Leonidas Iza fijó su postura antiminera en recientes declaraciones, previas a una Asamblea en Defensa de la Vida, convocada este 12 de enero en Cotopaxi, y que busca poner en la mira los proyectos de minería que hay en el país.

El dirigente indígena destacó que, en opinión, la minería ocasiona más daños ambientales y sociales que beneficios económicos, por lo que sostuvo que se debe pensar más bien en el turismo que en la destrucción de escenarios naturales.

Iza dijo que tampoco se puede permitir que la Policía y el Ejército se conviertan en "guardias privados" de las empresas mineras. La postura de Iza lo pone en un nuevo curso de colisión con el Gobierno, una de cuyas estrategias para promover la inversión minera es, precisamente, la promoción de la minería en el país. 

Iza agregó que la convocatoria del 12 de enero busca aglutinar a todas las comunidades afectadas  por la minería, entre ellas, las que se encuentran en el Distrito Metropolitano de Quito.

La minería es un daño permanente al medio ambiente, en términos económicos no aporta y solo incrementará el conflicto social.
La vida está en riesgo, nos compete a todos/as por ello invitamos a participar de la Asamblea Nacional en Defensa de la Vida el 12 de enero en #Cotopaxi. pic.twitter.com/3v7vxDG87g

— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) January 5, 2023

Por más que se puso sexi, el paso de Pedro José Freile por Only Fans fue tremendamente fugaz. En un boletín publicado en Twitter el día de los inocentes, el candidato a alcalde de Quito anunció que había abierto una cuenta en  la página de contenido para adultos, y lo acompañó con un enlace a su perfil. Miles de personas en todo el mundo venden suscripciones de fotos explícitas en Only Fans.

"Es mejor vender contenido original y vender contenido con ayuda de la gente, que vender la conciencia a la narcopolítica y deber favores", sentenciaba supuestamente el candidato, en su boletín apócrifo.

En Twitter publicó también unas supuestas fotos suyas con poca ropa, pero la innovadora forma de obtener fondos no duró nada: el enlace https://onlyfans.com/pjfreile ya no abre y la página del aspirante fue eliminada.

Si les encantó mi TikTok, esperen a que vean mi #OnlyFans 

Acompáñenme en esta causa, para juntos financiar proyectos por un #QuitoSinMiedohttps://t.co/jO6O58lmmh pic.twitter.com/tnvh41KC1E

— PEDRO JOSÉ FREILE (@pjfreile) December 28, 2022

Michael J. Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador, cuestionó duramente la justicia y la norma penal ecuatoriana que pone trabas a las investigaciones contra el crimen organizado. Después de asegurar que para el presidente Joe Biden la corrupción es un cáncer, recordó que hace un año hizo unas declaraciones que se volvieron noticia en referencia a la existencia de narcogenerales. Y luego su discurso siguió así:

“Pero aquí hay otro titular que no es sorpresa para la gran mayoría de ciudadanos, de los seres honestos de este país y de mi país también.

“La corrupción puede transformar una de las funciones más relevantes del Estado de derecho en algo irrelevante, irrelevante, la legitimidad de la administración de la justicia radica en la fe de las y los ciudadanos a los fallos y sentencias que están revestidos de verdad, integridad y sabiencia.

“Pero cuando estos fallos dejan de administrar justicia y se transforman en un mero ejercicio burocrático o peor, un camuflaje para proteger a narcos, a matones o a sus testaferros pagados para lavar su cara, su plata, su imagen, la justicia pierda relevancia y por lo tanto se deja de creer en ella.

“Ecuador vive un momento complejo, en el que la verdad como valor clave de la convivencia pacífica en una sociedad democrática corre el riesgo de quedarse en el olvido. Lo que sucede en Esmeraldas y Guayaquil es un reflejo de los tiempos difíciles que vive el país.

“Según la Policía Nacional, la tasa de muertes violentas en la Zona 8, es decir en Guayaquil, Samborondón y Durán en los primeros meses del año 2019, estaba parecida a la tasa nacional, alrededor de 8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Bastante bien en términos nacionales y globales. Y en los primeros 11 meses de este año, en la zona 8 (hubo) más de 42 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es cinco veces más alto que hace solo tres años.

