¿Cómo se evade la justicia en casos de narcotráfico? Los agentes antinarcóticos lo tienen muy claro. Hay varios niveles y varias figuras que permiten favorecer a los procesados, pese a las pruebas. Por ejemplo, hay un primer nivel donde están los fiscales, quienes pueden abstenerse de acusar, reformular los cargos, acceder a la cooperación eficaz o a los procedimientos abreviados que benefician en penas a los detenidos. Si en ese nivel no logran salir favorecidos están los jueces de primera instancia, allí pueden usar diferentes recursos: excluir pruebas, otorgar medidas sustitutivas o no llamar a juicio. Si allí las presiones no funcionan y el proceso continúa, el siguiente nivel está en los tribunales. En esta instancia, aunque el fiscal acuse, los procesados pueden ser declarados inocentes, los jueces hacen uso de la “duda razonable”o el voto salvado. En Cortes (provincial o nacional), los magistrados pueden ratificar la sentencia, pero también rebajar la pena o declarar la nulidad. Las opciones son muchas y hay casos donde los detenidos salen libres y al poco vuelven a ser aprehendidos por delitos similares. En esta investigación encontramos ejemplos de cómo los jueces y fiscales utilizan la “duda razonable” para dictar sentencias insólitas.

El cantante con los más 741 kilos de droga

El 13 de octubre de 2018, la Policía detuvo a cuatro integrantes de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas provenientes de Colombia. Su trabajo consistía en el transporte y acopio de droga a gran escala con destino a Estados Unidos. Los estupefacientes salían del Puerto de Guayaquil hacia Centroamérica y México antes de llegar a su destino final. En Guayaquil, operaban desde una casa ubicada en una urbanización privada por Lomas de La Prosperina y usaban al menos tres vehículos para movilizarse. En su poder fueron hallados 741.400 gramos de cocaína (741 kilos)  con los logotipos “8” y “812”. La droga había sido empacada dentro de cartones con logotipos de una empresa fabricante de botellas plásticas.

En más de 40 cartones fue hallada la droga en un casa en Guayaquil. 

En ese operativo fue aprehendido el expolicía Jorge Fernando L. M., conocido con el alias de “Vanila”, e integrante de un grupo musical. En su historial constan detenciones en el 2006 por tentativa de asesinato y otros procesos judiciales por estafa, asociación ilícita, tenencia de armas. Fue señalado por los agentes como el líder de la banda. El día de su detención fue hallado con un inhibidor de señal de celulares -equipos que suelen ser usados para evitar ser rastreados- con 5 antenas con su propio cargador y con un detector de señal modelo G318. Pero el pasado 18 de agosto de este año, fue el único de la banda que fue declarado inocente por el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil, conformado por los jueces Gabriel Enrique Noboa Ycaza, Edwin Walberto Logroño Varela y Segundo Gavino Mina Sifuentes.

¿Cómo se llegó a esa decisión? Primero hay que ver el recorrido del proceso. La investigación fue encabezada por la Fiscalía de Pichincha. Solo los casos con gran trascendencia y peligrosidad son llevados a la capital. La Fiscalía acusó a alias Vanila de haber sido uno de los hombres que descargó las cajas con la droga en la casa ubicada en Lomas de La Prosperina. Los uniformados al llegar a la escena dijeron “alto policía” y Vanila con otros hombres intentaron huir de un vehículo, pero fue interceptado. Su defensa aseguró que no había fotografías de ese ir y venir de las cajas que relacionen a su cliente con el ingreso a la vivienda donde se almacenaba la droga. El abogado dijo en la audiencia que el detenido era un artista con más de 12 años de trayectoria dedicado a cantar y a actuar.

Durante el proceso, el cantante presentó un certificado de salud de un supuesto trastorno mental moderado. La fecha de ese documento era del 16 de junio de 2016, pero en los archivos del Ministerio de Salud Pública no se halló un registro de atención ni historia clínica de Jorge Fernando L.M. Asimismo, la  Fiscalía relató que el carné de la persona con discapacidad a favor del cantante fue emitido el 19 de octubre de 2018, días después de su aprehensión. A esto se suma que el responsable de estadística de la Unidad 24 de Mayo aseguró que el carné no fue emitido en las unidades de ese distrito. Ninguno de estos documentos convenció al juez y el cantante fue finalmente llamado a juicio el 13 de febrero de 2019 junto a los otros tres detenidos.

Este juicio concluyó el 22 de agosto pasado. Los cuatro detenidos en sus testimonios manifestaron haberse reunido para un cumpleaños y por eso habían invitado a Jorge Fernando L.M. para que cantara en la celebración. Por eso, uno de los testigos a favor del cantante fue su productor musical de su grupo de salsa urbana. Entre las pruebas que presentó a su favor estuvieron recortes de prensa con su trayectoria musical. Los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil condenaron por tráfico y almacenamiento de drogas a los tres procesados, menos al cantante por “duda razonable”, es decir para los jueces había razonamientos que pusieron en duda la tesis de la acusación y por lo tanto este principio favorece al detenido. Los jueces ordenaron su inmediata libertad, mientras que al resto de la banda -que incluía una mujer- fueron sentenciados a 10 años de cárcel. La indignación de los familiares de los otros procesados fue tal que al finalizar la audiencia, entre lágrimas y gritos contra los jueces, dijeron “sinvergüenzas al cabecilla lo dejan en libertad”, según un testigo que estuvo presente.

Captura de video de una de las canciones de salsa urbana donde aparece Jorge Fernando L. M. 

