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Los Confidenciales

23 de Octubre del 2020
Julio Bueno, Ola Bini... los daños colaterales de un reportaje sobre el espionaje político
23 de Octubre del 2020

 

 


El informe del portal Periodismo de Investigación, que integran Fernando Villavicencio y Christian Zurita Panadería: espionaje desde la cárcel, tuvo "daños colaterales". Se trata de dos de los mencionados en esta red de espionaje político -formada supuestamente en este gobierno por el estadounidense Paul Ceglia- el asesor presidencial Julio Bueno y al experto informático sueco Ola Bini.Ambos niegan cualquier relación con el tema. 

Julio Bueno

Según el reportaje, luego el manejo de esta red pasó a manos de ex funcionarios del correísmo, como Fernando y Vinicio Alvarado, en julio de este año.

Julio Bueno, músico y asesor de Moreno, es esposo de la también asesora del presidente Lenin Moreno en Palacio de Gobierno,  Rosángela Adoum. Él explicó a Plan V, su actuación en este caso, la cual niega haya estado involucrada en una red de espionaje político.  Bueno señaló varios puntos:

Paul Ceglia

«En reiteradas ocasiones, Marie Ceglia (esposa del norteamericano) se ubicó en la Plaza Grande, frente al Palacio de Gobierno, solicitando ser recibida para exponer la situación de vulnerabilidad a la que se encontraba expuesto su hijo Orión, entonces de un año de edad, toda vez que su padre, Paul Ceglia estaba en el Centro de Detención Provisional (CDP) por un pedido de extradición de EEUU. La señora Ceglia explicó que el pedido de extradición respondía a un juicio entre privados y aclaró que su esposo no es solicitado por haber cometido alguna infracción contra el Estado.

«Marie Ceglia había expuesto su caso en diversos medios de comunicación.

«El 5 de abril de 2019, Marie Ceglia fue recibida en el Palacio de Gobierno y presentó una solicitud de “asilo territorial”, insistiendo que corre peligro la vida, la libertad y la integridad de su esposo Paul. 

«En mi condición de asesor presidencial, fui delegado para recabar la información correspondiente, así como para entrevistarme con los integrantes del núcleo familiar y verificar si efectivamente el niño al que se hacía referencia era de nacionalidad ecuatoriana. La información fue analizada jurídicamente al interior de la Presidencia de la República.

«En este proceso, entrevisté tanto a la madre como al padre del niño ecuatoriano Orión Ceglia. Para hacerlo con su progenitor, tuve que asistir al Centro de Detención Provisional. Ahí me mostró el emprendimiento de panadería que había desarrollado para brindar una alternativa de capacitación a las personas privadas de la libertad. Esta fue la participación que tuve en este proceso humanitario».

El ex director de orquesta y músico, quien desde el principio de este gobierno asesora al presidente, precisó que se reunió con el informático norteamericano, quien fue demandado por el ex principal de Facebook, Mark Zuckerberg, quien lo acusa de extorsión en Estados Unidos, en la oficina del director del Centro de Detención Provisional en Quito. Bueno dijo que "no conozco las instalaciones de la cocina ni de la panadería". Bueno aclaró que en las dos ocasiones que fue al CDP en cumplimiento de su encargo estuvieron presentes el traductor y el director del CDP. Además, dijo que "conoció del emprendimiento de la panadería porque lo invitaron a comer una empanada", pero que nunca fue. 

Ceglia, quien es informático de profesión, huyó de Nueva York en 2015, luego de que Zuckerberg le pusiera un juicio penal por fraude y extorsión, rompiendo el grillete electrónico que tenía en el tobillo y a pesar de pagar una fianza de USD 250.000 que perdió debido a su evasión. Ceglia le había reclamado a Zuckerberg, de quien fue socio, la mitad de Facebook, pero su demanda fue declarada maliciosa y, en su lugar, se inició en su contra un proceso por fraude y extorsión. Tras ser arrestado en Ecuador, el actual gobierno le concedió asilo. 

Ola Bini

El reportaje asegura que detrás de la cocina del CDP, tanto Ceglia como Ola Bini habían instalado una red de computadoras para desde ahí realizar las acciones de espionaje y que Bueno visitó y se reunió en dos ocasiones en ese sitio con Ceglia. También asegura el reportaje que María Paula Romo, ministra de Gobierno, había estado en una de esas reuniones en el CDP. Mediante carta oficial, ella dijo al portal Periodismo de Investigación que nunca ha pisado ese centro de detención.

Continuando con la versión de Bueno:

«El 4 de junio de 2019, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, firmó el Oficio No. T.454-SGJ-19-0398, dirigido a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en el que señaló: “…en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de la Ley de Extradición, confiero a usted, señora Ministra, DELEGACIÓN PARA DENEGAR la extradición pasiva del ciudadano estadounidense irlandés PAUL DEAN CEGLIA.

«El martes 11 de junio de 2019, Paul Ceglia fue puesto en libertad y, en rueda de prensa, prometió crear empresas de desarrollo tecnológico con el objetivo de generar fuentes de empleo para jóvenes.

«Los sistemas que podría haber generado Paul Ceglia corresponden a iniciativas privadas y en caso de que hubiese celebrado contratos con instituciones públicas serían posteriores a todo este proceso, se habrían respetado la normativa correspondiente y tal como indica el documento que publica Periodismo de Investigación, el supuesto acuerdo de confidencialidad es de 23 de enero de 2020 (7 meses después de la liberación de Ceglia».

«En el caso de un texto confuso y desacertado que pretendía atacar a mi esposa Rosángela Adoum, firmado con seudónimo por un troll, efectivamente solicité apoyo a varios amigos e “influencers” de las redes para que me ayudaran a evidenciar que era un artículo cobardemente publicado desde el anonimato, con aseveraciones fantasiosas y desproporcionadas. Se trata de un tema estrictamente personal que atañe a la condición profesional, política y espiritual de mi esposa que defenderé siempre y más aún cuando se trata de falsedades proferidas desde las sombras. Hechos como este son los que deberían ser investigados, antes de reseñárselos con capturas de pantalla de chats personales, sin ningún proceso previo de verificación, constatación, ni contrastación».

«Es necesario señalar que, en cuanto a la acusación de supuesto espionaje, mi cargo y las responsabilidades que le atañen, no forman parte del Sistema Nacional de Inteligencia que, según la normativa correspondiente, mantiene sus protocolos específicos de actuación».

