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Los Confidenciales

9 de Agosto del 2022
La advertencia de Aparicio Caicedo a Raúl González para que renuncie: "vas a ver lo que pasa"
9 de Agosto del 2022

Fotos: Vistazo y Api

 

La grabación dura pocos minutos y no queda claro si uno de los dos involucrados la filtró al canal Teleamazonas o si es producto de algún tipo de intercepción de la línea telefónica del consejero del Palacio, Aparicio Caicedo.

Pero en un reporte, el canal da cuenta de lo que habría sido una tensa conversación entre Caicedo, quien es considerado la mano derecha del presidente Guillermo Lasso en el Palacio de Gobierno, y el aspirante a superintendente de Bancos, Raúl González, un hombre que fue propuesto para el cargo por el propio Gobierno, pues llegó en la terna del Ejecutivo al Consejo de Participación y Control Social.

El meollo del asunto es que a pesar de que ellos mismos lo propusieron, luego le quitaron el apoyo, y le pedían insistentemente que renuncie, a lo que el postulado se negó, llegando inclusive a ser designado superintendente de Bancos. Pero la polémica jueza de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Samborondón, de Larissa Ibarra, zanjó la cuestión anulando todo el proceso y permitiendo al Gobierno el envío de una nueva terna, esta vez, con personas de más confianza del presidente. 

Un evidentemente molesto Aparicio Caicedo, cuya voz han reconocido personas que lo conocen personalmente, le recrima a González en una llamada que quisieron terminar con él "de buena forma" y le enfatiza que "el presidente de la República no te quiere en su terna", y le pide que renuncie a ella. 

González intenta sin éxito replicarle al consejero del Palacio, que no le permite hablar: "Aparicio", repite en varias ocasiones, mientras Caicedo le responde cortante: "Solamente te llamaba a decir eso".

Ante la insistencia de González, Caicedo le dice secamente: "¿Qué quieres" y este le dice que le pide que lo trate con cortesía, a lo que nuevamente, el consejero presidencial le responde que ha faltado a su palabra a pesar de que el Gobierno ha sido con él "increíblemente cortés". El reclamo de Caicedo, siempre según la interpretación de Teleamazonas, se debía a que el acuerdo con el Gobierno consistía en que como no iba a haber quórum para su exposición en el Consejo de Participación, él iba a renunciar a la terna. Pero como sí hubo, eso provocó que el postulante sí interviniera, lo que molestó en Carondelet. Pero Caicedo le precisa que él le había dicho que la sesión "se iba a suspender" y nuevamente le recriminó por no renunciar.

El consejero presidencial también se despacha con epítetos, como "indigno y ambicioso" y le dice que si se sigue presentando en el Consejo de Participación, "vas a ver lo que pasa". Lo que ocurrió después es que lejos de renunciar, González siguió hasta el final en el proceso, pero no se pudo posesionar como superintendente de Bancos debido a medidas cautelares y acciones judiciales que, nuevamente, significaron la intromisión de los jueces en otro poder del Estado. 

En un comunicado en Twitter, Caicedo no negó la veracidad de los audios, pero explicó que González había perdido la confianza del Gobierno por conversaciones con asambleístas y sectores políticos y que por ello le pidieron que se comprometa a renunciar, cosa que no hizo. 

El proceso fue echado abajo por la jueza de Samborondón Larisa Ibarra, quien el pasado 7 de febrero, también revocó la medida cautelar que le fue otorgada a Sofía Almeida para que no fuera destituida de la Presidencia del CPCCS. Ibarra aceptó la acción de protección de Hernán Ulloa, quien después fue electo como titular del CPCCS. También fue señalada por liberar a una banda de asaltantes de viviendas en la vía a Samborondón. Asimismo, el pasado 17 de abril, la magistrada revocó la prisión preventiva que había contra dos miembros de Los Lobos, una de las facciones de Los Choneros que pugnan por el poder, y los dejó en libertad.

