Los Confidenciales
Imagen: PlanV
Los audios que circulan en los grupos de chat de policías y ex policías afiliados al Instituto de Seguridad Social de la Policía son claros. Una voz masculina, usando la jerga de los uniformados, usando palabras como "body" y "jefe" explica a un interesado en un préstamo en el ISSPOL que para que le "aguanten el cupo" en la entidad, para un préstamo, debe abonar por lo menos $1000 o $2000 de los $3000 que la red supuestamente pide.
"Cómo está mi clase, buenas noches", dice, al otro lado del chat, un hombre joven. "Mi subsito", prosigue, "espero que sea serio usted y las dos personas que indicó" y le explica que el trámite para obtener un préstamo dura seis meses. La cuenta también a su "subsito" (se refiere a un policía de rango de suboficial) que las carpetas se recogieron desde el año anterior hasta enero de 2022 y se esperan los desembolsos para septiembre de este año. "Confírmeme que sea algo seguro para que le guarden un cupo", le dice el tramitador, quien también sostiene que si otra persona entrega los documentos "12-36" (completos) "mi capitán va a preferir a esa persona que pague y le va a aceptar los documentos".
El tramitador enfatiza que si la persona no se decide ahora, le tocará esperar hasta enero de 2023 y entregar su carpeta hasta diciembre de este año. "Entre hoy y mañana ya me van a preguntar body, me están cada rato preguntando mi jefe", dice el que sería otro policía trabajador del ISSPOL o de la Cesantía policial, quien destaca la complicidad de su jefe, quien tendría rango de capitán.
El tramitador le dice al policía interesado en un préstamo que "el cupo es un solo un tanto por ciento que se destina para créditos, se acaba el cupo y ya no cogen más carpetas", le advierte.
El asunto fue puesto en conocimiento del coronel Renato González, director del ISSPOL, por un oficial del interior del país con este mensaje de texto: "Mi Coronel 7.3 buenos días, mi Coronel para que tenga conocimiento me llegó estos audios manifestando que un servidor policíal de Quito del Isspol, está solicitando una cantidad de 3 mil dólares por un supuesto cupo para acceder a un crédito de la cantidad de 100 mil dólares, le envío el audio y pueda reconocer la voz y sea verdad que el policía está trabajando allá en Quito".
El coronel González confirmó a este portal que se está investigando el caso y que ha puesto ya una denuncia al respecto en la Fiscalía el pasado 5 de mayo por el posible delito de concusión. En la denuncia Barragán relata que fue él quien recibió los audios y mensajes y los hizo de conocimiento público en un chat policial.
En su mensaje en el chat policial, González escribió: "hemos presentado la respectiva denuncia para que se investigue penalmente a los responsables de intentar beneficiarse con actos de corrupción en la concesión de préstamos, bien sea en el ISSPOL y solicitamos se extienda al Servicio de Cesantía. Que les quede claro, que no permitiremos impunidad ante estas sucias intenciones, y las perseguiremos en la instancia que sea".
Siete policías y un civil, incluido el propio González, deberían ser llamados a declarar en este caso, según la denuncia del director del ISSPOL, quien además pidió que se llame a declarar a los funcionarios del Departamento de Crédito del Servicio de Cesantía de la Policía, en donde también se conceden créditos a los policías.
"Yo mismo he distribuido esos audios y los acompañé de un mensaje mío y de la denuncia presentada. De las primeras investigaciones pensamos que no es el ISSPOL sino en la Cesantía, por eso hemos pedido que se investigue tanto al personal del ISSPOL cuanto al de la Cesantía", explicó el oficial.
Fotos: Asamblea Nacional y El Universo. Imagen: PlanV
Eran poco antes de las cinco de la mañana del sábado 30 de abril y el asambleísta Fernando Villavicencio ya estaba despierto. Exactamente a las 05:27 de la madrugada puso en la red social Twitter una publicación polémica. Se trata de una foto del presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, en compañía del polémico juez Pedro Moreira, quien tramitó un habeas corpus a favor de Junior Roldán, cabecilla de una de las bandas criminales más grandes del país.
En la foto, ambos abogados se ven sonrientes. En el tuit, además de la foto, Villavicencio escribió: " Ali Lozada, presidente de la Corte Constitucional y el juez Pedro Moreira que concedió el habeas corpus al cabecilla de Los Choneros. Momentos de alegría garantista".