Sobre Ola Bini

De su lado, el abogado de Ola Bini, Carlos Soria, dijo en hilo en Twitter que:

El portal @Pinvestigacion3 ha publicado un reportaje como resultado de una investigación hecha por ellos. En el mismo se menciona a nuestro  defendido @olabini. Existen errores que merecen ser aclarados; estos son los hechos: #FreeOlaBini.

El portal PI había señalado en su cuenta de Twitter que: 

Paul Ceglia colaboró con el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) en un sistema informático que diera seguimiento a los opositores del gobierno de #Moreno. 

Y que Ola Bini había trabajado con el servicio de inteligencia del gobierno, el cual lo había denunciado por supuesto espionaje ante la Fiscalía General del Estado.

El abogado Soria dijo: 

Se dice que Ola Bini habría estado, desde la cárcel, colaborando con otro interno en acciones de espionaje por encargo del gobierno del Presidente @Lenin Esto, según el reportaje habría sucedido el día domingo 11 de abril del año 2019. (en la panadería del CDP. Ndlr.)

Primero, el 11 de abril no fue domingo. Fue jueves. Segundo, el día 11 de abril a Ola Bini se lo estaba ilegitima y arbitrariamente deteniendo en el aeropuerto de Quito. Recién a las 8am del viernes 12 de abril Ola Bini fue ingresado a flagrancias no al CDP. Y recién a las 21h16 de la noche se recibe la solicitud del fiscal para formular cargos.

Recordemos que hasta ese punto la acusación era de que junto a dos hackers rusos habría estado haciendo actividades para desestabilizar al Gobierno del Ecuador. Bueno eso fue lo que nos dijo la señora ministra María Paula Romo y que ya mandaba las pruebas. (Supuestas pruebas que nunca llegaron).

Luego de la orden del juez que concedió la medida de prisión preventiva (2am del 13 de abril), recién el domingo 14 de abril, Ola Bini llega al CDP de Quito donde supuestamente estuvo ya desde el 11 de abril. Entonces, ¿cómo es que Ola Bini pudo haber estado en dos lugares diferentes al mismo tiempo? Y lo peor haciendo dos cosas completamente contradictoras, según las autoridades.

No nos olvidemos también que hasta ahora a Ola Bini se lo ha acusado de lo siguiente:

1. Actividades de desestabilización al Gobierno de Lenín Moreno junto a dos rusos (hasta ahora no asoman los rusos).

2. Ataque a sistemas informáticos (hasta ahora no sabemos cuáles fueron).

3. Acceso no consentido a un sistema informático (no ha habido acceso).

Y ahora resulta que después de todo esto, no ha sido así, si no que más bien era todo lo contrario. ¡Ha estado trabajando con otro detenido en acciones de espionaje para el gobierno de Lenín Moreno!

Y justo este reportaje basado en la investigación sale a la luz cuando hace una semana Ola Bini demandó al gobierno del Presidente Moreno porque lo andan siguiendo, acosando y escuchando ilegalmente ¡Ahora todo tiene sentido! ¿No?

22 de Octubre del 2020
Repsol Ecuador vende todos sus activos por USD 5 millones
22 de Octubre del 2020

Foto: Repsol

 

El comunicado decía lo siguiente:

"Calgary, Alberta - TheNewswire - 20 de octubre de 2020 - La empresa New Stratus Energy Inc. anunció este 20 de octubre, desde Calgary, Canadá, que firmó una carta de intención con determinadas filiales de Repsol S.A. para adquirir potencialmente ciertos activos de la petrolera española".

Repsol maneja en el Ecuador los campos 16 y 67 en Orellana (sector del Yasuní) y el 29,66 % en Oleoducto de Crudos Pesados Ecuador (OCP). El acuerdo transfiere todos los activos de Respol Ecuador.

El comunicado señaló que la transacción depende de aprobaciones regulatorias como la autorización previa del Ministerio de Energía y Recursos no Renovables de Ecuador y de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, así como de las aprobaciones habituales de TSX Venture Exchange (Bolsa de Canadá).

Según la carta de intención "la contraprestación total por la transacción potencial se estructura como un pago en efectivo garantizado de USD 5 millones (sujeto a ajustes habituales) a pagar en dos  cuotas iguales y pagos contingentes adicionales vinculados a las siguientes condiciones y / o ocurrencia de eventos: (i) la extensión del plazo de los Contratos de Servicio con un pago máximo por parte del Comprador a los Vendedores de USD 12 Millones, (ii) el precio promedio de Brent durante los años calendario 2021 y 2022, (iii) el cobro real de los "arrastre" generado bajo los Contratos de Servicio y (iv) un porcentaje de los dividendos o distribuciones pagados por OCP LTD por encima de cierta cantidad.

La empresa canadiense tiene como presidente y director ejecutivo al venezolano José Francisco Arata (exdirectivo del grupo PDVSA). En su comunicado se dijo que la empresa y Repsol presentaron una solicitud de autorización al Ministerio de Energía y que New Stratus presentará la petición a la Autoridad Antimonopolio de Ecuador en los siguientes siete días a partir de anuncio.

Laurentian Bank Securities Inc. y Horizon Capital se desempeñan como asesores financieros en esta transacción, dijo el comunicado.

Esta empresa, New Stratus Enery está relacionada en Colombia con Pacific Stratus Energy y Pacific Rubiales. Un informe del portal colombiano las2orillas. com, aseguró que Pacific Rubiales es un emporio que terminó valiendo cero: "Con la venta a Catalyst Capital Group., los accionistas perdieron todo. Mario Valencia cuenta como 4 venezolanos lograron volver millonarios a unos pocos". 

La nota, publicada en abril del 2016, sostiene que "Pacific Rubiales se convirtió en una poderosa empresa que encontró en Colombia el territorio propicio para desarrollarse empresarialmente, beneficiado en gran medida por la docilidad de los dos últimos gobiernos  —leáse Alvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos—,  a los intereses foráneos. Por eso su éxito no es comparable con el resto del mundo empresarial en cuanto se trató de un  caso particular en el que. cuatro venezolanos lograron aprovecharse de la debilidad del estado para volver millonarios a un puñado de personas que supieron retirarse a  buena hora y disfrutar de la riqueza acumulada.

