Back to top
31 de Marzo del 2014
Investigación
Lectura: 30 minutos
31 de Marzo del 2014
Juan Carlos Calderón

Director de Plan V, periodista de investigación, coautor del libro El Gran Hermano. 

Las víctimas de la guerra contra el narcotráfico

El pesquero MARIA JULIA fue una de las naves destruidas por barcos de la Armada estadounidense, según denuncia de su propietario Freddy Farías.

 

Barcos destruidos o hundidos, migrantes ahogados o desaparecidos, familias quebradas... En Ecuador y su mar territorial se libró una guerra contra la migración ilegal y el narcotráfico. Las víctimas son sobre todo pescadores pobres, que ahora reclaman justicia.

En estas fotos: parte de la tripulación del Jorge IV.

Gilver Antonio Macías

Wilmer Klever Rivera

Manuel Enrique Alarcón Meza

José Enrique López Santos

Jorge Luis Patrón Anchundia

Doce años atrás, Gladys, la esposa de Jorge Luis Patrón, el capitán del barco pesquero Jorge IV, clamaba por ayuda. Queremos encontrarlos, fue su súplica y el de otras 15 esposas y tres madres de los hombres del pesquero que, literalmente, se esfumó en las aguas del Pacífico. Salieron al mar el 5 de junio del 2002 y debían retornar el 20 de junio tras la faena de pesca. No hubo rastros ni un cuerpo, una boya o un pedazo de madera o de plástico, nada. Muy extraño esto en cualquier naufragio, a menos que estemos en el Triángulo de las Bermudas. La hipótesis más fuerte, que nunca fue confirmada pero tampoco desmentida es que el Jorge IV fue uno de los pesqueros hundidos o destruidos por tripulación y buques del Cuerpo de Guardacostas de Estados Unidos, que esa época y en los gobiernos: Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio, tuvieron el señorío del mar territorial ecuatoriano y de sus aguas internacionales adyacentes, en aplicación rigurosa de la Estrategia de Defensa Avanzada en contra del terrorismo, el narcotráfico y la migración ilegal, en ese orden, y a la cual el Estado ecuatoriano adhirió con entusiasmo. Sólo entre los años 2000 y 2002, unos 35 buques artillados de Estados Unidos ingresaron al puerto de Manta, algunos de ellos varias veces, en plan de descanso y abastecimiento. Su trabajo estaba en el patrullaje en mar abierto.

Parte de esa estrategia, que tomó fuerza tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington, fueron los convenios del FOL de Manta y de la aplicación de un memorando secreto entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos para permitir la interdicción marítima. Entonces, cientos de miles de pobres ecuatorianos afectados y quebrados por el atraco bancario de 1999-2000, y cerrada la ruta hacia España, optaron por huir de la pobreza por las aguas del Pacífico. Un informe de la OEA calcula que unas 250 000 personas usaron esa ruta, que empezaba en playas solitarias de la costa ecuatoriana y terminaba en las costas de Guatemala o el sur de México, para de ahí tomar el camino a la frontera con Estados Unidos. El viaje desde regiones como Azuay, Cañar, Bolívar y luego desde casi todas las provincias, demoraba algo más de un mes y podía costar entre 10 000 y 15 000 dólares por persona. Y era una selva de peligros. Muchos murieron o desaparecieron. La tragedia más grave se dio en agosto del 2005 cuando un pesquero con 104 personas naufragó en la frontera marítima entre Ecuador y Colombia. Murieron 97 migrantes, especialmente del Cañar. Pero persiste la duda sobre el destino de unas 500 personas. La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, Aldhu, que el gobierno de Rafael Correa expulsó del Ecuador, calculó en esa cifra a las víctimas no reconocidas de la guerra marítima contra el narcotráfico y la migración ilegal.

