Back to top

Los Confidenciales

7 de Julio del 2020
La (nueva) alianza entre Jairala y el correísmo
7 de Julio del 2020

"La CONAIE no forma parte del espacio Unión por la Esperanza, UNES, ni tiene ningún acuerdo con alguno de sus dirigentes. Rechazamos intento de confundir a la ciudadanía con el uso de un nombre similar al de nuestra organización en clara señal de desesperación electoral". Esa fue la respuesta oficial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en sus cuentas en redes sociales, luego de que circulara un comunicado de una alianza política vinculada al correísmo en la que se mencionaba a la Conaie como parte integrante, lo cual desató una avalancha de comentarios en redes en favor y en contra.

Entre otras organizaciones que conforman este frente electoral, aparecen nombres como Federación Nacional de Mujeres, Frente Amplio de Organizaciones Sociales, Fuerza Compromiso Social lista 5, Fuerza Rural, Coalización Nacional por la Patria. Movimiento Centro Democrático lista 1, Frente Patriótico Nacional y SurGente. Y aparece el Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, lo cual hace diferencia con la original, que es Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador (sin la palabra pueblos).

¿De dónde salieron estas organizaciones? La verdad política de este frente es la (nueva) alianza entre el correísmo y Jimmy Jairala, exprefecto del Guayas y un aliado de Correa hasta cuando salió del poder y luego se hizo aliado de Lenín Moreno. 

Del resto de organizaciones no son parte del acerbo histórico de los movimientos sociales del Ecuador. Son, a criterio de analistas consultadados por este portal, supuestas organizaciones que están vinculadas a personajes del correísmo.

 

24 de Junio del 2020
La impunidad reina en el triple asesinato del equipo periodístico de El Comercio
24 de Junio del 2020

Foto: Luis Argüello. PlanV

 

En el Ecuador las autoridades judiciales no han avanzado en nada en las investigaciones del proceso por el secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio: Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, ocurrido en abril del 2018, en la frontera entre Ecuador y Colombia. Yadira Aguagallo, periodista y una de las voceras de los familiares, dice que ahora mismo el caso está en el limbo al no existir una claridad sobre qué fiscal se hará cargo una vez que se hicieron cambios al interior de la Comisión de la Verdad.

Hay otros temas que están detenidos: después de dos años y tres meses no hay reactivos para cotejar las huellas dactilares que se encontraron en la camioneta del conductor Efraín Segarra. Tampoco hay respuesta sobre la cadena de custodia que no se siguió con las pertenencias del equipo periodístico en el hotel de San Lorenzo. No hay vinculados, no hay cooperación con la Fiscalía de Colombia. Hasta ahora no se ha tomado versión a los tres detenidos que alias Guacho solicitaba en el canje de "prisioneros".

Lo curioso, dice Yadira,  es que este caso es uno de los mejores documentados desde la investigación periodística, tanto como los periodistas María Belén Arroyo y Arturo Torres, en su libro Rehenes, como el colectivo Periodistas Sin Cadenas, con su especial Frontera Cautiva,  que hicieron un riguroso trabajo de seguir las pistas del secuestro; pero parece que, como no da réditos políticos, a la Fiscalía no le interesa ni siquiera leer los libros que le han enviado, dice Yadira Aguagallo.

Hace pocas semanas, los Gobiernos de Ecuador y Colombia se felicitaron entre ellos por la captura de alias Julián, pero hasta el momento no han explicado cómo se lo vincula, cuál fue su participación, qué indicios se encontraron. La orden de captura de alias Julián es por delincuencia organizada, no por secuestro. Hasta ahora no hay una carta de una autoridad del Ecuador pidiendo explicaciones por la liberación de alias Barbas. Hasta ahora, los dos funcionarios que recibieron el informe del Equipo de Seguimiento Especial, hace 6 meses en la CIDH, no lo han entregado a la Fiscalía General.
Foto: Luis Argüello. PlanV

19 de Junio del 2020
La amenaza de Rafael Correa a un juez del Caso Sobornos: ¿un delito de intimidación?
19 de Junio del 2020

