Back to top

Los Confidenciales

15 de Diciembre del 2022
Estas son las explosivas declaraciones de Fitzpatrick sobre el avance del narco en Ecuador
15 de Diciembre del 2022

Michael J. Fitzpatrick participó en la “Jornada internacional: Iniciativas anticorrupción”, organizada por la Universidad Andina Simón Bolívar, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Embajada y Consulado de Estados Unidos en Ecuador. Foto: Twitter Consejo de la Judicatura

 

Michael J. Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador, cuestionó duramente la justicia y la norma penal ecuatoriana que pone trabas a las investigaciones contra el crimen organizado. Después de asegurar que para el presidente Joe Biden la corrupción es un cáncer, recordó que hace un año hizo unas declaraciones que se volvieron noticia en referencia a la existencia de narcogenerales. Y luego su discurso siguió así:

“Pero aquí hay otro titular que no es sorpresa para la gran mayoría de ciudadanos, de los seres honestos de este país y de mi país también.

“La corrupción puede transformar una de las funciones más relevantes del Estado de derecho en algo irrelevante, irrelevante, la legitimidad de la administración de la justicia radica en la fe de las y los ciudadanos a los fallos y sentencias que están revestidos de verdad, integridad y sabiencia.

“Pero cuando estos fallos dejan de administrar justicia y se transforman en un mero ejercicio burocrático o peor, un camuflaje para proteger a narcos, a matones o a sus testaferros pagados para lavar su cara, su plata, su imagen, la justicia pierda relevancia y por lo tanto se deja de creer en ella.

“Ecuador vive un momento complejo, en el que la verdad como valor clave de la convivencia pacífica en una sociedad democrática corre el riesgo de quedarse en el olvido. Lo que sucede en Esmeraldas y Guayaquil es un reflejo de los tiempos difíciles que vive el país.

“Según la Policía Nacional, la tasa de muertes violentas en la Zona 8, es decir en Guayaquil, Samborondón y Durán en los primeros meses del año 2019, estaba parecida a la tasa nacional, alrededor de 8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Bastante bien en términos nacionales y globales. Y en los primeros 11 meses de este año, en la zona 8 (hubo) más de 42 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es cinco veces más alto que hace solo tres años.

“Y, en Esmeraldas, la tasa de homicidios en este año en los primeros 11 meses bordea 74 homicidios por cada 100.000 habitantes. A modo de comparación, solo en 2021, en dos ciudades de mi país -un país con más armas letales que ciudadanos y una cantidad incontable de masacres escalofriantes de inocentes- nosotros solo tuvimos dos ciudades con tasas de homicidios superiores a 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.

“Estas cifras locales son claras, de Guayaquil y Esmeraldas. Han superados las tasas nacionales de homicidio más altas de las Américas, registradas en 2021. Más que las tasas nacionales de Venezuela, Jamaica y Honduras. Una de las razones principales de estos sorprendentes aumentos en los asesinatos es porque el gobierno está incautando cantidades enormes de drogas ilícitas que están pasando por el país. Obvio, ha subido enormemente, han tenido muchos éxitos acá. Y hay una reacción.

“Hace unos pocos años Ecuador quizá incautó unas 50 toneladas al año, pero en el último año, Ecuador agarró casi cinco veces más. ¡Cinco veces más! En un país que no produce cocaína. Es el país número de tránsito de drogas en el mundo quizás. Y los carteles están peleando por el control de las rutas, de los puertos, de las cárceles y de la justicia.

“Si bien es cierto que la gran mayoría de los homicidios en la Zona 8, más del 80% -según la Policía Nacional- están vinculados directamente con el narcotráfico, pero esto no significa que los muertos han sido enjuiciados por una corte de ley, tampoco significa que no son ciudadanos de este querido país o que no dejan a familias queridas, padres y madres en luto.

“La impunidad es uno de los factores que alimenta la llama de la violencia y la corrupción. Un ejemplo de esto es el atentado terrorista sucedido en Cristo del Consuelo, en Guayaquil. A las 02:00 del domingo 14 de agosto en este barrio de personas dignas, pero de escasos recursos, se registró una explosión de gran magnitud, destruyó varios edificios, cinco personas murieron, 17 resultaron heridas.

“Y, a pesar de ser un hecho ampliamente publicitado, es uno de los casos más claros de impunidad, porque hasta la fecha, hasta hoy, no hay ninguna persona sancionada. Una muestra más de las fallas colectivas del sistema de justicia.

“La impunidad en el crimen transnacional organizado y la corrupción es grande, en todas tardes. El crimen organizado y la corrupción toman ventaja en las jurisdicciones, donde la institucionalidad está en construcción porque les garantiza la impunidad.

“Para reducir la impunidad, los poderes judiciales de varios estados deben trabajar para compartir información a nivel internacional y comprometerse a colaborar entre ellos, y rápidamente porque la justicia demorada es justicia negada.

“La extradición es uno de los mecanismos más exitosos que contiene la Convención de las NNUU contra el crimen transnacional organizado y la corrupción. Un tratado internacional que cuenta ahora 20 años y 190 convenios suscritos en todo el mundo.

“Así como el crimen organizado trabaja de manera articulada para alcanzar su objetivo, la plata, los estados deben trabajar juntos para dar con los criminales. Hace más de 30 años, estructuras criminales conocidas como mafias dominaban jurisdicciones que les garantizaban la impunidad sobre Italia, donde yo vivía.

