Los Confidenciales

Fotos: Getty Images y Cancillería Ecuador. Fotomontaje referencial: PlanV
El canciller Gustavo Manrique está preparando su chaqué, pues asistirá en representación del Ecuador a la coronación de los nuevos reyes del Reino Unido, Carlos III y Camila. Los nuevos monarcas serán oficialmente entronizados en una ceremonia en la Abadía de Westminster, en el centro de la capital británica.
Según informó la Cancillería, la coronación es considerada "un acto de posesión como Jefe de Estado" de Carlos III, pues tradicionalmente el Gobierno británico es ejercido por un primer ministro, mientras el rey es el jefe del Estado. Además, explicaron en la Cancillería, "el canciller Manrique mantendrá reuniones bilaterales con el Ministro para las Américas de Reino Unido, David Rutley, así como con otras autoridades".
Otros países de la región también mandarán delegados de alto nivel a la coronación de los monarcas británicos. En el caso de Colombia, la comitiva estará conformada por el canciller Álvaro Leyva y la primera dama del país vecino, Verónica Alcócer. Se conoce que, al igual que para los funerales de la fallecida reina Isabel II, hay dos sillas para países extranjeros. La embajada del Ecuador en Londres está a cargo de un encargado de negocios, tras el retorno al país de Sebastián Corral, quien había sido nombrado embajador ante Reino Unido en esta administración.

Mónica Almeida (izquierda) y Ana Karina López. Fotos: Casa de América
La revolución malograda es el nuevo libro de investigación periodística que presentan las periodistas Mónica Almeida y Ana Karina López, periodistas de investigación de una larga y reconocida trayectoria en el país y la región. Lo edita el sello internacional Planeta, y fue lanzado el 21 de abril en Bogotá. Este 4 de mayo se presenta en Quito.
Almeida y López publicaron anteriormente El séptimo Rafael, de la editorial Aperimus, que es la biografía no autorizada de Rafael Correa, el caudillo populista que gobernó el Ecuador con mano de hierro entre el 2007 y el 2017 y es aún al "gran elector" y el político más influyente en la agenda política del país. El libro de las dos periodistas fue un éxito de ventas.
Ahora, con La revolución malograda, continuan en la cobertura de ese momento histórico del país y cuya polémica estela repercute hasta nuestros días. La reseña de la editorial Planeta dice:
"Gracias a las angustias y decepciones políticas y económicas del pasado, los ciudadanos le dieron un cheque en blanco. Así moldeó el Estado a través de una nueva Constitución y de una república de propaganda. Al final, su salida en mayo de 2017 dejó un país polarizado, con hondas cicatrices y una economía debilitada: Alianza PAIS estaba presente en todos los espacios de poder y los ciudadanos se dividían en bandos. ¿Cómo se concretó este entramado de poder de la revolución ciudadana? ¿Fue planificado desde el inicio? ¿Quiénes participaron y cómo? ¿Qué se malogró en este mecanismo
aparentemente infalible? Son estas las preguntas que intentan responder las autoras en sus diez historias de investigación periodística sobre el correato. Cinismo, intrigas, muerte, espionaje y corrupción se repiten a lo largo de estas crónicas en las que la acuciosidad del dato no sacrifica la ligereza de la narración.
"Parte de ese poder se forjó por la alianza inicial con los militares, que con el tiempo serían quienes frenaron las intenciones de Correa de perennizarse en Carondelet. Su relación con la Policía fue más compleja y los momentos que vivió encerrado en un cuarto de hospital el 30 de septiembre de 2010 lo marcaron para siempre. El bombardeo de Angostura reveló además los vínculos de las FARC con funcionarios del Estado. La «prensa corrupta» fue su enemiga, pero lavó su imagen internacional con el asilo a Julian Assange. La ansiada salida triunfal se vio empañada por los escándalos de corrupción de Odebrecht y Petroecuador. Fueron diez años en los que Ecuador vio escapar su segundo boom petrolero".