¿Se puede amenazar a los jueces de modo directo en una sociedad democrática? Rafael Correa lo hizo en un tuit, en el cual "respondió" a un tuit del juez Iván Saquicela que fue parte del tribunal penal que lo condenó a 8 años de prisión y culpable del delito de soborno en el llamado Caso Arroz Verde. El juez Saquicela participaba en una conversación en la red social, con otros abogados, sobre la necesidad de que se use un lenguaje claro y sencillo al redactar leyes y providencias.  El juez de la Corte Nacional de Justicia opinó que en su cuenta que "El lenguaje claro y sencillo, eso es mejor y más persuasivo, sobre todo en las resoluciones de los jueces. Se debe abandonar la errada idea de que el lenguaje difícil y oscuro hace buenos abogados".  Nada del otro mundo. Pero de inmediato Correa, "respondió" al mensaje del juez que lo sentenció con lo siguiente:  "Qué descaro! Lo dice quien suscribió una sentencia de 800 hojas que tuvo que salir a defender al día siguiente, prevaricando. “Las buenas sentencias se defienden solas”. Pronto los jueces corruptos no tendrán dónde esconderse. Sin odio, pero con memoria".

Según fuentes judiciales consultadas por este portal, este tuit constituiría un delito de intimidación. El delito de intimidación está tipificado en el artículo 154 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y establece que la persona que amenace o intimide a otra con causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que, por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. La frase: pronto los jueces corruptos no tendrán dónde esconderse devela una amenaza directa al juez Saquicela, dicen las fuentes. ¿No tendrán dónde esconderse, de qué, por qué? Se preguntaron: ¿de ser perseguidos políticamente, de ser asesinados, secuestrados, torturados?

Uno de los jueces que habló con este portal, a condición de anonimato, dijo que "en qué país e ha visto que una persona que se encuentre condenada, amenaza de manera terrible, dice lo que quiere y no pasa nada". Un juez relató a este portal que a partir de las amenazas de Correa a los jueces reciben también amenazas e insultos en sus cuentas de redes sociales. Este no es un estado democrático si no de savajismo".

En Cuenca, dice un juez, se organizó en la Universidad del Azuay un seminario donde habló Caupolicán Ochoa, abogado de Rafael Correa. Fueron auspiciados por el Instituto Eloy Alfaro, que responde al correísmo. Participó una abogada cubana sobre una sentencia dictada por las cortes del Ecuador. 

El juez consultado considera que el Estado de Derechos del Ecuador signiica que si no se está conforme con una sentencia, no se acuda al insulto, a la amenaza y a la intimidación a los jueces que dictaron esa sentencia, sino que se impugne y se pelee jurídicamente en los tribunales.  Hay algunos abogados de los acusados, en el caso Sobornos, dijo el juez, que se la pasan amenazando, insultando a los jueces. 

2 de Junio del 2020
Aeroregional se hace con buena parte de las frecuencias de TAME
2 de Junio del 2020

Aunque hasta la fecha cuenta solo con dos antiguos aviones 737 (uno de los cuales dejó de operar durante semanas antes de la pandemia sin ninguna explicación), Aeroregional, la aerolínea local del empresario mexicano Manuel Rodríguez Campos, se ha hecho con buena parte de las frecuencias que operaba la empresa estatal TAME, que fue liquidada por medio de un decreto del presidente Lenin Moreno.

Desde febrero de este año que Aeroregional, una empresa conformada por los capitales y aviones de la desaparecida empresa mexicana Aerolíneas Damosh, que cerró en México tras un accidente con más de cien muertos en Cuba, había pedido a la Dirección de Aviación Civil, que dirige el piloto Ányelo Acosta, que le otorgara un aumento de frecuencias, en especial, hacia Esmeraldas, Guayaquil, Cuenca, Loja y Lago Agrio.

Hubo dos reparos: el primero provino de la desaparecida empresa estatal TAME, que aseguró que darle más frecuencias a Aeroregional afectaría sus operaciones, y el segundo de la propia DAC, que, según un informe interno, estableció que Avianca, que opera la ruta a Lago Agrio, ya cuenta con suficiente oferta y que abrir más frecuencias a la ciudad amazónica no sería rentable.

Antes de la pandemia, el 27 de febrero, tuvo lugar una audiencia, a la que acudieron representantes de TAME y de Aeroregional, para discutir el tema. Pero mientras la DAC tomaba la decisión, el 20 de mayo, el Gobierno sacó a TAME de la ecuación, decretando su disolución.