Ali Lozada, presidente de la Corte Constitucional y el juez Pedro Moreira que concedió el habeas corpus al cabecilla de Los Choneros. Momentos de alegría garantista. pic.twitter.com/5xDGtJZ1Gn
— Fernando Villavicencio Valencia (@VillaFernando_) April 30, 2022
Casi 12 horas después, a las 16:37 de ese mismo día, el aludido juez Lozada respondió con un hilo en Twitter. Y como el estilo es el hombre, lo hizo con el tono didáctico de profesor universitario que el presidente de la Corte Constitucional usa con frecuencia.
En el hilo, Lozada explicó que "hace 6 meses, el 11 de nov. de 2021, intervine en el "Foro Presencial: Garantía de la Motivación-Análisis de la Sentencia Nro. 1158-17-EP/21 de la Corte Constitucional", un evento organizado y dirigido a juezas y jueces, en el auditorio de la UESS". El juez hacía referencia a la Universidad de Especialidades Espíritu Santo en Guayaquil.
Lozada agregó que "es usual que, en este tipo de espacios universitarios, alumnos o asistentes al evento se tomen fotografías con las y los profesores o conferencistas, y que se difundan fotografías del evento por las por redes sociales" y ahí mostró las fotos que se tomaron con él los asistentes al evento, entre ellos, el polémico juez Moreira, quien reside en Guayaquil.
Recién a la altura del sexto tuit, el juez Lozada le contestó a Villavicencio: "Sin embargo, esas fotos pueden ser usadas para engañar. La siguiente imagen es un ejemplo burdo de eso: mutila el contenido publicado por la persona (a quien no conozco personalmente) para manipular a las ciudadanas y ciudadanos de buena fe, y dirigirme un ataque infame".
Lozada agregó que "En este repulsivo ejemplo, por decir algo, habría que preguntarse: ¿A quién estorba la Corte Constitucional?, ¿Por qué se quiere socavar su prestigio?, ¿A qué se debe el afán de destruir una Corte Independiente?, ¿Es el presagio de una persecución a sus integrantes?".
¿Cómo detectar engaños en el debate público?
— Alí Lozada Prado (@Alozpra) April 30, 2022
La sociedad debe conocer cómo se detectan engaños malintencionados introducidos en el debate público para contaminarlo, conocidos como SOFISMAS. Ejemplo: (1/9) pic.twitter.com/P9Mzs9ygWC
Mientras Lozada explicaba cómo y dónde se tomó la foto, fue víctima de ataques en redes sociales por una supuesta simpatía con el "correísmo" y por su defensa de los derechos humanos.
La postura garantista de la Corte podría estar incomodando a los sectores más radicales del Gobierno, que parecen haber encontrado en la "mano dura contra el crimen" y la militarización en la Costa -estilo Nayib Bukele- una forma de recuperar la popularidad del régimen.
La acusación particular que interpusiera el empresario de seguros y reaseguros, Diego Sánchez, en contra del director del ISSPOL, Crnel. Renato González, no prosperó, según la sentencia verbal emitida por un juez este 21 de abril. El empresario apeló al artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que dice: "Será sancionada con pena privativa de la libertad, de 15 a 30 días: 1. La persona que, por cualquier medio, profiera expresiones de descrédito o deshonra en contra de otra (...). La acusación se dio por expresiones emitidas por el oficial de la Policía Nacional, PN, que dirige el Instituto de Seguridad Social de la PN, y es uno de los oficiales que más a investigado y denunciado las irregularidades en el Instituto que llevaron a la pérdida de USD 700 millones de su patrimonio, hecho que está en investigación Fiscal.
Las evidencias de Silva en contra del González se refieren que el oficial, desde su cuenta personal en la red Twitter "emitió afrentas en mi contra el día 26 de enero del 2022 . Según la acusación, "el usuario @CarlosF39466244, que usa el nombre Carlos Francisco Loyo y tiene la fotogafía de un payaso, pone un tuit que manifiesta lo siguiente: «¿Quieren ayudarnos hacer justicia? Las hijas de Diego Sánchez Silva parten hoy y mañana a España, donde estaría en trámite ciudadanía para él y su familia»" y menciona (etiqueta) la cuenta de Renato González así como de otros políticos del país.