Foto: Archivo
Actualizado el viernes, 21 de abril, con la decisión del juez
Breon Peace, fiscal de EEUU, propuso este jueves, 20 de abril, al juez Eric N. Vitaliano, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, que dicte una orden de decomiso contra los bienes de Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, por un total de USD 13.524.527,44. Un día después, el magistrado firmó la orden de decomiso.
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El fiscal norteamericano solicitó que esta orden sea parte de la sentencia que el juez Vitalino tomará contra el exfuncionario. Peace mencionó que Arias “ha consentido” el decomiso por esa cantidad, “que constituyen, o se derivan de ganancias obtenidas directa o indirectamente” del delito de lavado de activos. Peace informó que Arias se declaró culpable el 19 de enero de 2022 por ese cargo.
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“Todos los pagos efectuados en relación con la Sentencia de Confiscación Monetaria se realizarán mediante giro postal o cheque bancario certificado y/u oficial, pagadero al Servicio de Alguaciles de EE.UU. con el número de expediente penal anotado en el anverso del instrumento. El acusado deberá hacer que dicho pago sea enviado por correo de un día para otro a la fiscal auxiliar de los Estados Unidos, Tanisha R. Payne”, dice el documento judicial que se hizo público el jueves.
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El pago de los USD 13,5 millones deberá realizarse en su totalidad en un plazo de 30 días a partir de la sentencia, propuso el fiscal Peace. “Si el acusado no paga cualquier parte de la sentencia de confiscación de dinero en o antes de la fecha de vencimiento, el acusado perderá cualquier otra propiedad suya hasta el valor del saldo pendiente”, agregó.
Ahora que el juez Vitaliano ha aprobado la solicitud del fiscal Peace, Arias no podrá reclamar o impugnar el decomiso y será incluida en la condena.

Imagen referencial. PlanV
El correísmo arrecia los ataques en contra de la fiscal Diana Salazar. Esto, si se puede llamar, como han denunciado personajes simpatizantes de la funcionaria, que correístas y socialcristianos pretenten "tomarse" el Ministerio Público, a través de un concurso para fiscales provinciales convocado por el Consejo Nacional de la Judicatura.
De este modo, a la fiscal Salazar se le abrieron dos frentes más de polémica y los sumó a la que ya tiene casada con el Ejecutivo, específicamente contra el presidente Guillermo Lasso. En sendos comunicados, difundidos en su cuenta oficial en la plataforma Twitter, la Fiscalía General arremetió (diplomáticamente) primero en contra del Consejo de la Judicatura, CNJ, y su presidente, Edwin Terán, y luego en contra de legisladores, a los que identificó con el correísmo o del movimiento RC5, a quienes acusó de sometar a la fiscal a un acoso político de cuatro años, nada menos.
En el primer caso, el del CNJ, la Fiscalía reaccionó a la activación del concurso para la designación de fiscales provinciales por parte del Consejo. El ministerio Público pidió, en comunicado, un proceso previo de recategorización de fiscales, algo que no se ha realizado desde hace siete años. Reclamó que para el concurso se está considerando únicamente a los fiscales de categoría 3, dejando de lado a los fiscales de categoría 1 y 2, e insistió en la recategorización "para no vulnerar el principio de igualdad de oportunidades de los funcionarios", quienes, dijo la entidad, han esperado ocho años una opción de crecimiento laboral. La entidad advirtió, de manera educada, que velará porque este proceso se realice "de manera adecuada" y "sin vulnerar los derechos de los funcionarios".
En un nuevo comunicado, la Fiscalía denunció que legisladores del correísmo, "desde abril de 2019 hasta la presente fecha (18 de abril de 2023), la Fiscalía General del Estado ha sido objeto de hostigamiento por parte de varios asambleístas del movimiento político UNES”, dijo el comunicado de la entidad publicado en Twitter. Es decir, cuatro años de "acoso". El presunto hostigamiento se traduce en el sinnúmero de peticiones que han hecho varios legisladores de la bancada correísta de temas, incluso, reservados, dijo la institución. “Bajo el mal entendido amparo fiscalizador y el abuso del mismo, (los asambleístas) han enviado un sinnúmero de oficios con el título de requerimientos de información, en los que solicitan datos de investigaciones previas”. Con eso, la entidad ha dejado entrever que hay una injerencia de legisladores en los temas de la Función Judicial. Para la Fiscalía, hay la intención de configurar un proceso de juicio político contra la fiscal, Diana Salazar.