"La enorme riqueza creada para sus dueños y directores, —Manuel de la Campa, Serafino Icano, Ronald Patin y Jose Francisco Arata—  no es exclusivamente el resultado de una genialidad tecnológica, sino principalmente de la permisividad para extraer desaforadamente un recurso natural no renovable que le pertenece a todos los colombianos. El análisis de Mario Valencia busca mostrar cómo Pacific Rubiales ha sacado provecho de un Estado débil, de la falta de control, de la ideología de privatizar el petróleo, para hacer millonarios a un puñado de personas, con los recursos de todos los colombianos.

Un grupo de personas que llegaron con 15 millones de dólares y construyeron una empresa que llegó a costar, según su capitalización bursátil  más de 6.700 millones de dólares. ¿No podría el Estado haber obtenido esas ganancias para la mayoría de los colombianos?".

El análisis al que se refiere la nota, es un informe-documento realizado por Mario Alejandro Valencia, de la Universidad Uniciencia, fue publicado por el departamento editorial de esta universidad en la serie "Documentos de investigación. Facultad de Contaduría Pública". Se llama: Política Minero - Energética: Análisis del Caso Pacific Rubiales. Fue publicado en mayo del 2013.

20 de Octubre del 2020
Juego de tronos en el Hospital Carlos Andrade Marín
20 de Octubre del 2020

 

Luego de varios meses de auditoría interna, en julio del 2019, el gerente general del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, el principal del IESS en Quito, Dr. Juan Páez Moreno, hizo público un perjuicio al hospital por la caducidad de medicina. Se reportó entonces que se trataba de multivitaminas, hierro, ácido fólico y otros compuestos, los cuales se habían caducado almacenados en la bodega del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), de Quito, entre 2012 y abril de 2018.

La pérdida por esos medicamentos, dijo entonces el gerente Páez Moreno, que se habrían comprado hasta para siete años, ascendía a más de USD 7’000.000. Para el directivo, la situación se había desencadenado "debido a la corrupción con la que se manejaron los contratos con los proveedores en administraciones anteriores". En muchos casos, los acuerdos de compra "no permitían cambios ni devoluciones y que las compras excesivas y sin criterio causaron pérdidas".

Páez había entregado a la Contraloría General del Estado nada menos que 17 procesos relacionados con estos hechos para que se investigue y se determine a los responsables. Pero para julio del año pasado las denuncias aún no han tenido resultado, por lo que no pueden pasar a la Fiscalía. El gerente denunció un "esquema generalizado de corrupción".

El cardiólogo de 67 años fue nombrado gerente en abril del 2017 y se había mantenido en el cargo, incluso cuando fue afectado por la Covid-19 en junio del 2020, permaneciendo en terapia y tratamiento de complicaciones graves que lo tuvieron al borde de la muerte, nada menos que 115 días. Durante este tiempo fue subrogado. Él salió con el alta el 16 de octubre último.

Ese mismo día en que el gerente general y médico escapaba de la muerte y salía con el alta médica en medio de los aplausos del personal de HECAM, el presidente del Directorio del IESS, Jorge Wated Reshuan, hacía público en su cuenta de Twitter que que la entidad había perdido USD 5,7 millones en medicamentos, los cuales habrían caducado en al menos 10 de sus hospitales, entre 2016 y 2020.  De una lista de hospitales del Seguro Social, el HECAM, decía Wated, había perdido USD 2,5 millones en medicamentos caducados. 

El trino del alto funcionario, colocado en el cargo por el presidente Moreno, luego del escándalo de corrupción que involucró al anterior presidente, Paúl Granda, anunciaba que "en una primera investigación, detectamos más de USD 5,7 millones sobre medicamentos caducados en ciertas unidades médicas del IESS". 

Pero la que anunciaba Wated como primicia no era la "primera investigación". Un informe de la Contraloría General del Estado, hecho público seis semanas antes del anuncio de Wated, a fines de agosto del 2020, y como fruto de las denuncias del gerente Juan Páez, determinó que medicinas e insumos médicos por USD 4,74 millones habían caducado en las bodegas del HECAM. La Contraloría acusó a los jefes de bodega y guardalmacenes que se habían turnado en el cargo entre el 2013 y el 2018. Se trataba de 87 mil medicamentos y 100 mil insumos y dispositivos médicos. Fruto de esta negligencia o corrupción, fueron afectados pacientes enfermos de cáncer, trombosis, párkinson o que necesitaban antivirales. También se provocó que no existieran medicamentos para pacientes hípertensos ni para tratamientos con antibióticos, o enfermedades gastrointestinales; para cirugías oculares, neurológicas y de traumatología. 

A la par del informe, también había una indagación previa en curso, la 17010181XXX sobre las denuncias presentadas 14 meses antes por el gerente del H. Carlos Andrade Marín.  Para el Dr. Páez, esta "denuncia" presentada por Jorge Wated, solo buscaría "sustentar el cambio de funcionarios de esta casa de salud". Pues las notas periodísticas, producto de la información entregada por Wated, se han referido a que estas irregularidades habrían ocurrido entre el 2018 y el 2020. Todo este propósito, dijo el gerente, "es para justificar tres aspectos: el cambio de ciertas autoridades del HECAM durante mi ausencia, implementación de directrices erradas para administrar el hospital que tendrán como resultado el fracaso a muy corto plazo y realizar una compra centralizada en lo que resta de la administración central".

Según el gerente, durante su ausencia en el cargo por estar afectado por la Covid-19, se tomaron algunas resoluciones por parte de sus reemplazos, que buscarían revertir decisiones tomadas durante su administración, entre las cuales expuso:

«Pagar a la empresa Pamaux, por cuanto existe informe de Contraloría que dijo, como un hallazgo de la entidad, que "no se evidencia que la contratista haya cumplido y hay un criterio jurídico institucional que recomienda el no pago".  "Dejar sin efecto el estado de contratista incumplido de la empresa Abbot del Ecuador, "tal cual la exigencia de un asesor del Presidente del Consejo Directivo"."Dejar sin efecto el estado de adjudicatario fallido de la empresa Oxialfarm".

«Entregar en calidad de préstamo cantidades exageradas de medicamentos la Hospital Teodoro Maldonado Carbo y desabastecer al HECAM, exponiéndolo a una crítica situación de stock en fármacos, tal cual la disposición que obra en el memorando IESS-DSGCIF-2020-7109-M.