Según la acusación, el coronel González compartió el tuit y añadió un enlace sobre una noticia publicada en diario El Universo sobre casos de corrupción en Petroecuador, Seguros Sucre y Odebretch y añadió todo lo que consta en el texto de la demanda:
Según la acusación del empresario Sánchez, los tuits de González, en calidad de oficial de la PN en servicio activo y como servidor público, perjudicaron su buen nombre en el área de su especialidad, lo cual es fundamental para su trabajo. Pidió que se sancione al director del ISSPOL. Antes de esta demanda, el presunto agraviado había presentado una reclamo a la Comandancia General de la Policía por las expresiones del oficial de Estado Mayor.
González dijo a Plan V que el juez ratificó el estado de inocencia, que sus tuits "no eran para nada injuriosos". La defensa del oficial dijo que los tuits no habían nombrado al empresario con nombre y apellido. La defensa del oficial preguntó al perito privado que entregó su informe (el cual sustentó la acusación) si se había verificado desde cuál IP salieron los mensajes, que si había tomado contacto con el coronel González para hacer el peritaje, que cómo estableció que el presunto autor era González y que dijo para eso entró al portal del ISSPOL y había visto la foto, entre otras cosas. El oficial dijo que el juez en su sentencia narrativa habría indicado que no se había comprobado el nexo causal ni el autor materia ni tampoco había estado claro para el juez cuál era la afectación en concreto.
Dijo el coronel que se había organizado una protesta contra él en la Corte Constitucional, a la cual asistieron unas treinta personas, pero en la audiencia en su contra, en el Complejo Judicial Norte (norte de Quito), estuvieron centenares de personas.
Fotomontaje: PlanV
Carlos Jijón arremetió contra Andersson Boscán en una columna publicada este sábado en La República. Pero la bronca venía de antes, ya que Boscán y su socio en La Posta, Luis Vivanco, fueron los más duros críticos del ex vocero de Palacio, quien dejó su cargo sin aclarar las razones de su salida del Gobierno.
En una "Defensa de las Fuerzas Armadas", Jijón sostuvo que "Nunca antes nadie ha injuriado a los militares ecuatorianos como Boscán lo ha hecho en estos días. Los académicos pueden discutir si las instituciones tienen honor y si se las puede vilipendiar impunemente. Pero nunca antes, un periodista ni un político las ha ofendido de manera tan vil", al tiempo que recordó la denuncia en contra del ex presidente Abdalá Bucaram por parte de las Fuerzas Armadas, que le costó el exilio.
"Yo no estoy seguro de que Boscán merezca el exilio. Pero creo que sus declaraciones ligeras deben ser contrastadas y discutidas en público porque entrañan un grave peligro a la Nación en un momento en que esta atraviesa una de las más peligrosas circunstancias quizás desde la invasión peruana de 1941", agregó Jijón, quien no dudó en sostener que "a nadie le conviene debilitar a las Fuerzas Armadas tanto como a los carteles. Y uno puede preguntarse si Boscán no se ha dado cuenta de aquello. En una circunstancia bélica, él pudiera ser considerado un quintacolumnista, esto es, una persona que conscientemente sirve a intereses contrarios a los de su comunidad".
En su programa Café La Posta, Boscán respondió a las declaraciones del ex decano universitario, abogado y periodista. "Es un pecado hablar en contra de las Fuerzas Armadas en este país", dijo Boscán, para quien la conclusión que esboza Jijón es que quienes critican a las Fuerzas Armadas es porque son empleados del narcotráfico. "Brillante el señor Jijón, ya veo por qué perdió su cargo", dijo el periodista de internet.
Boscán disparó: "Jijón ha sido lamebotas personal del presidente Guillermo Lasso, espero que vuelva pronto a esas tareas que hace mejor que estos patéticos editoriales". A reglón seguido, Boscán enumeró las supuestas amenazas que reciben él y su esposa, con la cual trabaja en La Posta. Finalizó diciendo que ejerce el periodismo con "dignidad, honor y mucho orgullo".
Carlos Jijón me acusa casi de ser narco por criticar a las FFAA
— Andersson Boscán (@AnderssonBoscan) April 18, 2022
Qué va a saber de que fotografíen a sus hijas, que sigan su carro, que amenacen de muerte a su esposa, a su familia…
Usted cumple solamente el rol de lamebotas presidencial. Dedíquese a ello
pic.twitter.com/iTZTQ9GxP9
La cooperación internacional contra el crimen organizado, léase los Estados Unidos, suspendió toda relación con el ministerio de Gobierno y la Policía Nacional porque ha dejado de confiar en la capacidad del Estado ecuatoriano para enfrentar este flagelo. Sobre todo no confían en lo que pueda hacer el gobierno. Los países que sustentan la cooperación internacional son varios, pero Estados Unidos tiene la mayor participación.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, admitió en una entrevista con La Posta este hecho y dijo en el mismo espacio que ante la falta de confianza de la coopereación internacional su nombre sonó como uno de los pocos de confianza para que este proceso continúe. Carrillo ha sido un puntal para esta relación como director de Operaciones de la Policía Nacional y luego como Comandante General.