Así, el 26 de mayo, Acosta firmó una resolución en la cual, por un lado, negó el pedido de Aeroregional de volar a Lago Agrio, anticipando una posible caída de la demanda de pasajes por la pandemia, y, al mismo tiempo, amplió las frecuencias para Aeroregional, que, según dice la DAC, cuenta con capacidad técnica y económica para operarlas.

La resolución de la DAC le concede a Aeroregional cinco frecuencias semanales desde Quito a Guayaquil, cinco entre Quito y Cuenca, cinco entre Quito y Santa Rosa (El Oro), doce semanales entre Quito y Catamayo (Loja), nueve entre Quito y Coca (Orellana), y cinco entre Quito y Táchina (Esmeraldas) con lo que cubrirá por lo menos la mitad de la oferta de TAME. Aeroregional suma así un destino nuevo, Esmeraldas, que era servido solamente por TAME.
Foto: Jorge Villón

 

29 de Mayo del 2020
En su renuncia, Irina Moreno dijo que en la ONU aprendió a tender puentes para el diálogo
29 de Mayo del 2020

La hija del presidente Moreno, Irina Moreno González, renunció el 27 de mayo, ante el canciller José Valencia y su jefe inmediato en New York, el embajador Luis Gallegos, representante del país ante la ONU.  Su cargo fue de consejera, y estaba en esa misión dede abril del 2014, es decir durante el gobierno de Rafael Correa. Su padre, ahora presidente, había dejado de ser vicepresidente de la República en mayo del 2013. Luego Moreno pasó a un cargo diplomático de la ONU, de carácter honorífico, en Ginebra, Suiza. El Estado ecuatoriano pagó su salario, su vivienda y demás personal de su oficina.

En su carta, Irina Moreno dice que en estos años "he aprendido y entendido que el diálogo, la tolerancia y la empatía son los únicos caminos que nos pueden llevar a un mejor futuro. Los que hemos tenido el honor de servir en el ámbito diplomático multilateral hemos experimentado en nuestras negociaciones en el pleno o los distintos foros o comités que no existen verdades absolutas, que los argumentos que aparentan ser irrefutables tienen muchas veces variables refutables, que las percepciones no son las realidades, y que las múltiples situaciones adversas pueden ser resueltas, entendiendo que los puentes deber ser siempre construidos y no destruidos para que el diálogo siempre impere.

"Visibilizar y trabajar a favor de las poblaciones en estado de vulnerabilidad ha sido y será siempre el motor de mi vida laboral. En estos años tuve la oportunidad de servir a Ecuador, mi país, con profesionalismo, compromiso y entrega, como podrán atestar mis superiores y colegas con los que he tenido el honor de trabajar, y como consta en la documentación de mi ficha personal que reposa en la Cancillería a su digno cargo".

La renuncia se hizo efectiva el 31 de mayo.

28 de Mayo del 2020
Una invitación a la fiscal general que desató la polémica
28 de Mayo del 2020

Las denuncias que se acumulan por el presunto mal manejo de los fondos de reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, que ascienden a USD 3500 millones, se han convertido en una presión más para la fiscal Diana Salazar. Por ahora, la entidad está enfrascada en las investigaciones y acciones fiscales frente a la ola de denuncias de sobreprecios en las adquisiciones públicas durante la emergencia de la covid-19. Pero mientras eso sucede, otros frentes se le abren. Uno de ellos es el tema de los fondos del terremoto. El consejero manabita, Francisco Bravo, del Consejo de Participación Ciudadana, puso una solicitud al presidente del Consejo para que la fiscal Salazar sea invitada al organismo a rendir cuentas de qué ha hecho sobre la denuncia formal que él, en nombre del Consejo, presentó en la Fiscalía el 10 de febrero último y otras denucias que reposan ya años en el organismo.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, presentó la denuncia, por presunto delito de delincuencia organizada, en contra de los integrantes del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de Abril de 2016, que participaron en la reunión del 22 de mayo de 2017, donde se aprobó el destino de 2.946 millones de dólares.

1.- Las denuncias planteadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por los Fondos de la Reconstrucción y Reactivación Productiva de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de abril de 2016 (al cumplirse 4 años y un mes).