“Fue imposible juzgarlos hasta que se crearon cortes con jurisdicción nacional capaces de traer justicia y sancionar a estos criminales. El Ecuador ha adoptado recién un modelo similar al de Italia, a través de los jueces especializados contra la corrupción y el crimen organizado, y los crímenes financieros complejos. Muchas felicidades, ojalá que sea a tiempo.

“La especialización de la justicia es estructural para poder comprender y entender las especialización de acciones en un sindicato criminal, casos de corrupción y del crimen organizado que típicamente son casos sofisticados y con entramadas complejas que requieren de jueces y juezas capaces de entender detalladamente el fenómeno, las formas de lavar activos usando criptomonedas, acciones financieras complejas en varios países y jurisdicciones, la compra de jueces, la intimidación de testigos, el abuso rutinario del habeas corpus y de los procedimientos legales que nunca se extienden a la gran mayoría de los ppl en este país, a los pobres que no tienen acceso a un narco abogado.

“Por eso, es un gran paso contar con esta corte nueva, con esta arquitectura institucional reformada, quisiera felicitar a todos los involucrados en este esfuerzo, a los miembros del sector judicial y de la academia, a quienes propusieron esta reforma, y a quienes reconocieron esta necesidad y urgencia para actuar. Es un paso necesario, pero no es suficiente porque se requiere de acciones gubernamentales conjuntas que pongan en jaque al crimen organizado transnacional.

“Por un lado, se requiere normativa que encuentre un balance necesario para no permitir la indefensión, pero tampoco que raye en la impunidad. Por ejemplo, tengo una pregunta, ¿alguien me puede explicar por qué hay que notificar formalmente a un sospechoso de la apertura de un caso en plena etapa de investigación? Es como decir, estimado señor Pablo Escobar le escribo para avisar a usted y a su abogado que hoy hemos abierto una investigación en su contra por el atentado, el bombazo de anoche y otra por el sicariato de esta mañana. No hay acusación todavía en su contra porque solamente ahorita empezamos a investigarlo. Pero ahora estás avisado, que tengas un feliz día. Firmado, formalmente, Fiscalía General del Estado.

“¡Imagínense! (Es) tan absurdo que Colombia cambió esta normativa hace décadas y ¿Ecuador? Normativas como estas garantizan la impunidad porque las organizaciones criminales desaparecen todos los testigos del crimen antes de que puedan ser llevados a la justicia, porque estaban avisados por el sector judicial.

“También me han dicho que es legalmente inadmisible para este país confesar un asesinato, ser sicario, no sé si es verdad, pero me han dicho que sí, ya sea por tener punzadas de culpabilidad o como parte de un acuerdo de culpabilidad para testificar contra cómplices de una red involucrada en crímenes aún mayores. ¿Por qué? Porque quizás la pena es mayor a 10 años prisión. ¿Entonces solo puede confesar por cosas menores, puede ser cierto?

“Es así cómo se hace justicia a las víctimas, a sus familias, cuando el estado incautó 2 millones de dólares en todos los casos de lavado de activos en cuatro años. Y cuando ahorita los tribunales están considerando devolver hasta 10 millones en efectivo solamente en un caso -que estuvieron ocultos- a la familia de un líder de una pandilla y solamente, ¿porque el capo fue matado por otros delincuentes?

“Cuando los jueces al azar liberan a los asesinos y a sus protectores repetidamente. Estos asesinados y sus narco abogados se ríen y bailan mientras salen de la corte y van en camino hacia el banco. Se requiere que las instituciones, todas las ramas del Estado trabajen de manera articulada, la Asamblea Nacional tiene una deuda para proveer los cambios normativos que se requieren y la CNJ debe emitir criterios unificados que generen certidumbre y que llenen las lagunas legales.

“El CJ debe sancionara q quienes abusan del derecho, sean jueces, fiscales, defensores o abogados litigantes. Y el Ejecutivo, como jefe de Estado, tiene un papel de concertación para que todo el Estado trabaje y haga justicia de forma transparente a favor de la sociedad civil, para los ciudadanos.

“Para traer real justicia y no solo procesar el papeleo desde la bandeja de la entrada a la bandeja de la salida, escribiendo decisiones lindas y largas que nadie va a leer, se requiere dejar de trabajar en las minucias legales y empezar a atender el fondo de los casos, donde se sanciones a los culpables y manden a los inocentes a sus casas.

“Para sintetizar, la lucha contra la corrupción y el crimen transnacional se traduce en una simple fórmula matemática: información, más integridad más procesos adecuados es igual a menos impunidad, a más justicia y menos violencia y más paz social.

La corrupción afecta el futuro de todos y está en nuestras manos generar un cambio de verdad, en colaboración con varias instituciones del estado ecuatoriano la justicia norteamericana independiente como es ha sancionado civil y penalmente a personas involucradas en actos de la corrupción con nexos en mi país. Así como el Ejecutivo ha revocado las visas de cientos de personas involucradas en estas actividades delictivas inconformes con nuestras leyes.

En las formas que el sector judicial ecuatoriano desee colaborar con nosotros en la lucha anticorrupción y antiviolencia y contra las redes transnacionales cuentan con nosotros como aliados en capacitación, equipamiento y colaboración activa en casos internacionales. Hacemos nuestra parte.

