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Los Confidenciales

3 de Diciembre del 2021
Que los niños y niñas vuelvan a clases presenciales (urgente) pide la Unicef
3 de Diciembre del 2021

La exitosa reapertura de las escuelas y colegios y el regreso de estudiantes y maestros a clases presenciales constituyó el indicador más esperanzador de avance en esta lucha contra la pandemia. Un informe de cierre de gestión de la administración Moreno había determinado que cerca de cien mil estudiantes habían abandonado sus estudios, sobre todo en las zonas rurales y empobrecidas de las grandes ciudades, por las dificultades de acceso a las telecomunicaciones y por la imposibilidad de acceder a la educación virtual. Una serie de males confluyeron para esto. Por lo que el retorno a las clases presenciales era un imperativo de los hogares y sobre todo de los niños y niñas. A eso se agregaba la no menos importante salud mental y emocional de los hogares. 

Para el 30 de noviembre del 2021, el propio Ministerio de Educación había reportado que el 66% (10.680) de las escuelas a escala nacional había retornado a clases presenciales. De las cuales 7.172 estaban en la zona rural.  Y los contagios fueron míminos: 0,005% casos en estudiantes (43 casos de 922.300 estudiantes) y 0,0043% en maestros. Apenas 33 escuelas debieron hacer cercos epidemiológicos. 

Con estas cifras exitosas, resultó sorpresivo que el COE y el Gobierno nacional decretaran la suspensión del proceso de retorno a las clases presenciales hasta el 3 de febrero, a propósito de la alarma mundial (infundada para muchos expertos) de la nueva variante del covid, llamada Omicron por el nombre de la letra O en el alfabeto griego. 


Informe del Ministerio de Educación sobre el retorno a clases presencialesVer PDF

Una de las entidades que ha cuestionado esta decisión es la Unicef. Para sustentar su oposición a la medida, el organismo de las Naciones Unidas para la infancia citó un monitoreo propio en el cual se reflejaba que el 70% de los hogares con niños, niñas y adolescentes que están en clases presenciales sostuvo que la reapertura ha sido un proceso positivo e incluso altamente positivo. La encuesta de Unicef demostró que el 95% de estos hogares conoce los protocolos y alrededor del 90% aseguró que se ha implementado el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, y el lavado de manos con agua y jabón.

Según el estudio, en 9 de cada 10 hogares, los niños han mejorado su estado anímico con el retorno a clases, y en 8 de cada 10 familias, los niños se sienten más motivados a aprender. La experiencia de las primeras instituciones educativas que han reabierto, dijo la Unicef, "demuestra que las escuelas no son un foco de contagio y que un retorno seguro a las aulas es posible: los protocolos se cumplen, los niños están felices y aprenden más con las clases presenciales".

En contraposición, solo el 47% de los estudiantes que aún no han vuelto a clases presenciales está contento, y el 70 por ciento afirmó que está aprendiendo menos. Este último dato ha incrementado en diez puntos con respecto al año anterior, cita la Unicef.

Pero solo un millón de estudiantes (25% del total) han vuelto a las aulas, señala el organismo, lo cual significa que todavía el 75% de los estudiantes del país continúa sin acceder a la educación presencial.  El país tiene 4'314.777 estudiantes.

“Hacemos un llamado al Comité de Operaciones en Emergencia (COE) a revisar la decisión de posponer la reapertura de escuelas. El riesgo de que los niños no asistan presencialmente a clases es demasiado alto y se agrava cada día que pasa, en especial para los más vulnerables, quienes están más expuestos a trabajo infantil, violencia y explotación”, dijo Juan Enrique Quiñónez, representante a cargo de Unicef Ecuador. 

"El no acudir a clases presenciales genera pérdida de aprendizaje para todos los niños, niñas y adolescentes, amplía la brecha entre quienes tienen recursos para continuar con la educación a distancia y quienes no, además, supone menores posibilidades de desarrollar habilidades sociales y repercute en mayor medida en la salud mental", dice el organismo, y advierte:

Los niños, niñas y adolescentes no pueden seguir lejos de las aulas, de sus docentes y compañeros, su bienestar físico y mental, así como su desarrollo y aprendizaje, están en juego.