8 de Agosto del 2022
Héctor Vanegas busca otro partido para su postulación a prefecto
8 de Agosto del 2022

Foto: El Universo. Fotomontaje. PlanV

 

Aunque se disculpó en un vídeo de poco más de un minuto en Youtube por sus polémicos dichos en una localidad de Guayas, donde dijo que cuando está en campaña las "hembras no le lanzan el pañuelo sino el calzón", el polémico abogado Héctor Vanegas, conocido por usar sombrero, bastón y traje a pesar del calor en Guayaquil, no logró mantener su postulación para prefecto del Guayas con la fuerza política que lo apoyaba. 

El Centro Democrático, la tienda política del ex prefecto Jimmy Jairala, declinó postularlo y anunció esta semana que no presentará candidato a la prefectura, a pesar de que ya había anunciado la nominación de Vanegas. Jairala anunció una alianza para la Alcaldía con el Socialismo. 

Jairala, quien aspira a la alcaldía de Guayaquil, se mantiene en la carrera, y aceptó ya su postulación en el Consejo Electoral de Guayas, mientras el polémico abogado, quien su vídeo de disculpas admitió haberse excedido en sus afirmaciones, tanto en el fondo cuanto en la forma,  lamentó sus polémicas afirmaciones.

Vanegas se justificó afirmando que no es político, mientras estaría en conversaciones con otros movimientos, entre ellos, el socialismo local de Guayas, para obtener un paraguas electoral que le permita postularse. Las conversaciones de Vanegas no han producido todavía ningún resultado. 

 

4 de Agosto del 2022
Exjueza Merchán culpa a la Fiscal de la huida de Vinicio Alvarado
4 de Agosto del 2022

Foto: Twitter Fiscalización AN

 


María Merchán, exjueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), afirmó que falló a favor del habeas corpus contra la orden de prisión de Vinicio Alvarado, de 2019, porque la fiscal Diana Salazar no lo vinculó al caso Sobornos.

Esta tarde iniciaron las comparecencias en la etapa de actuación de pruebas dentro del juicio político contra la expresidenta del Consejo de Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, y los vocales Fausto Murillo, Juan Morillo y Ruth Barreno. A la Comisión de Fiscalización asistieron algunos jueces y conjueces de la CNJ que fueron destituidos por el CJ en el proceso de evaluación de 2019.

Uno de esos jueces fue Merchán, quien habló por más de una hora sobre su destitución. Cuando se dio paso a las preguntas de los asambleístas de la Comisión, el legislador Fernando Villavicencio le consultó sobre esa resolución que favoreció a Alvarado.

Este caso se remonta a junio de 2019, cuando la defensa del ex alto funcionario de Rafael Correa pidió un habeas corpus contra una orden de prisión que emitió la jueza Daniella Camacho en contra dentro de las investigaciones previas del caso Sobornos.

Merchán, junto a las juezas Magaly Soledispa y Rosa Beatriz Suárez, afirmaron en su sentencia lo siguiente: “Si Fiscalía no ha formulado cargos en su contra, particular que ratifica la jueza (se refieren a la jueza Daniella Camacho) al informar que el accionante no es sujeto procesal la consecuencia lógica es que dicha orden de detención con fines investigativos, dictada en fase de indagación previa al momento no es legal”.

“Gracias a un fallo suyo, compartido, el señor Vinicio Alvarado hoy no está en Ecuador”, le increpó Villavicencio. “Lo que debe recordar el país es que eso se lo debe la Fiscal. La Fiscal no lo vinculó. En un proceso en el que no se vincula una persona no se le puede ordenar prisión preventiva. Eso debe preguntarle a ella”, respondió la exjueza.

“¿Usted revocó la orden de prisión?”, insistió Villavicencio. “Sí, por razones jurídicas porque no estaba vinculado en el proceso”, agregó Merchán, quien insistió que ella solo conoció el recurso de habeas corpus y no el proceso penal del caso Sobornos.

