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8 de Julio del 2021
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8 de Julio del 2021
Redacción Plan V
La grave fuga de información de inteligencia
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Los miembros de la Comisión de Fiscalización en su mesa de trabajo en la Asamblea Nacional. Algunos miembros del organismo legislativo de control visitaron la sede del Centro de Inteligencia Estratégica y se entrevistaron con sus autoridades. Foto: El Universo

 

Varias fuentes revelaron los resultados de la visita de la Comisión de Fiscalización al Centro de Inteligencia Estratégica, CIES, en la cual se conocieron hechos graves, como la quema de 16 terabites de información y el "secuestro" de información sensible para la seguridad nacional por parte de una empresa de Singapur.

Hay información delicada para la seguridad del Estado ecuatoriano que está en manos de una empresa privada, ex contratista del CIES y de la ex SENAIN la cual, según fuentes reservadas, se ha negado a entregar esa información que le pertenece al Estado ecuatoriano. 

A esta información, la empresa contratista de Singapur tuvo acceso, por ser la que daba mantemiento desde el 2012 a las plataformas de la secretaría de Inteligencia, mediante la actualización de licencias. La ex SENAIN y luego el CIES pagó USD 3,3 millones cada año supuestamente por la licencia y mantenimiento. Es decir, algo más de USD 25 millones. Según las fuentes, el contrato con la empresa se anuló y se le impuso multas. La empresa debió entregar los códigos para descifrar la información, pero no lo ha hecho. La empresa no entregó la información, y los responsables del Estado ecuatoriano los denunciaron por posible fuga de información, lo cual es un delito a escala internacional.

Pero siendo esto muy grave para la seguridad nacional, hay algo peor: Plan V supo que a esa plataforma de interceptación se le instaló un sistema espejo para desviar información a otro sitio (tipo by pass). Es decir, no solo que una empresa extranjera tiene la información sensible y estratégica que pertenece al Estado, sino que hay, según las fuentes, un tercero privado que tiene toda esa data sensible y las autoridades no saben dónde está esa información.

El contrato con la proveedora de mantenimiento del sofware decía que luego de 15 días de no reanudar la licencia por los 3 millones 300 mil de mantenimiento, la empresa debía entregar la información de la plataforma. El caso está en la Fiscalía.

La empresa se escuda que ya no tiene representación legal en Ecuador. El representante era un ejecutivo de apellido Quiroz. Sin embargo, la empresa tiene una representación latinoamericana, a cargo del mismo Quiroz.

Estas revelaciones se dieron durante la visita que hicieron al CIES los asambleístas de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que presidente el periodista Fernando Villavicencio.  En el contexto de la reunión, en la cual también estuvo el ministro de Defensa, Valm. Fernando Donoso, el presidente de la Comisión dijo que desde esas oficinas se coordinó la persecución en su contra y de muchos otros periodistas y disidentes del gobierno de Rafael Correa. La institución, dijo, se transformó en un centro de persecución política: "yo fui víctima de operaciones ilegales de la Senain. Desde. aquí me persiguieron y allanaron mi casa y el despacho de Clever Jiménez, cuando la ley en realidad les obliga luchar contra el crimen organizado".

La Comisión de Fiscalización está investigando 400 millones de dólares que la entonces SENAIN y el CIES destinó en gastos especiales y compra de equipos. Es decir, lo que pasó con el dinero que se destinó a operaciones secretas desde el 2009 al 2020.

La Comisión de Fiscalización está investigando el uso de USD 400 millones que la entonces SENAIN y el CIES destinaron a gastos especiales y compra de equipos. Es decir, se buscan información sobre lo que pasó con el dinero que se destinó a operaciones secretas desde el 2009 al 2020.

El objetivo de la visita fue transparentar los casos de violación de derechos humanos, a la intimidad, privacidad, y los casos de persecución. Por eso, Villavicencio y otros miembros de la Comisión solicitaron al presidente Guillermo Lasso que desclasifique la información, para que con esos datos la Comisión pueda llevar una investigación amplia. En especial, dijo Villavicencio, se debe desclasificar la información del 30S para encontrar evidencias que permitan establcer un caso de lesa humanidad. 

El 30S es el acrónimo referido al 30 de septiembre del 2010, día en que se dio una insurrección policial y militar en todo el país, y que tuvo como consecuencia cinco personas asesinadas en medio de las balas. El entonces presidente Rafael Correa fue supuestamente retenido por fuerzas policiales en el interior del Hospital de la Policía Nacional, en Quito y un amplio operativo militar acudió en su "rescate". El gobierno dijo que se trató de un golpe de Estado.

