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Los Confidenciales

9 de Diciembre del 2022
Caso Las Torres: desde "fiscal farsante" a "caso histórico"
9 de Diciembre del 2022

Fotos: Twitter Fiscalía y CPCCS

 


I. Pablo Celi: "asistimos a un montaje"

"Aquí no se ha probado nada". Con esta frase, el ex contralor Pablo Celi inició su alegato en el acto final del llamado Caso Las Torres, investigado y sustentado por la propia fiscal general, ante un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia. Es un caso en al que la fiscal Salazar le ha dedicado su presencia permanente y el que más información ha generado la Fiscalía.

"Lo único que aquí se ha probado, continuó Celi, es una confabulación penal fraudulenta ejercida por la fiscal Diana Salazar, con una acusación sin pruebas, donde no concurren ningún elemento de un tipo penal jurídicamente insostenible. Se ah recurrido a una teoría del caso absolutamente errática, donde se parte del absurdo de un acuerdo tácito entre desconocidos, donde no hay estructura, no hay comisión de delitos finales, no existen beneficios económicos finales de ningún tipo, no existen nexos entre hechos y actuaciones. Esto no se trata siquiera de una suposición sino de una construcción malévola que pretende vincular actos administrativos legítimos. En el caso de la Contraloría, en el desvanecimiento de glosas, que ni firmé ni dispuse, se siguió un debido proceso que es competenca de la Contraloría y que no es prerrequisito de pago de ninguna factura en ninguna institución pública. 

"Se acusa sin causación, sin temporalidad, sin trazabilidad, es decir sin fundamentos ni de hecho ni de derecho. Pero lo más grave es que se acusa sin investigación mucho menos una técnica especial, como se presume. Lo que ha existido es un uso doloso de una asistencia penal internacional, la 464 del 2019, donde no consta ni Pablo Celi ni la Contraloría, donde no se refieren a ellos los procesos penales; que es usada sin autorización y transgrediendo de manera engañosa la limitación explícita que pone para su uso la justicia norteamericana. Para esto se han usado peritajes del entorno pericial próximo a la fiscal. ¿Qué podían testimoniar sino las disposiciones que tenían para armar un caso? Introdiciendo chats, reuniones y transacciones que no tienen nada que ver conmigo. Usando testimonios de condena no con testigos protegidos (sino) con hampones encubiertos a quienes la Fiscalía garantiza impunidad. 

"La carga de la prueba se la desplazó a las defensas, más allá de la ley. He tenido que probar mi inocencia con una amplísima carga probatoria y con un cotundente alegato de mi defensa la cual ni siquiera pudieron rebatir ni hacer réplica alguna. La Fiscalía no ha presentado pruebas, a lo que hemos asistido aquí es a un montaje. La sociedad ecuatoriana no está representada en la actuación de una fiscal farsante que hace un uso corrupto del cargo para perseguir por sus intereses políticos. 

II. Fiscal Salazar: "se presentaron 55 pruebas"

La Fiscal General a su vez, dijo haber presentdo 55 pruebas en las cuales se llegó a determinar con certeza la existencia de una estructura organizada, que estaba liderada desde la Contraloría, Petroecuador y la Secretaría General de la Presidencia de la República, con la ayuda de otras personas que cumplían un rol, (para) hacerse del 20% de una factura de 20 millones de dólares de la empresa Nolimit (4 millones)

Esta trama, como ya fue controlada por las autoridades norteamericanas no se llegó a establecer realmente este pago (de 4 millones de dólares), pero hay pagos chiquitos de otras facturas (del 5%) que se iban pagando en el tiempo. El señor Pablo Celi y Esteban Celi, a través de su sobrino (algo) que ahora ha sido negado, recibieron 500.000 dólares. Esos son los montos que se tienen que reparar y los cuatro millones que iban a ser de la organización.

