¿Está consciente el presidente Noboa de los riesgos que implica la guerra interna contra el narcotráfico y el crimen organizado? Seguramente sí. No obstante, intentará estirar al máximo las conveniencias coyunturales de la militarización del espacio público. Daniel Noboa necesita mantener a las Fuerzas Armadas en las calles al menos hasta fin de año, para así allanar el camino a la reelección.

¿Cuánto tiempo puede mantenerse esta estrategia antes de que los militares empiecen a manifestar signos de agotamiento o, peor aún, de contaminación? El caso mexicano es el ejemplo más traumático de los graves efectos que provoca en las estructuras militares una guerra interminable e infructuosa.
Los Zetas llegaron a ser el cartel más poderoso y sanguinario de México. Fue conformado por oficiales de élites del Ejército que se sumaron al narcotráfico después de haber sido formados para combatirlo.

El cartel de Los Zetas llegó a tener presencia en todo el territorio mexicano, y negocios en varios países de América, Europa y Asia. Se fracturó y terminó disuelto luego de dos décadas de intensa actividad delictiva.

Uno de los principales argumentos de los cabecillas de ese cartel para dar un viraje tan drástico era que las malas condiciones laborales y los bajos salarios en el Ejército no justificaban tanto sacrificio. Entre el deber y el placer optaron por lo segundo, una decisión bastante común en el mundo de la posmodernidad.

En tales circunstancias, el debate nacional no debe centrarse en la necesidad obvia de enfrentar la amenaza del crimen organizado, sino en cómo hacerlo: salir del problema por la puerta de la democracia o por la chimenea del autoritarismo. Terminar tiznados no es la mejor alternativa. Las soluciones estructurales, como el empleo o la educación, toman tiempo. Es cierto. Pero hay opciones más inmediatas que constituyen una alternativa a la militarización. Por ejemplo, la legalización o la despenalización de la producción, comercialización y consumo de ciertas drogas.

Hoy, ese tema dejó de ser un tabú. Cada vez se lo trata más abiertamente, a pesar de que ya se lo planteó hace medio siglo. En efecto, a inicios de los años 70, Milton Friedman, el mayor apologista del neoliberalismo contemporáneo, planteó esa posibilidad. Simplemente tomó como ejemplo la violencia que se desató en los Estados Unidos a propósito de la prohibición de la producción y el consumo de bebidas alcohólicas a inicios del siglo XX. Al final, su legalización fue la única medida para terminar con la guerra contra las mafias. Las consecuencias del consumo de alcohol pasaron del ámbito de la seguridad nacional al ámbito de la salud pública.

Traer a colación a Milton Friedman permite evitar que los fundamentalistas de la moral pública acusen a la iniciativa de ser parte de una agenda subversiva.