La Comisión parlamentaria también requirió información sobre los operativos liderados por Rommy Vallejo, ex asesor de Inteligencia  gobierno del ex presidente Correa y luego secretario de Inteligencia de ese gobierno y durante el primer año de Lenín Moreno. Fernando Villavicencio recordó que el ex oficial de la Policía Nacional,Vallejo, tiene una glosa emitida el 16 octubre de 2020, por USD 12.3 millones por la compra de equipos con presunto sobreprecio, en el marco del manejo de fondos para gastos especiales.


A la salida de la sede del CIES (ex SENAIN) el ministro de Defensa, Valm. Fernando Donoso —con corbata roja y terno gris— acompaña a varios miembros de la Comisión de Fiscalización. Foto: Expreso

De su lado, el ministro de Defensa, Fernando Donoso, aseguró en esa visita que el CIES está en proceso de reestructuración. Se terminó el uso de fondos públicos para atentar contra la privacidad de cualquier ciudadano, dijo. No habrá persecución, el CIES solo trabajará en el combate al crimen organizado. Aquí no solo se espiaba, se usaba mal los fondos reservados; hay casos de sobreprecios, aseguró el ministro.  El secretario de Estado garantizó que este momento no hay operaciones y que equipos de interceptación de llamadas, en la Sala Técnica, están ahora en manos de la policía y de la Fiscalía, para que las autoridades puedan usar la información solo con la orden de un juez. De su parte,  la policía y las FFAA son las entidades encargadas de detectar las situaciones de riesgo, señaló.

El actual director del CIES, un contralmirante de la Armada Nacional, dijo a su vez que la disposición del gobierno es total transparencia en la nueva gestión. Se refirió al Caso Caminito, el cual está judicializado y el ex secreario de Inteligencia, Pablo Romero está involucrado. Según las nuevas autoridades y la acusación fiscal, se habría perjudicado al país por el uso indebido de USD 162.000, pues no hubo justificación de pago a un informante (alias Ruso).

Según las nuevas autoridades de inteligencia y la acusación fiscal, en el caso caminito se habría perjudicado al país por el uso indebido de USD 162.000, pues no hubo justificación de pago a un informante (alias Ruso).

Hay otro tema que la Comisión conoció: la adquisición de equipos de geolocalización. En este tema, los responsables de la Inteligencia han pedido a la Fiscalía que se ejecute la cadena de custodia de los equipos, y que se haga un análisis forense. En el gobierno  de Moreno se equipos de geolocalización de celulares por USD 5,8 millones, el 16 de agosto del 2019, cuando Ricardo Luque estaba a cargo del CIES. Este caso está en un centro de mediación con la Procuraduría General del Estado.

El tema es que en los Términos de Referencia (TDR) para adquirir el equipo de interceptación de celulares decía solo para una operadora, pero funcionaba para todas las operadoras. Sin embargo, lo compraron, dijeron las autoridades a los miembros de la Comisión de Fiscalización.

Otro grave problema que se reveló durante la visita de la Comisión es que toda la información de los contratos de equipos no existe. Todo desapareció, se aseguró desde la instancia legislativa de control. En Contraloría es legal que exámenes a todos los gastos reservados se incineren cada tres meses.

La Comisión conoció que el CIES tiene a su cargo hay 423 bienes de gasto corriente y 202 bienes comprados con gastos especiales, que son equipos de interceptación. Y se ha denunciado a la Fiscalía la desaparición de computadoras y discos duros con más de 16 terabytes de información. Los aparatos habrían sido incinerados en la sede del organismo de Inteligencia, en Lumbisí, una parroquia rural ubicada en el valle de Tumbaco, en el centro oriente de la Capital.

El día de la visita se autorizó a los asambleístas ingresar al archivo para revisar su índice, que consta de 26.800 documentos, pero quedó para otra ocasión. que se entregue esa información, donde también constan carpetas de gastos reservados hay que firmar un acuerdo de confidencialidad.

El 9 de junio del 2021 se solicitó a Contraloría, desde la Comisión, que realice una auditoría a los gastos corrientes y gastos especiales desde el 1 de julio del 2008 al 31 de mayo del 2021. Un examen que abarca 13 años. 

 

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