Un informe elaborado por organizaciones sociales e indígenas registra las afectaciones a las comunidades donde se asientan los proyectos Mirador, San Carlos-Panantza y los Bloques 79-83. En Mirador, por ejemplo, denuncian que la empresa ha solicitado en 47 ocasiones la medida administrativa de ‘servidumbre minera’ para apropiarse de tierras. En San Carlos-Panantza, los desalojos han dejado huellas. En los Bloques 79-83 avanza la explotación petrolera, pese a una sentencia de la Corte IDH que lo prohíbe.