El Consejo de la Judicatura posesionó este jueves a los nuevos 14 jueces que conocerán 44 delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Durante este acto, Fausto Murillo, presidente encargado del Consejo de la Judicatura, aseguró que detrás del narcotráfico se “mimetizan ciertos intereses políticos, cuyo objetivo primordial es desestabilizar a nuestra democracia”.

Su discurso se alineó a las recientes afirmaciones del presidente Guillermo Lasso y del ministro de Gobierno, Juan Zapata, acerca de la existencia de narcopolíticos, en medio de las próximas elecciones seccionales.

Murillo agregó que el crimen organizado se especializa día a día “creyendo que puede operar a sus anchas”. Aseguró que no podrán actuar impunemente porque ahora hay jueces especializados para que sancionen a los responsables con el máximo rigor que la ley lo permite. Los nuevos magistrados aprobaron un concurso de méritos y oposición y luego un curso de 155 horas. El entrenamiento abordó 16 materias, de las cuales 12 se enfocaron en corrupción y crimen organizado. Lea sus perfiles en este artículo.

“Desde la Función Judicial, no podíamos permanecer indiferentes frente al ataque brutal de estructuras criminales y de narcotráfico. Durante los peores días de la pandemia fuimos testigos de cómo con impudicia estas organizaciones perversas que habían permeado la institucionalidad y que tienen la venia de ciertos grupos políticos desmantelaban el sistema de salud pública y se apropiaban de fondos públicos que deben destinarse para las grandes y sagradas causas sociales”, manifestó el titular de Judicatura.

Dijo que durante este proceso de selección de los nuevos jueces enfrentaron dificultades y amenazas de todo tipo incluido un juicio político. Mencionó que hubo una demanda de inconstitucionalidad contra la creación de estas dependencias especializadas.

El trabajo para lograr obtener unidades especializados contra estos delitos arrancó en 2019 con la instalación de mesas técnicas y uno de los principales avances fue la aprobación de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, en diciembre de 2020.

El Ministerio de Gobierno y la Policía crearon protocolos para garantizar la seguridad de los jueces y de los servidores judiciales que estarán en las unidades especializadas, informó Murillo. Además, un experto de seguridad de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL, por nuestras siglas en inglés) trabajará en el país durante los próximos tres meses.

Durante su discurso, Murillo cuestionó la actuación de los jueces constitucionales y a los que conocen los pedidos de los privados de libertad. “Se sentirá muy afectado este esfuerzo de la actuación de los jueces de esta unidad anticorrupción si existen jueces que apartándose de los principios se ponen del lado del crimen organizado y de la corrupción. Cuando existen jueces de garantías constitucionales y penitenciarias que pueden desviar su quehacer. De nada servirá tener esta unidad especializada si los jueces de garantías y los de garantías penitenciarias no cumplen su papel y no se ponen del lado de la justicia”.

Recordó que la Judicatura no puede actuar de oficio y debe esperar denuncias y una declaratoria jurisdiccional superior previa para sancionar a magistrados.

Mientras que el presidente Lasso felicitó a todos los miembros de la Judicatura y deseó el mayor éxito a los magistrados. “Su trabajo estará en la vitrina del país ante los ojos de todos, vivimos una etapa especialmente difícil porque el crimen organizado intenta apoderarse de muchos espacios sociales, económicos y hasta políticos. Inclusiva intenta captar a nuestras instituciones”.

“Queremos volver a ser la isla de paz que todos añoramos”, dijo el Primer Mandatario y agregó que los nuevos jueces representan una justicia eficaz y respetable.

Más inversión para el combate contra la corrupción

Charles-Michel Geurts, embajador de la Unión Europea (UE) en Ecuador, consideró como hito la selección de los nuevos jueces que se hizo con cooperación de la UE y de EEUU. La UE asesoró en la elaboración y aplicación de pruebas de confianza a los candidatos.

Anunció que el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO) de la UE invertirá 52 millones en la región para apoyar los esfuerzos de los socios en la lucha contra el crimen organizado. En ese contexto, informó sobre la firma de un nuevo convenio estratégico entre la UE y Ecuador, además de apoyar la solicitud del país de formar parte de la Europol a través de un acuerdo de trabajo. También impulsará la consolidación de Ameripol con el Ministerio de Gobierno y la consolidación de las relaciones con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust).

Debra Hevia, ministra consejera de la Embajada de EEUU en Ecuador, manifestó que la corrupción y el crimen organizado limitan los derechos civiles, político, económicos, sociales y ambientales, porque debilitan la instituciones y fomentan la impunidad. La lucha contra la corrupción, dijo, es una prioridad de la política exterior de EEUU. “Esta nueva corte representa un avance sin precedentes en Ecuador para golpear el tablero contra las organizaciones delictivas y establecer un organismo eficaz de justicia”.

EEUU apoyó con recursos para dotar a los nuevos jueces con equipos tecnológicos, adecuaciones en sus puestos de trabajo y capacitación de alto nivel en el combate contra la delincuencia organizada transnacional.