Con la “duda razonable” ya se había beneficiado antes a otro miembro de la banda. Se trata de José Javier B.G., quien fue detenido en otro operativo antinarcóticos el 21 de septiembre de 2017. Fue procesado por el tráfico de 21 kilos de heroína junto con otro sospechoso. José Javier B.G. fue sobreseído porque la Fiscalía emitió un dictamen abstentivo a su favor y con esa decisión recuperó su libertad a inicios de 2018. El fiscal del caso Giancarlo Almeida Delgado usó el argumento de la duda razonable para deslindar de responsabilidades del detenido: “El procedimiento indica que cuando exista una duda para la Fiscalía le favorece al procesado”, dijo en la audiencia preparatoria de juicio. Pero la jueza de esa causa, Yesenia Hidalgo, expresó su inconformidad con la decisión de Fiscalía. “La suscrita deja expresa constancia que no comparte el criterio de la Fiscalía por cuanto los elementos con los que fundamenta su abstención fiscal revelan contradicción con lo que obra de autos, elementos que han sido recabados durante la instrucción fiscal, por lo que mal podría beneficiar únicamente a uno de los procesados”, dejó sentada en su resolución. Aunque quedó en libertad, los agentes antinarcóticos siguieron los pasos de Javier B.G. que derivó en la captura del cantante, que finalmente quedó en libertad.

Con un millón de dólares, pero salieron libres

Otro caso similar sucedió también en Guayaquil. El 26 de enero de este año, la Policía Antinarcóticos conoció de la entrega de una suma considerable de dinero producto de actividades ilícitas relacionadas al tráfico de drogas. Yofre Enrique V.R. era la persona que iba a recibir la alta suma de otros dos hombres que llegaron en una camioneta hasta la Terminal Terrestre de la ciudad. Los tres fueron detenidos mientras intercambiaban dos cajas de cartón. En su interior había 999.932 dólares.  Fueron juzgados por enriquecimiento privado no justificado. Se hizo un juicio directo, es decir en una sola audiencia se concentró todas las etapas del proceso; es una opción que se usa para delitos con penas máximas de cinco años. Ricardo Barrera Peñafiel, juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos Flagrantes de Guayaquil, fue quien resolvió este proceso declarándolos inocentes. El pasado 26 de mayo emitió su sentencia.

La Fiscalía apeló en la misma audiencia. Allí se conoció que los investigadores accedieron a los teléfonos de los procesados donde encontraron contactos con números colombianos. En un mensaje de Whatsapp estaba la orden de entregar 1 millón de dólares a Joffre Enrique V.R., mensajes que provenían de un contacto con el alias ‘la contadora’. Según esos textos, estaba por hacerse otra entrega por 882.500 dólares a otro usuario. Un agente contó en la audiencia que uno de los procesados le ofreció uno de los cantones llenos de dinero para que lo dejara libre. Una de las pruebas que presentó la Fiscalía en el juicio fue un informe de la UAFE. Esta unidad encontró que ninguno de los locales comerciales que tenía los tres procesados existían en Isla Trinitaria y en Huaquillas. Además los detenidos registraban traslados a Perú y Colombia. Dos tenían terrenos en Chongón y en Huaquillas. Uno de ellos tenía en su cuenta bancaria una suma de 2,9 millones, sin que tenga ningún relación de dependencia o ingresos que lo justificara.

Pero uno de los detenidos presentó como testigos a un pareja de empresarios camaroneros que dijeron ser los dueños del dinero y que lo enviaban en cajas de cartones porque no confiaban en la banca privada. La pareja es ecuatoriana, pero afirmaron que su negocio estaba en Perú. Incluso llevaron a su contador para justificar el dinero que, según él, provenía de las ventas de camarones y otros bienes, y de préstamos a la banca y a particulares. Afirmaron que dos de los detenidos eran sus trabajadores.  Para la Fiscalía no hubo ninguna prueba fehaciente de que haya justificado los valores encontrados en poder de los tres ecuatorianos y consideró como “perdidos” a los empresarios que testificaron a favor de los detenidos y no creyó su versión.

Un poco menos de un millón de dólares fue hallado en dos cajas en la Terminal Terrestre de Guayaquil. 

Según el juez, después de analizar la prueba, los investigadores no pudieron establecer si el dinero era ilícito. Se sustentó en las versiones de los peritos, quienes dijeron que no es normal que se haga un intercambio una suma tan alta de dinero en el parqueadero de una terminal terrestre y recogió en sus argumentos la versión de los empresarios. Su conclusión fue la siguiente sobre el hecho: “No se adecua al tipo penal materia de la presente causa, al no verificarse los verbos rectores de “obtener o incrementar” su patrimonio de manera no justificada, no se configura el elemento subjetivo del dolo, el cual consiste en tener el conocimiento y la voluntad de realizar el tipo objetivo, toda vez que el dinero que consta como evidencia se encuentra debidamente acreditado a través de prueba testimonial y bajo la gravedad del juramento, que pertenece” a los empresarios.

“El estado de duda del juzgador sobre la existencia del delito o sobre la culpabilidad del acusado no permite que se traduzca en sentencia condenatoria. Ni la posibilidad, ni la probabilidad de que el delito pudo haber existido, o que el acusado pudo haber sido el agente del mismo, permiten el surgimiento de la sentencia condenatoria. Necesariamente la duda debe resolverse en sentencia absolutoria. La razón de lo dicho la entrega la propia ley en el artículo que comentamos: Para condenar debe existir la certeza sobre el delito y sobre la culpabilidad. Todo grado inferior a la certeza se resuelve a favor de la sentencia absolutoria”. Bajo ese argumento, los tres procesados fueron declarados inocentes.

El juez ordenó su liberación inmediata y además la devolución de los vehículos incautados. La devolución del dinero fue negada, pero pidió que se investigara a uno de los procesados por defraudación tributaria; en su cuenta bancaria se halló casi tres millones de dólares, dinero que en su mayoría ingresó en efectivo por ventanilla.