El ministerio del Interior, sin embargo, tiene problemas para consolidarse, una vez que fuera (re) creado por este Gobierno. El decreto del presidente Lasso dio 120 días para la estructración del ministerio, mientras tanto tiene que seguir dependiendo económicamente del ministerio de Gobierno, que se lleva la mayor parte de los recursos.
Los Estados Unidos han levantado alertas sobre las medidas de confianza de altos mandos y personal subalterno de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Según fuentes de la cooperación, los problemas de la relación entre Estados Unidos y el gobierno en esta materia se afianzaron durante el mandato de Alexandra Vela en el Ministerio de Gobierno. El ministro del Interior dijo que intentará recuperar esa relación.
Foto: Presidencia de la República
Fotomontaje: PlanV
Poner a la fiscal general, Diana Salazar, como ejemplo en una clase virtual, provocó la ira de la funcionaria. Una de las estudiantes de Juan Pablo Albán, profesor de la Universidad San Francisco, tomó su celular y grabó la pantalla mientras el catedrático de derecho hablaba sobre la fiscal general.
La silueta de la joven se ve claramente reflejada en la pantalla, mientras Albán habla. Lo curioso es que la clase de Albán le llegó a la misma funcionaria, quien reclamó airadamente a Albán en la red social Twitter pero sin etiquetarlo.
En el vídeo filtrado por la estudiante y que sorprendentemente le llegó a la fiscal, Albán dice que "los jueces le tienen pánico a la fiscal general porque les preocupa que les empapele, es realmente draconiana la señora", dice Albán a sus alumnos, quien aprovecha para enseñar sobre Dracón, un legislador griego, quien sostenía que cualquier atropello se justifica si el fin es justo.
Albán era conciente de que sus alumnos le grababan y sostiene que no tiene "ningún problema" de que le manden el video a la funcionaria, pues "se lo ha dicho en su cara" antes. El comentario de Albán era un cuestionamiento a que los jueces dictan prisiones preventivas sin motivación por temor a represalias de la Fiscalía, entre ellas, que los "crufiquen públicamente". Según dijo Albán en su cátedra, a la Fiscalía solo le falta poner en Twitter: "este juez h de p no quiso dictar una prisión preventiva".
Y tal como había anticipado Albán, o sus alumnos o sus colegas no demoraron en pasarle el video a la funcionaria, quien le reclamó en Twitter: "Me habría encantado que me lo diga de frente, doctor, pero no ha sucedido. Draconiana, nunca; mercenaria, jamás; implacable con la injusticia y la impunidad, siempre. Si las actuaciones de los jueces y fiscales son tibias, deberían dedicarse a otra cosa, ya lo he dicho antes".
A las dos horas, Albán le contestó en un hilo de Twitter: Su asesor de comunicación el Sr. (José) Najas (dueño de Radio Sucesos) le aconseja incompleto Sra. Fiscal. Si quiere entrar en una polémica conmigo en esta red es necesario que me etiquete para enterarme que estamos peleando y poder contestarle".
Albán agregó que "me parece muy interesante y curioso que Usted esté pendiente de mis clases de derecho procesal penal en la USFQ. Ese día hablábamos de medidas cautelares, y si, en efecto consideró que la postura de la Fiscalía General promueve un uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva". El catedrático argumentó que se abusa de la prisión preventiva en el país por presión de los fiscales y sostuvo que "De mi parte, no tengo miedo ya he sido varías veces intimidado por autoridades públicas. Por favor la próxima me etiqueta. Y por si gusta saber el tema de mi siguiente clase, estamos hablando de la etapa de juicio en el proceso penal ordinario".