«Mantener la decisión de no derivar a pacientes del IESS a unidades de salud privada, salvo casos estrictamente necesarios. Pretender la derivación internacional sin criterio técnico-médico que sustente y motive el uso adecuado y óptimo de los recursos de los afiliados (...) es dar por hecho que nuestro sistema de salud y nuestros profesionales de salud no están preparados para afrontar situaciones de salud que están en el campo de las especialidades. 

«Suscribir un contrato complementario de alimentación en el HECAM sin informe del administrador del contrato y pese a las constantes negativas.

«Detener en el Consejo Directivo del IESS la aprobación del proyecto de transplante de médula ósea, el cual se puede hacer en el HECAM, lo cual ahorra 200 mil dólares por transplante, lo cual afecta directamente a los recursos económicos de los afiliados.

«Ofrecer, a los afiliados, soluciones en redes sociales soluciones que técnicamente no son ejecutables, lo cual pone en riesgo la sostenibilidad del fondo de salud, generando falsas expectativas de entregar medicamentos que no están en el Cuadro Básico de Medicamentos». 

16 de Octubre del 2020
La encuesta del INEC: una muestra dudosa y una polémica política
16 de Octubre del 2020

 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), una institución dependiente del Ejecutivo, presentó una denuncia penal contra Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Según los funcionarios del régimen, Alarcón habría difundido "información restringuida" aunque lo que publicó en su cuenta de Twitter fueron datos de la encuesta de empleo, que el INEC realiza todos los meses. 

Todo empezó el 7 de agosto, cuando el dirigente gremial publicó en su cuenta de Twitter: "Encuesta de empleo del INEC – ENEMDU Telefónica (Mayo-Junio 2020): De cada 100 trabajadores más del 80% no tiene un empleo adecuado. La tasa de desempleo se dispara al 13,3%". En el tuit del dirigente gremial, se presentaba además un cuadro explicativo elaborado por la Cámara. 

La publicación de Alarcón, quien ha sido crítico de algunas de las medidas económicas del Gobierno y de sus propuestas, como la "contribución" de trabajadores y empresas para, supuestamente, combatir la crisis causada por la pandemia, fue inmediatamente comentada por el ex presidente Rafael Correa, también en Twitter:

"Lo bueno de cogobernar! El INEC aún no saca las cifras, pero el representante de los grandes comerciantes ya las tiene. En todo caso, ya no pueden ocultar la tragedia a la que nos ha llevado el Gobierno que tanto apoyaron".

La respuesta del régimen, al otro día, es decir, el 8 de agosto, a la publicación de Alarcón fue ponerle una denuncia penal en la Fiscalía, por un presunto delito de "divulgación de información restringuida". Según explicó Caridad Vela, secretaria de Comunicación del Palacio, el Ejecutivo y los fiscales no quieren encarcelar hasta tres años a Alarcón, sino que les cuente quién le entregó la información que, tal como dice Correa, aún no se había publicado oficialmente. 

La medida del Gobierno, que se suma a una reciente denuncia penal contra el periodista de La Posta, Anderson Boscan, también por un trino, en la cual un oficial de Policía que supuestamente actúa de su cosecha y no por órdenes del régimen, aseguró que al publicar cuántos policías habían dado positivo para COVID hace meses les está violando "la intimidad" a los uniformados, provocó el rechazo de los gremios empresariales.

Para Fundamedios, que emitió un comunicado, la denuncia "violenta el derecho de acceso a la información pública"  y debe ser "inmediatamente retirada". De su lado, por lo menos 32 gremios del empresariado apoyaron a Alarcón y pidieron el retiro inmediato de la denuncia. 

Mientras tanto, el 15 de octubre, el INEC y el ministro de Trabajo, en el Palacio de Gobierno, sostuvieron que los resultados de su encuesta evidencian un fenómenos curioso: según ellos, entre junio y septiembre de este año, por lo menos 477 mil personas "salieron del desempleo", lo que no significa que tenga empleo formal necesariamente, sino que pueden haber engrosado el subempleo y el empleo inadecuado del que hablaba Alarcón.

Esta vez, el INEC aseguró que hizo la encuesta en un 98 por ciento de forma presencial durante el mes de septiembre. Aunque si se compara con los propios datos del INEC del año pasado, se puede ver que el desempleo en septiembre de 2019 estuvo estimado en 4.9%, mientras en septiembre de 2020 es de 6.6%, es decir, aumentó en lugar de disminuir con relación al año pasado. Por otro lado, a principios de agosto, se evidenciaba una gran caída del empleo formal, cuando el IESS reportó que en cuatro meses de pandemia había perdido por lo menos 270 638 afiliados, el 91%  por despidos. 

La ficha metodológica de la encuesta, publicada por el INEC en la página 11 de este documento, muestra la cobertura efectiva de viviendas de la encuenta y evidencia un curioso fenómeno: 574 viviendas fueron cubiertas en Quito. De esas, solo 126 fueron del estrato bajo. Mientras tanto, se planteó encuestar 896 viviendas en Cuenca, 840 en Ambato y 1428 en Guayaquil. En Guayaquil se repitió el mismo sesgo metodólogico que en Quito: solo 252 viviendas del estrato bajo fueron consultadas, concentrando la encuesta en los sectores medios y altos de la población. En Ambato, en cambio, se consultó la misma cantidad de viviendas en los estratos alto, medio y bajo de la población. ¿Significa esto que las conclusiones del INEC subestiman el impacto de la pandemia en los sectores populares de las principales ciudades?

 

8 de Octubre del 2020
Santiago Roldós Bucaram responde a Jacobo Bucaram
8 de Octubre del 2020



Lea la carta de Jacobo Bucaram Pulley aquí

"Me siento feliz y orgulloso de este encierro, porque sigue el mismo curso la historia de la persecución a la familia más honorable y luchadora del Ecuador, me siento más orgullos que nunca de ser un BUCARAM, ahora me tocó a mi porque siguiendo los pasos de mi tío Don Buca, de mi tío Jaime Roldós Aguilera y de mi padre el líder de los pobres más grandes que ha tenido este país en toda su vida soberana, somos de esos hombres que desafiamos a los poderes de la sociedad, combatiendo toda clase de injusticias y abusos de poder contra los más necesitados, esta actividad termina a uno hasta costándole la vida como sucedió con mi tío Jaime Roldós...".