 

 

2 de Diciembre del 2021
Así fue la censura a PLANV en el Complejo Judicial Norte
2 de Diciembre del 2021

Eran más de las 11:40 cuando en la sala 405 del piso cuatro del Complejo Judicial Norte, en el sector de Iñaquito, estaba por instalarse la continuación de una audiencia en la que se ventila la acción de protección  que el general de la Policía en servicio pasivo, Víctor Araus, presentó en contra de la comandante Tannya Varela y otros altos cargos del Estado, por lo que considera acciones inadecuadas que concluyeron con su salida de las fuerzas del orden. 

Desde las 11:00, un equipo de este portal integrado por el editor Fermín Vaca y el fotógrafo Luis Argüello esperaban la llegada del demandante y de los abogados de la comandante de la Policía, con la intención de realizar un reportaje sobre la acción que ha presentado el general en retiro. 

En el vestíbulo del edificio judicial, construido durante el correato, uno de los policías de la Escolta Judicial, quienes usan un distintivo arnés blanco, indicó que la audiencia de "mi general" se realizaría en el cuarto piso.

En ese nivel del complejo judicial, una funcionaria atiende a larga distancia desde un teléfono al que le han quitado el auricular. La encargada de las audiencias no conocía en dónde iba a ser la audiencia, aunque la sala 405 queda en frente de su escritorio.

En la sala, 405 una funcionaria que se identificó como la actuaria (una secretaria del juzgado, que tiene varios en esa función, dependiente de la jueza Verónica Medina) miraba la computadora protegida por una mampara transparente. 

En las salas de espera había varias pantallas, pero ninguna tenía información para los usuarios: todas estaban apagadas. En una esquina, el mayor de la Policía Byron Osejo, abogado de la general Tannya Varela, esperaba junto con otro uniformado y varios civiles.

Justo sobre la hora llegó el general (r) Victor Araus. Un policía de la escolta judicial, con un radio, fue informado desde el vestíbulo del arribo del oficial en servicio pasivo.

Aunque PLANV estuvo desde por lo menos media hora antes realizando fotografías y conversando con los asistentes, no fue hasta cuando alguien del grupo en cual estaba el mayor Osejo reclamó porque se hacían fotos que empezó el incidente. Al ser de dominio público que las audiencias, una vez instaladas, no pueden grabarse ni fotografiarse, nos preparábamos a salir cuando la magistrada estuviese en su silla. 

Pero como la jueza no estaba todavía en la sala, la diligencia no empezaba aún, a pesar de lo cual la actuaria le ordenó al policía de la sede judicial, tras asegurar que hacer fotos en la sala 405 estaba "prohibido", que proceda a borrar las fotos de nuestra cámara, por lo que el policía inclusive se acercó a la cámara de Luis Argüello mientras constataba que borre las tomas, que se referían a las personas presentes en el salón, y no aparecía en ellas ni documentos ni gráficos de ningún tipo y en las que no salía la jueza, pues ni estaba presente ni había instalado la audiencia. 

Además de la actuaria y el policía, un funcionario judicial que se identificó como técnico de audiencias reclamó a gritos que se hacían fotos "sin autorización" lo que estaba "prohibido por el Consejo de la Judicatura". Cuando el equipo de PLANV le pidió que exhiba la supuesta prohibición, dijo que no tenía copia alguna, pero que nosotros mismos vayamos al piso 10 a pedirla.

El funcionario, que tenía oculta la mayor parte del rostro con una curiosa máscara de cuero café, insistió en gritar frente a la policía y la actuaria, para luego pedirnos en voz baja que "se le acolite" pues si no "le iban a sancionar a él". Luego, el mismo individuo insistió en tomar fotos de nuestras identificaciones y continuó hablando a gritos hasta que tomamos el ascensor hacia la planta baja.

El incidente ha merecido el rechazo de organizaciones como Fundamedios y la solidaridad del gremio periodístico, que agradecemos. 

 

 

29 de Noviembre del 2021
Torres y Jarrín: dos asambleístas que pierden los estribos en Twitter
29 de Noviembre del 2021

Esteban Torres Cobo (PSC-Tungurahua) no se anduvo con sutiles circunloquios y arremetió contra el periodista José Hernández, de 4 Pelagatos, en los peores términos. Las iras jupiterinas del joven político, quien es hijo del ex legislador y ex alcalde de Ambato, Luis Fernando, fueron gatilladas por un análisis de 4 Pelagatos sobre el reciente debate de la propuesta económica del Gobierno. 