El Cuerpo de Guardacostas de Estados Unidos, gracias a la colaboración del Estado ecuatoriano, extendió su frontera marítima a las mismas aguas territoriales del Ecuador.  Sus buques tendieron un anillo de seguridad que empezaba en el sur de México y terminaba en la punta de Ancón, en Santa Elena. Algunos de esos buques eran el USS Rentz, FFG-USS McInerny, USNS Idomitable, USS Ticonderoga, USS Yorktown, USS Crommelin, USS Boone, USS Samuel Roberts, el USS SWG, el USCGC Midgett Amio, USS Ruben James, USG Long Way…

Estos buques de guerra interceptaron al menos 80 barcos pesqueros que llevaban migrantes a las costas de Guatemala y México o de los cuales los estadounidenses sospechaban estaban en actividades de narcotráfico. En estos casos, los barcos eran abordados amparándose en autorizaciones de la Armada ecuatoriana y el interior de las naves era destruido –en muchas ocasiones se echó la pesca al mar– y los barcos quedaban inutilizados para volver a navegar. Estas supuestas autorizaciones estaban amparadas por el acuerdo llamado: Procedimientos operativos para el abordaje y la inspección de las embarcaciones sospechosas de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y del tráfico ilícito de migrantes por mar.

Carta Final, dirigida al presidente Rafael Correa por parte de los armadores afectados por la interdicción marítima estadounidense entre el 2000 y el 2009.

En esa primera época, entre el 2001 y el 2005, los nombres de estos barcos se juntan al misterio del Jorge IV, como son el Don Antonio, Daiki Maru, Don Ignacio, Challenger, Vania Mariela, Diego Armando, Santa María, Margyl Margarita, San Jacinto… Pero también entre el 2006 y el 2007 se registraron intercepciones de barcos y migrantes como el San Antonio, Dios es mi guía, Escalio, Jimmy Xavier, Santa Cruz, Mi Eperanza, La Fortuna, Sagrado Corazón II… Los testimonios reportan al menos 21 casos documentados de abordaje, destrucción o hundimiento de naves en estas circunstancias. Naves consideradas siempre sospechosas. Las cifras nacen del informe de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Constituyente. Los datos fueron avalados y cotejados por organismos de derechos humanos como Coalición No Bases, Inredh, ACJ, Servicio Paz y Justicia, ProDH y Apdh, entidades que editaron el informe en un libro bajo el título A nadie le importó.

La historia de Cabil Mero Delgado es un ejemplo de los procedimientos empleados en contra de pescadores ecuatorianos. Si este armador de barco estuviera vinculado al narcotráfico, como se lo quiso vincular en el operativo Tormenta del Pacífico, no estaría prácticamente mendigando ante las autoridades de Quito ser incluido en la reparación de víctimas de los crímenes de lesa humanidad. Fue dueño de la embarcación Diana María y una fragata estadounidense la destruyó en busca de droga. Desde entonces, junto a decenas de pescadores, busca reparación, tanto del gobierno estadounidense como del ecuatoriano. En ambos casos sin respuesta.

El Diana María  salió a navegar el 3 de febrero del 2006. Zarparon a las 20 horas del puerto La Libertad, con rumbo 220 grados. A la media noche pararon las máquinas para hacer la salmuera con la cual se conservaría lo pescado.  El 4 de febrero comenzaron a navegar en busca de pesca, con rumbo 180 grados. Tras 36 horas de navegación, con cambios de rumbo, lograron capturar 50 piezas de atún. A las 13:00 del 8 de febrero pararon la marcha del barco porque fueron llamados por radio VHF, canal 16, por la fragata norteamericana Gettysburg, para realizar inspección del barco. Cuando llegaron los marinos estadounidenses el capitán del Diana María les preguntó si tenían autorización de las autoridades marítimas del Ecuador para hacer un abordaje y realizar inspección. Le respondieron que ellos estaban autorizados para realizar intercepción de cualquier embarcación que consideraran sospechosa y no tenían que pedir permiso a nadie y que toda la tripulación del barco se pusiera en la cubierta. Los marinos estadounidenses llegaron fuertemente armados. El capitán del barco tuvo que mostrar todos los papeles que le pedían. El primer maquinista fue llevado al departamento de máquinas. Luego comenzaron a destruir el barco: sacaron todo el revestimiento de espumaflex del chiller de frío que sirve para la conservación de la pesca. La manguera hidráulica quedó averiada. Perforaron con taladro los tanques de combustible, sacaron el combustible de los tanques de las máquinas y se lo llevaron a la fragata para hacer análisis. Destrozaron todas las literas y el lugar donde se almacenan todos los materiales. Obligaron a la tripulación a echar al mar toda la salmuera que tenía lista para conservar la pesca congelada. Con grandes taladros ahuecaron el centro de la red, que estaba en la cubierta y el resto la echaron al mar. Luego perforaron las boyas de la red para que esta se vaya a pique. Perforaron y desinflaron las boyas que sirven para estabilizar y dar protección al barco. Después unos buzos chequearon el casco de la nave.

