La revolución malograda es el nuevo libro de investigación periodística que presentan las periodistas Mónica Almeida y Ana Karina López, periodistas de investigación de una larga y reconocida trayectoria en el país y la región. Lo edita el sello internacional Planeta, y fue lanzado el 21 de abril en Bogotá. Este 4 de mayo se presenta en Quito.

Almeida y López publicaron anteriormente El séptimo Rafael, de la editorial Aperimus, que es la biografía no autorizada de Rafael Correa, el caudillo populista que gobernó el Ecuador con mano de hierro entre el 2007 y el 2017 y es aún al "gran elector" y el político más influyente en la agenda política del país. El libro de las dos periodistas fue un éxito de ventas. 

Ahora, con La revolución malograda, continuan en la cobertura de ese momento histórico del país y cuya polémica estela repercute hasta nuestros días. La reseña de la editorial Planeta dice:

"Gracias a las angustias y decepciones políticas y económicas del pasado, los ciudadanos le dieron un cheque en blanco. Así moldeó el Estado a través de una nueva Constitución y de una república de propaganda. Al final, su salida en mayo de 2017 dejó un país polarizado, con hondas cicatrices y una economía debilitada: Alianza PAIS estaba presente en todos los espacios de poder y los ciudadanos se dividían en bandos. ¿Cómo se concretó este entramado de poder de la revolución ciudadana? ¿Fue planificado desde el inicio? ¿Quiénes participaron y cómo? ¿Qué se malogró en este mecanismo
aparentemente infalible? Son estas las preguntas que intentan responder las autoras en sus diez historias de investigación periodística sobre el correato. Cinismo, intrigas, muerte, espionaje y corrupción se repiten a lo largo de estas crónicas en las que la acuciosidad del dato no sacrifica la ligereza de la narración.

"Parte de ese poder se forjó por la alianza inicial con los militares, que con el tiempo serían quienes frenaron las intenciones de Correa de perennizarse en Carondelet. Su relación con la Policía fue más compleja y los momentos que vivió encerrado en un cuarto de hospital el 30 de septiembre de 2010 lo marcaron para siempre. El bombardeo de Angostura reveló además los vínculos de las FARC con funcionarios del Estado. La «prensa corrupta» fue su enemiga, pero lavó su imagen internacional con el asilo a Julian Assange. La ansiada salida triunfal se vio empañada por los escándalos de corrupción de Odebrecht y Petroecuador. Fueron diez años en los que Ecuador vio escapar su segundo boom petrolero".

El correísmo arrecia los ataques en contra de la fiscal Diana Salazar. Esto, si se puede llamar, como han denunciado personajes simpatizantes de la funcionaria, que correístas y socialcristianos pretenten "tomarse" el Ministerio Público, a través de un concurso para fiscales provinciales convocado por el Consejo Nacional de la Judicatura.

De este modo, a la fiscal Salazar se le abrieron dos frentes más de polémica y los sumó a la que ya tiene casada con el Ejecutivo, específicamente contra el presidente Guillermo Lasso. En sendos comunicados, difundidos en su cuenta oficial en la plataforma Twitter, la Fiscalía General arremetió (diplomáticamente) primero en contra del Consejo de la Judicatura, CNJ, y su presidente, Edwin Terán, y luego en contra de legisladores, a los que identificó con el correísmo o del movimiento RC5, a quienes acusó de sometar a la fiscal a un acoso político de cuatro años, nada menos.

En el primer caso, el del CNJ, la Fiscalía reaccionó a la activación del concurso para la designación de fiscales provinciales por parte del Consejo. El ministerio Público pidió, en comunicado, un proceso previo de recategorización de fiscales, algo que no se ha realizado desde hace siete años.  Reclamó que para el concurso se está considerando únicamente a los fiscales de categoría 3, dejando de lado a los fiscales de categoría 1 y 2, e insistió en la recategorización "para no vulnerar el principio de igualdad de oportunidades de los funcionarios", quienes, dijo la entidad, han esperado ocho años una opción de crecimiento laboral. La entidad advirtió, de manera educada, que velará porque este proceso se realice "de manera adecuada" y "sin vulnerar los derechos de los funcionarios".

En un nuevo comunicado, la Fiscalía denunció que legisladores del correísmo, "desde abril de 2019 hasta la presente fecha (18 de abril de 2023), la Fiscalía General del Estado ha sido objeto de hostigamiento por parte de varios asambleístas del movimiento político UNES”, dijo el comunicado de la entidad publicado en Twitter. Es decir, cuatro años de "acoso". El presunto hostigamiento se traduce en el sinnúmero de peticiones que han hecho varios legisladores de la bancada correísta de temas, incluso, reservados, dijo la institución. “Bajo el mal entendido amparo fiscalizador y el abuso del mismo, (los asambleístas) han enviado un sinnúmero de oficios con el título de requerimientos de información, en los que solicitan datos de investigaciones previas”. Con eso, la entidad ha dejado entrever que hay una injerencia de legisladores en los temas de la Función Judicial. Para la Fiscalía, hay la intención de configurar un proceso de juicio político contra la fiscal, Diana Salazar. 

