El Consejo de la Judicatura hizo pública la lista con las calificaciones de la prueba práctica de los aspirantes a jueces anticorrupción. Ese fue el último examen del concurso que busca seleccionar a 14 magistrados especializados para que conozcan casos sobre corrupción y crimen organizado.

El pasado 8, 9 y 10 de agosto, 53 postulantes rindieron la prueba práctica en el auditorio del Complejo Judicial Norte. Antes, habían pasado por pruebas teórica y psicológica. Durante el proceso, sus méritos también fueron evaluados.

De los 53, al menos 32 aspirantes lograron más de 80 puntos, lo que les permite pasar a la siguiente fase que consiste en un curso de 52 días con expertos nacionales y extranjeros. Quienes completen ese curso y alcancen las calificaciones más altas serán nombrados como jueces anticorrupción.

Estos 14 nuevos magistrados estarán divididos en tres instancias. La primera es la Unidad Judicial Penal, que tendrá dos jueces. En la actualidad, hay nueve aspirantes que tienen aún la posibilidad de ocupar este cargo.  Entre estos el mejor puntuado es José Sebastián Cornejo Aguiar, catedrático en la Universidad Técnica del Norte y en la Universidad Nacional de Chimborazo. Le sigue Renán Eduardo Andrade Castillo, quien ha sido defensor público y ayudante judicial. El tercer lugar es de Vicente Fernando Hidalgo Maldonado, quien se ha desempeñado como secretario de Fiscalía en Pichincha.

Además, existirán dos tribunales, por lo que hay seis cupos para esta instancia. Al menos 10 personas siguen en la carrera por ocupar una de esas plazas. En este grupo el mejor puntuado es Luis Israel Ortega Falcón, quien ha sido secretario de la Fiscalía de Pichincha. El segundo lugar lo ocupa la fiscal Consuelo Marcella Tapia Guerrón, especializada en género, quien investigó el caso de Martha, una mujer que fue violada en un bar de Quito. En tercer lugar, está Carlos Patricio Serrano Lucero, catedrático de la Universidad Técnica de Ambato. Le sigue Tony Hermán Blum Parra, quien laboró como analista en la Prefectura del Guayas.

El quinto lugar es para el fiscal Mario Andrés Muñoz Bayas, excandidato a Fiscal General en 2019. Se ha desempeñado como agente investigador de la Unidad Especializada de Antilavado de Activos de la Fiscalía. Entre sus casos más conocidos fue el de María Sol Larrea, exfuncionaria del IESS. Él sostuvo que Larrea, su cuñado y esposo formaron empresas y adquirieron acciones en otras compañías que proveían servicios médicos al IESS. Esas empresas habrían recibido USD 35 millones. Un tribunal de Pichincha declaró inocentes a Larrea y a su esposo en 2020. Y en el sexto lugar está el fiscal Jorge Suidberto Sánchez Pico, del cantón Samborondón, Guayas.

En este grupo también está el fiscal Christian Fierro, especializado en Delincuencia Organizada Trasnacional e Internacional.

Finalmente, para jueces de Corte Provincial existen seis cupos disponibles y, al menos, 13 candidatos aún pueden aspirar a uno de ellos. En primer lugar, está Leonardo Vinicio Rosillo Abarca, docente de la Universidad Técnica del Norte. Le sigue la fiscal Nadia Mariuxi Rodríguez Castillo y la jueza Silvana Lorena Velasco Velasco, quien es miembro del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. En cuarto lugar, está el fiscal Lauro Fernando Sánchez Salcedo, de Azuay; le sigue la jueza Ana Gabriela Sánchez Tapia, de Cotopaxi. En el sexto lugar está la fiscal María Esther Cahuana Velasteguí, de Chimborazo.

En esta lista también figura el nombre de la jueza Mabel del Pilar Tapia Rosero figura en la lista. El 5 de abril, ella y los jueces Olga Azucena Ruiz Russo y Julio César Obando, del Tribunal de Garantías Penales, con sede en la Parroquia de Iñaquito, otorgaron medidas cautelares a favor de Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea, porque supuestamente se habían vulnerados sus derechos. Su fallo dispuso que el Pleno se abstenga de debatir un pedido para la creación de una comisión que investigue sus actuaciones. El mismo tribunal revocó esas medidas días después.

Asimismo, está el exfiscal general, Edwin Paúl Pérez Reina. En la actualidad se desempeña como docente en la Universidad Técnica del Norte. También está el juez Fausto Armando Lana Vélez, del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha.

Esta no es la lista definitiva, pues aún puede haber pedidos de recalificación. La última fase del concurso será la impugnación, donde la ciudadanía podrá cuestionar a los candidatos, antes de que pasen al curso final. 

Aunque se disculpó en un vídeo de poco más de un minuto en Youtube por sus polémicos dichos en una localidad de Guayas, donde dijo que cuando está en campaña las "hembras no le lanzan el pañuelo sino el calzón", el polémico abogado Héctor Vanegas, conocido por usar sombrero, bastón y traje a pesar del calor en Guayaquil, no logró mantener su postulación para prefecto del Guayas con la fuerza política que lo apoyaba. 

El Centro Democrático, la tienda política del ex prefecto Jimmy Jairala, declinó postularlo y anunció esta semana que no presentará candidato a la prefectura, a pesar de que ya había anunciado la nominación de Vanegas. Jairala anunció una alianza para la Alcaldía con el Socialismo. 