En el análisis, Hernández comentó las acciones y posturas de las diversas fuerzas políticas, en especial, del correísmo y CREO, que parecen haber llegado a un pacto para que la reforma pase por el ministerio de la ley sin que el Legislativo le cambie ni una coma.

Efectivamente, este 29 de noviembre, el presidente la promulgó mediante un decreto ley y en horas de la tarde el Registro Oficial la publicó en un suplemento. 

El análisis, titulado "La política real, náusea incluida" señalaba que "El gobierno no ha dicho en qué consistió el acuerdo. La impresión que queda, oyendo algunas fuentes, es que es mucho menos costoso que la extorsión de la cual habló 4P y que se ve reflejada, esta vez, en un tuit de Fernando Villavicencio. En él habla de entrega de eléctricas, Petroecuador y minería. “Todo querían”, dice el presidente de la Comisión de Fiscalización. Pero, por supuesto, Guadalupe Llori, Esteban Torres, Virgilio Saquicela o el bloque de la ID, por ejemplo, nunca admitirán estar entre los autores de ese tipo de pedidos".

No fue más: Torres respondió enseguida con el insultante tuit que aquí insertamos:

Hasta el momento, el periodista no ha respondido los epítetos del asambleísta ni este se ha disculpado por ellos. 

Pero Torres no es el único asambleísta que no teme cuestionar a la prensa en términos descomedidos. Fausto Jarrín, quien forma parte del bloque de UNES (correísmo) le comentó lo siguiente a un tuit del periodista de Ecuavisa, Paúl Romero:

22 de Noviembre del 2021
El bombardeo militar contra Andersson Boscán
22 de Noviembre del 2021

Desde pasquines en internet hasta un vídeo didáctico, pasando por tuits insultantes, recibió el periodista de La Posta, Andersson Boscán, quien comentó en su programa matinal sobre la inacción del Ejército frente a las masacres en la Penintenciaría del Litoral. Boscán dijo con su peculiar estilo que hasta 700 militares pudieron haber invervenido para evitar los choques, pero en lugar de eso estaban "jugando volley" y "mirando al cielo". 

El comentario de Boscán se refería a la negativa del Ejército a que los soldados invervinieran en las cárceles, que inclusive provocó la salida del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del comandante del Ejército, quienes fueron relevados por el presidente Guillermo Lasso por ese motivo. 

Pero no pasó mucho tiempo antes de que el coronel (r) Alberto Molina, estallara en epítetos contra Boscán, a quien trató de "este vocinglero dice lo que le da la gana, usa un vocabulario vulgar; un altanero malcriado que no respeta a las autoridades ecuatorianas".

 

La indignación del coronel en retiro, quien también da clases en el sistema de educación superior, subió tanto de tono que luego arremetió contra todos quienes piden, desde la opinión, la intervención militar, a los que llamó "los boscanes", al tiempo que también censuró a los abogados que están en contra.

 

De su lado, un ex oficial de la Armada, el capitán (r) Edwin Ortega, quien tuvo que dejar su carrera militar luego de enviarle un correo electrónico cuando menos descomedido al ex presidente Rafael Correa, subió a sus redes un vídeo "didáctico" en donde le explicó a Boscán que los militares se mantienen "en forma" en los repartos militares jugando volley, porque es muy fácil y barato hacer una cancha, por lo que confirmó que, efectivamente, el popular juego de pelota forma parte de la cultura del militar ecuatoriano.

Al fuego granado de epítetos contra el periodista se sumó el vicealmirante (r) Ángel Sarzosa, para quien a Boscán "le falta hombría de buen y conocimiento" por lo que le recomendó que regrese a Venezuela "si se siente un poquito hombre de bien".

También se conoció un pasquín sin firma, pero atribuido a una organización llamada "Promoción 81 Teniente Elvis Molina", en donde Boscán es tratado de "majadero y cobarde" y, nuevamente, lo mandan de regreso a Venezuela.

El cañoneo de insultos y xenofobia provocó el rechazo de Fundamedios y la Red de Periodistas Libres, que emitieron sendos comunicados censurándolo. 