La carta de Jacobo Bucaram mencionó dos veces a Jaime Roldós. Pero Santiago Roldós, el hijo menor del expresidente, le replicó:

"Jacobo Bucaram Pulley tendría que lavarse la boca y la consciencia antes de atreverse a aludir a Jaime Roldós Aguilera, por más que haya sido efectivamente su tío, por la misma coincidencia genética que hizo que mi madre, Martha Bucaram Ortiz, una mujer excepcional e íntegra, fuese hermana de un miserable traidor y ratero como Abdalá Bucaram Ortiz, insolente guardaespaldas, gánster y mercachifle de la oligarquía a la que Jaime Roldós y Martha Bucaram combatieron, y de la que nunca quisieron ser parte, a diferencia de la mafia sangrante y ominosamente arropada por la espantosa bandera del PRE y luego de FE.

"Hay muchas posibilidades de ser Bucaram y decente; no se escondan en la misma lógica de pacotilla usada por las mafias intocadas de los social y demócratas cristianos de ayer y de hoy: con todo lo sufrido en mi propia historia, con toda la violencia patriarcal sufrida por mí y mis hermanas a manos de una familia enloquecida por el poder y el dinero, no creo que los cínicos de Abdalá y sus secuaces sean peores que Alarcón, Mahuad, Lucio, Correa, el saliente ministro Richard Martínez u otros decentes especímenes de la estirpe de extractivistas y déspotas que nos gobiernan".

2 de Octubre del 2020
Así se fraguó la orden de detención contra Fernando Villavicencio
2 de Octubre del 2020


Un médico de la provincia de Cañar dijo haber sido deshonrado por un mensaje en la red social twitter de Fernando Villavicencio, periodista y precandidato a asambleísta nacional, que lo señala a él y su familia como poseedores de carnés de discapacidad. El demandante tuvo la coincidente suerte que el caso cayó en manos de un juez que también obtuvo un carné de discapacidad. El autor del mensaje de twitter, ahora demandado, es el periodista Fernando Villavicencio.

Entre los hechos de corrupción develados en la pandemia del Covid 19 sobresale la entrega de 3.000 carnés de discapacidad de manera ilegal. Ese documento, que desde 2013 es entregado por el Ministerio de Salud Pública, representa importantes beneficios: exoneración de tributos en la importación de vehículos, rebajas en servicios básicos, devolución del impuesto al valor agregado (IVA).

El carné además otorga puntos en caso de postulaciones a concursos, asensos y nombramientos en la función pública y permite la jubilación anticipada por discapacidad. En julio pasado, José Martínez, director del sistema de pensiones del IESS alertó sobre el crecimiento inusual de jubilaciones por discapacidad e indicó que encontraron casos que no cumplían con los requisitos para la jubilación.

El escándalo de los carnés salpicó a asambleístas, jueces, ministros, gobernadores, abogados, médicos y hasta deportistas. El portal La Historia reveló que los asambleístas Marcia Arregui (mencionada en el reparto de hospitales en Manabí), Fabricio Villamar e Israel Cruz tenían el documento.

El periodista Fernando Villavicencio del portal PeriodismodeInvestigacion.com también recibió varias denuncias sobre el tema y las hizo públicas por redes sociales. Una de ellas mencionó al médico de la provincia del Cañar Juan Quevedo Abad.

Villavicencio escribió varios mensajes sobre el caso en la red social Twitter. En uno indicó: “En Azogues, el médico Juan Fernando Quevedo Abad, su hermano y varios miembros de su familia tienen carnés de discapacitados, han importado vehículos y se han beneficiado de privilegios…”.

Villavicencio mostró cuatro documentos del Servicio Nacional del Ecuador (Senae) que indican los porcentajes de discapacidad y el grado de exoneración de tributos de los familiares y allegados al médico. El medio www.periodismodeinvertigación.com señaló que su hermano, Víctor Quevedo Abad, abogado de 60 años y su esposa Victoria Zalamea Landázuri de 62, tienen carnés de discapacidad con el 63% y el 41%, respectivamente. Además, René González Ochoa, cuñado de Victoria Zalamea, registraba discapacidad del 40%. El cuñado de Juan Quevedo Abad, Juan Flores Vásquez, también tenía discapacidad del 60%.

Por la publicación de ese tuit, Villavicencio fue demandado penalmente por el médico alegando injurias. La denunciada fue realizada el pasado 27 de julio en la Unidad Judicial Penal de Azogues.

Juan Fernando Quevedo Abad es un ginecólogo nacido en Cañar. Labora, según su perfil de LinkedIn, en el Hospital de Especialidades Médicas Clemed S.A. de Azogues, del que es accionista junto a otras 47 personas. También ha laborado en el sector público, como el Hospital General Homero Castanier.

El 5 de agosto de 2020 el juez de lo penal de Azogues, Ariel León Mendieta, admitió a trámite la denuncia en contra de Fernando Villavicencio.

Pero el juez Ariel León también fue mencionado por el portal PeriodismodeInvestigacion.com en la lista de jueces del Consejo de la Judicatura con discapacidad; él registra un grado de discapacidad visual del 65%, según el medio. Además, la esposa del juez, Bertha María Augusta Rodríguez Romero, quien hasta 2018, fue jueza de lo penal de Azogues, también tiene discapacidad del 75%.

El abogado Diego Salamea, procurador judicial del médico Juan Fernando Quevedo dijo sobre esta medida judicial que: “Lo que hemos hecho es una invitación jurídica para que él pruebe sus aseveraciones, que no son ciertas. (…) procesalmente hemos iniciado la acción para que, si el señor Villavicencio tiene pruebas las presente en el proceso y lógicamente se resuelva a través de la justicia”.

El abogado indicó que “no se trata de crear problemas, puede ser que el señor Villavicencio recibió una información que no estuvo contrastada con la realidad…”, dice refiriéndose a las denuncias.

El portal de Villavicencio dijo en una nota que "el trino emitido en esa red social por Villavicencio no refiere una denuncia y tampoco lo es: simplemente cuenta un hecho específico que se respaldó en documentos".

El abogado confirmó que los hermanos Quevedo Abad sí tienen carnés y aunque dijo desconocer qué tipo de discapacidad tienen; señaló que los carnés fueron obtenidos legalmente, que no fueron adquiridos de la noche a la mañana, sino “en base a las situaciones médicas que tenemos y cuya hoja de vida e historia clínica nosotros hemos aportado procesalmente".

