En un estudio de próxima aparición, Patricia Sánchez y Giannina Zamora demuestran que la tragedia que vivió Guayaquil entre marzo y mayo de este año se debe fundamentalmente a un modelo de ciudad basado en prioridades empresariales antes que sociales; es decir, en negocios antes que en derechos. La gran mayoría de fallecidos durante ese período pertenece a zonas de la ciudad carentes de servicios como agua potable, vivienda, transporte, alcantarillado, educación, salud o recreación.

Los escándalos de corrupción destapados en estos tres años hacen suponer que de por medio también existía el compromiso de tapar las irregularidades cometidas por los jerarcas de la anterior administración. O, por lo menos, de esconder la basura debajo de la alfombra.

El viejo dicho de que hecha la ley, hecha la trampa debería ser sustituido por uno que rece así: hacer la ley con la trampa incluida. Únicamente de ese modo es posible entender y explicar el funcionamiento de nuestra institucionalidad. En caso contrario, tendríamos que asumir que muchos ecuatorianos poseen una astucia digna de una enciclopedia.

Que un organismo internacional que no se caracteriza precisamente por la transparencia, y que con frecuencia actúa como un corsario financiero, demande nitidez en la administración del dinero, muestra la gravedad de la situación. El FMI ya no confía ni en sus devotos.