El Gobierno desistió de un veto total -que le hubiera impedido a la Asamblea volver a tratar el asunto por un año- y en su lugar envió un veto parcial con objeciones constitucionales y de pertinencia sobre buena parte del articulado de la Ley aprobada por la oposición. Pero no se descarta que la Asamblea pueda lograr los votos para insistir en sus textos, lo que restablecería el control mediático en el Ecuador.