Para la Fiscalía la investigación tiene relación con otros delitos, por ejemplo el de cohecho, que tiene una trama parecida pero es distinta, porque involucra a otra empresa pero con actores similares: el contralor general del Estado y su hermano se encargaban de desvanecer (glosas) a a cambio cobraban dinero a las empresas. Esta inforomación también nos llegó desde los Estados Unidos. Existe otra cada por lavado de activos también que se ventila en la ciudad de Guayaquil que es a raíz de la conformación de un tramado empresarial porque necesitaban entregar empresas, coordenadas de cuentas para obtener los beneficios económicos y esconder la ilicitud de estos fondos. 

La fiscal general dijo que "este es un hito en la historia de nuestro país, porque por primera vez se está juzgando en igualdad de condiciones a autoridades que se encontraban en funciones, me refiero al ex contralor general del Estado. Nadie está sobre la ley. Y todo esto ha sido posible por la cooperación, es decir por la confianza de las autoridades de justicia de los Estados Unidos tiene en la Fiscalía General del Estado.

 

8 de Diciembre del 2022
‘Tras el narcotráfico se mimetizan intereses políticos’, dijo Murillo en posesión de nuevos jueces anticorrupción
8 de Diciembre del 2022

Los nuevos 14 jueces anticorrupción recibieron un diploma y saludaron con el Presidente, Fausto Murillo y los representantes de la UE y EEUU en Ecuador. Foto: Presidencia de la República

 


El Consejo de la Judicatura posesionó este jueves a los nuevos 14 jueces que conocerán 44 delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Durante este acto, Fausto Murillo, presidente encargado del Consejo de la Judicatura, aseguró que detrás del narcotráfico se “mimetizan ciertos intereses políticos, cuyo objetivo primordial es desestabilizar a nuestra democracia”.

Su discurso se alineó a las recientes afirmaciones del presidente Guillermo Lasso y del ministro de Gobierno, Juan Zapata, acerca de la existencia de narcopolíticos, en medio de las próximas elecciones seccionales.

Murillo agregó que el crimen organizado se especializa día a día “creyendo que puede operar a sus anchas”. Aseguró que no podrán actuar impunemente porque ahora hay jueces especializados para que sancionen a los responsables con el máximo rigor que la ley lo permite. Los nuevos magistrados aprobaron un concurso de méritos y oposición y luego un curso de 155 horas. El entrenamiento abordó 16 materias, de las cuales 12 se enfocaron en corrupción y crimen organizado. Lea sus perfiles en este artículo.

“Desde la Función Judicial, no podíamos permanecer indiferentes frente al ataque brutal de estructuras criminales y de narcotráfico. Durante los peores días de la pandemia fuimos testigos de cómo con impudicia estas organizaciones perversas que habían permeado la institucionalidad y que tienen la venia de ciertos grupos políticos desmantelaban el sistema de salud pública y se apropiaban de fondos públicos que deben destinarse para las grandes y sagradas causas sociales”, manifestó el titular de Judicatura.

Dijo que durante este proceso de selección de los nuevos jueces enfrentaron dificultades y amenazas de todo tipo incluido un juicio político. Mencionó que hubo una demanda de inconstitucionalidad contra la creación de estas dependencias especializadas.

El trabajo para lograr obtener unidades especializados contra estos delitos arrancó en 2019 con la instalación de mesas técnicas y uno de los principales avances fue la aprobación de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, en diciembre de 2020.

El Ministerio de Gobierno y la Policía crearon protocolos para garantizar la seguridad de los jueces y de los servidores judiciales que estarán en las unidades especializadas, informó Murillo. Además, un experto de seguridad de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL, por nuestras siglas en inglés) trabajará en el país durante los próximos tres meses.

Durante su discurso, Murillo cuestionó la actuación de los jueces constitucionales y a los que conocen los pedidos de los privados de libertad. “Se sentirá muy afectado este esfuerzo de la actuación de los jueces de esta unidad anticorrupción si existen jueces que apartándose de los principios se ponen del lado del crimen organizado y de la corrupción. Cuando existen jueces de garantías constitucionales y penitenciarias que pueden desviar su quehacer. De nada servirá tener esta unidad especializada si los jueces de garantías y los de garantías penitenciarias no cumplen su papel y no se ponen del lado de la justicia”.