La Fiscalía también indica que el ataque recibido por parte de los asambleístas del correísmo “buscan asegurar impunidad en los casos”. Los requerimientos se han convertido en una pesquisa para intentar intervenir en la justicia, aseguró.
La entidad denunció además que el presunto hostigamiento incluye "entrometerse en la vida personal de la fiscal general del Estado". Se refiere al pedido de la asambleísta de UNES, Ana María Raffo, quien ha solicitado al rector de la Universidad Central del Ecuador remita la copia de tesis de grado con la cual Salazar se graduó en la Universidad Central del Ecuador. La Fiscalía dice que la hoja de vida es pública. Un abogado, entrevistado por un medio digital de Pastaza, que dijo ser compañero de aula de Diana Salazar, dijo de ella que "era bastante ociosa. Era muy mala estudiante, bastante copiona". Este video es pasto para las llamas de las redes sociales del correísmo, que incluso han etiquetado a la funcionaria como #LaCopiona. Todo retuiteado por Rafael Correa.

Fotomontaje referencial: PlanV
Viajes, compras de equipos, empresas en Miami. Todo vale en las redes sociales al momento de sacarse los cueros al sol, con miras al juicio político y a la defensa de las posturas a favor y en contra.
El ex oficial de inteligencia Diego Vallejo, quien se exilió en Estados Unidos tras lo que considera fue una persecución en su contra del régimen correísta, inició una campaña contra Andersson Boscán y La Posta, secundando las acusaciones del presidente Lasso de que la empresa de Boscán y Luis Vivanco ha sido promovida y protegida por el zar de los seguros, Diego Sánchez.
LO PROMETIDO!!!
— diego vallejo (@vallejoec) April 14, 2023
El caso #ElGranPadrinoPeroDeLaPosta pic.twitter.com/tlsXCKVwJb
En un vídeo de seis minutos publicado hace pocos días, Vallejo insiste en la cercanía entre Boscán, su esposa Mónica Velásquez y el empresario de seguros, con quien habrían comprado en Nueva York algunos equipos para La Posta en 2018. Vallejo sostiene que varios de los contratos de La Posta provienen de las influencias de Diego Sánchez, como uno con Seguros Sucre. Mostró la dirección de la tienda en Nueva York donde se habría comprado los equipos y la lista de pasajeros de un jet privado en donde se podría constatar que el matrimonio Boscán-Velásquez habría volado con Sánchez.
Mientras tanto, el legislador Fernando Villavicencio, quien se ha manifestado a favor del presidente Lasso en el proceso de juicio político, también fue blanco de una campaña que le acusa de tener o haber tenido varias empresas en Miami. Desde la cuenta @PhilipAMLC que asegura dedicarse a "Auditor Forense Global de Anti-Lavado. Gerencia Reguladora. Me insultas, te silencio. Pierdes tu tiempo", se acusó a Villavicencio de tener empresas y supuestas propiedades en Miami, algo que el legislador negó en duros términos.
El abogado d Xavier Roldán, Ricardo Díaz (Miami) publicó q encontró 3 propiedades en EEUU, d F. Villavicencio. Nos dio curiosidad. Yo ya publique d VILLAVICENCIO PROPERTIES MANAGEMENT LLC y ahora aparece otro off-shore (ya cerrada) q se dedicaba a exportar insumos medicos... pic.twitter.com/fSHms5PPQ1
— Philip V. (@PhilipAMLC) April 14, 2023

Foto referencial. Archivo
El ex defensor del Pueblo en Galápagos, Milton Castillo, quien tras su paso por esa institución se quedó a vivir en Puerto Baquerizo Moreno, como abogado en libre ejercicio, denunció lo que considera una represalia en su contra por las denuncias que en el pasado formuló sobre una presunta corrupción en el sistema judicial insular.