Vinicio Alvarado fue Secretario de la Administración Pública y Ministro de Turismo en el gobierno de Correa. Fue sentenciado a ocho años como coautor por el caso Sobornos 2012- 2016, en que también fue condenado el expresidente.

 

2 de Agosto del 2022
Pechuga de pollo y pavo para las PPL: las nuevas condiciones para la alimentación en las cárceles
2 de Agosto del 2022

Foto referencial: Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador

 


Los nuevos terminos de referencia, TDR, para la provisión de servicio de alimentación a los más de 35 mil presos del país busca, según la entidad contratante mejorar las condiciones alimenticias de los presos, pero también incrementa las dificultades de las empresas interesadas en concursar por ese millonario contrato. Ahora, por tres comidas, el Estado, es decir la SNAI, paga USD 2,50 y USD 5 por las cinco comidas de los menores infractores. En las nuevas bases, el costo se baja a USD 2,25.  Pero las exigencias se incrementaron. Por ejemplo, en las nuevas bases se exige que el o los proveedores den solo pechuga y pospierna de pollo, pues la pierna y el ala están excluidas. También se exige que a los presos se les de pavo en ocasiones especiales, que podrían llegar cinco al mes. Eso, según las fuentes vinculadas a empresas de catering aumenta los costos.

De manera general hay un cambio en la estructura de menú, el incremento de materia prima que se calcula un incremento de más del 25% del costo de la materia prima en relación con contratos anteriores. Adicionalmente se proyecta un incremento de costos de 10% de materia prima general, por la inflación y escasez a nivel mundial producto de la pandemia y la guerra.

La reducción de PPLs infiere mucho en la economía de escala, haciendo además el costo diferenciado por zonas más alto.

Las multas y sanciones son excesivas y sobre todo, no existen parámetros claros y objetivos ni procedimientos especificados para cada caso, dejando a la subjetividad de las autoridades y administrador del contrato la aplicación de las mismas, lo que puede mermar en el caso de que existiera, el pequeño y frágil margen de utilidad del servicio.


Estos son los TDR para la nueva contratación de la alimentación de los presos. Ver PDF

Según las fuentes, llama la atención la aplicación de sanciones cuando son responsabilidades que no se le puede atribuir solo al proveedor (control de plagas, por ejemplo, pues existen plagas en el centro que rodea la cocina, gestión de basura, entre otras). En las regionales tengo entendido que no hay como servir en todas partes preso por preso, si esto no se arregla y no es mi responsabilidad, luego por no servir así me multan, así se pueden acumular multas que me quiebren.

La provisión de la vajilla implica un gasto, dicen, de aproximadamente de 10 a 15 dólares por PPL. A eso se suma la reposición de la vajilla, lo que supone un costo excesivo y no necesariamente va a ser bien solicitado y pueden perderse por las cosas de inseguridad que pasa al interior de los centros y que son de conocimiento público.

Para las empresas ofertantes, también es polémico la obligación de supervisar la limpieza de la vajilla por parte de los presos, lo cual es poco práctico y además es altamente peligroso para el personal de servicio que deba realizar dicha supervisión, porque se exponen a malos tratos y amenazas.

Advierten que se exige también la contratación de PPLs en la cocina.  Con las condiciones actuales de inseguridad en los centros y en un porcentaje del 30%, genera temor por el resto del personal e incertidumbre sobre la capacidad de los PPLS para brindar un servicio en condiciones de calidad necesarias. 30% de PPls en regionales donde la cocina está cerca de la puerta es una locura, cómo los proveedores de comida puede controlar eso, no se dice; cómo se puede capacitar, tampoco. Cómo se hace para que no sea foco de contaminación o de vehículo de mayor ciminalidad, con 3 de cada 10 PPLs con acceso a cuchillos, fuego, cubiertos...