El Ecuador requiere sentar cimientos fuertes y duraderos para asegurar que el sistema de justicia cumpla con su misión fundamental, al no ser así perderá su relevancia y vigencia en la vida de 18 millones de habitantes. Y la única ley que opera en este caso será la ley de la selva y todos sabemos cómo es esto, y nadie quiere eso". 

13 de Diciembre del 2022
Tensión con Argentina por el asilo a María de los Ángeles Duarte
13 de Diciembre del 2022

Foto de Duarte: Diario El Universo

 

La tensión diplomática con Argentina aumenta, luego de que el Gobierno de Buenos Aires envió una carta a la Cancillería en la que exige al Ecuador que conceda el salvoconducto para que la ex ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte y su hijo de 11 años dejen el país. Según reportó el medio argentino Infobae, el embajador en Quito, Gabriel Fuks, se presentó en el Palacio de la Cancillería para entregar una carta del canciller Santiago Cafiero a su homólogo ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, en donde Argentina pide “otorgar antes del 14 de diciembre del corriente el salvoconducto y las garantías que prevé el artículo V de la citada Convención para la salida del país de Duarte Pesantes y su hijo”.

La noche del 13 de diciembre, la Cancillería anunció que no dará el salvoconducto por la condena que pasa sobre Duarte en el marco del caso Sobornos.

El primero de diciembre, el Gobierno argentino había invitado al Ecuador a una reunión técnica para analizar el caso, pero la Cancillería no respondió al pedido. Solamente emitió un comunicado en el que destaca que Duarte ha sido condenada por la justicia y que se pronunciará "en el momento oportuno". La respuesta a la nota diplomática argentina fue entregada este 13 diciembre. 

La Convencion de 1954 es un antiguo tratado entre los países de la OEA que regula la institución del asilo en las Américas. Si bien la Convención precisa que "No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas", lo que es el caso de Duarte, condenada junto con otros jerarcas correístas en el caso Sobornos a ocho años, la Convención también dice a reglón seguido que "salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político" y explica que "Corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución".

Es decir, con o sin sentencia, la Convención da al estado asilante, en este caso, Argentina, la posibilidad de decidir si el caso es político o no. También, de declarar la urgencia del asilo y activar el mecanismo para que el estado territorial pemita la salida del asilado, cuando su vida o libertad estén en peligro. 

La Cancillería respondió en un comunicado, en la mañana del miércoles, que convocó al embajador Fuks para pedirle "explicaciones" sobre el contenido de notas de prensa, pero no confirmó si recibió o no un ultimátum de Argentina. Explicó que rechaza cualquier intento de imponer un plazo en este tema y que se pronunciará en su oportunidad, tras un análisis jurídico.

Además de Duarte, el propio Rafael Correa consiguió asilo en Bélgica, país del que es originaria su esposa, mientras que varios correístas como la ex presidenta de la Asamblea, María Gabriela Rivadeneira, recibieron la protección de México, en donde residen. La Interpol también se ha negado a emitir difusión roja contra Correa, por considerar que el caso es político. 

 

12 de Diciembre del 2022
Ocho quejas y querellas contra Villavicencio: ¿acoso laboral o persecución política?
12 de Diciembre del 2022

Fotos: Asamblea Nacional

 

Una nueva queja se presentó al CAL de la Asamblea Nacional en contra de Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Esta vez se trata de Mireya Pazmiño, legisladora por Bolívar, quien en un memorando al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, denunció que Villavicencio Valencia, "en su calidad de presidente de la Comisión de Fiscalización, incurrió en una falta administrativa grave contemplada en el Art. 170 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, toda vez que el señor Asambleísta Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia incumplió los procedimientos y excedió los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para la presentación del informe de juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social".

Ver PDF

"El Presidente de la Comisión de Fiscalización, señor Asambleísta Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia, remitió el informe que detallaba, motivadamente, sus respectivas conclusiones y las razones por las cuales recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del trámite o el juicio político, el 09 de noviembre de 2022, fecha en la que el plazo para su presentación había vencido por imperativo legal.

"De igual forma, el Presidente de la Comisión de Fiscalización, señor Asambleísta Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia tampoco remitió, dentro del plazo de 2 días, esto es hasta el 10 de noviembre de 2022, el informe que detalle las posiciones de los asambleístas miembros de la Comisión", dijo la asambleísta Pazmiño.

Villavicencio, en respuesta, dijo a este portal que "nuevamente quieren sancionarme sin norma. El 170 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislatica no aplica a la Comisión de Fiscalización (ni a ninguna otra comisión), ya que no se trata del tratamiento de un proyecto de ley". 

La asambleísta Pazmiño dijo en su queja que Villavicencio incumplió el numeral 4 del Art. 170. Este dice literalmente:

Consituyen faltas graves:

4) Incumplir con los procedimientos, exceder los plazos y términos previstos en esta Ley y los reglamentos institucionales para la presentación de informes para primer y segundo debate.

La norma no habla del trabajo de las comisiones. 

Villavicencio dijo a este portal que "nuevamente quieren sancionarme sin norma". Esta es la quinta queja presentada contra el asambleísta Villavicencio, contra el cual se han presentado también otras tres querellas penales. 

El asambleísta considera que hay una descarada y declarada persecución de carácter político, e incluso acoso laboral, pues la intención sería, desde el bloque que controla el correísmo, alterar su trabajo legislativo para mantenerlo a la defensiva. 