22 de Noviembre del 2021
Enemigos habrían ayudado a alias Fito en liberación de su hija
22 de Noviembre del 2021

José Adolfo Macías Villamar, mejor conocido como alias Fito, contó detalles de la liberación de su hija Michelle Macías y de su amiga, María Villavicencio, quienes fueron secuestradas la noche del pasado miércoles 17 de noviembre.

La liberación ocurrió a las 20:50 de este domingo, 21 de noviembre. La Unase las recogió en El Aromo, Manabí. Fueron llevadas al hospital Santa Marta para una revisión médica, donde se confirmó que estaban en buen estado de salud, informó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.

“En estos dolores, uno se da cuenta que de las personas que menos piensa, que tus propios enemigos se unieron a la causa. ¿Por qué? Porque ellos también tienen hijos y que les hagan lo mismo. Los problemas son con uno, no con la familia. Son códigos, como lo dice el video, códigos que se rompieron”, manifestó en un video que divulgó un medio local.

Alias Fito, quien es uno de los líderes de Los Choneros, confirmó el rescate de las jóvenes. Desde un celular atendió entrevistas de medios locales y divulgó un video donde agradeció a la Policía, a la Unase (unidad antisecuestros), al SNAI y al Gobierno.

Habló de la paz y de “limar asperezas con personas dentro de las prisiones”. “De la violencia no ganamos nada, muchos dirán que pelean (por) algo, y el día en que uno se muera no se llevan nada”.

En otro video, aparece sentado junto a una figura religiosa y detrás hay un cartel que hace alusión a la paz. Dijo que aquella figura le regaló su hija Michelle. Aseguró que tras el secuestro de su hija no pensó en posibles retaliaciones. Manifestó que lleva 10 años en prisión, pero que se ha “reivindicado”. “Me hice abogado, gracias a Dios tengo dos diplomados y estoy con una maestría”.

En 2012, alias Fito fue condenado a 25 años de prisión por asesinato. Pero un año después se escapó de la cárcel La Roca de Guayaquil, junto a otros ocho integrantes de su banda. Fue recapturado tres meses después.

Pero la cárcel no impidió que siga al frente del grupo delictivo que actuaba sobre todo en Manabí. En junio de 2017, cayó parte de su estructura conformada por 36 miembros. Se dedicaban a atentados contra la vida, robo de vehículos, extorsión, clonación de vehículos robados, comercialización de repuestos, microexpendio de droga, enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria, tráfico de influencias, entre otros delitos. Tras esta acción policial se informó que Fito sería el brazo armado de alias Gerald, mejor conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano y el único connacional que cumple una condena en EEUU.

En ese proceso por delincuencia organizada, la Fiscalía estableció que Fito era el encargado de coordinar los envíos de gasolina mediante barcos desde Manta y Jaramijó, para que se abastecieran las lanchas rápidas que llevaban la droga. A través de interceptaciones se conoció también que desde la cárcel mantenía contactos telefónicos directamente con Gerald y sus abogados. En una de ellas se le escucha decir que “vienen ciudadanos de la tierra de Vicente Fernández”. Pero también se lo mencionó  “como el presunto autor del robo de tres millones de dólares en efectivo” de una caleta ubicada en Manta, según el expediente de ese caso. Por ese caso, la Fiscalía pidió 28 meses de cárcel para alias Fita. Pero como él ya estaba en prisión esa pena no se sumó. Tras este caso, se conoció las vinculaciones de esta agrupación con un capitán de la Policía, quien en 2017 fue hallado colgado en una celda de la cárcel de Latacunga.

“Lo que han hecho es algo que no se ha visto en Ecuador, tal vez sí en otros países, aquí había códigos, pero los códigos se rompieron. Yo he tratado de tener una paz, un diálogo, para que todas las personas de las cárceles convivan con tranquilidad. Ya pasaron cosas feas, pero ya pasó”. En lo que va del año, han ocurrido cuatro masacres en las cárceles del país, siendo la Penitenciaría del Litoral el escenario más frecuente.

Después del asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias JL o Rasquiña, el mando de Los Choneros quedó a cargo de alias Fito y alias JR. Pero esto no gustó a las facciones del grupo más violento del país señalado por estar vinculado al narcotráfico, sicariato y otros delitos. Desde entonces hay una disputa entre Fito y JR y estas facciones, entre ellas Los Tiguerones y Los Lobos, que ha dejado 321 muertos en las cárceles y el aumento de muertes violentas y selectivas en las calles.