Recordó que la Judicatura no puede actuar de oficio y debe esperar denuncias y una declaratoria jurisdiccional superior previa para sancionar a magistrados.

Mientras que el presidente Lasso felicitó a todos los miembros de la Judicatura y deseó el mayor éxito a los magistrados. “Su trabajo estará en la vitrina del país ante los ojos de todos, vivimos una etapa especialmente difícil porque el crimen organizado intenta apoderarse de muchos espacios sociales, económicos y hasta políticos. Inclusiva intenta captar a nuestras instituciones”.

“Queremos volver a ser la isla de paz que todos añoramos”, dijo el Primer Mandatario y agregó que los nuevos jueces representan una justicia eficaz y respetable.

Más inversión para el combate contra la corrupción

Charles-Michel Geurts, embajador de la Unión Europea (UE) en Ecuador, consideró como hito la selección de los nuevos jueces que se hizo con cooperación de la UE y de EEUU. La UE asesoró en la elaboración y aplicación de pruebas de confianza a los candidatos.

Anunció que el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO) de la UE invertirá 52 millones en la región para apoyar los esfuerzos de los socios en la lucha contra el crimen organizado. En ese contexto, informó sobre la firma de un nuevo convenio estratégico entre la UE y Ecuador, además de apoyar la solicitud del país de formar parte de la Europol a través de un acuerdo de trabajo. También impulsará la consolidación de Ameripol con el Ministerio de Gobierno y la consolidación de las relaciones con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust).

Debra Hevia, ministra consejera de la Embajada de EEUU en Ecuador, manifestó que la corrupción y el crimen organizado limitan los derechos civiles, político, económicos, sociales y ambientales, porque debilitan la instituciones y fomentan la impunidad. La lucha contra la corrupción, dijo, es una prioridad de la política exterior de EEUU. “Esta nueva corte representa un avance sin precedentes en Ecuador para golpear el tablero contra las organizaciones delictivas y establecer un organismo eficaz de justicia”.

EEUU apoyó con recursos para dotar a los nuevos jueces con equipos tecnológicos, adecuaciones en sus puestos de trabajo y capacitación de alto nivel en el combate contra la delincuencia organizada transnacional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 de Diciembre del 2022
Cuatro senadores de EE.UU. piden más ayuda en seguridad para Ecuador
8 de Diciembre del 2022

Todd Robinson, subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, INL.

 

Una delegación bipartidista de cuatro senadores de Estados Unidos, que visitaron el país, pidieron en una carta a Todd Robinson, subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, INL, expandir la cooperación de seguridad de los Estados Unidos con Ecuador, aumentando la asistencia económica. Los senadores dijeron que la INL ha entregado USD 31 millones en ayuda al Ecuador, pero que la situación de seguridad del país muestra que no es suficiente. Los desafíos de seguridad son crecientes y urgentes, dijeron.

Esta es la carta suscrita por los senadores estadounidenses. Ver PDF

Luego señalaron logros del país, como que es el país con la tercera mayor cantidad de incautaciones de cocaína en el mundo, según el Informe Mundial sobre Drogas 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

Pero también señalaron los problemas más graves:

Ecuador ha incrementado su papel como centro de transbordo de cocaína y otras drogas y se ha impulsado la expansión de los grupos delictivos organizados transnacionales, particularmente de México y Colombia, en territorio ecuatoriano.

En 2021, la tasa de homicidios del país aumentó más rápido que cualquier otro país de América del Sur, situación que se ha visto exacerbada por motines mortales en las prisiones que han dejado alrededor de 400 muertos desde febrero de 2021, así como los continuos ataques dirigidos contra policías, fiscales y jueces

La magnitud de estos desafíos de seguridad ha obligado al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso a declarar varios estados de emergencia, incluso el mes pasado después de varios ataques explosivos por las pandillas dejaron al menos cinco policías muertos.

