Instalar un Tribunal de Cuentas en el Ecuador es continuar con el libreto autoritario para corporativizar el Estado. El Tribunal y luego Corte Constitucional, así como el Consejo de Participación Ciudadana son la demostración de que los grupos privilegiados atornillan sus intereses a un Estado que es cada vez menos democrático y más oligárquico. Es la forma de controlarlo todo a través de camarillas de notables.