A partir del 19 de febrero quedó claro que Correa pretende seguir mandando durante los próximos cuatro años. Cuenta con suficientes esbirros en las más altas funciones del Estado como para confiar en sus pretensiones. Y también cuenta con un marco legal represivo de difícil disolución. Leyes, decretos y nombramientos de última hora configuran un campo minado para el sucesor. El espacio para el diálogo ofrecido por Moreno tendrá que conseguirse a codazos.

Si Moreno se llega a imponer a la brava, tal como consta en el libreto verde-flex, tendrá que enfrentarse a tres fantasmas de lo más indeseables. El primero será la sospecha del fraude electoral. Con cada decisión contraria a los intereses populares, con cada equivocación o metida de pata, medio país le enrostrará su ilegitimidad. Haya o no haya fundamento. El peor favor que le haría el cuestionado Consejo Nacional Electoral sería ungirlo en medio de tanta sospecha.

¿De qué sirven sus anuncios de rectificaciones, de cambio de estilo o de mano tendida si permite una campaña plagada de demagogia, abusos e ilegalidades? Si llega a la Presidencia de la República tendrá que cargar con un lastre demasiado pestilente como para inaugurar una época diferente, tal como tibiamente lo esboza.

La argumentación del Presidente de la República para flexibilizar las medidas de apremio es tramposa, porque busca romper la cuerda por el lado más delgado; es decir, por los derechos de las mujeres y sus hijos. Encubre el fracaso del proyecto político de Alianza País; disimula la incompetencia del correísmo en la solución de la pobreza atribuyéndola a factores ajenos (¿qué tiene que ver la irresponsabilidad paterna con problemas estructurales?); descarga el problema sobre los más débiles.