En ese video, pidió a todas las personas que están en las cárceles hacer un consenso y llegar a un acuerdo para “poder vivir”. 

17 de Noviembre del 2021
Carta abierta sobre las recientes agresiones contra la libertad de prensa en el Ecuador
17 de Noviembre del 2021

“EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR POLÍTICAS DE PROTECCIÓN A LOS PERIODISTAS Y MEDIOS”

Ecuador, 18 de noviembre de 2021

Alexandra Vela, Ministra de Gobierno;
Luís Hernández, Ministro de Defensa;
Eduardo Bonilla, Secretario de Comunicación de la Presidencia y
Jeannine Cruz, Presidenta del Consejo de Comunicación.

De nuestras consideraciones,

Las organizaciones de la sociedad civil que tenemos como ámbito de nuestro trabajo la defensa, protección y promoción de las libertades de expresión y de prensa en Ecuador, consideramos extremadamente grave el incremento de agresiones contra periodistas y medios de comunicación registrados en los últimos meses, la mayor parte de ellos por acción de las fuerzas de seguridad del Estado, que son aquellos que deberían garantizar la seguridad de los periodistas, incluso en situaciones de vulnerabilidad y riesgo.

Octubre fue el mes en que más agresiones contra la prensa se registraron, desde que el presidente Guillermo Lasso llegó al poder. Seis de estas agresiones fueron protagonizadas por elementos de la Policía Nacional.  A continuación, detallamos algunos: 

Daniela Moina, periodista del Diario Extra, denunció a través de su cuenta de Twitter que la Policía Nacional le impidió tener acceso a información de un fallecido en circunstancias particulares en el sur de Quito.

El Coronel de la Policía Nacional, Rafael Marcelo Pérez Aguirre, envió una carta al periodista de Código Vidrio, Arturo Torres, en la que, con términos amenazantes, solicitó conocer la fuente del periodista y, además, descalificó su trabajo luego de que el comunicador lanzó un trino en Twitter. 

El periodista de Ecuavisa, Paúl Romero, fue presionado por una persona que se identificó como integrante de Inteligencia de la Policía Nacional y le solicitó revelar la fuente de un documento sobre el mal estado de los vehículos policiales en Guayaquil por falta de mantenimiento. 

Pamela Morante y Starlin Merchán fueron agredidos por miembros de la Policía Nacional mientras realizaban una cobertura de las manifestaciones del 26 de octubre en el sector de la T de Daule. Según versiones ofrecidas por la periodista, los uniformados les propinaron varios golpes mientras se encontraban realizando la cobertura.

Ese día, por la tarde, el periodista de Ecuador Chequea, Félix Amaya, recibió un disparo a quemarropa con una bala de goma que impactó en su pierna izquierda y que fue propiciado por un miembro de la Policía Nacional durante la cobertura de las protestas en el Centro Histórico de Quito, a pesar de que él asegura que se identificó como periodista y portaba su carnet.

Estos incidentes son parte de una escalada que se ha venido produciendo en los últimos años, en los cuales los periodistas en coberturas de riesgo se convierten en blancos del ataque de aquellos que deberían propiciar su seguridad. En ese contexto, señalar que el más alto riesgo para la prensa constituye el crimen organizado y el narcotráfico no es correcto y aparece como una coartada para encubrir el verdadero problema: La Policía y las Fuerzas de Seguridad del Estado no actúan con ningún protocolo de respeto y garantía al trabajo periodístico, simplemente porque no existe una política pública de protección, seguridad y garantía del trabajo periodístico. 

Sin embargo, lo que refleja una situación desbordada en la acción de la Fuerza Pública hacia el periodismo es el hecho de que, solo entre el 09 y el 10 de noviembre, registramos 9 agresiones contra la prensa y en 7 de ellas el agresor fue el Estado. 

Exponemos los casos más graves protagonizados por las fuerzas del orden: el periodista Jonathan Quezada del medio JQ Digital EC fue agredido y retenido arbitrariamente por integrantes de la Policía Nacional durante una cobertura en Guaranda. Miembros de la Seguridad Presidencial empujaron a periodistas de medios de comunicación e impidieron que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, diera declaraciones a la prensa. De igual manera se registraron otras agresiones de manera pública en Guaranda, el Estado y la Policía no estuvieron prestos a  proteger a dos periodistas azotados con boyeros.