“Y, en Esmeraldas, la tasa de homicidios en este año en los primeros 11 meses bordea 74 homicidios por cada 100.000 habitantes. A modo de comparación, solo en 2021, en dos ciudades de mi país -un país con más armas letales que ciudadanos y una cantidad incontable de masacres escalofriantes de inocentes- nosotros solo tuvimos dos ciudades con tasas de homicidios superiores a 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.

“Estas cifras locales son claras, de Guayaquil y Esmeraldas. Han superados las tasas nacionales de homicidio más altas de las Américas, registradas en 2021. Más que las tasas nacionales de Venezuela, Jamaica y Honduras. Una de las razones principales de estos sorprendentes aumentos en los asesinatos es porque el gobierno está incautando cantidades enormes de drogas ilícitas que están pasando por el país. Obvio, ha subido enormemente, han tenido muchos éxitos acá. Y hay una reacción.

“Hace unos pocos años Ecuador quizá incautó unas 50 toneladas al año, pero en el último año, Ecuador agarró casi cinco veces más. ¡Cinco veces más! En un país que no produce cocaína. Es el país número de tránsito de drogas en el mundo quizás. Y los carteles están peleando por el control de las rutas, de los puertos, de las cárceles y de la justicia.

“Si bien es cierto que la gran mayoría de los homicidios en la Zona 8, más del 80% -según la Policía Nacional- están vinculados directamente con el narcotráfico, pero esto no significa que los muertos han sido enjuiciados por una corte de ley, tampoco significa que no son ciudadanos de este querido país o que no dejan a familias queridas, padres y madres en luto.

“La impunidad es uno de los factores que alimenta la llama de la violencia y la corrupción. Un ejemplo de esto es el atentado terrorista sucedido en Cristo del Consuelo, en Guayaquil. A las 02:00 del domingo 14 de agosto en este barrio de personas dignas, pero de escasos recursos, se registró una explosión de gran magnitud, destruyó varios edificios, cinco personas murieron, 17 resultaron heridas.

“Y, a pesar de ser un hecho ampliamente publicitado, es uno de los casos más claros de impunidad, porque hasta la fecha, hasta hoy, no hay ninguna persona sancionada. Una muestra más de las fallas colectivas del sistema de justicia.

“La impunidad en el crimen transnacional organizado y la corrupción es grande, en todas tardes. El crimen organizado y la corrupción toman ventaja en las jurisdicciones, donde la institucionalidad está en construcción porque les garantiza la impunidad.

“Para reducir la impunidad, los poderes judiciales de varios estados deben trabajar para compartir información a nivel internacional y comprometerse a colaborar entre ellos, y rápidamente porque la justicia demorada es justicia negada.

“La extradición es uno de los mecanismos más exitosos que contiene la Convención de las NNUU contra el crimen transnacional organizado y la corrupción. Un tratado internacional que cuenta ahora 20 años y 190 convenios suscritos en todo el mundo.

“Así como el crimen organizado trabaja de manera articulada para alcanzar su objetivo, la plata, los estados deben trabajar juntos para dar con los criminales. Hace más de 30 años, estructuras criminales conocidas como mafias dominaban jurisdicciones que les garantizaban la impunidad sobre Italia, donde yo vivía.

“Fue imposible juzgarlos hasta que se crearon cortes con jurisdicción nacional capaces de traer justicia y sancionar a estos criminales. El Ecuador ha adoptado recién un modelo similar al de Italia, a través de los jueces especializados contra la corrupción y el crimen organizado, y los crímenes financieros complejos. Muchas felicidades, ojalá que sea a tiempo.

“La especialización de la justicia es estructural para poder comprender y entender las especialización de acciones en un sindicato criminal, casos de corrupción y del crimen organizado que típicamente son casos sofisticados y con entramadas complejas que requieren de jueces y juezas capaces de entender detalladamente el fenómeno, las formas de lavar activos usando criptomonedas, acciones financieras complejas en varios países y jurisdicciones, la compra de jueces, la intimidación de testigos, el abuso rutinario del habeas corpus y de los procedimientos legales que nunca se extienden a la gran mayoría de los ppl en este país, a los pobres que no tienen acceso a un narco abogado.