El proceso de juicio y destitución de los vocales del CPCCS tuvo una reconsideración de la votación ante un error de un asambleísta del correísmo que se abstuvo, en lugar que votar de forma negativa por el planteamiento de enjuiciar a los siete vocales. El correísmo y sus aliados buscaban enjuiciar a la mayoría de cuatro vocales, presididos por Hernán Ulloa, lo cual lograron, pero la decisión del Legislativo fue revocada por un juez constitucional.

"Soy el presidente  y comunico las resoluciones del Pleno de la Comisión de Fiscalización. Fue el Pleno quien conoció el resolvió. La reconsideración es un recurso legal que todo legislador puede pedir en la siguiente sesión. Eso hice, puse a consideración la moción de reconsideración propuesta por Marco Troya, la cual fue aprobada por cinco votos. Esa reconsideración fue tramitada dentro del plazo ampliado de 48 horas, que dispone la norma  para presentar los informes de posiciones. Lo que pasa es que el correismo y Pazmiño perdieron y no querían poner a consideración el informe de censura de los 7 y no sólo de los cuatro", dijo a Plan V.

12 de Diciembre del 2022
Roberto Izurieta, nuevo embajador en Chile
12 de Diciembre del 2022

Foto: Publiciada en Diario Universo

 

Fue uno de los funcionarios clave en Carondelet durante el gobierno de Jamil Mahuad y también participó en la última campaña presidencial como consultor de Guillermo Lasso. Roberto Izurieta, ecuatoriano residente por cerca de 20 años en Washington, es el nuevo embajador del Ecuador en Chile, tras recibir el beneplácito del Gobierno de Santiago. El Gobierno chileno aceptó la designación de Izurieta por medio de una nota verbal remitida a la Cancillería por la Embajada de Chile. 

El pasado 8 de diciembre, mediante decreto 618, el presidente Lasso nombró a Roberto Izurieta Cánova como embajador del Ecuador en Chile, por lo que la diplomática de carrera Mirian Mercedes Esparza, quien ocupaba esa misión, fue trasladada a La Paz, como representante ante el Gobierno de Bolivia.

Izurieta se ha mantenido cerca al Gobierno de Lasso desde Washington, en donde se desempeñaba como catedrático en la escuela de consultoría política de la Universidad George Washington de la capital norteamericana. Se trata de la primera misión diplomática del consultor político. El consultor hizo pública su designación en un espacio de la cadena CNN en Español, donde habitualmente era comentarista político. 

En días pasados, el presidente Lasso nombró, también dentro de la cuota política, al abogado guayaquileño Hernán Pérez Loose como representante del Ecuador en las Naciones Unidas, con sede en Nueva York.

 

 

9 de Diciembre del 2022
Caso Las Torres: desde "fiscal farsante" a "caso histórico"
9 de Diciembre del 2022

Fotos: Twitter Fiscalía y CPCCS

 


I. Pablo Celi: "asistimos a un montaje"

"Aquí no se ha probado nada". Con esta frase, el ex contralor Pablo Celi inició su alegato en el acto final del llamado Caso Las Torres, investigado y sustentado por la propia fiscal general, ante un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia. Es un caso en al que la fiscal Salazar le ha dedicado su presencia permanente y el que más información ha generado la Fiscalía.

"Lo único que aquí se ha probado, continuó Celi, es una confabulación penal fraudulenta ejercida por la fiscal Diana Salazar, con una acusación sin pruebas, donde no concurren ningún elemento de un tipo penal jurídicamente insostenible. Se ah recurrido a una teoría del caso absolutamente errática, donde se parte del absurdo de un acuerdo tácito entre desconocidos, donde no hay estructura, no hay comisión de delitos finales, no existen beneficios económicos finales de ningún tipo, no existen nexos entre hechos y actuaciones. Esto no se trata siquiera de una suposición sino de una construcción malévola que pretende vincular actos administrativos legítimos. En el caso de la Contraloría, en el desvanecimiento de glosas, que ni firmé ni dispuse, se siguió un debido proceso que es competenca de la Contraloría y que no es prerrequisito de pago de ninguna factura en ninguna institución pública. 

"Se acusa sin causación, sin temporalidad, sin trazabilidad, es decir sin fundamentos ni de hecho ni de derecho. Pero lo más grave es que se acusa sin investigación mucho menos una técnica especial, como se presume. Lo que ha existido es un uso doloso de una asistencia penal internacional, la 464 del 2019, donde no consta ni Pablo Celi ni la Contraloría, donde no se refieren a ellos los procesos penales; que es usada sin autorización y transgrediendo de manera engañosa la limitación explícita que pone para su uso la justicia norteamericana. Para esto se han usado peritajes del entorno pericial próximo a la fiscal. ¿Qué podían testimoniar sino las disposiciones que tenían para armar un caso? Introdiciendo chats, reuniones y transacciones que no tienen nada que ver conmigo. Usando testimonios de condena no con testigos protegidos (sino) con hampones encubiertos a quienes la Fiscalía garantiza impunidad. 

"La carga de la prueba se la desplazó a las defensas, más allá de la ley. He tenido que probar mi inocencia con una amplísima carga probatoria y con un cotundente alegato de mi defensa la cual ni siquiera pudieron rebatir ni hacer réplica alguna. La Fiscalía no ha presentado pruebas, a lo que hemos asistido aquí es a un montaje. La sociedad ecuatoriana no está representada en la actuación de una fiscal farsante que hace un uso corrupto del cargo para perseguir por sus intereses políticos. 