La Fiscalía también indica que el ataque recibido por parte de los asambleístas del correísmo “buscan asegurar impunidad en los casos”. Los requerimientos se han convertido en una pesquisa para intentar intervenir en la justicia, aseguró.

La entidad denunció además que el presunto hostigamiento incluye "entrometerse en la vida personal de la fiscal general del Estado". Se refiere al pedido de la asambleísta de UNES, Ana María Raffo, quien ha solicitado al rector de la Universidad Central del Ecuador remita la copia de tesis de grado con la cual Salazar se graduó en la Universidad Central del Ecuador. La Fiscalía dice que la hoja de vida es pública. Un abogado, entrevistado por un medio digital de Pastaza, que dijo ser compañero de aula de Diana Salazar, dijo de ella que "era bastante ociosa. Era muy mala estudiante, bastante copiona". Este video es pasto para las llamas de las redes sociales del correísmo, que incluso han etiquetado a la funcionaria como #LaCopiona. Todo retuiteado por Rafael Correa.

El ex defensor del Pueblo en Galápagos, Milton Castillo, quien tras su paso por esa institución se quedó a vivir en Puerto Baquerizo Moreno, como abogado en libre ejercicio, denunció lo que considera una represalia en su contra por las denuncias que en el pasado formuló sobre una presunta corrupción en el sistema judicial insular. 

En una carta dirigida a la Fiscalía, Castillo explicó que hace 33 meses se le inició un indagatoria por un supuesto tráfico de influencias, mientras ejercía como defensor del pueblo en las islas, pero que ese tipo de indagatoria solo podía durar un año, a pesar de lo cual ha sido reactivada. Un notario de las Islas denunció a Castillo luego de que este hiciera públicos supuestos manejos irregulares en la notaría de Santa Cruz.

Castillo sostiene que la fiscal de Santa Cruz, Jhosmary Chuncho, ha reactivado la causa en su contra por sus críticas públicas a la Fiscalía local, por casos como la desaparición de una avioneta abandonada en la pista de la Isla Isabela, así como un proceso en el que participó sobre un delito contra la flora y la fauna, en la que el juez dispuso que se investigue el accionar de la Fiscalía. Otro caso en el que Castillo ha intervenido, y en su criterio podría motivar lo que considera una persecución de la fiscal, tiene relación con el hundimiento de la lancha de cabotaje Angy, en donde murieron varios pasajeros. 

Para Castillo, la reactivación tardía de la denuncia está relacionada con su actividad profesional en las Islas, e inclusive se ha intentado formularle cargos, sin cumplir con formalidades de ley como ubicar su domicilio. Castillo precisa que no hay elementos para acusarlo de tráfico de influencias, pues estaba cumpliendo con sus obligaciones como defensor del pueblo en la provincia insular. 

La renuncia de Diego Ordóñez a la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado se da horas después de una de las peores masacres contra civiles en Esmeraldas, y en el país, en el contexto de una declarada "guerra contra el crimen organizado", decretada por el presidente Guillermo Lasso. Ordóñez, un abogado y político quiteño, ex asambleísta y asesor presidencial, asumió en cargo al inicio de esta "guerra". Es su primera y más importante víctima política. 

Carta de dimisión de Diego Ordóñez. Ver PDF

En su carta de dimisión, Ordóñez, quien ha sido criticado por expertos en seguridad por su forma de conducir la Secretaría, dijo que "la inseguridad criminal debería ser un asunto que convoque al conjunto de la clase política y a las organizaciones de la sociedad civil para juntarse en torno a objetivos y estrategias conjuntas, dejando de lado consignas políticas y retaliaciones". Y luego señala que "Penosamente, prevalece el afán de golpear de formas (sic) que agreden la integridad y el buen nombre, lo que induce a pensar que detrás de todos esos ataques están quienes se han sentido afectados por la firmeza para combatir toda forma de corrupción y violencia, incluso la política, que se ha expresado con virulencia en las calles".

La masacre de Esmeraldas desplegó la acción conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas. El Estado destinó 180 hombres armados en las zonas más conflictivas de la ciudad. El asesinato a sangre fría de nueve pescadores y comerciantes de pescado, por parte de un grupo armado que usó armas de fuego, es atribuido por el ministro del Interior, Juan Zapata, a la represalia de una banda criminal, los Tiguerones, en contra de los pescadores que habían aceptado la oferta de "seguridad" de una banda criminal rival. Actores sociales de Esmeraldas rechazaron las declaraciones del ministro Zapata, y lo acusaron de criminalizar a la población, culpando a las víctimas.

El nombre de Jan Topic, poderoso empresario de las telecomunicaciones, fue anunciado por La Posta como el reemplazo de Ordóñez, pero fue desmentido por el Gobierno.