato por 10 millones de dólares para la adquisición y distribución de kits alimenticios para personas que se encontraban en la pobreza. Este contrató lo firmó Casusol con la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), el 20 de diciembre de 2019, antes de la pandemia. El artículo sostiene que Casusol ganó contratos por más de 20 millones durante el gobierno de Lenín Moreno.

En una contestación a ese reportaje, Casusol negó vinculación alguna con Pedro Julio Bejarano Alvarado y aseguró que cumplió el contrato de los kits alimenticios y pidió a la UNA -hoy una empresa disuelta- el pago de los valores pendientes.