II. Fiscal Salazar: "se presentaron 55 pruebas"

La Fiscal General a su vez, dijo haber presentdo 55 pruebas en las cuales se llegó a determinar con certeza la existencia de una estructura organizada, que estaba liderada desde la Contraloría, Petroecuador y la Secretaría General de la Presidencia de la República, con la ayuda de otras personas que cumplían un rol, (para) hacerse del 20% de una factura de 20 millones de dólares de la empresa Nolimit (4 millones)

Esta trama, como ya fue controlada por las autoridades norteamericanas no se llegó a establecer realmente este pago (de 4 millones de dólares), pero hay pagos chiquitos de otras facturas (del 5%) que se iban pagando en el tiempo. El señor Pablo Celi y Esteban Celi, a través de su sobrino (algo) que ahora ha sido negado, recibieron 500.000 dólares. Esos son los montos que se tienen que reparar y los cuatro millones que iban a ser de la organización.

Para la Fiscalía la investigación tiene relación con otros delitos, por ejemplo el de cohecho, que tiene una trama parecida pero es distinta, porque involucra a otra empresa pero con actores similares: el contralor general del Estado y su hermano se encargaban de desvanecer (glosas) a a cambio cobraban dinero a las empresas. Esta inforomación también nos llegó desde los Estados Unidos. Existe otra cada por lavado de activos también que se ventila en la ciudad de Guayaquil que es a raíz de la conformación de un tramado empresarial porque necesitaban entregar empresas, coordenadas de cuentas para obtener los beneficios económicos y esconder la ilicitud de estos fondos. 

La fiscal general dijo que "este es un hito en la historia de nuestro país, porque por primera vez se está juzgando en igualdad de condiciones a autoridades que se encontraban en funciones, me refiero al ex contralor general del Estado. Nadie está sobre la ley. Y todo esto ha sido posible por la cooperación, es decir por la confianza de las autoridades de justicia de los Estados Unidos tiene en la Fiscalía General del Estado.

 

8 de Diciembre del 2022
‘Tras el narcotráfico se mimetizan intereses políticos’, dijo Murillo en posesión de nuevos jueces anticorrupción
8 de Diciembre del 2022

Los nuevos 14 jueces anticorrupción recibieron un diploma y saludaron con el Presidente, Fausto Murillo y los representantes de la UE y EEUU en Ecuador. Foto: Presidencia de la República

 


El Consejo de la Judicatura posesionó este jueves a los nuevos 14 jueces que conocerán 44 delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Durante este acto, Fausto Murillo, presidente encargado del Consejo de la Judicatura, aseguró que detrás del narcotráfico se “mimetizan ciertos intereses políticos, cuyo objetivo primordial es desestabilizar a nuestra democracia”.

Su discurso se alineó a las recientes afirmaciones del presidente Guillermo Lasso y del ministro de Gobierno, Juan Zapata, acerca de la existencia de narcopolíticos, en medio de las próximas elecciones seccionales.

Murillo agregó que el crimen organizado se especializa día a día “creyendo que puede operar a sus anchas”. Aseguró que no podrán actuar impunemente porque ahora hay jueces especializados para que sancionen a los responsables con el máximo rigor que la ley lo permite. Los nuevos magistrados aprobaron un concurso de méritos y oposición y luego un curso de 155 horas. El entrenamiento abordó 16 materias, de las cuales 12 se enfocaron en corrupción y crimen organizado. Lea sus perfiles en este artículo.

“Desde la Función Judicial, no podíamos permanecer indiferentes frente al ataque brutal de estructuras criminales y de narcotráfico. Durante los peores días de la pandemia fuimos testigos de cómo con impudicia estas organizaciones perversas que habían permeado la institucionalidad y que tienen la venia de ciertos grupos políticos desmantelaban el sistema de salud pública y se apropiaban de fondos públicos que deben destinarse para las grandes y sagradas causas sociales”, manifestó el titular de Judicatura.

Dijo que durante este proceso de selección de los nuevos jueces enfrentaron dificultades y amenazas de todo tipo incluido un juicio político. Mencionó que hubo una demanda de inconstitucionalidad contra la creación de estas dependencias especializadas.

El trabajo para lograr obtener unidades especializados contra estos delitos arrancó en 2019 con la instalación de mesas técnicas y uno de los principales avances fue la aprobación de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, en diciembre de 2020.

El Ministerio de Gobierno y la Policía crearon protocolos para garantizar la seguridad de los jueces y de los servidores judiciales que estarán en las unidades especializadas, informó Murillo. Además, un experto de seguridad de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL, por nuestras siglas en inglés) trabajará en el país durante los próximos tres meses.

Durante su discurso, Murillo cuestionó la actuación de los jueces constitucionales y a los que conocen los pedidos de los privados de libertad. “Se sentirá muy afectado este esfuerzo de la actuación de los jueces de esta unidad anticorrupción si existen jueces que apartándose de los principios se ponen del lado del crimen organizado y de la corrupción. Cuando existen jueces de garantías constitucionales y penitenciarias que pueden desviar su quehacer. De nada servirá tener esta unidad especializada si los jueces de garantías y los de garantías penitenciarias no cumplen su papel y no se ponen del lado de la justicia”.