La implicación entre los TDR y el acta de preguntas y respuestas sugiere que las empresas van a tener que invertir en adecuación de infraestructura, lo que complica aún más los costos, esto tomando en cuenta que no está claro cuánto ni donde ni en qué tiempo van a tener que invertir en estos espacios.

Lo mismo ocurre con lo referente a inversión de maquinaria y demás insumos. Hay unos listados en archivos separados que no son claros, ni uniformes y confunden, dicen las empresas. Esto sin si quiera tener un anticipo. Es incierto el nivel de inversión que debe tener el proveedor. Han calculado en 1.2 millones, pero es algo tan incierto que les preocupa que se eleve incluso a más.

En las condiciones de las bases se dice que no se puede suspender el servicio de comida así no pague el Estado. Pero no se dice por cuánto tiempo puede estar moroso el Estado, y cuándo ya no es obligación del proveedor seguir con el servicio. Ninguna operación puede sostener eso indefinidamente, señalan.

Las bases piden inclusión de economía popular y solidaria, pero sin especificar procesos alternativos para asegurar la calidad. Para los empresarios del catering generalmente los pequeños productores pecuarios "no cumplen con los requisitos de calidad, cadena de frio, faenamientos necesarios que exige el SNAI. Esto puede ser un problema".

Piden cortes de proteína y tipos de proteína exclusivos. Por ejemplo, en las aclaraciones dicen que hay que dar pavo a los PPL en las fechas especiales. Los que implicarían unos cinco días al mes. Y al mismo tiempo se excluyen cortes como alas y piernas de pollo, pescado sin espinas, entre otros, necesarios para mantener calidad y variedad, y poder afrontar las distintas realidades como paros y crisis.

Las bases complican la provisión de materia prima y aún más la compra a pequeños productores pedidos como: “pollo empacado al vacío, pescado sin espinas, entre otros” además de que encarecen aún más la posible operación, dicen las empresas.

Se pide al proveedor garantizar la seguridad de las rutas, lo cual no es su competencia.

Se piden también exámenes microbiológicos, sin embargo, admiten no saber el costo, ni cuantos exámenes se realizarán durante el contrato.

Todas estas observaciones implican un incremento en el costo del servicio, el cual no es proporcional con las condiciones económicas planteadas por la institución (2,235, y ni siquiera con las condiciones actuales de 2,5), por lo que lo convierte en un contrato inviable, ya sea por su costo o por sus condiciones.

2 de Agosto del 2022
La nominación correísta ratificó a Pabel Muñoz y Paola Pabón para las seccionales
2 de Agosto del 2022

Foto: Twitter de Paola Pabón

 

Pabel Muñoz correrá para la Alcaldía Metropolitana de Quito, según se decidió en las primarias de Unión por la Esperanza, que fueron virtuales, este fin de semana. 

Muñoz no dejó claro si renunciará a su curul en la Asamblea Nacional inmediatamente, mientras que para la postulación para la Prefectura de Pichincha se confirmó el nombre de Paola Pabón, actual prefecta de la provincia.

La nominación de Muñoz se concreta tras el alejamiento de la ex candidata Luisa Maldonado, quien se separó de las filas correístas, y le apunta al electorado nostálgico del correato. Maldonado participó como abanderada del correísmo en las pasadas elecciones seccionales. 

Mientras tanto, el Partido Socialista confirmó su apoyo al abogado quiteño Pedro Freile para la Alcaldía. Freile no se ha caracterizado por ser un político de izquierdas. Por el contrario, en mayo de 2021 firmó la polémica Carta de Madrid, un documento que propone una "iberósfera" y que ha sido promovido por el partido ultraderechista español Vox. A pesar de ello, Freile cuenta con el apoyo de la cúpula socialista. El abogado se dio a conocer como candidato a la presidencia de la República en las pasadas elecciones. 