El portal www.periodismodeinvestigación.com publicó que parientes del médico demandante también tienen carnés de discapacidad.  Respecto a que otros familiares de Juan Quevedo también poseen carnés de discapacidad, el abogado Salamea indicó que desconocía el tema, “realmente no sé, cada quién responde por sus actos, si hay familiares o no familiares… realmente cada uno justificará su condición médica”, indicó.

Villavicencio cuestionó la acción del juez

Apenas se enteró de la existencia del proceso penal, el 28 de agosto de 2020, Villavicencio a través de su abogado elevó una queja al Consejo de la Judicatura y solicitó observe el comportamiento ilegal del juez Ariel León Mendieta. El periodista sostuvo que su domicilio es la ciudad de Quito, que no ha viajado a Azogues por más de 10 años. Cuestionó la jurisdicción donde se inició la causa.

Reveló además que nunca fue notificado personalmente, pues se enteró por un medio de comunicación, diario El Mercurio, de Cuenca, que no circula en Quito sino de modo limitado. En el texto, la defensa del periodista observó la violación a lo establecido en el artículo 76.7 de la Constitución, el numeral 3 del artículo 404 del COIP y el artículo 129 del Código Orgánico de la Función Judicial. Villavicencio señaló que el juez León debía excusarse de conocer el caso, por cuanto aparecía vinculado en la investigación periodística de su autoría.

La petición del periodista fue conocida por el Subdirector Nacional de Transparencia del CNJ, Feliciano Azuero (hermano del exdiputado prófugo Eliseo Azuero), quien también fue señalado en el reportaje El Gran Reparto, publicado por Fernando Villavicencio. Según el portal, Feliciano Azuero, ocultó deliberadamente el requerimiento durante más de un mes, "vulnerando el debido proceso y los derechos humanos del comunicador".

 

17 de Septiembre del 2020
María Del Carmen Maldonado, propuesta en lugar de Alexis Mera para organismo judicial de la OEA
17 de Septiembre del 2020

El Gobierno, por medio de la Misión Permanente del Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) propuso el nombre de la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, para ocupar la silla en el Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) que deja el ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.

Mera Giler, quien fue el abogado de confianza del ex presidente Rafael Correa durante toda su administración, fue condenado a ocho años de cárcel en el marco de la trama del caso Sobornos, por haber cometido el delito de cohecho, al participar en una red que recibía dinero de empresarios privados para el financiamiento de Alianza PAÍS. 

Según confirmó a PLANV el CEJA desde Santiago de Chile, donde se encuentra la sede de la entidad, el Gobierno propuso a Maldonado para una de las tres vacantes que se producirán en el Consejo Directivo del CEJA, que realiza tareas de promoción judicial en el hemisferio. Los miembros del Consejo Directivo del CEJA duran tres años en sus funciones y participan ad honorem, se explicó desde Santiago de Chile. El CEJA tiene cerca de 20 funcionarios de planta entre abogados y personal de apoyo, la mayoría chilenos y argentinos. 

En la Asamblea número 47 de la OEA, que tuvo lugar en Ciudad de México en junio de 2017, el Gobierno de Lenin Moreno propuso y obtuvo la designación de Mera como parte del Consejo Directivo, pero, según aclaró el CEJA, el abogado guayaquileño ha dejado de participar en el Consejo tras el inicio del proceso penal en su contra por el caso Sobornos. Mera fue electo junto con otros dos juristas, de Uruguay y Canadá, con la aprobación de la moción presentada por Canadá.

El Gobierno de Moreno llegó a pedir también el beneplácito para Mera como embajador del Ecuador en Estados Unidos, pero Washington no respondió siquiera la solicitud, lo que se considera, en diplomacia, una negativa. 

La 50 Asamblea General de la OEA, que se reunirá de manera virtual el 20 y 21 de octubre de 2020, deberá nombrar a tres nuevos integrantes del Consejo Directivo, pues quienes fueron electos con Alexis Mera y él mismo ha terminado sus periodos. Al momento hay cuatro candidaturas: Benjamín Berger de Canadá, María Victoria Rivas de Paraguay, Margarita de Hedegus de Uruguay y María del Carmen Maldonado del Ecuador, por lo que uno de los cuatro postulantes no será electo. 

El portavoz del CEJA, Claudio Soto, informó a este portal que "no existen vacantes por país" aunque no puede haber más de un consejero de la misma nacionalidad. 

Las candidaturas, dijo el portavoz, son determinadas soberanamente por los ministerios de Relaciones Exteriores de cada país, y en caso de que haya más candidatos que vacantes, se deberá resolver por medio de una votación, en el seno de la Asamblea General, en la que participan los cancilleres del hemisferio. 

 

 

1 de Septiembre del 2020
El escándalo en redes por una blusa de la ministra Romo
1 de Septiembre del 2020

A la izquierda la pintura original, llamada El silencio, que fue creada hace cinco años. Usada por la ministra María Paula Romo en la portada de una revista, fue resignificada e interpretada como una alusión y burla a la represión de octubre. 

 

A la ministra de Gobierno, María Paula Romo, no la dejan de poner en el centro de la polémica. Luego de las filtraciones de los chats entre ella y el exasambleísta acusado de corrupción, Daniel Mendoza, y su polémica con La Posta, estalló en redes sociales —que a veces parecen estar sometidas a un intenso delirium tremens— el "debate" por una blusa que la ministra Romo usó para una foto de portada en la revista Mariella. 

En esa blusa está estampada una pintura, llamada por su autora, la pintora Michelle Merizalde, El Silencio. Muestra el rostro de una mujer sin un ojo. La blusa fue comprada por Romo hace un par de años. Y es parte de una colección de diseño textil combinado con arte de la empresa Mayta.

El hecho es que los sectores afectados por la represión en el levantamiento de octubre del 2019 se declararon ofendidos en las redes sociales, suponiendo que la ministra se estaba burlando de quienes perdieron sus ojos por supuestos proyectiles policiales. Desde las cuentas de la Conaie, cuentas correístas, cuentas de activistas políticos se juntaron para criticar esta supuesta "analogía", que se hacía con esa foto. Pero también hubo quien defendió a la ministra. La abogada y feminista Lorena Grillo los llamó en su cuenta "psicópatas que piensan barbaridades".


Los reclamos de una de las víctimas de la represión de octubre 2019, Jhajaira Urresta, quien ahora es candidato a asambleísta por el correísmo.