Luego de seis horas de maltrato al personal y tras la destrucción de la embarcación ofrecieron disculpas y entregaron al capitán un documento en el cual escribieron el nombre de la embarcación para que cualquier reclamo por los daños se pueda presentar en la Embajada de Estados Unidos.

La requisa terminó a las 11:30, la fragata se marchó y la tripulación empezó a poner a punto de nuevo la embarcación para poder navegar. A las 15:00 el capitán se comunicó con el dueño del barco por la banda VHF haciéndole conocer lo ocurrido. Él pidió que el capitán hiciera todo el reporte de daños. A las 18 horas pararon máquinas para quedar al pairo.

El 15 de febrero arribaron al puerto de La Libertad y fondearon. El capitán reportó las novedades. El Jefe de Tráfico Marítimo puso su sello en el documento, debajo de la frase: “arribo forzado”.

80

barcos, al menos, fueron interceptados en alta mar por naves estadounidenses.

Cabil dice no estar pidiendo, sino exigiendo que se le devuelva todo lo que le arrebataron. Él no sabe por qué él y su embarcación fueron involucrados en un tema de narcotráfico tres meses después del abordaje estadounidense al Diana María. Desde entonces, a pesar del sobreseimiento definitivo, no ha podido levantarse. La deuda bancaria por el barco ascendió a un millón de dólares, el banco remató todos sus bienes y los de sus garantes y luego le siguió un juicio de insolvencia. Estábamos en aguas nacionales, al frente de la costa de Salinas, asegura ocho años después Cabil Mero Delgado. Las coordenadas era 5:30 grados Sur y 83:40 West. La embarcación fue destruida, fueron seis horas de búsqueda y no encontraron nada que me podía comprometer como armador. El barco estaba en faena de pesca. Tras llegar a puerto, la embarcación estuvo fondeada tres meses en La Libertad. El 14 de mayo, Mero es involucrado en el operativo llamado Tormenta del Pacífico. Luego de 7 meses buscó un abogado y averiguó las causas de su involucramiento, y la versión fue que Mero había depositado en su cuenta corriente bancaria 435 000 en efectivo, y supuestamente eso lo convertía en financista de la organización delictiva. Ese dinero, dice Cabil, era para la Diana María y se trataba de un préstamo del banco. Antes de todo esto, Mero dice haber acudido a la Embajada a reclamar por el abordaje y la destrucción de su barco, sin respuesta efectiva. Tras su involucramiento, todos sus bienes y enseres fueron incautados, entre ellos los papeles de propiedad del barco y del préstamo.  Perdió la casa donde vivió, y se llevaron hasta la ropa y los útiles escolares de sus hijos. En el 2007 recibió el sobreseimiento definitivo, junto a otras decenas de involucrados inicialmente en Tormenta del Pacífico.  En ese proceso, el Consep, dice Mero, vendió la embarcación en 60 000 dólares, barco pesquero que estaba embargado por el banco hasta que se pagara el préstamo. Pero los impactos fueron más allá. Cuando recibió sobreseimiento definitivo, los jueces dijeron en la sentencia que la venta no procedía porque la embarcación estaba en un proceso. Desde el 20007 reclama su embarcación. “Yo estoy reclamando lo justo, mi derecho al trabajo, me cortaron la vida por completo”, dice mientras mira a su esposa, que fija la mirada en un punto lejano, para no llorar. Entregaba 800 toneladas de pesca luego de cada salida al mar. Luego de la incautación y la venta, su familia dejó de recibir las ganancias de 8 años. A sus 53 años tuvo que dejar la vida de patrón de barco por la de asistente de su esposa en el bar de una escuela. Sus hijos dejaron sus estudios, buscan trabajo.