En una carta dirigida a la Fiscalía, Castillo explicó que hace 33 meses se le inició un indagatoria por un supuesto tráfico de influencias, mientras ejercía como defensor del pueblo en las islas, pero que ese tipo de indagatoria solo podía durar un año, a pesar de lo cual ha sido reactivada. Un notario de las Islas denunció a Castillo luego de que este hiciera públicos supuestos manejos irregulares en la notaría de Santa Cruz.
Castillo sostiene que la fiscal de Santa Cruz, Jhosmary Chuncho, ha reactivado la causa en su contra por sus críticas públicas a la Fiscalía local, por casos como la desaparición de una avioneta abandonada en la pista de la Isla Isabela, así como un proceso en el que participó sobre un delito contra la flora y la fauna, en la que el juez dispuso que se investigue el accionar de la Fiscalía. Otro caso en el que Castillo ha intervenido, y en su criterio podría motivar lo que considera una persecución de la fiscal, tiene relación con el hundimiento de la lancha de cabotaje Angy, en donde murieron varios pasajeros.
Para Castillo, la reactivación tardía de la denuncia está relacionada con su actividad profesional en las Islas, e inclusive se ha intentado formularle cargos, sin cumplir con formalidades de ley como ubicar su domicilio. Castillo precisa que no hay elementos para acusarlo de tráfico de influencias, pues estaba cumpliendo con sus obligaciones como defensor del pueblo en la provincia insular.

Foto referencial.
¿Las Fuerzas Armadas analizan escenarios políticos? Sí. ¿Las FFAA hicieron consultas constitucionales sobre la crisis institucional, la muerte cruzada y el juicio político? Una alta fuente del Gobierno, que pidió reserva, le dijo a este medio obtuvo que el Comando Conjunto habría hecho consultas a un conocido bufete de abogados constitucionalistas sobre el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Esta consulta en concreto buscaba saber sobre la pertinencia del juicio, de las pruebas presentadas y el procedimiento constitucional en este caso, dijeron.
La otra consulta habría tenido que ver con un escenario de muerte cruzada, si esto es una vía adecuada y constitucional, a lo cual se les respondió que sí. Pero también se plantean hipótesis de cuáles serían las consecuencias para el país una decisión de disolución constitucional de la Asamblea Nacional por parte del presidente Lasso. Si la Asamblea aceptaría o desconocería el decreto presidencial, si sus miembros deciden "atrincherarse" en el hemiciclo legislativo y pedir el "apoyo popular", si deciden acogerse al "derecho a la resistencia" o si, de plano, resuelve a su vez destituir al presidente Lasso y nombrar su reemplazo, creando nuevamente un escenario de dirimencia para las Fuerzas Armadas.
El tercer factor es la movilización social. Sobre todo la Conaie ha señalado que no aceptaría una decisión de muerte cruzada y se daría un levantamiento indígena y social por la salida del Presidente Lasso, lo cual, a los ojos de los militares y del gobierno, también se daría una situación de violencia.
Fuentes consultadas en el Comando Conjunto admitieron su preocupación sobre el desenlace de la crisis política, pero negaron que hayan realizado consultas directas sobre estos temas en concreto, por fuera de la institucionalidad de Defensa Nacional.
A varios sectores dentro del gobienro no les gustó que los militares hagan consultas propias por fuera de la órbita presidencial.
El Grupo GEO Ecuador en acción
Lo que sí fue admitido fueron las consultas jurídicas hechas para conocer las connotaciones legales y constitucionales del uso del Grupo de Operaciones Especiales Ecuador, GEO, en acciones de lucha contra el crimen organizado. Este medio conoció que el Gobierno habría dado ya la disposición de que los miebros del este grupo militar de élite entre al combate antiterrorista, ya que el país se encuentra bajo ataque, de acuerdo a los hechos reportados día a día. El GEO es la última trinchera de la defensa militar pues tiene como misión especial combatir el terrorismo en el Ecuador, con nuevas técnicas de combate.