De su lado, la pintora Merizalde puso lo siguiente en su cuenta de Facebook (las palabras con mayúsculas son originales)

En referencia a la portada de la Revista Mariela, en la cual la señora Ministra María Paula Romo viste una blusa con esta obra ACLARO lo siguiente:

La obra es de mi autoría. FUE CREADA EN EL 2015. Se titula EL SILENCIO. Es acuarela sobre cartulina.

EL SILENCIO se enfoca en lo que muchas mujeres deben callar en sociedades predominantemente machistas como lo son en latinoamérica.

La oscuridad sobre uno de los ojos hace alusión a la imposibilidad de poder ver una realidad más justa para la mujer, además al ser los ojos el lugar donde se ve el alma, la esencia de las personas, también hago alusión a la pérdida parcial de la esencia femenina (magia, dulzura, sanación, fuerza) producto de una problemática social que va más allá de clases económicas o educación, se trata de una realidad que tiene varias dimensiones, sobre lo cual podría escribir varias hojas.

Los derechos de uso de esta imagen fueron otorgados por mi a Mayta, una empresa ecuatoriana de diseño de ropa de alta calidad, que trabaja con varios artistas, y que ha puesto en alto el nombre del Ecuador dentro y fuera del país con su trabajo, y esta es una de varias obras de mi autoría que han sido convertidas en diseños espectaculares gracias a Mayta. Ante lo cual me siento muy honrada.La blusa en cuestión salió al mercado en febrero del año 2017

ES MUY PENOSO VER COMO EN REDES SOCIALES SE HA QUERIDO TERGIVERSAR EL SIGNIFICADO DE ESTA OBRA.

EVIDENTEMENTE UNA OBRA DE ARTE ES CREADA POR EL ARTISTA CON LA IDEA DE EXPRESAR LO QUE ESTA EN SU ALMA...A TRAVÉS DE UN LENGUAJE ÚNICO QUE BUSCA TOCAR EL CORAZÓN DEL OBSERVADOR.

Esta obra y la blusa diseñada hace AÑOS ATRÁS tiene el único objeto de entregar al público la belleza de un trabajo artístico en acuarela y que fue convertido en una blusa hermosa gracias a toda la gente espectacular que trabaja en Mayta que hacen cada cosa con mucho amor y dedicación.

Les invito a conocer más de mi trabajo y del trabajo de Mayta.

 

27 de Agosto del 2020
La zona minera de Imbabura es (de nuevo) una bomba de tiempo
27 de Agosto del 2020

La situación de extrema violencia se sigue mostrando en la zona de Imbabura, alrededor de las concesiones mineras que involucran a la empresa australiana Hanrine, con varias concesiones, las organizaciones de mineros independientes —que las empresas y el gobierno consideran mineros ilegales— y el gobierno, que es copropietario del bloque del proyecto Yarumahua, junto a la estatal Codelco, de Chile. Según fuentes vinculadas al sector, existe una enorme presión de miles de trabajadores mineros por obtener concesiones o sitios donde ejercer su oficio. Esta presión es considerada por algunas autoridades como "acciones de crimen organizado", lo cual niegan los mienros organizados. Pero la violencia desatada en estos días hace pensar lo peor. 

"El 25-AGO-020, en contacto mantenido con F.H y con Representantes de la empresa HANRINE, se tomó conocimiento sobre daños ocurridos el día de hoy en el campamento del río JORDAN (quema del dormitorio y maquinaria de la empresa), dichos daños habrían sido ocasionados por comuneros del sector, quienes habrían ingresado por el sector de SAN PEDRO y LA ESPERANZA, bordeando el sector en donde se encuentra actualmente Personal Militar realizando controles.

"Además en la Y de CHISPO, en donde se encuentra ubicado el campamento principal, los comuneros habrían quemado la garita principal de guardia de seguridad, al momento el resto del campamento se  encuentra sin novedad.

"IEBI se evidenció que las acciones  estarían lideradas por la presidenta del GAD parroquial de BUENOS AIRES y  el Sr. Ruperto BOLAÑOS ex dirigente de CUPMBAI, los cuales plantean el plan de cero minería en la zona, ya sea esta legal o ilegal, al momento existe la presencia de comuneros en el parque de la parroquia pernoctando en los vehículos.

"Adicional por información de la Policía Nacional se prevé que existan plantones y manifestaciones en el transcurso de estos días, cabe indicar que la P.N aumentó su contingente con un equipo completo de la UMO,  personal del GEMA y 4 patrulleros.

Análisis

"Autoridades locales y dirigentes de la parroquia BUENOS AIRES, se encuentran incitando a la población a realizar acciones de protesta en contra de compañías mineras que mantienen concesiones mineras en esta parroquia, por lo que no se descarta que elementos delincuenciales y mineros ilegales estén tras estas acciones de sabotaje hacia instalaciones privadas a fin de impedir actividades de minería legal en el sector.

Esta acción fue difundida por el activista y periodista Fernando Villavicencio en su cuenta de Twitter.

Días antes...

"ZONA: 01
SUBZONA: Imbabura
DISTRITO: Ciudad Blanca
CIRCUITO: Buenos Aires
LUGAR: Parroquia La Merced de Buenos
FECHA: 21/08/2020
HORA: 08H00 a 19H00
CAUSA: Acciones Operativas e Investigativas de Control en las Áreas de Minería Ilegal.

"De acuerdo a la planificación y enfoque investigativo-operativo relacionado al control, supervisión y acciones investigativas de la minería ilegal, por reportes del personal que permanece en el sector de Buenos Aires, se llegó a conocer que  en el sector conocido como el Jordán, la Empresa HANRINE estarían realizando trabajos en la vía, motivo por el cual moradores del sector habrían iniciado concentraciones tanto a favor como en contra de dicha empresa, por lo que se procedió a verificar esta información con el equipo operativo  que se encuentra en el territorio.

Verificaciones

"En las coordenadas  UTM 17N 797604 72491, se pudo observar un aproximado de 40 personas, una retroexcavadora, un rodillo y una volqueta, por lo que se toma contacto con el señor Luis Sánchez encargado del Área de Operaciones de la empresa HANRINE, quien manifestó que la empresa se encuentra realizando el lastrado de seis kilómetros de vía, y que durante esta semana no han visto personas realizando actividades de mineria ilegal por el sector, que su único inconveniente era con personas que no están de acuerdo con el ingreso de la empresa al sector.