Los armadores y capitanes de los barcos que fueron destruidos, hundidos o incautados injustamente en la guerra marítima contra el narcotráfico ya no son considerados víctimas. El Estado ecuatoriano no considera esas agresiones como delitos de lesa humanidad y por tanto no pueden acogerse a la reparación de la Ley de Víctimas. Esta dice que para que un ciudadano pueda acogerse a las reparaciones, basta con que conste documentadamente en la Comisión de la Verdad. Esta documentó 118 casos de lesa humanidad. Luego aparecieron otros 15 casos, uno de los cuales era la Base de Manta y estaba documentado. Sin embargo, el Estado dijo después que estos casos, para ser reparados tienen que pasar de la Comisión de la Verdad a la Fiscalía, la cual certifica los casos y luego pasa a la Defensoría del Pueblo. Pero este procedimiento, según Marcos Martínez, el abogado que los patrocina, no está previsto en la ley. Estos casos de la Base de Manta faltan de investigar, dice la Fiscalía. En esta situación hay unos 40 armadores y capitanes de barco por la destrucción total y parcial de las naves y maltrato, trato degradante y torturas. También se ha reclamado por maltrato, tortura y vejaciones a migrantes. Y la probable desaparición de personas: el informe de la Comisión que se formó en el Congreso de transición habla de 20 embarcaciones con migrantes que se reportaron hundidas o que jamás regresaron. Ahí están los 97 muertos en el naufragio de agosto del 2005 y los 18 desaparecidos en el Jorge IV, en el 2002.

Los reclamos de los armadores de los barcos no sólo son por destrucción parcial y total o hundimientos, también se reclama por torturas y vejaciones a las tripulaciones.

Las viudas y madres del Jorge IV no cesan en sus reclamos más de una década después de la tragedia. María Intriago es la secretaria general de la Asociación Fuerza del Mar, de Manta. Esta agrupa a las viudas del barco Jorge IV. También están los armadores de los barcos inspeccionados y destruidos. Este es su testimonio:

“En Quito nos reunimos con la Fiscalía para ver cómo va el proceso y en pocas palabras nos dio a entender que tenemos que esperar que la Fiscalía profundice la investigación, que supuestamente estamos considerados como víctimas pero falta profundizar en el tema de quiénes son las víctimas y cuántas víctimas son reales. Es un proceso que se puede alargar porque de los 118 casos en la Defensoría, solo tres casos han avanzado y cada caso está llevando 3 o 4 meses y eso significa que pasarán muchos casos para la reparación.

Ellos van a entender que necesitan capital humano para capitalizar el proceso. Y eso ya le correspondería al Presidente que mediante decreto incluya más personal si verdaderamente se quiere dar esa reparación a las víctimas, porque ya han pasado algunos años desde que se creó la Comisión de la Verdad y se presentó el  informe. Hemos estado paso a paso ahí y lo que nosotros queremos saber es hasta cuánto tiempo tenemos que esperar. Sabemos que la vida de un ser humano no tiene precio, y que nuestros seres queridos no volverán más, pero detrás nuestro están hijos, familiares, no tenemos empleo seguro, vivimos de un diario, entonces queremos una reparación, pero ya. No queremos que una de las viudas o un armador esté muerto para que se nos atienda. No decimos que se nos ha excluido, pero falta agilidad. En cambio vamos donde Christian Bahamonde, de la Defensoría del Pueblo y nos dice que la investigación depende de la Fiscalía y que ellos como Defensoría tienen demoras porque cambió la ministra, el Defensor del Pueblo anda por Europa y yo decía si tenemos que esperar 12 años más y me dice que hay gente que ha esperado más tiempo. Yo sé eso, pero nosotros hacemos presión para ser tomados en cuenta en este proceso. Bahamonde nos ha dicho que un lapso corto son dos años.