"Creemos que el nivel de financiación ya no es suficiente para satisfacer adecuadamente las crecientes necesidades de seguridad de Ecuador", dijeron los senadores.

Además, recordaron al subsecretario Todd que Ecuador es "un socio democrático clave en América Latina que está interesado en fortalecer los lazos bilaterales con los Estados Unidos".

Los senadores que firmaron la carta son los demócratas Bob Menendez y Benjamin Cardin y los republicanos Rob PortmanRichard Burr.

7 de Diciembre del 2022
El Gobierno declaró reserva sobre las negociaciones de acuerdos comerciales
7 de Diciembre del 2022

Foto: Diario La Hora

 

La información relacionada con las negociaciones de todos los acuerdos comerciales que actualmente gestiona el Ecuador, entre los que están incluidos acuerdos con China, Estados Unidos, México, Alianza del Pacífico y otros países no podrá ser conocida de manera pública, luego de que el Gobierno declarara la reserva de dichos datos. El Gobierno decidirá qué informa y qué no, según consta en un acuerdo del Ministerio de Comercio Exterior que fue publicado por el Registro Oficial pero está vigente desde el 18 de mayo pasado. La reserva impide, inclusive, que se apele a la Ley de Acceso a la Información tanto por parte de los medios cuanto de sectores que podrían ser afectados por un acuerdo comercial. 

El 6 de diciembre se publicó en el primer suplemento de Registro Oficial 203 el acuerdo MPCEIP-MPCEIP-2022-0001-A del Ministerio de Comercio Exterior, que sostiene que la agenda comercial del actual Gobierno busca acuerdos comerciales con por lo menos 21 países y que en el marco de tales procesos, se elaboran estudios criterios y otros documentos preparatorios, así como se intercambia "información sensible" con otros equipos negociadores que, en criterio del Gobierno, requiere de un "manejo reservado" pues su divulgación, dice el acuerdo ministerial "podría generar un impacto adverso y de difícil reparación para la capacidad de negociación del Ecuador".

La reserva, alega el Ministerio en su acuerdo, es una medida para "salvaguardar la eficacia del equipo negociador", por lo que dispuso "declarar como reservada la información generada en las negociaciones, de todos los acuerdos comerciales que negocia la República del Ecuador". Además, los miembros de los equipos negociadores deberán firma un acta de confidencialidad, con la amenaza de aplicarles el artículo 179 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica la divulgación de secretos. 

La información que ha sido declarada reservada y por tanto no podrá ser difundida por los medios de comunicación ni conocida por la ciudadanía se refiere a documentos de las negociaciones comerciales intercambiados entre los países, así como los documentos internos técnicos de la negociación, "hasta cuando las partes suscriban el acuerdo". Además: cualquier información que el otro país quiera que sea reservada; comunicaciones sobre propuestas de políticas o proyectos legales relacionados con las negociaciones y la que el Ministerio crea necesaria para la "eficacia del equipo negociador".

"El Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, el Viceministerio de Comercio Exterior y los Jefes Negociadores podrán informar, a través de versiones públicas, el estado de las negociaciones, en la medida que ello no comprometa los intereses del Ecuador en el proceso de negociación", dice el acuerdo, lo que significa que el Gobierno tendrá la potestad discresional de informar solo lo que estime conveniente. 

6 de Diciembre del 2022
Hernán Ulloa presentó en la Fiscalía una denuncia que involucra a David Rosero
6 de Diciembre del 2022

Fotos: Luis Argüello / PlanV

Un ciudadano que pidió que se reserve su identidad, amparado en una norma del COIP, presentó el pasado mes de septiembre de 2022 una denuncia dirigida al presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa. 

Según relató, en diciembre del año pasado, suscribió con funcionarios del Consejo de Participación un contrato para el servicio logístico para el proceso de designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública, por un monto de $63.160,73, para lo cual recibió un anticipo del 70%, equivalentes a $44.212,51. Luego, el Consejo dio por terminado el contrato de forma unilateral y pidió la devolución del dinero.