Fotomontaje: PlanV
La renuncia de Diego Ordóñez a la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado se da horas después de una de las peores masacres contra civiles en Esmeraldas, y en el país, en el contexto de una declarada "guerra contra el crimen organizado", decretada por el presidente Guillermo Lasso. Ordóñez, un abogado y político quiteño, ex asambleísta y asesor presidencial, asumió en cargo al inicio de esta "guerra". Es su primera y más importante víctima política.
Carta de dimisión de Diego Ordóñez. Ver PDF
En su carta de dimisión, Ordóñez, quien ha sido criticado por expertos en seguridad por su forma de conducir la Secretaría, dijo que "la inseguridad criminal debería ser un asunto que convoque al conjunto de la clase política y a las organizaciones de la sociedad civil para juntarse en torno a objetivos y estrategias conjuntas, dejando de lado consignas políticas y retaliaciones". Y luego señala que "Penosamente, prevalece el afán de golpear de formas (sic) que agreden la integridad y el buen nombre, lo que induce a pensar que detrás de todos esos ataques están quienes se han sentido afectados por la firmeza para combatir toda forma de corrupción y violencia, incluso la política, que se ha expresado con virulencia en las calles".
La masacre de Esmeraldas desplegó la acción conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas. El Estado destinó 180 hombres armados en las zonas más conflictivas de la ciudad. El asesinato a sangre fría de nueve pescadores y comerciantes de pescado, por parte de un grupo armado que usó armas de fuego, es atribuido por el ministro del Interior, Juan Zapata, a la represalia de una banda criminal, los Tiguerones, en contra de los pescadores que habían aceptado la oferta de "seguridad" de una banda criminal rival. Actores sociales de Esmeraldas rechazaron las declaraciones del ministro Zapata, y lo acusaron de criminalizar a la población, culpando a las víctimas.
El nombre de Jan Topic, poderoso empresario de las telecomunicaciones, fue anunciado por La Posta como el reemplazo de Ordóñez, pero fue desmentido por el Gobierno.

Imagen: PlanV
¿Busca el Gobierno dividir al bloque del PSC con miras al juicio político en la Asamblea Nacional? Esa parecería ser la intención de la sorpresiva denuncia de Fernando Villavicencio en contra de Jaime Nebot. El legislador denunció en Twitter que los negocios de Nebot estarían siendo manejados desde empresas off shore en Panamá, creadas por el mismo buffete de abogados que facilitó empresas panameñas para Álex Bravo, el ex gerente de Petroecuador condenado por corrupción. En el país del Istmo, es común que despachos de abogados creen y manejen empresas de papel para la propiedad y gestión de bienes.
Hace algunas semanas, el PSC acusó al Gobierno de estar presionando a sus legisladores, con la intención de debilitar al bloque amarillo con miras al juicio político en la Asamblea Nacional. Según el PSC, algunos legisladores son presionados por parte de emisarios del régimen.
RECHAZAMOS EXTORSIÓN Y COMPRA DE VOTOS DE ASAMBLEÍSTAS | #COMUNICADO @etorrescobo @La6Ecuador pic.twitter.com/0cnmdYKYhL
— Bancada PSC (@BancadaPSC) April 4, 2023
La denuncia contra Nebot fue respondida por el ex alcalde de manera inmediata, y precisó que las empresas de los Nebot se controlan efectivamente desde Estados Unidos por medio de una firma que se encuentra en una jurisdicción que no es una paraíso fiscal, y admitió que en 2015 esa empresa absorbió a una fundación panameña, que sí estaba en el Itsmo, que es considerado un paraíso fiscal en Ecuador.