“Nosotros somos víctimas porque fueron 18 personas que desaparecieron en alta mar, hasta el día de hoy no aparecen y no estamos en el Triángulo de las Bermudas para que una embarcación desaparezca de la noche a la mañana. Son 12 años gritando nuestro dolor, haciéndonos escuchar y buscando la verdad, y sabemos que sin verdad no hay justicia.

“Se hicieron las búsquedas respectivas, en un año se reunió el jurado de capitanes, determinaron un accidente de trabajo pero no profundizaron en las razones. Se omitieron procedimientos, la Capitanía emitió un SAR para búsqueda, que dura 48 horas y cuando se terminó dijeron a las viudas que no había cómo buscar más, que busquen por su lado, que vean los medios y hagan lo que pudieran hacer. Hicieron entonces una maratón solidaria, se mandó un barco de búsqueda, lleno de combustible, los familiares hicieron todo lo que estuvo a su alcance para buscarlos, luego mandaron cartas al gobierno de turno y nada. Tocaron tantas puertas y las siguen tocando ahora, y siguen en las mismas.

“La sospecha es que el Jorge IV fue hundido por alguna de las fragatas extranjeras. En ese tiempo estaba la base de Manta y hubo muchos atropellos contra las embarcaciones, las abordaban, las taladraban, torturaban a la tripulación, hacían seguimientos a los migrantes, hubo atropellos, dieron inmunidad a los soldados estadounidenses.

“Mandamos un papel, un oficio, nos mandan una delegación, se reúnen con nosotros pero hasta ahí queda. Tenemos que acudir a Quito, a los medios de comunicación y porque estamos en los medios nos reciben. No debe ser así, deben tener un poco más de compasión”.

Hay personas que han anunciado, falsamente que ya se entregaron indemnizaciones a los pescadores.

Su caso ya fue documentado como víctimas de delito de lesa humanidad, pero hasta ahora se les ha dicho que se debe investigar nuevamente. Pero las víctimas persisten en asegurar, “casi con toda certeza”, que el Jorge IV habría sido hundido por una fragata estadounidense.  ¿Las pruebas? De un hundimiento siempre queda rastros, algún fragmento, boyas que flotan, restos que puede aparecer, madera, plásticos… Pero el Jorge IV y su tripulación desaparecieron completamente, se esfumaron. La hipótesis es que el barco fue bombardeado, se recogieron todos los restos y no quedó rastro. Pero no hay certeza alguna de ello.

“Lo único que pido es que se haga justicia y eso no se quede así; por el bien de nuestros hijos y a pesar de todo lo que hemos pasado. Andamos de aquí allá, no tenemos de qué vivir, nos han dado la espalda, nos han dejado solos. Que alguien nos escuche”. La mujer que habla es una de las viudas del Jorge IV, tiene dos hijos. Ella, como otros, dicen también ser víctimas de extorsiones, de personas que como saben que en algún momento pueden recibir un cheque del Estado están haciendo grupos fantasmas. Otros los amenazan y han tenido hasta intentos de estafa. Personas que creen erróneamente que han cobrado las indemnizaciones y que desean “ayudarles”. Hay incluso una persona de nombre Antonio que anuncia, a las familias de los pescadores y emigrantes desaparecidos, la inminente llegada del Presidente de la República a entregar los cheques. El último anuncio fue a mediados de marzo en Guayaquil, en una reunión a la cual va gente de Cuenca, Guayaquil, Jaramijó… “Lo que está creando es un caos, dice María Urgilés, porque a la gente de Cuenca le dice que a  las viudas del Jorge IV ya les entregaron el cheque”. Y como es un caso poco conocido a escala nacional pero sí en sus comunidades, la gente hasta hace bromas sobre el uso del dinero. María tiene temor de que esta falsa noticia de que han cobrado indemnizaciones traiga como consecuencia asaltos o secuestros. Porque según ella, Antonio pide pequeñas cantidades de dinero a las esperanzadas víctimas de la guerra contra el narcotráfico y la migración para hacer sus gestiones en Quito “y los tiene dormidos, creyendo que van a ser indemnizados, que tiene la potestad de incluirlos en la lista de víctimas”.