Consideramos que estas actuaciones merecen acciones inmediatas, pero más que nada, que de una vez por todas se adopten políticas públicas, no acciones aisladas y mucho menos medidas parche. Es imperante proteger el trabajo periodístico y garantizar la seguridad de las y los periodistas del Ecuador. 

En ese sentido, queremos señalar que se deben determinar políticas de protección específica para las periodistas mujeres, pues es notorio que es un sector que está expuesto a sufrir agresiones específicas solo por su condición de mujer; es el caso de las periodistas de UDLA Channel, Dayana Escobar y Vanesa Cifuentes que fueron agredidas por un desconocido mientras realizaban una cobertura en las afueras del Hospital Baca Ortiz, cuyo guardia de seguridad no les abrió la puerta,  para resguardarlas de su atacante. 

Tampoco olvidemos que la impunidad alimenta la violencia contra periodistas, por lo cual hacemos el llamado para que se desclasifique la información necesaria para que puedan avanzar las investigaciones de Fiscalía en el Ecuador sobre el secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín, el equipo periodístico de Diario El Comercio.

La adopción de políticas públicas debe darse por una acción conjunta de Estado, Sociedad Civil, periodistas, medios de comunicación y otros actores como la Academia. Desde nuestra parte, levantamos nuestra voz de denuncia y protesta ante lo que sucede y las acciones descoordinadas, tibias y nada efectivas de diversos organismos del Estado y al mismo tiempo estamos dispuestos a aportar de forma transparente y positiva a que la situación se revierta.

Por ello, las organizaciones firmantes solicitamos a ustedes que se abra un proceso de diálogo urgente para fijar una hoja de ruta con el fin de adoptar políticas públicas reflejadas en acciones efectivas de protección y seguridad para la prensa. 

Cuando se intenta silenciar a la prensa peligra la democracia.

Atentamente,

● FUNDAMEDIOS
● FENAPE-FIP
● RED DE PERIODISTAS LIBRES
● FUNDACIÓN PERIODISTAS SIN CADENAS
● FUNDACIÓN NOS FALTAN TRES
● UDLA CHANNEL

16 de Noviembre del 2021
El radar de Montecristi detecta teorías de conspiración
16 de Noviembre del 2021

Un madrugada hace pocas semanas, un fuerte ruido que algunos llamaron "explosión" se oyó en Manabí, en las inmediaciones del cerro Montecristi, donde la Fuerza Aérea instaló uno de los cuatro radares primarios tipo Indra Lanza LTR, comprados durante los dos últimos años del correato, de los que dispone para la defensa aérea. Este radar, con alcance de más de 400 kilómetros a la redonda, puede detectar todo lo que vuela, pero parece que es más útil detectando conspiraciones. 

El radar fue colocado en la cúspide del cerro, a  cuyos pies nació Eloy Alfaro en 1842, luego de que el presidente Lasso denunciara que, de manera intencional, los gobiernos de Correa y Moreno habían abandonado la defensa aérea, especialmente en Manabí y Santa Elena, como parte de un supuesto entendimiento con el narcotráfico, sobre todo mexicano, que hace envíos de armas y dinero y transporta droga en avionetas.

Esa es la primera conspiración que detectó el radar: que las Fuerzas Armadas se hacían de la vista gorda en las dos provincias por orden de los correísmos.

Pero no fue la única, había otra que aparecería en pantalla: el supuesto atentado para dañar el aparato, que se conecta con las bases de la FAE y el control aéreo de Guayaquil por medio de una antena satelital. Aunque nadie vio evidencia alguna de explosivos, dinamita, cohetes o cualquier otro elemento que pudiera hacer pensar en un "atentado terrorista", las dos palabras fueron usadas por voceros del régimen, como si de Osama Bin Laden se tratara. 

El propio ministro de Defensa, Luis Hernández, visitó el aparato, y fue evidente que no hubo explosión alguna: ni cráter, ni metralla, ni destrozos típicos de una bomba. Ante el evento, el Gobierno dijo que no se descartaba que los ocho soldados y operadores del radar que estaban esa madrugada en la instalación tuvieran algo que ver y se pidió la investigación de la Fiscalía.