La información relacionada con las negociaciones de todos los acuerdos comerciales que actualmente gestiona el Ecuador, entre los que están incluidos acuerdos con China, Estados Unidos, México, Alianza del Pacífico y otros países no podrá ser conocida de manera pública, luego de que el Gobierno declarara la reserva de dichos datos. El Gobierno decidirá qué informa y qué no, según consta en un acuerdo del Ministerio de Comercio Exterior que fue publicado por el Registro Oficial pero está vigente desde el 18 de mayo pasado. La reserva impide, inclusive, que se apele a la Ley de Acceso a la Información tanto por parte de los medios cuanto de sectores que podrían ser afectados por un acuerdo comercial. 

El 6 de diciembre se publicó en el primer suplemento de Registro Oficial 203 el acuerdo MPCEIP-MPCEIP-2022-0001-A del Ministerio de Comercio Exterior, que sostiene que la agenda comercial del actual Gobierno busca acuerdos comerciales con por lo menos 21 países y que en el marco de tales procesos, se elaboran estudios criterios y otros documentos preparatorios, así como se intercambia "información sensible" con otros equipos negociadores que, en criterio del Gobierno, requiere de un "manejo reservado" pues su divulgación, dice el acuerdo ministerial "podría generar un impacto adverso y de difícil reparación para la capacidad de negociación del Ecuador".

La reserva, alega el Ministerio en su acuerdo, es una medida para "salvaguardar la eficacia del equipo negociador", por lo que dispuso "declarar como reservada la información generada en las negociaciones, de todos los acuerdos comerciales que negocia la República del Ecuador". Además, los miembros de los equipos negociadores deberán firma un acta de confidencialidad, con la amenaza de aplicarles el artículo 179 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica la divulgación de secretos. 

La información que ha sido declarada reservada y por tanto no podrá ser difundida por los medios de comunicación ni conocida por la ciudadanía se refiere a documentos de las negociaciones comerciales intercambiados entre los países, así como los documentos internos técnicos de la negociación, "hasta cuando las partes suscriban el acuerdo". Además: cualquier información que el otro país quiera que sea reservada; comunicaciones sobre propuestas de políticas o proyectos legales relacionados con las negociaciones y la que el Ministerio crea necesaria para la "eficacia del equipo negociador".

"El Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, el Viceministerio de Comercio Exterior y los Jefes Negociadores podrán informar, a través de versiones públicas, el estado de las negociaciones, en la medida que ello no comprometa los intereses del Ecuador en el proceso de negociación", dice el acuerdo, lo que significa que el Gobierno tendrá la potestad discresional de informar solo lo que estime conveniente. 

En una sesión extraordinaria, de este jueves 1 de noviembre, el Consejo de la Judicatura nombró a los 14 jueces que tratarán 44 tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado. Es la primera vez que el país confirma con un grupo especializado de magistrados para enfrentar el crimen organizado. Los nuevos jueces aprobaron dos etapas: un concurso de oposición y méritos y una capacitación de 52 días.

Los seleccionados fueron ochos fiscales, dos jueces, dos defensores públicos, un catedrático y un secretario de fiscales. Estos son sus perfiles.

Jueces de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Pichincha

1. Silvana Lorena Velasco Velasco: Silvana Lorena Velasco alcanzó el mayor puntaje: 91.88 sobre 100. Ella es jueza y miembro del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha y como tal condenó a un año a un perito acusado por adulterar la transcripción de un audio en el caso Odebrecht.
2. Lauro Fernando Sánchez Salcedo: Es otro de los mejores puntuados, obtuvo 91.72; él es fiscal de adolescentes infractores en Azuay. Se inició en el 2003 como asistente de fiscal.
3. Byron Leonardo Uzcátegui Arregui: Se desempeña como fiscal de Patrimonio Ciudadano, en Pichincha.
4. Esteban Israel Coronel Ojeda: Él es fiscal en Azuay y se encargó de las investigaciones por tortura de los presos en la cárcel de Turi, en 2016. Coronel acusó a 37 de policías de ese delito, pero finalmente fueron procesados por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.
5. Mabel del Pilar Tapia Rosero: El 5 de abril pasado, la jueza junto a sus colegas Olga Azucena Ruiz Russo y Julio César Obando, del Tribunal de Garantías Penales, con sede en la Parroquia de Iñaquito, otorgaron medidas cautelares a favor de Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea, porque supuestamente se habían vulnerados sus derechos. Su fallo dispuso que el Pleno se abstenga de debatir un pedido para la creación de una comisión que investigue sus actuaciones. El mismo tribunal revocó esas medidas días después.
6. Wiler Fabricio Chóez Avilés: Es agente fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, en la provincia del Guayas.

