Guayaquil no ha vivido un enero tan violento como el de este 2022. Llegó a 73 muertes violentas y eso significa un aumento del 272% respecto al mismo mes del 2021. Desde el 2010 no hay registros de una cifra tan alta. Solo en 2011 hubo un pico de 56 muertes en ese mismo mes. Pero desde entonces el promedio ha estado en 29 homicidios, según las cifras oficiales del Ministerio de Gobierno.

Guayaquil es el cantón del Guayas con más muertes violentas de la provincia. En enero pasado, el 83% de ellas ocurrió en el Puerto Principal. Pero al revisar por sectores, el Guasmo fue el lugar donde más homicidios se produjeron: un total de 14. En comparación a otras zonas de la ciudad, el Guasmo fue tres veces más violento.

El Guasmo pertenece al Distrito Sur, una zona que ha vivido una ola de violencia imparable en la ciudad. Los otros sectores que componen este Distrito son la Unión de Bananeros, la Floresta y el Centenario. En estas también hubo asesinatos. En total, el Distrito Sur registró 19 muertes violentas solo en enero pasado. En segundo lugar, se ubicó el Distrito Esteros con 9 muertes.

El hecho más violento del mes sucedió en la Playita del Guasmo, un lugar de recreación del sector, pegado a un ramal del estero que desemboca en el Puerto, donde las familias toman el sol en la arena y juegan en el río. Es un balneario popular donde se realizan eventos artísticos. Tiene canchas deportivas y locales de comida.

La masacre en la Playita del Guasmo aterrorizó a sus habitantes. Se recogieron 55 indicios balísticos. Foto: Policía Ecuador

En una de esas canchas, el viernes 22 de enero, llegó un grupo armado con fusiles y ametralladoras -aproximadamente de 20 personas- que descargó al menos 55 disparos contra la gente estaba en el lugar. Llegaron en una lancha por el estero. El ataque dejó cinco muertos y 9 heridos. La Policía explicó que se trató de una venganza de Los Rusos contra Los Lagartos, ambas bandas relacionadas con delitos como el narcotráfico.

Pero la masacre en la Playita del Guasmo no es un evento más de violencia, dice Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH Guayaquil). Es un hecho, afirma, que la ciudad no lo había vivido en su historia reciente. Además de ser planificado, fue un ataque indiscriminado contra miembros de bandas y la comunidad que está en esa zona recreativa. “No es un hecho más de crónica roja. Podría ser el inicio de agudización de la violencia”, sostiene el activista.

La vida en medio de la violencia

El Guasmo Sur ha sido un lugar tradicional de alta criminalidad y de ausencia de control policial, explica Navarrete. Surgió como un asentamiento irregular de poblaciones afrodescendientes, donde los traficantes de tierras han operado cobijados por el poder político.

Las comunidades del Guasmo Sur han estado históricamente relacionadas con la vida natural y silvestre del Estero Salado. Navarrete cuenta que mucha de esa población ha trabajado en el empaque de camarón y en la búsqueda de conchas. Las camaroneras han dado trabajo, pero en condiciones laborales desfavorables para estos ciudadanos, muchas veces con sueldos precarizados.

Su vida también ha estado condicionada por su cercanía al Puerto Marítimo. El estero es la ruta de disputa de las organizaciones criminales que buscan contaminar los contenedores que salen del Golfo de Guayaquil. Sus poblaciones aledañas, como el Guasmo, son espacios olvidados donde se han asentado las economías ilegales y donde las industrias instaladas allí no son suficientes para el sostén de estas familias. La criminalidad ha ido ascendiendo por esa relación con el puerto.

Las zonas alrededor del Puerto Marítimo viven una ola de violencia que ha aumentado desde el año pasado. Foto: PlanV

Al igual que en otras zonas del país agobiadas por la violencia, el Guasmo es un lugar donde el silencio es una estrategia de sobrevivencia. Para este reportaje fueron consultados líderes barriales, pero la mayoría prefirió no comentar sobre el aumento de la inseguridad. Solo una de ellas habló con PlanV. Vive desde hace tres décadas en el sector y pide que su nombre no aparezca en la publicación.

Para esta líder, la escalada de violencia que vive Guayaquil desde 2021 solo la compara con lo que sucedió en el sector Unión Bananeros, también en el Distrito Sur, hace más de 25 años. En esa época, recuerda, apareció un escuadrón de la muerte que empezó a hacer ‘limpieza social’ por el aumento de robos y violaciones. Era frecuente encontrar a personas maniatadas en costales y tiradas en la calle. Pero estos hechos violentos, añade, se cometían sobre todo por la noche. Ahora, los asesinatos se producen a plena luz del día. “Hacen lo que quieren”, afirma.

Navarrete ubica otro periodo similar. A inicios del 2000, en Guayaquil hubo un ascenso de la violencia. Semanalmente se hallaban hasta 10 cuerpos en el sector Tres Bocas, de la vía Perimetral, que es una autopista que rodea la ciudad. Eran personas con antecedentes delictivos que aparecían maniatados, tapados la boca y con disparos en la espalda y cabeza. Los ejecutores eran agentes policiales vestidos de civil o los llamados ‘escuadrones de la muerte’. Fue la historia, por ejemplo, de la tortura y muerte de Carlos Arístides Lara Silva y David Eduardo Delgado Galarza, el 29 de diciembre de 2001 en el Guasmo. Su caso llegó hasta la CIDH después de sus familias alegaran contra el Estado graves violaciones a los derechos de los dos jóvenes de 28 y 16 años.