Aunque Hernández aclaró que él nunca dijo que el radar había sufrido un ataque con explosivos, poco o nada hizo el régimen por desmentir el supuesto atentado, que los conspiracionistas en redes sociales y ciertos medios ya atribuían al narco mexicano.

La semana anterior, Hernández aclaró que lo que parece que ocurrió es que los técnicos que montaron el radar cometieron algún error al armar el engranaje que hace girar la antena, lo que provocó que se dañe y fue el origen del fuerte ruido. 

Pero la pantalla del radar muestra otra conspiración aproximándose: el presidente Lasso anunció el 15 de noviembre que no fue error, sino sabotaje, y dejó clara su postura de que el daño en el radar fue provocado deliberadamente.

 

 

15 de Noviembre del 2021
Una cena de esmoquin que coincidió con la masacre carcelaria
15 de Noviembre del 2021

Ellos, de esmoquín y pajarita negra, lo que en inglés llaman de tuxedoblack tie. Ellas, de traje largo y oscuro. La ocasión: la invitación del embajador de Estados Unidos para celebrar un aniversario del Cuerpo de Marines (United States Marine Corps, fundado el 10 de noviembre de 1775) una de las seis ramas de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que tradicionalmente custodia las embajadas en el extranjero, por lo que un piquete de marines con uniforme azul y las banderas de su Fuerza estuvieron en el salón.

La recepción fue elegante: el presidente Lasso, de impacable esmoquín, luciendo en la solapa la insigna de la Orden Nacional al Mérito y su anfritrión, el embajador norteamericano, Michael J. Fitzpatrick -quien usaba, al igual que el ministro de Defensa, Luis Hernández, el llamado cuello diplomático en lugar de uno normal como Lasso- tuvieron un papel estelar, así como el grupo de marines, que llevaban la bandera norteamericana y el estandarte rojo que caracteriza a esa rama militar al ingresar al salón, al son de la marcha de la bandera.

Estuvieron las autoridades locales de Guayaquil: el gobernador Pablo Arosemena, también de black tie, la alcaldesa Cynthia Viteri- pantalón de cuero negro y ceñido buzo de cuello de tortuga- y la prefecta del Guayas, Susana González, luciendo un vestido largo con decorados barrocos y dorados estilo Versace.

Fue precisamente la prefecta la que se encargó de publicar, en sus redes sociales, las tomas de ella en la reunión, junto al presidente, el gobernador y el embajador, brindando con copas de vino blanco. Un desliz de redes sociales que el Gobierno no cometió, pues Carondelet no publicó nada sobre la cena. 

Pero mientras tenía lugar la recepción, se producían en la Penintenciaría del Litoral, a pocos kilómetros de ahí, explosiones, balaceras e incendios, en un nuevo episodio de violencia carcelaria qque ha dejado más de 60 víctimas. Enseguida llovieron las críticas a la cena, que el gobernador Arosemena atajó señalando que se salió del evento para ponerse al frente a la situación, mientras usuarios de redes -algunos vinculados a la oposición y otros no tanto- cargaron contra el presidente por su supuesta indolencia frente a la masacre. 

Otra de las críticas tuvo que ver con que nadie del Gobierno se acordó del aniversario de la Infantería de Marina ecuatoriana, que es el 12 de noviembre, pues en 1966, el presidente interino Clemente Yerovi Indaburu decretó la creación del Cuerpo de Infantería de Marina.

15 de Noviembre del 2021
Guerra contra el crimen organizado, sí, ¿pero quién comanda?
15 de Noviembre del 2021

La situación en la Policía Nacional, con los cuestionamientos y respaldos a la comandante general Tanny Varela, y respecto a la actuación de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, está que arde. Desde su posición, la ministra había advertido que ella de seguridad no sabe mucho. Así que depositó toda su confianza en la comandante Varela. Pero también se demoró el Gobierno en nombrar al viceministro de Seguridad, que recayó en el excoronel de la Policía, Max Campos, quien ejerció funciones de seguridad ciudadana y prevención del delito en el Ministerio de Interior durante el gobierno de Rafael Correa.