Mientras tanto, y a pesar de que había estado en conversaciones con la directiva de Pichincha de Democracia Sí, el ex asambleísta Andrés Páez anunció que se postulará cn el apoyo de la Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez, mientras el concejal Omar Cevallos también se candidatizará para alcalde por Centro Democrático. 

Otro postulante que confirmó su participación es Jorge Yunda, el ex alcalde cesado, pero no ser irá con Pachakutik, que anunció su apoyo a Ximena Llano. Además son aspirantes a alcalde Jéssica Jaramillo, María José Carrión y Natasha Rojas. 

 

 

1 de Agosto del 2022
La jueza Larissa Ibarra echa abajo la designación del Superintendente de Bancos
1 de Agosto del 2022

Foto: El ComercioTV

 

La jueza Larissa Ibarra, de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Samborondón, aceptó esta tarde la acción de protección que presentó Michelle Domenique Guerra de Andrés contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por designa a Raúl González Carrión como nuevo Superintendente de Bancos. 

Según la magistrada, en el concurso fueron vulnerados los derechos constitucionales del debido proceso, seguridad jurídica y participación de la ciudadana denunciante. Ibarra, el pasado 27 de julio, había acogido la medida cautelar solicitada y suspendió la posesión de González, que estaba prevista para el pasado viernes.

Ahora, en su nueva resolución, la jueza además impuso las siguientes medidas reparatorias, que son obligatorias:

1. La nulidad radical o de pleno derecho del proceso de designación de Superintendente de Bancos que desarrolló el CPCCS, a partir de la sesión N. 28 del 19 de julio de 2022, incluida la resolución No. CPCCS-PLE-SG-028-E-2022-965 de 20 de julio de 2022.

2. Ordena al CPCCS solicitar, de manera inmediata, al Presidente de la República el envío de una nueva terna que se someterá al procedimiento contemplado en dicho instrumento legal.

3. Conmina al CPCCS a realizar y seguir sus procesos de conformidad con la ley y la Carta Magna sin afectar derecho constitucional alguno de los ciudadanos ecuatorianos.

La jueza Ibarra sostuvo que esta resolución se ha basado en el artículo 24 de la Convención de Derechos Humanos que dice: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación a igual protección ante la ley”.

Esta no es la primera decisión polémica de Ibarra. El pasado 7 de febrero, revocó la medida cautelar que le fue otorgada a Sofía Almeida para que no fuera destituida de la Presidencia del CPCCS. Ibarra aceptó la acción de protección de Hernán Ulloa, quien después fue electo como titular del CPCCS en medio de una disputa que tocó fondo en esas fechas. También fue señalada por liberar a una banda de asaltantes de viviendas en la vía a Samborndón. Asimismo, el pasado 17 de abril, la magistrada revocó la prisión preventiva que había contra dos miembros de Los Lobo, una de las facciones de Los Choneros que pugnan por el poder, y los dejó en libertad.

 

 

28 de Julio del 2022
Un empresario extranjero entre los detenidos junto al prefecto Jorge Guamán
28 de Julio del 2022

Foto: Fiscalía

 

Actualizado al viernes 29 de julio

Entre los detenidos junto al prefecto Jorge Guamán se encuentra Jorge H.S., de nacionalidad cubana, pero con documentos ecuatorianos. Él es accionista de tres empresas, una relacionada con el turismo y las otras dos son constructoras. Pero además fue funcionario. Entre 2017 y 2018 fue director de Obras Públicas del Municipio de La Troncal, en la provincia del Cañar.

Según fuentes cercanas a la investigación, Jorge H.S. prestó presuntamente su nombre para la adjudicación de contratos con el fin de encubrir a otro empresario Santiago S.C., quien habría sido beneficiado de manera reiterada por el Prefecto. Santiago S.C. y su hermano, Diego S.C., son accionistas de empresas constructoras. Ambos también fueron detenidos en el operativo Depuración 1, en la mañana de este jueves.