Su asesor de comunicación el Sr. Najas le aconseja incompleto Sra. Fiscal @DianaSalazarM2. Si quiere entrar en una polémica conmigo en esta red es necesario que me etiquete para enterarme que estamos peleando y poder contestarle. Sigue https://t.co/elWVi5ntln
— Juan Pablo Albán (@JuanPablo_Alban) March 31, 2022
Imagen referencial: PlanV
La Fundación Ciudadanía y Desarrollo y su Observatorio Legislativo denunciaron agresiones en contra de Marcelo Espinel, subdirector de esa organización no gubernamental, por parte de dos legisladores de Guayas, la una del Partido Social Cristiano y el otro de UNES (correísta).
Según dijo la Fundación en un comunicado,"el pasado 24 de marzo, durante la sesión que logró el archivo del proyecto de Ley Relacionado con la Regulación del Lobby y la Prevención de Conflictos de Intereses, la asambleísta Nathalie Viteri, realizó varios comentarios con el objetivo de desprestigiar el trabajo del Observatorio Legislativo. Viteri acusó a nuestro equipo de ser “los primeros lobistas” contratados “por grupos económicos”, a propósito de una capacitación pública – realizada en las instalaciones de la Asamblea Nacional – solicitada por la bancada de la Izquierda Democrática, sobre estándares internacionales de parlamento abierto". La legisladora, quien es hermana de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, realizó dichos cuestionamientos sin ningún sustento, se dijo desde la Fundación.
La Fundación precisó también que "en el mismo contexto, y tras la información difundida desde el Observatorio Legislativo respecto a la relación del asambleísta Férdinan Álvarez con una empresa dedicada a actividades de cabildeo y lobby, nuestro subdirector Marcelo Espinel fue amenazado y agredido por Álvarez y dos acompañantes en un restaurante. Tras frases como “tú no sabes con quién te estás metiendo” y hasta manotazos para impedir que se grabe los hechos, el equipo de seguridad del lugar intervino de inmediato". Álvarez preside la Comisión de Transparencia de la Asamblea que archivó el proyecto de ley para regular el cabildeo alegando que no era necesaria.
La Fundación hizo público un vídeo de la cámara de seguridad del sitio, en donde se aprecia una discusión entre Espinel y el legislador, en donde este le habría amenazado. Luego se acercan al sitio dos personas que serían acompañantes o custodios de Álvarez y también se activa la seguridad del local, del que finalmente se retiran el asambleísta y sus amigos, no sin antes intentar impedir que Espinel grabara la escena con su celular. Según relató Espinel a este portal, el asambleísta se le acercó de manera agresiva tocándole el pecho con el dedo y diciéndole que no sabía quién era él y que era "guayaco" y él evitó el conflicto con el legislador y sus acompañantes, pidiendo la intervención de la seguridad del lugar.
El Salón de Uso Múltiple tiene un comedor y cocinas y se busca arrendarlo. Foto: El Universo
Es lo único que queda del viejo Palacio de Justicia y fue parte del proyecto del Complejo Legislativo, un elefante blanco de la Asamblea Nacional que supuestamente iba a modernizar y ampliar la sede de la Función Legislativa.
Se trata del Salón de Uso Múltiple, una solitaria edificación que se levanta en Piedrahita y Clemente Ponce, y que es de las pocas construcciones que se levantaron del Complejo Legislativo, que preveía edificar torres de oficinas, una casa protocolar y el uso del Salón para eventos del Legislativo. Pero del proyecto, que está en el abandono, solo quedaron terrenos liberados progresivamente convertidos en parqueaderos, la Casa Protocolar que alberga oficinas y el Salón, que corresponde a la estructura del auditorio del antiguo Palacio de Justicia.
La Asamblea sacó a concurso el Salón, actualmente sin ningún uso, que tiene una superficie de 510.10 metros cuadrados y cuenta con servicios básicos, aire acondicionado, cocinas, baños, accesos para discapacitados, piso de porcelanato, fachadas cubiertas con piedra volcánica y un comedor en donde se podría atender a 150 personas.
Se espera arrendar el Salón por dos años, y que el proceso termine hasta el próximo 25 de marzo.
Fuentes vinculadas al proceso y que conocieron el caso, hicieron llegar a Plan V su posición sobre la demanda de USD 2000 millones que el Grupo Isaías puso contra el Estado ecuatoriano.
"La sentencia de revisión dictada por la Sala Penal de la Corte Nacional en el caso 17721-2010-0414B (Caso Isaías y otros), establece que no es procedente la devolución de bienes incautados ni indemnización.