El denunciante asegura que desde junio del año 2021 tuvo conversaciones con ex funcionarios del Consejo, quienes dijeron actuar en nombre del consejero David Rosero, para implementar lo que sería una simulación, al prestar el contratista su nombre y su RUC para obtener el contrato, a cambio del 5% del monto. Sin embargo, los servicios serían prestados por personas cercanas a Rosero, según sostuvo.

Una vez que recibió el dinero del anticipo, el denunciante aseguró que se reunió con ex funcionarios para entregarles el dinero, quienes habrían insistido que los servicios los iban a prestar con la participación de Rosero. Cuando en febrero de 2022, al salir Sofía Almeida de la presidencia del Consejo, se dispuso la terminación anticipada del contrato, y el denunciante se encontró con que debía devolver el dinero del anticipo, que asegura entregó a personas que se identificaron como emisarios de Rosero. Ellos salieron de sus cargos en el Consejo y se negaron a devolver el dinero, explicó.

Con base en esta denuncia presentada ante el Consejo, Ulloa presentó el 16 de noviembre una denuncia en la Fiscalía, en la que traslada los hechos mencionados para la investigación de los fiscales. No menciona qué posibles delitos pudo haber cometido el denunciante al prestarse para la supuesta simulación del contrato a cambio de una comisión del 5%, lo que serían poco más de $3000. 

Por su parte, el consejero David Rosero, consultado por este medio digital al respecto, explicó que "es una patraña de un moribundo político que entró por la ventana al CPCCS y va salir por la tranquera", refiriéndose a Ulloa. "La ventaja es que el Ecuador conoce a este tipo que atropella la Ley Orgánica del CPCCS, dónde existe una prohibición expresa en el artículo 45, sobre la divulgación de información que investiga el CPCCS, donde se presentó originalmente esta "denuncia" inventada por el propio Ulloa; y como él sabe que no tiene ni pies ni cabeza, burlan la normativa y difunden esta mentira ante la Fiscalía", sostuvo.

Rosero agregó que "es una acción desesperada frente a su censura y destitución y su responsabilidad en la crisis institucional por su servilismo al Gobierno. En lo personal tengo absoluta tranquilidad".

2 de Diciembre del 2022
Ocho fiscales están entre los nuevos 14 jueces anticorrupción
2 de Diciembre del 2022

Los aspirantes pasaron por un concurso de méritos y oposición y un curso de 52 días. Foto referencial: CJ/El Universo

 

En una sesión extraordinaria, de este jueves 1 de noviembre, el Consejo de la Judicatura nombró a los 14 jueces que tratarán 44 tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado. Es la primera vez que el país confirma con un grupo especializado de magistrados para enfrentar el crimen organizado. Los nuevos jueces aprobaron dos etapas: un concurso de oposición y méritos y una capacitación de 52 días.

Los seleccionados fueron ochos fiscales, dos jueces, dos defensores públicos, un catedrático y un secretario de fiscales. Estos son sus perfiles.

Jueces de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Pichincha

  1. Silvana Lorena Velasco Velasco: Silvana Lorena Velasco alcanzó el mayor puntaje: 91.88 sobre 100. Ella es jueza y miembro del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha y como tal condenó a un año a un perito acusado por adulterar la transcripción de un audio en el caso Odebrecht.
  2. Lauro Fernando Sánchez Salcedo: Es otro de los mejores puntuados, obtuvo 91.72; él es fiscal de adolescentes infractores en Azuay. Se inició en el 2003 como asistente de fiscal.
  3. Byron Leonardo Uzcátegui Arregui: Se desempeña como fiscal de Patrimonio Ciudadano, en Pichincha.
  4. Esteban Israel Coronel Ojeda: Él es fiscal en Azuay y se encargó de las investigaciones por tortura de los presos en la cárcel de Turi, en 2016. Coronel acusó a 37 de policías de ese delito, pero finalmente fueron procesados por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.
  5. Mabel del Pilar Tapia Rosero: El 5 de abril pasado, la jueza junto a sus colegas Olga Azucena Ruiz Russo y Julio César Obando, del Tribunal de Garantías Penales, con sede en la Parroquia de Iñaquito, otorgaron medidas cautelares a favor de Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea, porque supuestamente se habían vulnerados sus derechos. Su fallo dispuso que el Pleno se abstenga de debatir un pedido para la creación de una comisión que investigue sus actuaciones. El mismo tribunal revocó esas medidas días después.
  6. Wiler Fabricio Chóez Avilés: Es agente fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, en la provincia del Guayas.

