La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional recibió hoy a un ex asesor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para que informe sobre una presunta intromisión del Ejecutivo en el Consejo.

El ex asesor del Consejo, Alejandro Gallo, aseguró que Aparicio Caicedo, consejero de la Presidencia de la República, ha ejercido influencia en el camino de los concursos. Caicedo es director de la fundación liberal “Ecuador Libre”, creada por Lasso y que trabajó de cerca en el plan del actual gobierno. No es la primera vez que se señala a Caicedo. En el marco de una comparecencia pasada de una jueza del Guayas, el asambleísta Luis Almeida, tío de Sofía, acusó a Caicedo de hacer gestiones a favor de un abogado de Guayaquil contra la jueza. El asesor presidencial desmintió cualquier relación con el caso. 

Gallo, que reconoció alguna vez haber militado en CREO, argumentó que a raíz de la influencia del Ejecutivo en el CPCCS se destituyó a Sofia Almeida. Para demostrarlo presentó varios chats que supuestamente mantuvo con funcionarios delegados, dijo, por Aparicio Caicedo. Esta fue la estructura en Carondelet con la que Gallo aseguró que tuvo conversaciones:

Algunos de los funcionarios de Palacio con lo que supuestamente el ex asesor tuvo contactos. 

De acuerdo a las listas compartidas por Alejandro Gallo, la gran mayoría de los postulantes a las Comisiones Ciudadanas enviados por el Gobierno no cumplía los requisitos y fue ingresada “a la fuerza”. Gallo presentó supuestos chats con funcionarios de Carondelet, que, entre otros pedidos, le solicitaban las carpetas de los postulantes para que el Ejecutivo “pueda impugnar a quienes ellos no querían”, dijo Gallo. Dentro de los pedidos estaba conocer informes que habrían estado fuera de los tiempos establecidos en los reglamentos.

Según Gallo, el consejero Hernán Ulloa, tras posesionarse como presidente del Consejo, realizó cambios a los reglamentos de los concursos. Gallo se había negado a cambiar los reglamentos en octubre del 2021: “no estaban de acuerdo a la norma, como no cedimos a sus peticiones pasó lo que pasó el 9 de febrero (destitución de Sofía Almeida)”.

Pocos días después de posesionarse como presidente del CPCCS, Hernán Ulloa habría cambiado los reglamentos relativos a los concursos de ciertas autoridades públicas. Según Gallo el no haber cambiado esos reglamentos en octubre habría sido un motivo de enojo para Aparicio Caicedo, “no fuimos serviles”, agregó.

“Hernán Ulloa ha manifestado que gracias al aluvión de La Gasca desaparecieron los documentos digitales de los concursos del CNE, Defensoría y Contraloría General del Estado”, manifestó Gallo, que además reclamó que no le permitieron el acceso a las instalaciones del Consejo. Además, agregó que Ulloa habría intentado tomar posesión de los documentos de esos concursos. “El consejero dijo que hizo los cambios por pedido de una fundación ciudadana, pero aquí se demuestra que lo hizo por pedido del Gobierno”, agregó el ex asesor del Consejo de Participación.

Gallo aseguró que participó en reuniones con Aparicio Caicedo en Carondelet. “Cada vez que me reunía con Aparicio él me comentaba que era voluntad del presidente que las comisiones estén formadas por personas alineadas al Gobierno”, agregó. Sobre la destitución de Sofía Almeida, Gallo se refirió en los siguientes términos, “fue un acto cobarde de Aparicio Caicedo al no cumplir con sus caprichos”.

“En Carondelet hablaban de Ruth Hidalgo como candidata para la Contraloría”, dijo el ex funcionario. Las funciones del Contralor General del Estado se vencieron este 14 de marzo de 2022 y fueron prorrogadas por seis meses a partir de la fecha.

El presidente de la Comisión de Participación, Ferdinan Álvarez (UNES), instó a Galló a judicializar los hechos que denunció. Álvarez, de su parte, manifestó que no reconoce al nuevo presidente del CPCCS puesto que es evidente “la metida de mano del Ejecutivo”. 