"No es posible la devolución de los bienes incautados, porque la sentencia por el delito peculado únicamente condenó a los procesados a penas privativas de libertad, en el proceso penal jamás se dispuso el comiso ni medidas como la incautación. Por lo tanto, la sentencia de revisión únicamente afecta a las penas privativas de libertad, que los hermanos Isaías no cumplieron.
¿Qué entidad procedió con la incautación? En un proceso independiente y ajeno al proceso penal, la entonces AGD [Carlos Bravo] dispuso la incautación de los bienes a los accionistas, administradores y/o funcionarios de Filanbanco S.A. Esta fue ordenada el 8 de julio del 2008, mediante la Resolución No. AGD-UIO-GG-2008- 12, en aplicación del artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario-Financiera (publicada en el RO No. 78, de 1 de diciembre de 1998). Resolución que no tiene relación con el proceso penal.
El proceso penal no afectó a la resolución administrativa, sus efectos siguen vigentes. La vía administrativa tiene sus propias acciones y medios que no afectan al proceso penal ni viceversa.
Tampoco procede la indemización, porque el artículo 392 del Código de Procedimiento Penal de 1983 (aplicable a la causa), ordena que la indemnización se calcula por el tiempo cumplido de la pena privativa de libertad. Los hermanos Isaías nunca estuvieron privados de la libertad ni un solo día por motivo de este juicio.
El artículo 416 del Código de Procedimiento Penal del 2000 y el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial, también establece como requisito para la indemnización que se haya cumplido la pena. Si los hermanos Isaías no cumplieron pena privativa de libertad, no cumplen con los requisitos legales para pretender una indemnización.
Cabe recordar que se aceptó la revisión porque se determinó que fueron juzgados por un delito distinto al que cometieron. En la sentencia de revisión no se declara error judicial.
Foto: Diario Expreso
En un comunicado en su cuenta de Twitter, Miguel Ángel Loor, un abogado y dirigente deportivo, quien preside la Liga Pro de fútbol, aseguró que es perseguido por varios intereses políticos, judiciales y deportivos.
Loor apareció mencionado en la trama de Álex Saab, cuyas operaciones en Ecuador habría facilitado así como el envió al exterior de por lo menos USD 36 millones que habrían llegado a su cuenta en Miami luego de que la justicia ecuatoriana devolvió los dineros de la empresa de Álvaro Pulido, un venezolano socio de Saab en la filial ecuatoriana de su empresa.
En su comunicado, Loor dijo que hay una "película de ficción" en relación a su participación en el caso de las operaciones de Saab y Pulido en Ecuador.
Loor relató que es indigado por la Fiscalía por una supuesta evasión fiscal de USD 10 mil, y acusó al fiscal de amenazarlo, así como de filtrar toda la información reservada a un canal de televisión que no identifica pero menciona con insistencia.
Loor admitió haber sido abogado de Floglocons, la empresa de Álex Saab y Álvaro Pulido en Ecuador, pero aseguró que nunca conoció a Saab ni este habría venido al Ecuador. Dijo también que "ser abogado no es delito" y que en el proceso por presunto lavado de activos contra la empresa de Pulido nunca se vinculó "al tal señor Saab". Loor dijo que hay políticos que están buscando "titulares vendedores" con su caso, en alusión al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio.
Admitió también tener problemas con el fisco y deber por lo menos cinco millones de dólares, que asegura ha pagado con bienes, a pesar de lo cual, ha sufrido embargos y congelamiento de cuentas. Loor menciona insistentemente a un canal de televisión cuyos intereses sobre derechos de transmisión podrían ser el motivo de una campaña en su contra. En el comunicado, Loor asegura que volverá a Guayaquil a defenderse.
En Twitter, Villavicencio le recordó que no quiso comparecer ante la Comisión de Fiscalización y que no ha explicado su rol en la salida del país de por lo menos USD 36 millones del dinero de la empresa de Saab y Pulido que habrían salido a una cuenta suya en Miami.
¿Querían que hable?
— Miguel Angel Loor (@miguelloor) March 20, 2022
Aquí, la verdad sin filtro. pic.twitter.com/G3gSOAehYw
Disculpe @miguelloor ¿puede informarnos respecto a los $36 millones de #Foglocons que sacó a sus empresas offshore y a su cuenta en Miami? ¿Ese dinero era de Álvaro Pulido, le entregó a él? ¿Habló en Miami con la justicia de USA? https://t.co/2XdylDllz6
— Fernando Villavicencio Valencia (@VillaFernando_) March 20, 2022
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