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Detalle de la Unidad Judicial de Lago Agrio, capital de Sucumbíos. Foto: Redes Sociales

Foto referencial. Policía Ecuador

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El pasado 19 de junio, el juez Luis Rivera emitió su resolución sobre los helicópteros Dhruv. La fiscal Diana Salazar estuvo presente vía telemática. Foto: Cortesía CNJ

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A inicios de marzo pasado, un intendente de policía de Pastaza y una familiar solicitaron $1.000 al dueño de un centro de tolerancia para no clausurar el local. El propietario del negocio llamó a la Policía y esta aprehendió a los sospechosos. Pero tres magistrados de la Corte Provincial de Pastaza prefirieron inhibirse y pasar la causa a la Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, mejor conocidos como jueces anticorrupción, que despachan desde Quito.

Edificio de la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Foto: Archivo PlanV
La Corte Constitucional emitió el 7 de junio del 2023 un pronunciamiento sobre la posibilidad de procesar por el delito de prevaricato a los jueces de la Función Judicial que en el conocimiento de garantías constitucionales (como el habeas corpus) proceden contra ley expresa.

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El 2 de junio de 2022, en la oficina 1201, del edificio Almagro Plaza, en Quito, se llevó a cabo una reunión entre Juan José Morillo y Ruth Maribel Barreno, ambos vocales del Consejo de la Judicatura, con Vladimir Gonzalo Alberto Jhayya, Gustavo Osejo Cabezas e Inés Maritza Romero, jueces la Corte Provincial de Pichincha, ubicada a solo 200 metros del lugar de la cita. La conversación quedó grabada en un audio de 71 minutos con 3 segundos y, ahora, un año después, tres de sus asistentes enfrentan un proceso por supuesto tráfico de influencias.

Policías, militares y guías penitenciarios irán a “zonas especiales y diferentes a las zonas de aseguramiento”, en caso de ser detenidos cuando comentan una lesión grave o la muerte de una persona por el uso de la fuerza en sus operaciones. Foto: El Universo
El pasado 1 de junio, el presidente Guillermo Lasso firmó el Decreto Ejecutivo 755 que contiene el Reglamento a la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza. “El absurdo de que el policía debe esperar a que el delincuente le dispare o dispare a un ciudadano, se terminó”, dijo el Mandatario durante la presentación de la norma. El Gobierno aseguró que con este instrumento se aclaraba “disposiciones confusas de la Ley y profundiza aspectos relevantes para la actuación de policías, militares y guías penitenciarios”.

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Constantes viajes al exterior. Compras e importación de muebles. Generosas donaciones a la Iglesia Católica. Retratos familiares pintados al óleo. La Fiscalía ha puesto la lupa a por lo menos 463 beneficiarios de pagos de la empresa off shore Recorsa, establecida en el paraíso fiscal de Panamá, de propiedad de Conto Patiño y su familia, que en el año 2011 recibió una comisión de USD 76 millones de la empresa estatal china Sinohydro, de la que el adinerado amigo de Lenin Moreno era cabildero en varios países de Latinoamérica.

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Imagen: PlanV. Foto: Fiscalía
Una campaña en internet denuncia una supuesta tesis con problemas de plagio. La autora de la tesis es la fiscal general, Diana Salazar, quien la presentó para obtener su título en la Universidad Central. La tesis versó sobre el coyoterismo y el tráfico ilegal de migrantes.

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Peter Calo, ex asambleísta, guarda prisión acusado de violación. La Asamblea y sus socios político del correísmo y el PSC, así como la facción de PK vinculada a Leonidas Iza, intentaron justificar su acción al decir que fue una trampa del gobierno para quitarle votos al juicio político. Documentos en manos de Plan V demuestran que hubo violación, por el examen médico legal. Foto: Archivo Asamblea Nacional