Acciones opertivas y control

"Al momento de retirarnos del lugar antes indicado, llegaron dos camiones, cada uno con 40 personas aproximadamente y varias motocicletas, los mismos que procedieron a exigir la salida de la Empresa del lugar, de igual manera llegó otro grupo de manifestantes en camionetas, sumando un aproximado de 100 personas, con la intención de sacar la maquinaria de la empresa HANRINE que estarían trabajando en ese sector, manifestantes liderados por las siguientes personas:

- Ruperto Bolaños
- Simón Bolívar Navarrete Revelo
- Patricio Romero
- José Fraga
- Diego Tirira Lima entre otros.

"Por el otro lado se conformó el grupo de comuneros del sector de Santa Lucía (trabajadores de HANRINE), quienes estaban dispuestos a enfrentarse a los manifestantes para evitar que saquen la maquinaria, mientras se encontraban en una discusión los dos bandos se pudo observar que de los dos bandos son familiares y conocidos.

"Al lugar acudió el Coronel Marco Vinicio Narvaez Fuel, Tcnl. Diego Ramirez Recalde, con personal de la UMO, quienes verbalizaron con la comunidad y con representantes de la Empresa HANRINE (luego de hablar con sus superiores) el señor Alexis Enrique Aciptio Saant e Ing. Luis Fernando Sánchez López accedieron a que la maquinaria salga hacia Buenos Aires y por parte de los manifestantes, indicaron que una vez que salga la maquinaria ellos se retirarían, sin embargo, una vez que las tres máquinas (rodillo, gallineta y volquete) salieron del sitio, los manifestantes no se retiraron ya que indicaron que existía otra maquinaria vía Santa Lucía y que también salga. Es así que los manifestantes avanzaron a pie (por un camino recién abierto y muy lodoso) para exigir la salida de esa maquinaria, ya en horas de la tarde se observó que los manifestantes bajaban de la montaña caminando detrás de una maquinaria (pala mecánica), la cual ingresó a una casa ubicada en el sector de El Jordán (casa de uno de los comuneros que trabaja para HANRINE), lo cual molestó a los manifestantes ya que exigían que esa maquinaria salga también, en ese momento, nuevamente se intervino para mediar y evitar agresiones.

"Finalmente, los manifestantes decidieron retirarse indicando que el día de mañana volverán aún con más gente para exigir la salida total de la empresa.

Consideraciones

"Se consiguió actuar como mediadores a fin de evitar enfrentamientos, por lo cual, no fue necesario el uso progresivo de la fuerza, sin embargo, el problema sigue creciendo ya que los manifestantes (supuestos antimineros) indican que desean sacar en su totalidad a la empresa minera y volverán con mayor contingente, lo cual se solicitó al PMU de Buenos Aires disponga de mayor contingente policial, fin precautelar la seguridad ciudadana, orden pública e integridad de nuestro TH; de igual manera se le remitió al Jefe del PMU B Aires la resolución de fecha 17 de agosto del  MERNNR, relacionado con el levantamiento de la suspensión de las actividades mineras del área IMBA02, cuyo titular es la Compañía Hanrine".

 Plan V mantiene en su poder un video, editado, donde se muestra una reunión o asamblea previa de los mineros de Buenos Aires. En una de ellas el legislador Marcelo Simbaña, asambleísta por Imbabura por CREO, participa en una reunión de mineros donde ofreció legalizar a los mineros llamados ilegales. 

26 de Agosto del 2020
Los chats entre María Paula Romo y Daniel Mendoza al descubierto
26 de Agosto del 2020

Los chats de Whatsapp entre Daniel Mendoza, ex asambleísta alineado con el Gobierno de Lenin Moreno y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, fueron publicados por los periodistas de La Posta, Anderson Boscán y Luis Vivanco.

En un programa especial transmitido por internet, a las 16:30 de hoy, los periodistas de La Posta revelaron los chats de Whatsapp entre Romo y Mendoza, así como un gráfico que supuestamente fue entregado por el ex legislador manabita en donde aparece como centro la ministra de Gobierno, a quien haría responsable de haber entregado el control político de hospitales en Quito, Guayaquil y varias ciudades del interior del país a legisladores, a cambio de apoyo al bloque "morenista" en la Asamblea Nacional.

Durante casi una hora, los periodistas mostraron las capturas de pantalla de los chats entre Romo y Mendoza, que según dijeron, evidencian una cercana relación personal y política entre ambos. Romo, inclusive, fue invitada al matrimonio de Mendoza. Para Vivanco y Boscán, llama la atención lo que parece una estrecha cercanía entre ambos políticos, sobre todo cuando se decía que Mendoza era más bien del entorno del ex consejero de Palacio Santiago Cuesta, supuestamente enfrentado con Romo, Juan Sebastián Roldán y otros círculos en torno al presidente Lenin Moreno. 

Boscán y Vivanco señalaron además que Romo habría estado al tanto del "reparto de los hospitales" que consistió en permitir a los legisladores morenistas el control político de las casas de salud en el interior de la República a cambio de apoyo político en la Asamblea. Los periodistas de La Posta relacionaron también dichos acuerdos con el archivo del juicio político en contra de Romo, en una Comisión de Fiscalización en la que Mendoza era una pieza clave. En varias capturas de pantalla se ve a Mendoza mencionando nombres para cargos públicos en la provincia de Manabí, como la gobernación, que depende del Ministerio de Gobierno. 

En su cuenta de Twitter, Romo Rodríguez respondió a las preguntas formuladas por La Posta. La ministra de Gobierno cuestionó que el medio digital de cabida a las supuestas declaraciones de Mendoza, alegando que ella era quien lo había "investigado y denunciado". También negó que el voto de Mendoza por el archivo del juicio político en su contra haya sido decisivo. 

A las pocas horas, la Fiscalía emitió un comunicado en donde reveló que el 20 de agosto, el padre de Mendoza entregó a los fiscales un celular, una grabadora de voz y un USB. Dichos aparatos fueron analizados en una audiencia privada este mismo 26 de agosto, a las 14:30. Para la Fiscalía, el contenido del celular de Mendoza "no ha sido judicializado aún" y la publicación de sus contenidos "podría incluso invalidarla como prueba".  La Fiscalía dijo que publicaciones como esta, en su criterio, "interfieren" en las investigaciones y "pueden beneficiar a la impunidad". 

Por su parte, el director de La Posta, Luis Vivanco, rechazó la tesis de la Fiscalía:

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