Recordó que la Judicatura no puede actuar de oficio y debe esperar denuncias y una declaratoria jurisdiccional superior previa para sancionar a magistrados.

Mientras que el presidente Lasso felicitó a todos los miembros de la Judicatura y deseó el mayor éxito a los magistrados. “Su trabajo estará en la vitrina del país ante los ojos de todos, vivimos una etapa especialmente difícil porque el crimen organizado intenta apoderarse de muchos espacios sociales, económicos y hasta políticos. Inclusiva intenta captar a nuestras instituciones”.

“Queremos volver a ser la isla de paz que todos añoramos”, dijo el Primer Mandatario y agregó que los nuevos jueces representan una justicia eficaz y respetable.

Más inversión para el combate contra la corrupción

Charles-Michel Geurts, embajador de la Unión Europea (UE) en Ecuador, consideró como hito la selección de los nuevos jueces que se hizo con cooperación de la UE y de EEUU. La UE asesoró en la elaboración y aplicación de pruebas de confianza a los candidatos.

Anunció que el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO) de la UE invertirá 52 millones en la región para apoyar los esfuerzos de los socios en la lucha contra el crimen organizado. En ese contexto, informó sobre la firma de un nuevo convenio estratégico entre la UE y Ecuador, además de apoyar la solicitud del país de formar parte de la Europol a través de un acuerdo de trabajo. También impulsará la consolidación de Ameripol con el Ministerio de Gobierno y la consolidación de las relaciones con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust).

Debra Hevia, ministra consejera de la Embajada de EEUU en Ecuador, manifestó que la corrupción y el crimen organizado limitan los derechos civiles, político, económicos, sociales y ambientales, porque debilitan la instituciones y fomentan la impunidad. La lucha contra la corrupción, dijo, es una prioridad de la política exterior de EEUU. “Esta nueva corte representa un avance sin precedentes en Ecuador para golpear el tablero contra las organizaciones delictivas y establecer un organismo eficaz de justicia”.

EEUU apoyó con recursos para dotar a los nuevos jueces con equipos tecnológicos, adecuaciones en sus puestos de trabajo y capacitación de alto nivel en el combate contra la delincuencia organizada transnacional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 de Diciembre del 2022
Cuatro senadores de EE.UU. piden más ayuda en seguridad para Ecuador
8 de Diciembre del 2022

Todd Robinson, subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, INL.

 

Una delegación bipartidista de cuatro senadores de Estados Unidos, que visitaron el país, pidieron en una carta a Todd Robinson, subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, INL, expandir la cooperación de seguridad de los Estados Unidos con Ecuador, aumentando la asistencia económica. Los senadores dijeron que la INL ha entregado USD 31 millones en ayuda al Ecuador, pero que la situación de seguridad del país muestra que no es suficiente. Los desafíos de seguridad son crecientes y urgentes, dijeron.

Esta es la carta suscrita por los senadores estadounidenses. Ver PDF

Luego señalaron logros del país, como que es el país con la tercera mayor cantidad de incautaciones de cocaína en el mundo, según el Informe Mundial sobre Drogas 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

Pero también señalaron los problemas más graves:

Ecuador ha incrementado su papel como centro de transbordo de cocaína y otras drogas y se ha impulsado la expansión de los grupos delictivos organizados transnacionales, particularmente de México y Colombia, en territorio ecuatoriano.

En 2021, la tasa de homicidios del país aumentó más rápido que cualquier otro país de América del Sur, situación que se ha visto exacerbada por motines mortales en las prisiones que han dejado alrededor de 400 muertos desde febrero de 2021, así como los continuos ataques dirigidos contra policías, fiscales y jueces

La magnitud de estos desafíos de seguridad ha obligado al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso a declarar varios estados de emergencia, incluso el mes pasado después de varios ataques explosivos por las pandillas dejaron al menos cinco policías muertos.

"Creemos que el nivel de financiación ya no es suficiente para satisfacer adecuadamente las crecientes necesidades de seguridad de Ecuador", dijeron los senadores.

Además, recordaron al subsecretario Todd que Ecuador es "un socio democrático clave en América Latina que está interesado en fortalecer los lazos bilaterales con los Estados Unidos".

Los senadores que firmaron la carta son los demócratas Bob Menendez y Benjamin Cardin y los republicanos Rob PortmanRichard Burr.

7 de Diciembre del 2022
El Gobierno declaró reserva sobre las negociaciones de acuerdos comerciales
7 de Diciembre del 2022

Foto: Diario La Hora

 

La información relacionada con las negociaciones de todos los acuerdos comerciales que actualmente gestiona el Ecuador, entre los que están incluidos acuerdos con China, Estados Unidos, México, Alianza del Pacífico y otros países no podrá ser conocida de manera pública, luego de que el Gobierno declarara la reserva de dichos datos. El Gobierno decidirá qué informa y qué no, según consta en un acuerdo del Ministerio de Comercio Exterior que fue publicado por el Registro Oficial pero está vigente desde el 18 de mayo pasado. La reserva impide, inclusive, que se apele a la Ley de Acceso a la Información tanto por parte de los medios cuanto de sectores que podrían ser afectados por un acuerdo comercial. 

