A inicios de marzo pasado, un intendente de policía de Pastaza y una familiar solicitaron $1.000 al dueño de un centro de tolerancia para no clausurar el local. El propietario del negocio llamó a la Policía y esta aprehendió a los sospechosos. Pero tres magistrados de la Corte Provincial de Pastaza prefirieron inhibirse y pasar la causa a la Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, mejor conocidos como jueces anticorrupción, que despachan desde Quito.

El 2 de junio de 2022, en la oficina 1201, del edificio Almagro Plaza, en Quito, se llevó a cabo una reunión entre Juan José Morillo y Ruth Maribel Barreno, ambos vocales del Consejo de la Judicatura, con Vladimir Gonzalo Alberto Jhayya, Gustavo Osejo Cabezas e Inés Maritza Romero, jueces la Corte Provincial de Pichincha, ubicada a solo 200 metros del lugar de la cita. La conversación quedó grabada en un audio de 71 minutos con 3 segundos y, ahora, un año después, tres de sus asistentes enfrentan un proceso por supuesto tráfico de influencias.

Constantes viajes al exterior. Compras e importación de muebles. Generosas donaciones a la Iglesia Católica. Retratos familiares pintados al óleo. La Fiscalía ha puesto la lupa a por lo menos 463 beneficiarios de pagos de la empresa off shore Recorsa,  establecida en el paraíso fiscal de Panamá, de propiedad de Conto Patiño y su familia, que en el año 2011 recibió una comisión de USD 76 millones de la empresa estatal china Sinohydro, de la que el adinerado amigo de Lenin Moreno era cabildero en varios países de Latinoamérica. 

Una campaña en internet denuncia una supuesta tesis con problemas de plagio. La autora de la tesis es la fiscal general, Diana Salazar, quien la presentó para obtener su título en la Universidad Central. La tesis versó sobre el coyoterismo y el tráfico ilegal de migrantes.