La Fiscalía informó que Guamán fue detenido con fines investigativos por presunta delincuencia organizada. Según el parte policial de la Policía, un grupo conformado por familiares, funcionarios y contratistas habría operado desde el 2014 hasta este año, liderados presuntamente por Guamán. También se investigan otros delitos como peculado, testaferrismo, concusión, enriquecimiento ilícito y privado no justificado y tráfico de influencias.

 

 

Además de los contratistas, fueron aprehendidos cuatro funcionarios de la Prefectura de Cotopaxi. Uno de ellos es Pablo V.B., quien se desempeñaba como director de la Gestión de Compras Públicas; asumió este cargo en 2022 y antes fue asesor de Guamán. Pablo A.R., otro aprehendido, tenía el cargo de gestor social de Obras Públicas. José N.C. era el jefe de la Unidad de Producción, Comercialización y Turismo. Y Margoth T.H., la única mujer detenida, era directora Administrativa. El último detenido es César C.C., quien supuestamente actuaba como emisario de los contratistas.

El general Fausto Salinas, comandante de la Policía, dijo esta mañana que este es uno de los operativos más importantes. Tanto la Fiscalía como la Policía desplegaron un gran equipo, dijo Salinas en una entrevista con Teleamazonas. Salinas dijo que se han investigado las transacciones financieras que han realizado tanto los contratistas como los funcionarios relacionados a la trama.

La Policía hizo 32 allanamientos, entre los que se incluyen propiedades y se han identificado bienes que estarían relacionados con supuestos actos de corrupción. El operativo se realizó en Latacunga, Salcedo, La Maná y Pujilí. En la Latacunga, las autoridades allanaron el domicilio de Guamán, la Prefectura y el Municipio.

 



Entre las unidades policiales que participaron en este operativo están la Dirección General de Inteligencia, el GIR, GOE, GEMA; Dinapen, Criminalística, entre otros.

Guamán, de Pachakutik, fue electo prefecto de Cotopaxi en 2014 y reelecto en 2019. Ha sido dirigente indígena. En el paro de junio pasado, Cotopaxi fue una de las provincias más activas.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que existe “contundencia” en las evidencias que se han recolectado durante un largo tiempo. La investigación, dijo el ministro, arrancó en la campaña de Guamán en 2019. Aseguró que hay varios familiares que están involucrados bajo distintas modalidades, entre ellas testaferrismo. 

Raúl Ilaquiche, uno de los abogados de Guamán, dijo que estaban revisando el expediente.
El prefecto fue trasladado a la Policía Judicial de la ciudad. Allí esperó la audiencia de formulación de cargos. 

Esa diligencia se realizó durante la madrugada de este viernes. La  Presidenta de la Corte de Justicia de Cotopaxi dispuso medidas alternativas como la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas para Guamán. Mientras que los otros ocho procesados deberán cumplir prisión preventiva, según informó la Fiscalía.

En las últimas horas también hubo reacciones del sector indígena. La Conaie emitió un comunicado en el que pidió que la investigación de este caso sea con independencia, objetividad e imparcialidad, sin presiones políticas. Y cuestionó que la misma celeridad no se aplique a todos casos.

Mientras que la dirigente y exasambleísta Lourdes Tibán exhortó a la Fiscalía una investigación técnica y objetiva “caiga quien caiga”.

26 de Julio del 2022
Leandro Norero y sus hermanos presentaron 5 habeas corpus para salir de la cárcel
26 de Julio del 2022

Foto: Policía Nacional

 

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) informó que Leandro Norero y sus hermanos Israel Willian Norero Tigua y Johanna Maribel Zambrano Tigua, procesados por lavado de activos, han presentado en cinco pedidos de habeas corpus con el objetivo de salir de la cárcel. 