Ahora la líder comunitaria siente que han vuelto esos días. Cada vez que ella o su familia salen de su casa para trabajar temen por lo que puedan pasar, desde robos o estar expuestos a un hecho violento. En 2021 hubo un asesinato en su calle.

A sus vecinos les ha pedido que no salgan de sus casas más allá de las 20:00 y si tienen reuniones, que permanezcan con las puertas cerradas. También les recomienda evitar encontrarse con desconocidos. Quienes tienen familiares que trabajan en la noche viven preocupados. En el Guasmo, cuenta esta habitante, los carros repartidores de productos van escoltados con la Policía. “Para nosotros esto es una pesadilla”.

Ha visto un incremento de la presencia de la Policía y de los patrullajes. Pero apenas pasan, vuelven los robos y asaltos a las calles. Ella recomienda a todo visitante que instale el botón de seguridad de la Policía Nacional en su celular. El botón permite una comunicación directa entre el ciudadano y la UPC del sector de su residencia. Pero este servicio no siempre es eficaz y la ayuda demora. Además, la Policía pide los nombres del denunciante y eso causa temor en los ciudadanos por posibles represalias.

El miedo de la comunidad a hablar con la fuerza pública es muy fuerte, según Navarrete. O incluso con cualquier representante del Estado, que además se han alejado por la pandemia. La única presencia del Estado es la Policía, pero de forma esporádica.

Para la mujer, su mayor preocupación es la niñez. “Matan delante de los niños, roban, consumen droga”. Por su sector hay niños de 11 años consumidores. Por eso trabaja en proyectos para que los jóvenes dejen la calle. En su organización hacen batucadas (música con tambores) o enseñan ballet y barbería a los jóvenes que han dejado la escuela porque no tienen acceso a internet. “Me dicen que sí quieren salir adelante, pero no tienen el apoyo”.

Las organizaciones criminales cubren todo lo que debe hacer el Estado, afirma Navarrete. Desde hacer mejoras en el barrio como la limpieza de un parque hasta brindar seguridad a cambio de un pago, es decir ‘vacunas’ o pagos extorsivos. El activista explica que esta práctica lleva años, pero que se ha vuelto más explícita. Sucede después que las personas reciben la visita de miembros de estos grupos, que además son parte de la comunidad.

Así como sucedió hace un par de décadas, la posición del Estado para enfrentar la violencia es la securitización y militarización de la sociedad, cuestiona el activista. Un ejemplo de esto fue lo sucedido en la cooperativa Proletario sin tierra, en el Guasmo Sur. Manuel Gómez, de la organización Faico, contó en noviembre de 2021 a la CDH Guayaquil que lamentaba la demolición de varias casas que pertenecían supuestamente a una organización criminal que traficaba drogas por el estero. Eran casas bien construidas, de cemento, que pudieron servir para las actividades de organizaciones sociales en el sector. “Las noticias han puesto a los habitantes de este sector como si fueran los más buscados de la Zona 8. Es fácil decir que hay organizaciones criminales. Pero el Estado, ¿qué está haciendo para evitar esto?”, se preguntó el líder comunitario.

Navarrete agrega que cuando se han decomisado drogas, las propiedades son entregadas para diversos usos, pero en el Guasmo Sur las demolieron. Pero aclara que esto no es nuevo. En 2015, Julio César Quiñónez, gobernador del Guayas, trató de demoler las casas colectivas ubicadas en la calle Gómez Rendón, después de que allí se hiciera un operativo contra expendedores de droga. “Quería arrasar con ese espacio”, explicó Navarrete. Eso se detuvo al final después de tres años de pelea, tras considerar que ese era un bien patrimonial.

Toda organización, desde la mirada del Estado, resulta un estorbo y no se exploran otras vías para enfrentar la violencia, dice el activista, comenzando por ejemplo por atacar la filtración del crimen organizado en la fuerza pública.

Un ex GIR como nuevo comandante para la Zona 8

El general Víctor Hugo Zarate Pérez asumió la semana pasada como el nuevo comandante de la Zona 8, después de un primer de 2022 que rompió récord de violencia. Zárate tiene 35 años de servicio en la Policía Nacional, de los cuales 20 pasó en el Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Fue comandante del GIR en Manta y en Guayas, antes de ser posesionado como comandante nacional del GIR en 2014.

Ha ocupado los cargos de comandante de la Zona 7, de la Zona 5, del Distrito de Policía de Manta, de la Subzona Imbabura. Fue subsecretario de la Subsecretaría de la Policía y agregado policial en la Embajada de Ecuador en México. También fue jefe de la Escolta Legislativa de la Asamblea Nacional en 2016.

Ha recibido cursos en el FBI y de respuesta a crisis, antiterrorismo, paracaidismo, entre otros, según su hoja de vida.

En su posición, el 1 de febrero, dijo que su misión será reducir la violencia. Una de las estrategias que implementará será el uso de más policías vestidos de civil para labores de inteligencia.

En sus primeras declaraciones públicas, que dio este martes 8 de febrero, Zárate se quejó que el aumento del consumo de drogas no está siendo atendido por el Estado. Afirmó que existe en marcha una política pública a cargo del Viceministerio del Interior, donde esperan la participación de otras entidades estatales. “Estamos en el día a día los servidores policiales poniendo el pecho a las balas”, agregó.

El gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, aseguró que el mayor incremento de las muertes violentas en el sur de la ciudad se debe a que se ha triplicado la incautación de droga en enero pasado en relación a enero de 2021. Es “la causa raíz del problema”.