En diálogo con este medio digital, Aparicio Caicedo sostuvo que "todo lo que afirma Gallo es absolutamente falso. Nunca hubo una injerencia. Lo que hubo fue una coordinación interinstitucional solicitada por Sofía Almeida en el que precisamente dábamos nuestra opinión sobre las inconsistencias de los procesos y reglamentos luego de hacer los análisis pertinentes. Nunca se sugirió directa o indirectamente ningún nombre para Contralor o algo por el estilo. Todo ello es plenamente legítimo y es una obligación de las instituciones del Estado".

El Gobierno Nacional negó cualquier interferencia en el CPCCS. El presidente Lasso declaró que se trata de un problema interno, que el organismo tiene independencia y que el Ejecutivo no va a intervenir. 

La mayor parte de los Bucaram Pullley no podrán volver a pisar suelo norteamericano, según un comunicado del embajador de Estados Unidos, Michael J. Fitzpatrick. Y no es cualquier retiro de visas, según explicó Washington, sino un veto indefinido para Abdalá Bucaram, ex presidente de la República; María Rosa Pulley, ex primera dama y los hijos varones del matrimonio: Jacobo, Dalo y Michelle, acusados de corrupción durante el morenismo, aunque sin sentencias ejecutoriadas en su contra. 

Según el comunicado del embajador, se les aplica una Ley anticorrupción, que permite vetar el ingreso de personas acusadas de corrupción o de violaciones a los derechos humanos al territorio de Estados Unidos de manera indefinida. O como dicen en la Embajada: "dejan de ser elegibles". 

.@StateINL: Los actos de corrupción del expresidente Abdalá Jaime Bucaram Ortiz han socavado la democracia en el Ecuador. Durante el #AñoDeAcción, nos mantenemos #UnidosContraLaCorrupción con nuestros socios. https://t.co/Lbs7bY2dOC pic.twitter.com/Tj5i3Mbufz

— US Embassy Ecuador (@USembassyEC) March 9, 2022

Washington dijo que la sanción contra los Bucaram Pulley (una hija del ex presidente, que no tiene actividades políticas no ha sido incluida en la medida) se debe las sospechas de que han participado en actos de corrupción, de lo que dice tener "información creíble". 

A diferencia de un retiro de visas, la ley que se aplica contra Bucaram y su familia sí permite la publicación de los nombres y los motivos de la sanción, que es indefinida. La sanción viene directamente del Departamento de Estado en Washington. 

La declaración del portavoz del Departamento de Estado formula cargos más específicos: "debido a su participación en actos de corrupción significativos, incluida la apropiación indebida de fondos públicos, la aceptación de sobornos y la interferencia en los procesos públicos. Durante su mandato como presidente de Ecuador, Bucaram se involucró en múltiples actos corruptos, incluyendo aceptar sobornos y malversar fondos públicos. El ex presidente Bucaram aún no ha enfrentado la rendición de cuentas por su traición a la confianza pública".

En sus primeras reacciones, Bucaram se mostró preocupado porque no podrá realizar un viaje a Houston previsto para septiembre, para atender un cambio de marcapasos debido a sus problemas cardíacos. Luego se mostró sorprendido de que 26 años después de su caída Estados Unidos decida sancionarlo por corrupción. Y finalmente arremetió contra Lenin Moreno, María Paula Romo y Otto Sonnenholzner por las supuestas gestiones del entorno morenista en Washington en su contra. 

Siempre he sido claro en mi posición respecto al imperio. Le jodieron la vida a mi tío Assad, aún queda duda sobre la participación de la CIA en la muerte de Martha y Jaime, colaboraron para tumbarme del poder. SOY ANTI IMPERIO Y PUNTO. Eso sí, me agrada el pueblo norteamericano

— Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) March 9, 2022

A primera hora de este miércoles, 2 de marzo, el canciller Juan Carlos Holguín precisó que la influencer Ebi Camacho, a quien se considera cercana con el correísmo, estaría detrás de una campaña de desinformación sobre la situación de los ecuatorianos en Ucrania. 