El 6 de diciembre se publicó en el primer suplemento de Registro Oficial 203 el acuerdo MPCEIP-MPCEIP-2022-0001-A del Ministerio de Comercio Exterior, que sostiene que la agenda comercial del actual Gobierno busca acuerdos comerciales con por lo menos 21 países y que en el marco de tales procesos, se elaboran estudios criterios y otros documentos preparatorios, así como se intercambia "información sensible" con otros equipos negociadores que, en criterio del Gobierno, requiere de un "manejo reservado" pues su divulgación, dice el acuerdo ministerial "podría generar un impacto adverso y de difícil reparación para la capacidad de negociación del Ecuador".

La reserva, alega el Ministerio en su acuerdo, es una medida para "salvaguardar la eficacia del equipo negociador", por lo que dispuso "declarar como reservada la información generada en las negociaciones, de todos los acuerdos comerciales que negocia la República del Ecuador". Además, los miembros de los equipos negociadores deberán firma un acta de confidencialidad, con la amenaza de aplicarles el artículo 179 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica la divulgación de secretos. 

La información que ha sido declarada reservada y por tanto no podrá ser difundida por los medios de comunicación ni conocida por la ciudadanía se refiere a documentos de las negociaciones comerciales intercambiados entre los países, así como los documentos internos técnicos de la negociación, "hasta cuando las partes suscriban el acuerdo". Además: cualquier información que el otro país quiera que sea reservada; comunicaciones sobre propuestas de políticas o proyectos legales relacionados con las negociaciones y la que el Ministerio crea necesaria para la "eficacia del equipo negociador".

"El Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, el Viceministerio de Comercio Exterior y los Jefes Negociadores podrán informar, a través de versiones públicas, el estado de las negociaciones, en la medida que ello no comprometa los intereses del Ecuador en el proceso de negociación", dice el acuerdo, lo que significa que el Gobierno tendrá la potestad discresional de informar solo lo que estime conveniente. 

6 de Diciembre del 2022
Hernán Ulloa presentó en la Fiscalía una denuncia que involucra a David Rosero
6 de Diciembre del 2022

Fotos: Luis Argüello / PlanV

Un ciudadano que pidió que se reserve su identidad, amparado en una norma del COIP, presentó el pasado mes de septiembre de 2022 una denuncia dirigida al presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa. 

Según relató, en diciembre del año pasado, suscribió con funcionarios del Consejo de Participación un contrato para el servicio logístico para el proceso de designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública, por un monto de $63.160,73, para lo cual recibió un anticipo del 70%, equivalentes a $44.212,51. Luego, el Consejo dio por terminado el contrato de forma unilateral y pidió la devolución del dinero.

El denunciante asegura que desde junio del año 2021 tuvo conversaciones con ex funcionarios del Consejo, quienes dijeron actuar en nombre del consejero David Rosero, para implementar lo que sería una simulación, al prestar el contratista su nombre y su RUC para obtener el contrato, a cambio del 5% del monto. Sin embargo, los servicios serían prestados por personas cercanas a Rosero, según sostuvo.

Una vez que recibió el dinero del anticipo, el denunciante aseguró que se reunió con ex funcionarios para entregarles el dinero, quienes habrían insistido que los servicios los iban a prestar con la participación de Rosero. Cuando en febrero de 2022, al salir Sofía Almeida de la presidencia del Consejo, se dispuso la terminación anticipada del contrato, y el denunciante se encontró con que debía devolver el dinero del anticipo, que asegura entregó a personas que se identificaron como emisarios de Rosero. Ellos salieron de sus cargos en el Consejo y se negaron a devolver el dinero, explicó.

Con base en esta denuncia presentada ante el Consejo, Ulloa presentó el 16 de noviembre una denuncia en la Fiscalía, en la que traslada los hechos mencionados para la investigación de los fiscales. No menciona qué posibles delitos pudo haber cometido el denunciante al prestarse para la supuesta simulación del contrato a cambio de una comisión del 5%, lo que serían poco más de $3000. 

Por su parte, el consejero David Rosero, consultado por este medio digital al respecto, explicó que "es una patraña de un moribundo político que entró por la ventana al CPCCS y va salir por la tranquera", refiriéndose a Ulloa. "La ventaja es que el Ecuador conoce a este tipo que atropella la Ley Orgánica del CPCCS, dónde existe una prohibición expresa en el artículo 45, sobre la divulgación de información que investiga el CPCCS, donde se presentó originalmente esta "denuncia" inventada por el propio Ulloa; y como él sabe que no tiene ni pies ni cabeza, burlan la normativa y difunden esta mentira ante la Fiscalía", sostuvo.

Rosero agregó que "es una acción desesperada frente a su censura y destitución y su responsabilidad en la crisis institucional por su servilismo al Gobierno. En lo personal tengo absoluta tranquilidad".

2 de Diciembre del 2022
Ocho fiscales están entre los nuevos 14 jueces anticorrupción
2 de Diciembre del 2022

Los aspirantes pasaron por un concurso de méritos y oposición y un curso de 52 días. Foto referencial: CJ/El Universo

 

En una sesión extraordinaria, de este jueves 1 de noviembre, el Consejo de la Judicatura nombró a los 14 jueces que tratarán 44 tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado. Es la primera vez que el país confirma con un grupo especializado de magistrados para enfrentar el crimen organizado. Los nuevos jueces aprobaron dos etapas: un concurso de oposición y méritos y una capacitación de 52 días.