“Por eso, es un gran paso contar con esta corte nueva, con esta arquitectura institucional reformada, quisiera felicitar a todos los involucrados en este esfuerzo, a los miembros del sector judicial y de la academia, a quienes propusieron esta reforma, y a quienes reconocieron esta necesidad y urgencia para actuar. Es un paso necesario, pero no es suficiente porque se requiere de acciones gubernamentales conjuntas que pongan en jaque al crimen organizado transnacional.

“Por un lado, se requiere normativa que encuentre un balance necesario para no permitir la indefensión, pero tampoco que raye en la impunidad. Por ejemplo, tengo una pregunta, ¿alguien me puede explicar por qué hay que notificar formalmente a un sospechoso de la apertura de un caso en plena etapa de investigación? Es como decir, estimado señor Pablo Escobar le escribo para avisar a usted y a su abogado que hoy hemos abierto una investigación en su contra por el atentado, el bombazo de anoche y otra por el sicariato de esta mañana. No hay acusación todavía en su contra porque solamente ahorita empezamos a investigarlo. Pero ahora estás avisado, que tengas un feliz día. Firmado, formalmente, Fiscalía General del Estado.

“¡Imagínense! (Es) tan absurdo que Colombia cambió esta normativa hace décadas y ¿Ecuador? Normativas como estas garantizan la impunidad porque las organizaciones criminales desaparecen todos los testigos del crimen antes de que puedan ser llevados a la justicia, porque estaban avisados por el sector judicial.

“También me han dicho que es legalmente inadmisible para este país confesar un asesinato, ser sicario, no sé si es verdad, pero me han dicho que sí, ya sea por tener punzadas de culpabilidad o como parte de un acuerdo de culpabilidad para testificar contra cómplices de una red involucrada en crímenes aún mayores. ¿Por qué? Porque quizás la pena es mayor a 10 años prisión. ¿Entonces solo puede confesar por cosas menores, puede ser cierto?

“Es así cómo se hace justicia a las víctimas, a sus familias, cuando el estado incautó 2 millones de dólares en todos los casos de lavado de activos en cuatro años. Y cuando ahorita los tribunales están considerando devolver hasta 10 millones en efectivo solamente en un caso -que estuvieron ocultos- a la familia de un líder de una pandilla y solamente, ¿porque el capo fue matado por otros delincuentes?

“Cuando los jueces al azar liberan a los asesinos y a sus protectores repetidamente. Estos asesinados y sus narco abogados se ríen y bailan mientras salen de la corte y van en camino hacia el banco. Se requiere que las instituciones, todas las ramas del Estado trabajen de manera articulada, la Asamblea Nacional tiene una deuda para proveer los cambios normativos que se requieren y la CNJ debe emitir criterios unificados que generen certidumbre y que llenen las lagunas legales.

“El CJ debe sancionara q quienes abusan del derecho, sean jueces, fiscales, defensores o abogados litigantes. Y el Ejecutivo, como jefe de Estado, tiene un papel de concertación para que todo el Estado trabaje y haga justicia de forma transparente a favor de la sociedad civil, para los ciudadanos.

“Para traer real justicia y no solo procesar el papeleo desde la bandeja de la entrada a la bandeja de la salida, escribiendo decisiones lindas y largas que nadie va a leer, se requiere dejar de trabajar en las minucias legales y empezar a atender el fondo de los casos, donde se sanciones a los culpables y manden a los inocentes a sus casas.

“Para sintetizar, la lucha contra la corrupción y el crimen transnacional se traduce en una simple fórmula matemática: información, más integridad más procesos adecuados es igual a menos impunidad, a más justicia y menos violencia y más paz social.

“La corrupción afecta el futuro de todos y está en nuestras manos generar un cambio de verdad, en colaboración con varias instituciones del estado ecuatoriano la justicia norteamericana independiente como es ha sancionado civil y penalmente a personas involucradas en actos de la corrupción con nexos en mi país. Así como el Ejecutivo ha revocado las visas de cientos de personas involucradas en estas actividades delictivas inconformes con nuestras leyes.