Nebot, quien se encontraría fuera del país, y no ha querido dar entrevistas, aclaró que la propiedad de esa empresa ya no es suya, sino de sus hijos, y concluyó su comunicado con frases desafiantes, afirmando que no permitiría que se metan "con su familia". De su lado, en un diálogo con el diario Expreso, Villavicencio dijo que continuará investigando a Nebot, aunque se considera amenazado, por lo que pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
Cumplo con mi obligación de fiscalizar, nadie está fuera de la ley. Hace rato que les perdí el miedo. https://t.co/GkMuyLCkP1
— Fernando Villavicencio (@VillaFernando_) April 8, 2023

Foto referencial: ARCHIVO. Ministerio de Gobierno
El tema de los chalecos antibala para la Policía Nacional del Ecuador parece un cuento de nunca acabar. A pesar de las promesas presidenciales en los momentos más duros de la violencia criminal y de la muerte violenta de decenas de uniformados, atacados por supuestos miembros del crimen organizado, los chalecos no terminan de llegar.
Esta es la solicitud de información enviada por el asambleísta Vanegas. Ver PDF
La adquisición no está exenta de polémica. Uno de los puntos más complejos es la calidad de las planchas protectoras de los chalecos, es decir las láminas que impiden que las balas penetren. Esto se define de acuerdo a las necesidades planteadas por la Policía.
El despacho del asambleísta de PK, Ricardo Vanegas, investiga la compra de los 42.084 chalecos antibalas, por un monto aproximado de USD 36 millones. Según fuentes de su oficina, hay varios elementos que llaman la atención al legislador sobre la adquisición de esos chalecos. Primero que en el Ministerio del Interior se habrían cambiado las especificaciones técnicas de seguridad generadas por la Policía Nacional del Ecuador; segundo, ratifican que se estaría tratando comercialmente con intermediarios y no con las fábricas y productores nacionales e internacionales y por eso mismo el precio, a consideración de sus asesores, estaría por encima del costo.
La documentación sobre los chalecos contiene las especificaciones elaboradas por la PNE y que están en manos de los legisladores.
En un oficio enviado por Vanegas a los principales autoridades de seguridad del país, y del Sercop se especifica que "el proceso de entrega de ofertas al señor arquitecto Rodrigo Palacio, y la apertura de ofertas a realizarse el lunes 20 de marzo de 2023, para la provisión chalecos de protección balística con sistema molle nivel III A, para el subsistema preventivo de la Policía Nacional, adolece de errores, los cuales me permito detallar:
1. No especifican la participación nacional señaladas en el artículo 25.1 de participación nacional.
2. No se específica el anticipo contará con póliza de buen uso del anticipo, se refiere a un anticipo del 70% con plazos de entrega parciales de 30 a 180 días. No se detalla póliza de fiel cumplimiento del contrato conforme el artículo 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
3.Se refiere a costos como: "actividades y costos necesarios, tales como transporte, bodegaje, tasas arancelarias, gastos de salida de aduana, costo del seguro correspondiente, costo de las pruebas, costo de la capacitación, etc., hasta que los bienes sean entregados en el Ecuador, Provincia de Pichincha, Cantón Quito, bodegas del Departamento de Almacenamiento de la Dirección Nacional de Logística, Calle de los Cedros y Av. Galo Plaza Lasso"; esta especificación, encarece el producto en un 15% del total de la oferta, pues para la importación de productos, se puede usar la figura DDU, con lo que los costos en aduana, se abaratan en el pago de IVA y aranceles. Por tanto, las ofertas recibidas mantienen un presunto sobreprecio del 15% sobre un valor total de 36 millones de dólares.
4. Para el caso de garantía, los chalecos MKU, mantenían una garantía de 5 años, no se comprende como se exige, el mismo tipo de garantía pero con observación de 3 años.
5. No se específica si el chaleco mantendrá sublimado o estampado, con letras en fluorescente POLICÍA NACIONAL.
6. No se específica cuantos chalecos para hombres y para mujer, con lo cual se da un margen de maniobra, pues por peso y diseño, los dos chalecos son distintos y su precio varía".
Plan V pidió una reacción del Ministro del Interior, quien tiene que dar luz verde a esta negociación, pero no hubo respuesta.