2.- La denuncia planteada el 21 de junio de 2018 por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio en contra del entonces prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia, por presuntos delitos de: delincuencia organizada; enriquecimiento ilícito; tráfico de influencias; perjurio; testaferrismo; y, lavado de activos, que se tramitan en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí.

3.- Las acciones emprendidas desde la Fiscalía General del Estado con respecto a la corrupción denunciada y hecha pública durante el Estado de Excepción por Calamidad Pública por el Covid-19, en el área de salud de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS y del Ministerio de Salud Pública - MSP (Hospital de Pedernales).

Esos fueron los tres pedidos. El consejero dijo a Plan V que frente a la denunicia presentada por él y el procurador del Consejo, Byron Paredes, ni siquiera se lo ha llamado a reconocer las firmas.

El pedido de comparecencia, publicado en Twitter, desató una ola de mensajes groseros e insultos contra la fiscal, acusándola sobre todo de no topar a gente como el asambleísta Daniel Mendoza, legislador manabita y aliado de Alianza PAIS. 

Esto generó una respuesta de la fiscal: "Lamentable que la labor de #FiscaliaEc de hacer respetar la Ley,  genere en redes sociales una inusual andanada de comentarios, en su mayoría anónimos, repletos de violencia, y una invitación del CPCCS a "rendir cuentas"¿Qué pretenden? No pararemos.#NoMasImpunidad". 

En realidad fue una invitación a la Fiscal, y el consejero Bravo dijo que no se pretende nada sino que le explique al país qué pasa con esos casos.

11 de Mayo del 2020
Quito: ¿tres meses en cuarentena?
11 de Mayo del 2020

Ganar tiempo, patear la pelota hacia adelante. La posición oficial del Municipio de Quito para sostener el semáforo en rojo hasta el 31 de mayo, pase lo que pase, está horadando la unidad interna que se había consolidado en torno al alcalde Yunda, por su efectivo manejo de la epidemia. 

Hay dos posiciones entre los concejales: que se mantenga hasta el 31 de mayo, incluso algo más, hasta cuando haya la plena seguridad de que el virus no va estar circulando por ahí ni causando daño, y o la otra que plantea que se puede y debe salir porque el virus no se va a ir nunca y no podemos congelar Quito hasta no haya peligro alguno. La primera, la del aislamiento radical, se sostiene en informes de la Secretaría de Salud sobre la curva de contagios: en Quito esta no se ha aplanado. Es más, los contagios en Quito son los de más rápido crecimiento.  El secretario de Salud sostiene que todos los países del mundo que han sostenido la cuarentena ha sido de al menos tres meses. Quito va a cumplir "apenas" dos meses y ya quieren salir. Otros países como Francia mantendrán sus restricciones hasta junio, dicen en Salud. Olvidamos muy rápido lo que pasó en Guayaquil, se sostiene. 

Aunque en el Municipio se reconoce que la economía y la productividad están sumamente afectadas (devastadas es la palabra usada) se cree que las autoridades nacionales no comprenden los desafios epidemiológicos que ha planteado esta epidemia.  En la Secretaría de Salud se cree que hay que buscar incansablemente a los asintomáticos, diagnosticarlos y disciplinarlos en el aislamiento. Bueno, no solo eso. Para la gente del Municipio es fundamental que los empresarios evalúen la capacidad adquisitiva de la gente, porque insisten tanto en abrir sus negocios, pero cuando abran no habrá quien compre, porque la gente habrá cambiado sus prioridades, incluso su forma de vida. Foto: Luis Argüello / PlanV

2 de Mayo del 2020
Así se contagiaron de COVID-19 los funcionarios de Inteligencia
2 de Mayo del 2020

El testimonio de un funcionario del CIES, que llegó a esta redacción, cuenta que "el día de hoy, 29 de abril, me sorprendió una llamada para que me acerque a realizar la prueba rapida del COVID-19, en el area de la casa grande del CIES, institución en la que trabajo hace poco tiempo. Esto alertó a mis compañeros y sembró el pánico. Una vez que hice la fila para realizar la prueba, me percaté que algunos deseaban también realizarse y les  negaron su pedido. Se pudo observar que llegaban autos de alta gama que transportaban personal externo al Centro, sin tomar el debido protocolo de seguridad institucional. A estos funcionarios les dieron prioridad.