“En las formas que el sector judicial ecuatoriano desee colaborar con nosotros en la lucha anticorrupción y antiviolencia y contra las redes transnacionales cuentan con nosotros como aliados en capacitación, equipamiento y colaboración activa en casos internacionales. Hacemos nuestra parte.

“El Ecuador requiere sentar cimientos fuertes y duraderos para asegurar que el sistema de justicia cumpla con su misión fundamental, al no ser así perderá su relevancia y vigencia en la vida de 18 millones de habitantes. Y la única ley que opera en este caso será la ley de la selva y todos sabemos cómo es esto, y nadie quiere eso". 

Una nueva queja se presentó al CAL de la Asamblea Nacional en contra de Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Esta vez se trata de Mireya Pazmiño, legisladora por Bolívar, quien en un memorando al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, denunció que Villavicencio Valencia, "en su calidad de presidente de la Comisión de Fiscalización, incurrió en una falta administrativa grave contemplada en el Art. 170 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, toda vez que el señor Asambleísta Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia incumplió los procedimientos y excedió los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para la presentación del informe de juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social".

Ver PDF

"El Presidente de la Comisión de Fiscalización, señor Asambleísta Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia, remitió el informe que detallaba, motivadamente, sus respectivas conclusiones y las razones por las cuales recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del trámite o el juicio político, el 09 de noviembre de 2022, fecha en la que el plazo para su presentación había vencido por imperativo legal.

"De igual forma, el Presidente de la Comisión de Fiscalización, señor Asambleísta Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia tampoco remitió, dentro del plazo de 2 días, esto es hasta el 10 de noviembre de 2022, el informe que detalle las posiciones de los asambleístas miembros de la Comisión", dijo la asambleísta Pazmiño.

Villavicencio, en respuesta, dijo a este portal que "nuevamente quieren sancionarme sin norma. El 170 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislatica no aplica a la Comisión de Fiscalización (ni a ninguna otra comisión), ya que no se trata del tratamiento de un proyecto de ley". 

La asambleísta Pazmiño dijo en su queja que Villavicencio incumplió el numeral 4 del Art. 170. Este dice literalmente:

Consituyen faltas graves:

4) Incumplir con los procedimientos, exceder los plazos y términos previstos en esta Ley y los reglamentos institucionales para la presentación de informes para primer y segundo debate.

La norma no habla del trabajo de las comisiones. 

Villavicencio dijo a este portal que "nuevamente quieren sancionarme sin norma". Esta es la quinta queja presentada contra el asambleísta Villavicencio, contra el cual se han presentado también otras tres querellas penales. 

El asambleísta considera que hay una descarada y declarada persecución de carácter político, e incluso acoso laboral, pues la intención sería, desde el bloque que controla el correísmo, alterar su trabajo legislativo para mantenerlo a la defensiva. 

El proceso de juicio y destitución de los vocales del CPCCS tuvo una reconsideración de la votación ante un error de un asambleísta del correísmo que se abstuvo, en lugar que votar de forma negativa por el planteamiento de enjuiciar a los siete vocales. El correísmo y sus aliados buscaban enjuiciar a la mayoría de cuatro vocales, presididos por Hernán Ulloa, lo cual lograron, pero la decisión del Legislativo fue revocada por un juez constitucional.

"Soy el presidente  y comunico las resoluciones del Pleno de la Comisión de Fiscalización. Fue el Pleno quien conoció el resolvió. La reconsideración es un recurso legal que todo legislador puede pedir en la siguiente sesión. Eso hice, puse a consideración la moción de reconsideración propuesta por Marco Troya, la cual fue aprobada por cinco votos. Esa reconsideración fue tramitada dentro del plazo ampliado de 48 horas, que dispone la norma  para presentar los informes de posiciones. Lo que pasa es que el correismo y Pazmiño perdieron y no querían poner a consideración el informe de censura de los 7 y no sólo de los cuatro", dijo a Plan V.