El juez Óscar Cuenca dictó orden de prisión preventiva para siete militares en servicio activo y seis civiles, uno de ellos funcionario público, por presunta delincuencia organizada y tráfico de armas en la frontera norte, según confirmó la Fiscalía. La audiencia se desarrolló en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Esmeraldas.
Esto después de que se confirmara ayer, 17 de octubre, un operativo en cuatro provincias a recintos militares por supuesto tráfico de armas y delincuencia organizada y relacionada con grupos armados como los de alias Guacho.

Quizá el primer caso de violación masiva e individual a los derechos humanos, el uso de tratos crueles y degradantes fue la represión al pueblo de Dayuma, en la Amazonia ecuatoriana, en noviembre del 2007. Esta parroquia rural del cantón Orellana, en la provincia del mismo nombre, duramente afectada por la extracción de hidrocarburos en la zona, fue la primera en vivir la militarización, la represión y el acoso de un régimen que por entonces se presentaba ante el país y la faz del mundo como de izquierda y revolucionario, desde su posesión en enero del 2007.

El 17 de mayo al mediodía, un testigo concluía y firmaba su versión ante un investigador criminal de la Policía Nacional del Gaula, grupo élite de Colombia. El documento, de seis páginas, es parte de la asistencia penal solicitada a ese país por la Fiscalía del Ecuador. Llegó vía correo electrónico y fue incorporada en la carpeta 24 del expediente que investiga la explosión del destacamento policial de San Lorenzo, en Esmeraldas, ocurrida el pasado 27 de enero. El hecho fue atribuido al grupo narcoterrorista Óliver Sinisterra, liderado por  Walther Arízala, alias Guacho.