Las errantes víctimas de esta guerra en el mar han hablado por más de siete años con ministros, funcionarios, diputados, asambleístas y cualquier otra persona prevalida de un alto cargo que les pudiera escuchar. Han dejado documentos, grabaciones, testimonios. Han recibido sólo promesas. Mencionan algunos nombres que les han ayudado: Ximena Ponce, María Augusta Calle, Soledad Buendía. Pero ellos sintieron que con Fernando Cordero, mientras estuvo al frente de la Legislatura, ninguna de sus gestiones prosperaron. No saben por qué. Pues una de sus promesas fue entregar el informe final sobre la Base de Manta y sus efectos al Presidente de la República.  El objetivo era integrar la comisión auditora de la Base de Manta, lo cual nunca ocurrió a pesar de que era un mandato de la Asamblea Constituyente. El informe incluso pasó a la Fiscalía, la cual pidió el archivo definitivo del caso al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Velasco. Quien aceptó la sugerencia del fiscal.

De las centenares de víctimas de la guerra contra el narcotráfico quedan familias destruidas, muertos, desaparecidos y jefes de familia quebrados.

Cuentan también que fueron visitados en Manta por dos funcionarias de la Defensoría del Pueblo, las cuales expusieron a las víctimas el procedimiento para ser incluidos en la lista oficial de víctimas y entregarles el cheque: la cédula de identidad y un desestimiento expreso de que no demandarían al Estado ecuatoriano en las cortes nacionales e internacionales.

Marcos Martínez, abogado y exasambleísta constituyente fue parte de la Comisión que elaboró este informe. Ahora es procurador judicial de quienes buscan reparación del Estado por lo que consideran crímenes de lesa humanidad. Él sostiene que durante todos estos años las víctimas directas y los familiares de las personas desaparecidas han sido abandonadas por la sociedad ecuatoriana. Los afectados han escrito decenas de cartas a las autoridades, oficios al Presidente y han sido sujetos de constantes postergaciones. Han hecho antesala ante la Presidencia de la República suplicando que se les ayude a buscar a sus familiares, que el Estado haga algo por viudas y huérfanos, que se repare a las víctimas y se integre la Comisión Auditora de la Base de Manta, que es un Mandato. “Peregrinajes y reuniones, todas estériles ante un poder envanecido. Luego de todo esto, es claro que al gobierno de la revolución ciudadana no le interesa y probablemente no le conviene esta investigación”, dice Martínez.

¿Cuáles son los impactos? La agrupación Fuerza del Mar es un ejemplo. De los centenares o miles de víctimas de la guerra contra el narcotráfico y la migración quedan hogares destruidos, cabezas de familia o seres queridos muertos o desaparecidos, familias endeudadas con coyotes las cuales perdieron sus pocos bienes y nunca se pudieron recuperar. Pobreza, exclusión, abandono: tal es el balance.