Los seleccionados fueron ochos fiscales, dos jueces, dos defensores públicos, un catedrático y un secretario de fiscales. Estos son sus perfiles.

Jueces de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Pichincha

  1. Silvana Lorena Velasco Velasco: Silvana Lorena Velasco alcanzó el mayor puntaje: 91.88 sobre 100. Ella es jueza y miembro del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha y como tal condenó a un año a un perito acusado por adulterar la transcripción de un audio en el caso Odebrecht.
  2. Lauro Fernando Sánchez Salcedo: Es otro de los mejores puntuados, obtuvo 91.72; él es fiscal de adolescentes infractores en Azuay. Se inició en el 2003 como asistente de fiscal.
  3. Byron Leonardo Uzcátegui Arregui: Se desempeña como fiscal de Patrimonio Ciudadano, en Pichincha.
  4. Esteban Israel Coronel Ojeda: Él es fiscal en Azuay y se encargó de las investigaciones por tortura de los presos en la cárcel de Turi, en 2016. Coronel acusó a 37 de policías de ese delito, pero finalmente fueron procesados por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.
  5. Mabel del Pilar Tapia Rosero: El 5 de abril pasado, la jueza junto a sus colegas Olga Azucena Ruiz Russo y Julio César Obando, del Tribunal de Garantías Penales, con sede en la Parroquia de Iñaquito, otorgaron medidas cautelares a favor de Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea, porque supuestamente se habían vulnerados sus derechos. Su fallo dispuso que el Pleno se abstenga de debatir un pedido para la creación de una comisión que investigue sus actuaciones. El mismo tribunal revocó esas medidas días después.
  6. Wiler Fabricio Chóez Avilés: Es agente fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, en la provincia del Guayas.

Jueces del Tribunal de Garantías Penales

  1. Clara Elizabeth Soria Carpio: La nueva jueza se ha desempeñado como defensora pública desde el 2012. Es magíster en Derecho Constitucional y en Derecho Penal por la UASB y candidata a PHD por la Universidad Pablo de Olavide. Docente en pregrado y posgrado en áreas relativas al derecho penal, derecho procesal y litigación oral.
  2. Carlos Patricio Serrano Lucero: Es catedrático. Cursa un doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y es Máster en Justicia Criminal por la misma universidad.
  3. Mario Andrés Muñoz Bayas: Es fiscal y en 2019 se postuló para Fiscal General del Estado, concurso en el que resultó ganadora Diana Salazar.  Se ha desempeñado como agente investigador de la Unidad Especializada de Antilavado de Activos de la Fiscalía. Entre sus casos más conocidos fue el de María Sol Larrea, exfuncionaria del IESS. Él sostuvo que Larrea, su cuñado y esposo formaron empresas y adquirieron acciones en otras compañías que proveían servicios médicos al IESS. Esas empresas habrían recibido USD 35 millones. Un tribunal de Pichincha declaró inocentes a Larrea y a su esposo en 2020.
  4. Christian Álex Fierro Fierro: Es fiscal especializado en Delincuencia Organizada Trasnacional e Internacional. A sus manos han llegado casos por tráfico de drogas y violencia sexual como la violación grupal que sufrió Nicole en 2018 y que terminó con su muerte. También fue el fiscal que investigó una red de corrupción que operó en el Ministerio del Interior, entre 2014 y 2017, y que gestionaba y adjudicaba contratos, por lo que cobraba el 10% del valor.
  5. Jorge Suidberto Sánchez Pico: Se ha desempeñado como agente fiscal en El Triunfo, Guayas. También fue abogado aduanero en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.
  6. Consuelo Marcella Tapia Guerrón: Nació en Tulcán y tiene 41 años. Es abogada por la Universidad Central del Ecuador. Tiene dos especializaciones en Derecho Penal y Constitucional en la Universidad Andina, y una maestría en Derecho Procesal, mención en Derecho Penal, por la Universidad Tecnológica Indoamérica. Ingresó a la Función Judicial en 2012 primero como defensora pública. En 2013, después de participar en el concurso para fiscales, obtuvo un nombramiento provisional como fiscal de Pichincha. Desde entonces permanece en este cargo y es especialista en género. Tapia fue la fiscal que investigó el caso de Martha, una mujer que fue violada por un grupo en un bar de Quito. En el concurso para jueces anticorrupción logró el segundo lugar con el puntaje total de 87,20 sobre 100 puntos.

Jueces de la Unidad Judicial de Garantías Penales

  1. Renán Eduardo Andrade Castillo: Nació en Portoviejo y tiene 36 años. Es abogado por la Universidad Laica Eloy Alfaro, de Manabí, y tiene una especialización y un máster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Hizo estudios adicionales en la Escuela de la Función Judicial en Derecho Procesal Penal. Tuvo un paso breve por la Secretaría Nacional del Agua (hoy extinta) hasta que en 2013 fue designado como defensor público de Pedernales, cargo que ejerció hasta esta designación. Su perfil completo está en este reportaje de PlanV.
  2. Vicente Fernando Hidalgo Maldonado: Se desempeñaba como secretario en la Fiscalía General. En 2019, fue uno de los enviados a Bogotá y Puerto Tejada, en Colombia, para entrevistarse con testigos del secuestro del político Fernando Balda. Fue enviado por la entonces fiscal general Ruth Palacios. 

Páginas