Norero, quien además tiene una investigación por narcotráfico, solicitó dos habeas corpus en las últimas horas. Ambas fueron presentadas ayer, 25 de julio, con tan solo dos minutos de diferencia entre cada una. Las solicitudes están en contra de Ubaldo Eladio Macías Quintón, juez de Garantías Penales de Guayaquil. Este magistrado aceptó y dictó prisión preventiva contra Norero y los otros involucrados.

Los magistrados han solicitado a la defensa de Norero que aclare cuál de estas dos solicitudes va impulsar, y para eso le concedieron 24 horas. 

 

 

Mientras que Israel Norero también presentó una acción de hábeas corpus ayer. La notificación de estas tres causas aún no llega al SNAI por haber sido presentadas en las últimas 24 horas. 

Johanna Zambrano fue la primera en acudir a este tipo de recurso. El pasado 21 de julio se realizó la audiencia, que fue suspendida porque el Tribunal consideró necesario que la demandante presente pruebas sobre su estado de salud. La reinstalación de esa audiencia fue fijada para el viernes 29 de julio a las 12:00.  Pero Zambrano presentó ayer otro pedido de habeas corpus. 

“Frente a ello, esta Cartera de Estado exhorta a la Función Judicial que enmarque su actuar en observancia de los principios rectores que rigen la administración de justicia en materia constitucional, para alcanzar una justicia efectiva, imparcial y expedita para la defensa de toda persona”, dijo el SNAI en un comunicado. 

La Fiscalía también reaccionó y consideró que los procesados estarían abusando del derecho, como lo señalan los artículos 8 y 23 fe la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

26 de Julio del 2022
“Hay sabuesos que solo persiguen el olor de su peste”: el polémico discurso de Cynthia Viteri contra sus detractores y la prensa
26 de Julio del 2022

Fotos: Twitter de Cynthia Viteri

 

Durante la sesión solemne por los 478 años de fundación de Guayaquil, de este lunes por la noche, la alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri fustigó contra diario Expreso y pidió al presidente Guillermo Lasso que “busque una mejor manera de invertir” el dinero que destina a la pauta en ese rotativo. Expreso ha publicado investigaciones en los últimos meses sobre la gestión de Viteri y los negocios que han beneficiado sus familiares. 

Después de hablar sobre el paro de junio pasado, el manejo que hizo de esa crisis, y de decir que “Guayaquil se defendió solo”, dijo que sus labores las ha realizado en “medio de una guerra emprendida por un actor concreto, que maneja la pluma de su diario a su antojo, con mentiras, trampas y odios, y sin respetar a personas vulnerables ni menores de edad, hasta en la cárcel hay códigos, nadie se mete con los niños, ni nadie se mete con la familia. Pues aquí, sí lo hicieron y lo hicieron conmigo”.



Viteri, quien usó su discurso para atacar a sus detractores, agregó: “Iniciaron investigaciones por las denuncias de un preso, alguien que se encuentra en la cárcel por calumniador y chantajista, denuncias que no han pasado de investigaciones previas y cuyo Contralor ya emitió informes positivos dejando a la luz pública la transparencia de dichos procesos. Sin embargo, señor Presidente, violando cualquier precepto, en vez de archivar la causa, que eso dice la ley luego del informe de Contraloría, las investigaciones que iniciaron fueron trasladadas a Los Ríos y Pichincha, distrayéndome de mi fuero, violando la ley y violando la Constitución también. Tuve que recibir los besos de Judas, de personas de mí mismo partido que -conociendo la transparencia de mi gestión dictada por la Contraloría- hablan en medios de comunicación que dan cabida a sus mentiras. ¿Han visto ustedes un solo alcalde, de los 221 que existen en el país, más observado, más calumniado y expuesto, que quien dirige esta ciudad? Ninguno”.