Jueces del Tribunal de Garantías Penales

  1. Clara Elizabeth Soria Carpio: La nueva jueza se ha desempeñado como defensora pública desde el 2012. Es magíster en Derecho Constitucional y en Derecho Penal por la UASB y candidata a PHD por la Universidad Pablo de Olavide. Docente en pregrado y posgrado en áreas relativas al derecho penal, derecho procesal y litigación oral.
  2. Carlos Patricio Serrano Lucero: Es catedrático. Cursa un doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y es Máster en Justicia Criminal por la misma universidad.
  3. Mario Andrés Muñoz Bayas: Es fiscal y en 2019 se postuló para Fiscal General del Estado, concurso en el que resultó ganadora Diana Salazar.  Se ha desempeñado como agente investigador de la Unidad Especializada de Antilavado de Activos de la Fiscalía. Entre sus casos más conocidos fue el de María Sol Larrea, exfuncionaria del IESS. Él sostuvo que Larrea, su cuñado y esposo formaron empresas y adquirieron acciones en otras compañías que proveían servicios médicos al IESS. Esas empresas habrían recibido USD 35 millones. Un tribunal de Pichincha declaró inocentes a Larrea y a su esposo en 2020.
  4. Christian Álex Fierro Fierro: Es fiscal especializado en Delincuencia Organizada Trasnacional e Internacional. A sus manos han llegado casos por tráfico de drogas y violencia sexual como la violación grupal que sufrió Nicole en 2018 y que terminó con su muerte. También fue el fiscal que investigó una red de corrupción que operó en el Ministerio del Interior, entre 2014 y 2017, y que gestionaba y adjudicaba contratos, por lo que cobraba el 10% del valor.
  5. Jorge Suidberto Sánchez Pico: Se ha desempeñado como agente fiscal en El Triunfo, Guayas. También fue abogado aduanero en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.
  6. Consuelo Marcella Tapia Guerrón: Nació en Tulcán y tiene 41 años. Es abogada por la Universidad Central del Ecuador. Tiene dos especializaciones en Derecho Penal y Constitucional en la Universidad Andina, y una maestría en Derecho Procesal, mención en Derecho Penal, por la Universidad Tecnológica Indoamérica. Ingresó a la Función Judicial en 2012 primero como defensora pública. En 2013, después de participar en el concurso para fiscales, obtuvo un nombramiento provisional como fiscal de Pichincha. Desde entonces permanece en este cargo y es especialista en género. Tapia fue la fiscal que investigó el caso de Martha, una mujer que fue violada por un grupo en un bar de Quito. En el concurso para jueces anticorrupción logró el segundo lugar con el puntaje total de 87,20 sobre 100 puntos.

Jueces de la Unidad Judicial de Garantías Penales

  1. Renán Eduardo Andrade Castillo: Nació en Portoviejo y tiene 36 años. Es abogado por la Universidad Laica Eloy Alfaro, de Manabí, y tiene una especialización y un máster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Hizo estudios adicionales en la Escuela de la Función Judicial en Derecho Procesal Penal. Tuvo un paso breve por la Secretaría Nacional del Agua (hoy extinta) hasta que en 2013 fue designado como defensor público de Pedernales, cargo que ejerció hasta esta designación. Su perfil completo está en este reportaje de PlanV.
  2. Vicente Fernando Hidalgo Maldonado: Se desempeñaba como secretario en la Fiscalía General. En 2019, fue uno de los enviados a Bogotá y Puerto Tejada, en Colombia, para entrevistarse con testigos del secuestro del político Fernando Balda. Fue enviado por la entonces fiscal general Ruth Palacios. 
28 de Noviembre del 2022
Sebastián Yunda tramita un asilo en Argentina, confirmó su padre
28 de Noviembre del 2022