"Hoy fue un día muy agotador, en el que se notó la falta de humanidad y solidaridad hacia los servidores hacia la vida y se fueron contra la misión institucional, violando nuestros derechos. El pánico abordó todo el CIES y muchos deseaban ir a sus hogares, salida que no les fue permitida, nos retuvieron. Mi retorno a casa será triste, sin saber qué hacer ya que nadie nos dio información de cómo proceder, sólo esperar la llamada del MSP para una nueva prueba y validar nuestros resultados positivos. Creo que no se entendió en esta administración lo que es una emergencia sanitaria, distanciamiento social y teletrabajo. Mis hijos menores de edad y mis padres y abuelos correrán el riesgo de una mala dirección. Esperaré que alguien tome contacto conmigo para ver si cumplo mi aislamiento o debo continuar mi jornada presencial".

Otro testimonio cuenta que "en la transición de Luque a De Howitt llamaron a algunos funcionarios para trabajar. Estuvo presente una asesora de Guayaquil, quien nunca usó mascarilla ni protección alguna. Luego de unos días se enteraron de que esta persona dio positivo para coronavirus. Notificaron a la dirección pero el nuevo jefe de Inteligencia pidió solamente 15 pruebas al MSP con un listado de su equipo y el resto de funcionarios que tuvieron contacto no fueron tomados en cuenta. No pusieron a todos en la lista para hacerse las pruebas y algunos tuvieron que realizarlas de manera particular. Todos dieron positivo. Pero hay muchos otros funcionarios y trabajadores que no tienen dinero para hacerse una prueba en un laboratorio privado. Esto se va a regar como pólvora, somos familias de todas partes de Quito las que estamos contagiados y que posiblemente hemos contagiado a muchas otras personas sin saberlo". El nuevo director estaría haciendo un listado de funcionarios para que asistan regularmente desde este lunes 4, dijeron las fuentes, que pidieron reserva.

16 de Abril del 2020
El correísmo ataca al comandante del Ejército
16 de Abril del 2020

El comandante general del Ejército, general Luis Altamirano, emitió en su cuenta de Twitter una carta abierta, en la cual hay un mensaje, que entre otras cosas dice: "Jamás traicionaría a quien con orgullo dedico mi esfuerzo por un mañana mejor, sin ambición, sino con el único propósito de servir. Dejo a los cobardes la angustia de su notoriedad pasajera y la pobreza en la que viven. Podrán rebuscar entre las piedras, pero solo encontrarán mayor frustración...".

Este mensaje estuvo dirigido más hacia los miembros del Ejército que hacia los usuarios de la red de Twitter. Y fue una respuesta a un video que fue lanzado en redes sociales, por la propagandista del correísmo llamada Ebi Camacho. En el video ella se dirige directamente al general Altamirano y le dice que le cuente "a todo el Ejército, oficiales y tropa, en qué viene trabajando a puerta cerrada mientras estamos en cuarentena"... Y mostró las copias de un oficio y una resolución publicada en el Registro Oficial Secreto que supuestamente es para reducir el tamaño del Ejército, desde agosto del 2020. Y la modalidad de reducción sería que en los ascensos de julio no ascenderían más de 800 personas, entre oficiales y tropa, siendo lo normal unas 2400 personas. Y la correísta Camacho lo trata de "desleal" y que el título de señor "le queda grande". 

En el video se nota claramente que Camacho lee un papel que le dieron, pues ella nada sabe de temas militares, o al menos nunca se le había escuchado antes hablar sobre eso. Fuentes de Inteligencia dijeron a Plan V que detrás de esto estarían exgenerales que salieron de la institución a raíz de los sucesos del levantamiento indígena y popular de octubre (Ndlr. Lea la carta del general Javier Pérez al final de esta not). También atribuyeron el ataque a la intención de impedir que el general Altamirano sea nombrado jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y busca también dividir a los mandos de la institución militar.

Al respecto, el señor general (sp) Javier Pérez rechazó cualquier alusión a su persona en esta situación. En carta enviada a Plan V dijo lo siguiente:

Me dirijo a ustedes sobre el artículo que aparece en el portal digital de su revista con el título “El correismo ataca al comandante general del ejército”, en el texto mencionan "Fuentes de Inteligencia dijeron a Plan V que detrás de esto estarían exgenerales que salieron de la institución a raíz de los sucesos del levantamiento indígena y popular de octubre(…)”.