“La paciencia de estas personas, sencillas, incontaminadas de la soberbia oficial, esta proverbial paciencia de los pescadores se colma, se rompe y se expresa en la carta que ellos llaman Carta Final, suscrita el  27 de marzo del 2011 por Freddy Farías, capitán del María Julia, un barco hundido en este período”, dice el procurador de los pescadores y viudas. Tal es el texto:

Excelentísimo señor economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República. Presente:

El reclamo por el hundimiento de barcos ecuatorianos entró a la OEA en el 2006. Desde entonces no hay respuesta.

Ya no nos engañamos, como decenas de ocasiones esta carta no llegará hasta usted; llegará a alguien, quien con la nota sobre unos “supuestos barcos hundidos”, la remitirá a su vez a tres o cuatro señores ministros, quienes por su parte la enviarán a decenas de asesores, los que habiendo transcurrido casi tres años desde que la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Pública de la Asamblea, presidida por el Dr. Marcos Martínez Flores, determinó claramente el número de víctimas, el número de barcos hundidos, las coordenadas en que fueron hundidos y hasta el tipo de munición que se usó para hundir nuestras naves, y empezarán NUEVAMENTE, a investigar el tema.

Ahora que el drama de viudas y huérfanos llega al colmo, ahora que tenemos compañeros que esta semana perderán sus casas por el acoso de los acreedores después de que perdieron sus barcos, ahora señor Presidente, le expresamos:

-Ya no podemos confiar en usted.

- Creemos, profundamente frustrados, en su expresión “nuestra revolución no es antimperialista”. 

-Creemos que nuestro reclamo, que nuestra exigencia de que acate la resolución de la Asamblea de Montecristi y conforme la Comisión Auditora de la Base de Manta, es para usted extremadamente molesto e incómodo.

-Creemos que nuestra solicitud de audiencia, permanentemente negada, dice mucho del círculo que lo aprisiona.

-Creemos que la negativa de Fernando Cordero a poner en su conocimiento el Informe sobre la Base de Manta, está acorde y es interdependiente de la política exterior de su gobierno.

Y sin más, luego de todos estos años, en defensa de nuestras familias, no podemos sino tomar el camino al cual usted nos empuja. Esto no es una amenaza, es la promesa firme de que lucharemos en nuestras instancias por nuestros derechos”.

Desde entonces han pasado tres años. Los pescadores y las viudas siguen esperando por una investigación estatal sobre estos hechos, para que judicialmente se determinen responsabilidades.  Sigue vigente, mientras tanto, el reclamo que María Intriago hizo en el 2008, en la Comisión de la Asamblea Constituyente, cuando se pensaba que la voluntad, la razón y la justicia podían hacerlo todo: Yo perdí a uno de mis hijos en ese barco. Él se embarcó por primera vez para no volver nunca más. ¿Cómo me siento? Son seis años que mi hijo está perdido. Parece que fue ayer, mi corazón sigue afectado lo mismo. Como si fuera ayer lo vi y lo hubiera enterrado, desgraciadamente no lo vi y no lo enterré. Pero sí queremos que ustedes nos ayuden, que hagan justicia, que investiguen a la FOL de Manta…

GALERÍA
Las víctimas de la guerra contra el narcotráfico
 

[CO MEN TA RIOS]

[LEA TAM BIÉN]

Dulcepamba, el río que quita el sueño a toda una comunidad
Susana Morán
Industria extractiva: ¿quién pone el cascabel al gato?
Redacción Plan V
Las cuatro claves de la nueva relación con Estados Unidos que deja el embajador Todd Chapman
Fermín Vaca Santacruz
Sky Jet, Sinaloa, DGAC, Base de Manta: las piezas otra vez se juntan
Redacción Plan V

[MÁS LEÍ DAS]

Los indicios de presunta concusión contra Duarte, Alvarado y Mera
Jean Cano
La fiesta de posesión de la Prefectura de Pichincha costó por lo menos USD 90.608
Observatorio de Gasto Público
Los "trece de la fama": el prontuario del correísmo
Redacción Plan V
Plan V lanza Sobrevivientes, un especial multimedia sobre violaciones a DDHH
Redacción Plan V