Sobre la comandante Varela se inició una campaña de ataque a su reputación, en redes sociales y con tuis de periodistas que cubren las fuentes de seguridad y defensa. Uno de estos tuits fe de Paúl Romero, de Ecuavisa, quien publicó una lista de oficiales de Policia que colaboran directamente con Varela y cuyo contenido los acusaba de "correístas". 

El video contra Varela es de un tiempo atrás, cuando se dijo que como comandante había "ascendido a su esposo" a General. Ese video fue relanzado en redes luego de la última masacre carcelaria.

Pero lo que sembró incertidumbre en el ámbito de la seguridad pública y en la comunidad de actores y observaderos de seguridad fue la frase que empleó la comandante para justificar por qué la Policía había demorado nada menos que 7 horas para controlar la violencia en la Penitenciaría de Guayaquil. Ella dijo que no ingresaron porque no había las condiciones y las consecuencias hubiesen sido mayores. ¿Cuáles eran las condiciones que la comandante esperaba que se diera para evitar otra masacre e intervenir? Nadie le preguntó.

Sobre la comandante, dentro y fuera de la institución hay voces que cuestionan el afán de control absoluto. "Ella cree que puede hacerlo sola, está bien, pero en esta guerra, la más grave amenaza híbrida que tiene el Estado ecuatoriano se necesita apertura y alianzas para ganarla", dijo una fuente que pidió reserva.

Sin embargo, hay dudas si esa fue la respuesta adecuada y más aún la del Presidente Lasso cuando culpó a las decisiones de la Corte Constitucional el que la fuerza pública no tenga la contundencia ni efectividad para controlar las cárceles. La CC, en un acto sin precedentes, le dijo al presidente que no evada sus responsabilidades, porque él es el que debe ejercer sus potestades legales y constitucionales. 

También hay dudas sobre si la actual ministra de Gobierno, una ex política de la democracia cristiana, y que fue sacada de su ámbito académico para ir al Ministerio más difícil del Ecuador del momento, tiene las condiciones par ser quien comande la guerra contra el crimen organizado que ha declarado Guillerno Lasso. En la última reunión con la embajada de Estados Unidos en temas de cooperación no hubo buena química entre la ministra y la subsecretaria del deptartamento de Estado, pues la ministra habría puesto una serie de reparos a la cooperación con Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. 

8 de Noviembre del 2021
Vox le quiso hacer firmar a Lasso la Carta de Madrid... a la fuerza
8 de Noviembre del 2021

Se define como "abogado, Secretario General de VOX, Diputado Nacional y Portavoz Adjunto en el Congreso, Concejal y Portavoz en el Ayuntamiento de Madrid e hispano argentino". Se trata de Javier Ortega Smith quien, junto con Santiago Abascal, son los principales líderes del movimiento ultraderechista español. 

Esta organización ha promovido la llamada Carta de Madrid, un documento que bajo la retórica de libertad y democracia, esconde nostalgias imperiales, en especial, cuando promueve la "iberósfera" una supuesta comunidad cultural e histórica entre la España peninsular y sus antiguas colonias. La Carta ha sido firmada por varias figuras de la derecha de América Latina y unas pocas del Ecuador, pero Vox continúa en su promoción de manera constante. 

De ahí que en la visita del presidente Lasso a la Casa de la Villa, un antiguo palacio que es la sede ceremonial del Ayuntamiento de Madrid, estuvo presente Ortega, quien aprovechó para abordar al presidente y agradecerle por haber invitado al cambio de mando en Quito a Santiago Abascal. 

Además, intentó comprometer a Lasso a que firme la Carta, destacando que se opone a foros de la izquierda regional como el Grupo de Puebla y el Foro de San Pablo. Y aunque en el vídeo se evidencia que Lasso nunca le dice que va a firmar la Carta (solamente le dice "cuenten conmigo") Ortega subió a Twitter un vídeo en donde se escucha el diálogo con Lasso (ante un retrato del rey Carlos III) y luego se lo ve firmando un libro, lo que da la impresión de que Lasso sí le firmó la Carta. 

El tuit de Ortega provocó varias publicaciones de medios afines al correísmo que señalaron que el presidente habría firmado la Carta de Madrid, usando el propio vídeo de Ortega. El Gobierno no desmintió a Ortega, pero sí señaló que el presidente no había suscrito la proclama, sino que aparecía firmando un libro de visitas ilustres al Ayuntamiento madrileño.

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