Al respecto expreso mi rechazo a esta afirmación; en las actuales circunstancias, como todo ciudadano y ser humano me preocupa lo que ocurre en el país y en el mundo con la pandemia COVID-19, todo mi tiempo y energía lo he dedicado a tareas constructivas aportando desde el plano de las ideas en procesos educativos y de investigación académica, alejado de cualquier actividad que no sea la búsqueda de soluciones a las dificultades presentes.

Debo manifestar mi profunda preocupación por la forma tan ligera con la que se difundió esta nota, sin contraste con los aludidos; los medios de comunicación, en su momento hicieron conocer  que los oficiales generales que fuimos separados de la institución luego de la crisis de octubre de 2019, fuimos: Gral. Roque Moreira y Javier Pérez. En lo que a mí me compete, he manifestado mi solidaridad al mando del ejército por la forma con la que se pretende afectar a la institución, con verdades a medias y cuestionamientos salidos de todo contexto. El documento al que se refiere "la propagandista del correísmo llamada Ebi Camacho” -tomado literalmente de Plan V- fue elaborado en mi período como comandante general del Ejército, siendo el General Altamirano el Director de planificación y gestión estratégica, su finalidad era la de regularizar los ascensos del año 2019 y garantizarlos en el  futuro, actuando con apego absoluto a las leyes y normas vigentes.

Jamás estaré de lado de quienes nos han conducido a la quiebra moral y económica del país. En espera de una pronta rectificación, me suscribo

Atte.

Javier David Pérez Rodríguez
1706362520

 

Foto: El Universo

23 de Marzo del 2020
¿Los 2 millones de pruebas para detectar el coronavirus fueron mentira?
23 de Marzo del 2020

El nuevo ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, reveló al país en cadena nacional que los dos millones de pruebas que la exministra Andramuño había anunciado, reiteradamente, que habían sido contratadas en Corea del Sur, no llegarían al país. Y que estaban por llegar apenas el 10% de esa cifra: 200 mil pruebas. ¿Mintió la exministra? Altas fuentes del Gobierno lo admitieron: nunca hubo tal contratación. Y mencionaron otros hechos para mostrar por qué se dio la renuncia de la alta funcionaria en plena crisis. Por ejemplo, el papelón de los laboratorios privados. Según fuentes del Gobierno, estos laboratorios nunca estuvieron listos, ni tenían los reactivos para hacer las pruebas. La exministra habría pasado la lista de los mismos al Vicepresidente de la República, a la Ministra de Gobierno, y estos funcionarios los anunciaron en cadena nacional. Como más rápido cae el mentiroso que el ladrón, la realidad de la gente que no se pudo hacer las pruebas echó al traste esta información. ¿Otra evidente mentira? Y la gota que derramó el vaso, según las altas fuentes, fue que gente del Ministerio de Salud habría filtrado al equipo del alcalde Jorge Yunda, información sensible y reservada sobre la epidemia, que su vez fue filtrada a redes sociales. Esta información indicaba, por ejemplo, las parroquias de Quito donde estaban localizados los casos, el rango de edades de los afectados y otros detalles que ponían en peligro a los pacientes, dada la reacción cavernaria de algunos ciudadanos que han empezado a tratar como "apestados" a las personas infectadas, poniendo en riesgo su seguridad y las de sus familias.

Pero eso no es todo: ante la indignación del Vicpresidente y de los demás ministros por esta situación (y otras cosas que se llegarán a saber, advirtieron) estos pidieron al Presidente Moreno la destitución inmediata de la ministra, pero el primer mandatario dijo que había que darle la oportunidad de salir con dignidad. Foto:AFP

Páginas

[MÁS LEÍ DAS]

Este es el perfil del supercontagiador de COVID-19 hallado en la Amazonía de Ecuador
Redacción Plan V
Este es el top 30 de los contratos del Municipio en la era Yunda
Redacción Plan V
La amenaza de Rafael Correa a un juez del Caso Sobornos: ¿un delito de intimidación?
Redacción Plan V
Imágenes exclusivas revelan el colapso del relleno de El Inga
Susana Morán