Fotos: PlanV y Twitter Policía Ecuador

 

Casi un año después de su detención en Buenos Aires, donde la justicia argentina le prohibió salir del país, el hijo del ex alcalde Jorge Yunda, Sebastián, continúa en esa capital, y ha pedido a Argentina un asilo, según confirmó a este portal su padre. 

El ex alcalde capitalino dijo que su hijo salió del país legalmente por sus actividades artísticas, pues es músico, y fue detenido en Argentina en cumplimiento de una difusión roja emitida por la oficina nacional de Interpol. En Quito se adelanta un proceso por asociación ilícita contra el joven, luego de que se filtraran una serie de chats incautados en la Fiscalía en los que presuntamente estaría conversando sobre pagos y comisiones con contratistas del Municipio. La orden de captura internacional se emitió luego de que la justicia determinó que Yunda evadió las medidas cautelares que se le impusieron. 

Sebastián Yunda fue liberado el pasado 3 de diciembre de 2021, y desde entonces se presenta periódicamente ante la justicia del país austral, pues tiene prohibido salir de Argentina hasta que se resuelva su situación.

El Gobierno informó, luego de su liberación, que se había iniciado un trámite de extradición contra el hijo del ex alcalde. Pero según Jorge Yunda, su hijo ha pedido asilo a Argentina y no cabe proponer que ingrese a una cárcel nacional, en donde no hay garantías para la vida de los reclusos. Yunda Machado criticó la "cacería" que se lanzó a nivel internacional desde noviembre de 2021 contra su hijo, mientras no hay rastro del ex capitán de Policía Germán Cáceres, implicado en el femicidio de su esposa, María Belén Bernal. Jorge Yunda insistió en la inocencia de su hijo y dijo que se le persigue para hacerle daño políticamente.

25 de Noviembre del 2022
El cachascán entre el CPCCS, la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura
25 de Noviembre del 2022

Imagen: PlanV

 


El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, devolvió la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, para la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura, como constitucionalmente le corresponde, por "no cumplir los requisitos".

Este acto administrativo ocurrió luego de que la mayoría del Consejo, cuatro consejeros, fuese destituida por la Asamblea Nacional en un juicio político denunciado por no cumplir el debido proceso. Hernán Ulloa recuperó la presidencia y otros tres consejeros sus vocalías luego de una decisión judicial de un juez de La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

La decisión de Ulloa fue una suerte de retaliación en contra del presidente de la Corte Nacional, pues del lado oficialista se acusó al alto magistrado de "conspirar" para tumbarse a los vocales del CPCCS, presididos por Ulloa, en conveniencia con el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (primo) y la mayoría correísta-socialcristiana y sus aliados. 

El CPCCS presidido por Ulloa se ha negado sistemáticamente a nombrar al titular del Consejo Nacional de la Judicatura, CNJ, órgano disciplinario y administrativo de jueces, fiscales y abogados del país.  Es decir, el que ejerce el control de la administración de justicia. El CNJ es la joya de la corona de la justicia ecuatoriana.

Ahora esta disputa se ha trasladado al seno de la Corte Nacional de Justicia, conformada por 21 magistrados y magistradas. 

En un comunicado público, un grupo de jueces nacionales le ha pedido al presidente de la Corte Nacional que convoque aa una sesión extraordinaria del Pleno de la entidad para que la nueva terna a enviar sea consensuada en el Pleno. Según el comunicado que se hizo público en redes, fueron 12 magistrados y magistradas las que firmaron la solicitud. Sin embargo, otros jueces nacionales se han manifestado en contra en las mismas redes. El presidente Iván Saquicela ha enviado dos ternas fallidas, la primera fue retirada por él mismo, y la segunda fue devuelta. Las dos ternas fueron enviadas bajo responsabilidad del titular de la Corte Nacional.

Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura sigue con un presidente encargado. 

21 de Noviembre del 2022
Así fue el encontronazo entre Fernando Villavicencio y Leonardo Cortázar, uno de los de la piscina de Miami
21 de Noviembre del 2022

Es uno de los robustos personajes que aparece en una foto tomada en una piscina de Miami, en la que sería la propiedad de Xavier Jordán y donde también sale el legislador correísta Ronny Aleaga. Fernando Villavicencio los bautizó como "los tetones" y los señaló como autores de posibles actos de corrupción.

Se trata de Leonardo Cortázar, un ingeniero de Guayaquil de 41 años, a quien Villavicencio identificó en la foto de la piscina y, además, señala por supuestos manejos en el sector eléctrico. Cortázar tendría influencia en contratos en CNEL desde la época de Rafael Correa y Lenin Moreno.

La mañana del pasado sábado, Villavicencio esperaba un vuelo para Guayaquil, en donde tenía agenda, acompañado de un policía que le brindaba seguridad, pues ante las amenazas en su contra, que constan en un informe de la Policía, el legislador cuenta con resguardo permanente.

A las 07:26, un capitán de la Policía que acompaña a Villavicencio recibió una llamada del legislador pidiendo apoyo. En el interior de la sala de preembarque en donde iba a tomar un vuelo de Avianca, se había encontrado con Cortázar, quien al verlo se acercó y le dijo:  "mírame a los ojos hp..., y dime todo de lo que me acusas en redes sociales y en los medios, mírame hp..., mírame, ya vas a ver lo que te pasa”. El legislador también subió un video de la amenaza del empresario a su cuenta de Twitter.

El escolta de Villavicencio y otro policía ingresaron a la sala de preembarque y arrestaron, alegando flagrancia, al empresario, a quien se acusó de amenazas contra el legislador y fue trasladado a la Unidad de Flagrancia en el centro de Quito. Tras varias horas en las mazmorras de Flagrancia, el empresario fue liberado, según la Fiscalía, porque no hubo elementos de convicción para formularle cargos. Sin embargo, se ha iniciado una investigación previa. 

De su lado, el empresario, en diálogo con el periodista Alexis Moncayo de Radio Pichincha Universal, dijo que el amenazado fue él y que el legislador presionó a los policías para que lo detengan y no le dejen subir al avión (el parte policial señala que Avianca ya le había cambiado de vuelo ante el incidente) y que presumió varias veces de ser asambleísta y le habría dicho que "va a ver quién manda en este país".

17 de Noviembre del 2022
Carlos Pólit pide más tiempo para diligencias previas al juicio
17 de Noviembre del 2022

Foto: Archivo El Comercio

 

Los abogados del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit solicitaron a la Corte de Miami que extienda el tiempo para presentar mociones previas al juicio, que vencían este 18 de noviembre. Sostuvieron que este nuevo plazo no afectara el juicio por lavado de dinero fijado para el 22 de mayo de 2023.

La carta está firmada por los juristas Howard Srebnick y Fernando Tamayo, quienes sugirieron que el plazo para esas mociones sea hasta el 2 de diciembre próximo.

Entre las razones para la prórroga, los defensores dicen que una de las socias legales que trabajan en el caso de Pólit tuvo problemas familiares y que Srebnick ha pasado más de 40 horas en una investigación para otro de sus clientes, en el juicio Caballero v. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, entre otros casos.

Además, hubo otro motivo: “En vista del feriado de Acción de Gracias de la próxima semana, el Sr. Polit solicita hasta el 2 de diciembre de 2022 presentar sus mociones previas al juicio”.

El gobierno de EEUU no se opone a esta prórroga, afirmaron los abogados.

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