Afirmó que hubo silencio cuando fueron calificados con el Municipio el 100% de transparencia en el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. “Hay en la naturaleza animales incapaces de buscar su propio alimento y esperan que los otros cacen para comerse las sobras. También hay sabuesos que solamente persiguen el olor de su peste”.

Luego de mencionar una anécdota y afirmar que todavía el mundo se cuenta sin mujeres, dijo: “Aún hay un periodista con la firma de Roberto Aguilar, en un diario conocido en la ciudad, donde sostiene que la primera autoridad de esta ciudad tiene sueños húmedos respecto de la Ley de Comunicación, que por cierto nuestro partido no votó. ¿Se atreverá con su firma este mismo periodista, manchado de misoginia, decir lo mismo de un gobernador varón, de un contralor varón, de un presidente varón? No, ahí la pluma se le vuelve chiquitita. Presidente, el Estado es el mayor auspiciante de este diario sexista, busque una mejor forma de invertir ese dinero que le pertenece a los ecuatorianos, en alimentos, por ejemplo, en los niños que tienen discapacidad, en nuestros ancianos abandonados, en la gente que vive bajo los puentes, en la gente que tiene hambre, en la pobreza, en la gente que necesita rehabilitarse de las drogas, en quienes necesitan curarse”.

25 de Julio del 2022
¿PK apoyará a Jorge Yunda para la Alcaldía de Quito?
25 de Julio del 2022

Foto: Archivo Diario El Universo

 

El escenario fueron dos canchas de ecuavoley. La una en Cayambe, donde un Jorge Yunda con poncho rojo dijo que no le han comprobado nada de las acusaciones de corrupción en su contra, por lo que se volverá a presentar para alcalde metropolitano. La otra, en La Gasca, al norte de Quito, en donde el ex alcalde, removido por el Concejo Metropolitano, confirmó que va a volver a posturlarse. 

Jorge Yunda volvería a la lid electoral con la intención de recuperar el cargo del que lo removió una mayoría de oposición en el Concejo, lo que llevó a Santiago Guarderas a ocupar el cargo. Y lo haría en una dupla con Guilllermo Curuchumbi, un indígena de Cayambe que es alcalde de esa ciudad desde 2014, y ha sido reelecto hasta 2023, quien tendría la intención  de ser prefecto de Pichincha.

Curuchumbi es un activo militante de Pachakutik, por lo que se estima que esa fuerza política podría ser el nuevo paraguas electoral de Yunda, quien llegó al cargo en 2019 con Unión Ecuatoriana, tienda de la que se alejó tras su caída.

Pero Yunda tiene todavía líos judiciales por su administración en el Municipio: se le acusa como autor mediato de peculado en el caso de las pruebas para covid que no fueron las que se había planteado originalmente, así como a ex funcionarios de su administración, como el ex secretario de Salud, Lenín Mantilla, Ximena Abarca, ex secretaria de Salud y Linda Guamán, ex coordinadora técnica de la Secretaría de Salud. 

Este caso aún no se concluye por la recusación contra uno de los jueces. Y mientras no haya sentencia ejecutoriada en su contra, aún Yunda podría participar. 

En su entorno están optimistas: mientras su hermana Lilia, a quien puso al frente del Patronato Municipal, fue quien publicó en sus redes el anuncio de Yunda y Curuchumbi, así como las visitas de Yunda a varias localidades de la provincia, su ex asesor y primo, Cristián Hernández, publica encuestas favorables las que parecería que tiene la Alcaldía ganada. Tanto el ex alcalde como su entorno minimizan las acusaciones de corrupción que se han planteado en contra de Yunda. Y el propio Yunda, alternando con sus habituales trinos sobre perritos y el mundo animal, también lo confirmó. 

Desde Pachakutik, hay silencio sobre si apoyarán o no al ex alcalde en su intento de volver al Palacio Municipal. No sería la primera vez que la fuerza política indígena apoya a figuras mestizas para alcalde de Quito, como fue el caso del abogado Milton Castillo. 

 

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