Jueces del Tribunal de Garantías Penales

1. Clara Elizabeth Soria Carpio: La nueva jueza se ha desempeñado como defensora pública desde el 2012. Es magíster en Derecho Constitucional y en Derecho Penal por la UASB y candidata a PHD por la Universidad Pablo de Olavide. Docente en pregrado y posgrado en áreas relativas al derecho penal, derecho procesal y litigación oral.
2. Carlos Patricio Serrano Lucero: Es catedrático. Cursa un doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y es Máster en Justicia Criminal por la misma universidad.
3. Mario Andrés Muñoz Bayas: Es fiscal y en 2019 se postuló para Fiscal General del Estado, concurso en el que resultó ganadora Diana Salazar.  Se ha desempeñado como agente investigador de la Unidad Especializada de Antilavado de Activos de la Fiscalía. Entre sus casos más conocidos fue el de María Sol Larrea, exfuncionaria del IESS. Él sostuvo que Larrea, su cuñado y esposo formaron empresas y adquirieron acciones en otras compañías que proveían servicios médicos al IESS. Esas empresas habrían recibido USD 35 millones. Un tribunal de Pichincha declaró inocentes a Larrea y a su esposo en 2020.
4. Christian Álex Fierro Fierro: Es fiscal especializado en Delincuencia Organizada Trasnacional e Internacional. A sus manos han llegado casos por tráfico de drogas y violencia sexual como la violación grupal que sufrió Nicole en 2018 y que terminó con su muerte. También fue el fiscal que investigó una red de corrupción que operó en el Ministerio del Interior, entre 2014 y 2017, y que gestionaba y adjudicaba contratos, por lo que cobraba el 10% del valor.
5. Jorge Suidberto Sánchez Pico: Se ha desempeñado como agente fiscal en El Triunfo, Guayas. También fue abogado aduanero en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.
6. Consuelo Marcella Tapia Guerrón: Nació en Tulcán y tiene 41 años. Es abogada por la Universidad Central del Ecuador. Tiene dos especializaciones en Derecho Penal y Constitucional en la Universidad Andina, y una maestría en Derecho Procesal, mención en Derecho Penal, por la Universidad Tecnológica Indoamérica. Ingresó a la Función Judicial en 2012 primero como defensora pública. En 2013, después de participar en el concurso para fiscales, obtuvo un nombramiento provisional como fiscal de Pichincha. Desde entonces permanece en este cargo y es especialista en género. Tapia fue la fiscal que investigó el caso de Martha, una mujer que fue violada por un grupo en un bar de Quito. En el concurso para jueces anticorrupción logró el segundo lugar con el puntaje total de 87,20 sobre 100 puntos.

Jueces de la Unidad Judicial de Garantías Penales

1. Renán Eduardo Andrade Castillo: Nació en Portoviejo y tiene 36 años. Es abogado por la Universidad Laica Eloy Alfaro, de Manabí, y tiene una especialización y un máster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Hizo estudios adicionales en la Escuela de la Función Judicial en Derecho Procesal Penal. Tuvo un paso breve por la Secretaría Nacional del Agua (hoy extinta) hasta que en 2013 fue designado como defensor público de Pedernales, cargo que ejerció hasta esta designación. Su perfil completo está en este reportaje de PlanV.
2. Vicente Fernando Hidalgo Maldonado: Se desempeñaba como secretario en la Fiscalía General. En 2019, fue uno de los enviados a Bogotá y Puerto Tejada, en Colombia, para entrevistarse con testigos del secuestro del político Fernando Balda. Fue enviado por la entonces fiscal general Ruth Palacios. 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, devolvió la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, para la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura, como constitucionalmente le corresponde, por "no cumplir los requisitos".

Este acto administrativo ocurrió luego de que la mayoría del Consejo, cuatro consejeros, fuese destituida por la Asamblea Nacional en un juicio político denunciado por no cumplir el debido proceso. Hernán Ulloa recuperó la presidencia y otros tres consejeros sus vocalías luego de una decisión judicial de un juez de La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

La decisión de Ulloa fue una suerte de retaliación en contra del presidente de la Corte Nacional, pues del lado oficialista se acusó al alto magistrado de "conspirar" para tumbarse a los vocales del CPCCS, presididos por Ulloa, en conveniencia con el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (primo) y la mayoría correísta-socialcristiana y sus aliados. 

El CPCCS presidido por Ulloa se ha negado sistemáticamente a nombrar al titular del Consejo Nacional de la Judicatura, CNJ, órgano disciplinario y administrativo de jueces, fiscales y abogados del país.  Es decir, el que ejerce el control de la administración de justicia. El CNJ es la joya de la corona de la justicia ecuatoriana.

Ahora esta disputa se ha trasladado al seno de la Corte Nacional de Justicia, conformada por 21 magistrados y magistradas. 

En un comunicado público, un grupo de jueces nacionales le ha pedido al presidente de la Corte Nacional que convoque aa una sesión extraordinaria del Pleno de la entidad para que la nueva terna a enviar sea consensuada en el Pleno. Según el comunicado que se hizo público en redes, fueron 12 magistrados y magistradas las que firmaron la solicitud. Sin embargo, otros jueces nacionales se han manifestado en contra en las mismas redes. El presidente Iván Saquicela ha enviado dos ternas fallidas, la primera fue retirada por él mismo, y la segunda fue devuelta. Las dos ternas fueron enviadas bajo responsabilidad del titular de la Corte Nacional.

Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura sigue con un presidente encargado.