Esta mañana en entrevista en @desayunos24 con @lizvalarezo y @miltonperezsh, me referí a una persona que manipula a estudiantes y padres con información falsa. Creía que se llamaba “Ebby Salcedo”. Su nombre es “ebi camacho”. Le pido por favor detener su irresponsabilidad. pic.twitter.com/PRhitv4phW

— Juan Carlos Holguin (@juancaholguin) March 2, 2022

Holguín precisó que pensó que la bloguera se llamaba Ebby Salcedo, pero luego confirmó que se trata de Ebi Camacho, una polémica influencer en redes sociales que se ha dedicado a realizar publicaciones sobre la situación de algunos ecuatorianos que salen de Ucrania. 

El canciller publicó un mensaje en donde padres de familia le comentan que los audios y videos de Ebi Camacho están circulando en los grupos de chat.

"Le pido por favor detener su irresponsabilidad". le dijo Holguín a la influencer, conocida por su estilo chabacano. No es la primera vez que la youtuber se pronuncia sobre temas públicos. En 2020 lanzó un vídeo contra el entonces comandante general del Ejército, general Luis Altamirano, en donde lo acusó de pretender una reducción de los efectivos del Ejército que afectaría a quienes aspiraban a ascender. 

En una carta enviada entonces a este medio, el ex comandante general del Ejército, general (r) Javier Pérez, dijo que "El documento al que se refiere "la propagandista del correísmo llamada Ebi Camacho” -tomado literalmente de Plan V- fue elaborado en mi período como comandante general del Ejército, siendo el General Altamirano el Director de planificación y gestión estratégica, su finalidad era la de regularizar los ascensos del año 2019 y garantizarlos en el  futuro, actuando con apego absoluto a las leyes y normas vigentes", por lo que le dio autenticidad a la denuncia de la influencer. 

La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público alista la subasta pública del avión Legacy Emb-135BJ, adquirido en el gobierno de Rafael Correa. Esto después de que el pasado 24 de febrero se celebrara la firma de la Escritura de Transferencia de Dominio de la aeronave en favor de esa Secretaría.

En el acto estuvo presente el ministro de Defensa Nacional, Luis Hernández, como máximo representante de la entidad cedente; y el secretario Técnico de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Fernando Villacís, en calidad de máxima autoridad de la entidad cesionaria. La firma se hizo ante la abogada María Laura Delgado, de notaria 21 del Cantón Quito, en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro.

Este es un paso para viabilizar la enajenación del ex avión presidencial, bajo un proceso de subasta pública ascendente, informó la Secretaría.

Villacís dijo que el traspaso se hizo un mes antes de su fecha límite. El presidente Guillermo Lasso, por medio del Decreto Ejecutivo 311 del 5 de enero del pasado, dispuso que la transferencia se realice en un plazo no mayor de 60 días.

Lasso, en el Decreto Ejecutivo 180 del 31 de agosto de 2021, ordenó el inicio del proceso de venta del avión. El 24 de noviembre de 2021, un informe el Comandante del Grupo de Transporte Aéreo Especial determinó que el costo del mantenimiento del Legacy es elevado: 1,3 millones en los últimos cuatro años. También sostuvo que era “innecesario” y que era inconveniente mantener dicha aeronave para el Estado ecuatoriano.

El Presidente pidió a la Secretaría una venta con las mejores condiciones posibles para el Estado ecuatoriano. El Mandatario la justificó para racionalizar el gasto público y vender activos improductivos.

Correa compró este avión a un costo de 28 millones de dólares y tiene capacidad para 14 pasajeros. Se lo considera como VIP. En la descripción de este bien en el catálogo de la subasta pública, se lee como “sofisticado y elegante, asientos de cuero color beige, madera marrón, moquetas color beige, 3 mesas extraíbles, 1 mesa de conferencia y 2 lavabos”. El Legacy es del año 2008. Por su limitado alcance, fue progresivamente reemplazado por un jet más potente, tipo Falcon, de fabricación europea.