Centro Democrático informa a los ciudadanos que no inscribirá candidato a la Prefectura del Guayas. pic.twitter.com/krl11iFq65

— Centro Democrático (@cendemocratico) August 7, 2022

Jairala, quien aspira a la alcaldía de Guayaquil, se mantiene en la carrera, y aceptó ya su postulación en el Consejo Electoral de Guayas, mientras el polémico abogado, quien su vídeo de disculpas admitió haberse excedido en sus afirmaciones, tanto en el fondo cuanto en la forma,  lamentó sus polémicas afirmaciones.

Vanegas se justificó afirmando que no es político, mientras estaría en conversaciones con otros movimientos, entre ellos, el socialismo local de Guayas, para obtener un paraguas electoral que le permita postularse. Las conversaciones de Vanegas no han producido todavía ningún resultado. 

Los nuevos terminos de referencia, TDR, para la provisión de servicio de alimentación a los más de 35 mil presos del país busca, según la entidad contratante mejorar las condiciones alimenticias de los presos, pero también incrementa las dificultades de las empresas interesadas en concursar por ese millonario contrato. Ahora, por tres comidas, el Estado, es decir la SNAI, paga USD 2,50 y USD 5 por las cinco comidas de los menores infractores. En las nuevas bases, el costo se baja a USD 2,25.  Pero las exigencias se incrementaron. Por ejemplo, en las nuevas bases se exige que el o los proveedores den solo pechuga y pospierna de pollo, pues la pierna y el ala están excluidas. También se exige que a los presos se les de pavo en ocasiones especiales, que podrían llegar cinco al mes. Eso, según las fuentes vinculadas a empresas de catering aumenta los costos.

De manera general hay un cambio en la estructura de menú, el incremento de materia prima que se calcula un incremento de más del 25% del costo de la materia prima en relación con contratos anteriores. Adicionalmente se proyecta un incremento de costos de 10% de materia prima general, por la inflación y escasez a nivel mundial producto de la pandemia y la guerra.

La reducción de PPLs infiere mucho en la economía de escala, haciendo además el costo diferenciado por zonas más alto.

Las multas y sanciones son excesivas y sobre todo, no existen parámetros claros y objetivos ni procedimientos especificados para cada caso, dejando a la subjetividad de las autoridades y administrador del contrato la aplicación de las mismas, lo que puede mermar en el caso de que existiera, el pequeño y frágil margen de utilidad del servicio.

Estos son los TDR para la nueva contratación de la alimentación de los presos. Ver PDF

Según las fuentes, llama la atención la aplicación de sanciones cuando son responsabilidades que no se le puede atribuir solo al proveedor (control de plagas, por ejemplo, pues existen plagas en el centro que rodea la cocina, gestión de basura, entre otras). En las regionales tengo entendido que no hay como servir en todas partes preso por preso, si esto no se arregla y no es mi responsabilidad, luego por no servir así me multan, así se pueden acumular multas que me quiebren.

La provisión de la vajilla implica un gasto, dicen, de aproximadamente de 10 a 15 dólares por PPL. A eso se suma la reposición de la vajilla, lo que supone un costo excesivo y no necesariamente va a ser bien solicitado y pueden perderse por las cosas de inseguridad que pasa al interior de los centros y que son de conocimiento público.

Para las empresas ofertantes, también es polémico la obligación de supervisar la limpieza de la vajilla por parte de los presos, lo cual es poco práctico y además es altamente peligroso para el personal de servicio que deba realizar dicha supervisión, porque se exponen a malos tratos y amenazas.

Advierten que se exige también la contratación de PPLs en la cocina.  Con las condiciones actuales de inseguridad en los centros y en un porcentaje del 30%, genera temor por el resto del personal e incertidumbre sobre la capacidad de los PPLS para brindar un servicio en condiciones de calidad necesarias. 30% de PPls en regionales donde la cocina está cerca de la puerta es una locura, cómo los proveedores de comida puede controlar eso, no se dice; cómo se puede capacitar, tampoco. Cómo se hace para que no sea foco de contaminación o de vehículo de mayor ciminalidad, con 3 de cada 10 PPLs con acceso a cuchillos, fuego, cubiertos...

La implicación entre los TDR y el acta de preguntas y respuestas sugiere que las empresas van a tener que invertir en adecuación de infraestructura, lo que complica aún más los costos, esto tomando en cuenta que no está claro cuánto ni donde ni en qué tiempo van a tener que invertir en estos espacios.

Lo mismo ocurre con lo referente a inversión de maquinaria y demás insumos. Hay unos listados en archivos separados que no son claros, ni uniformes y confunden, dicen las empresas. Esto sin si quiera tener un anticipo. Es incierto el nivel de inversión que debe tener el proveedor. Han calculado en 1.2 millones, pero es algo tan incierto que les preocupa que se eleve incluso a más.

En las condiciones de las bases se dice que no se puede suspender el servicio de comida así no pague el Estado. Pero no se dice por cuánto tiempo puede estar moroso el Estado, y cuándo ya no es obligación del proveedor seguir con el servicio. Ninguna operación puede sostener eso indefinidamente, señalan.

Las bases piden inclusión de economía popular y solidaria, pero sin especificar procesos alternativos para asegurar la calidad. Para los empresarios del catering generalmente los pequeños productores pecuarios "no cumplen con los requisitos de calidad, cadena de frio, faenamientos necesarios que exige el SNAI. Esto puede ser un problema".

Piden cortes de proteína y tipos de proteína exclusivos. Por ejemplo, en las aclaraciones dicen que hay que dar pavo a los PPL en las fechas especiales. Los que implicarían unos cinco días al mes. Y al mismo tiempo se excluyen cortes como alas y piernas de pollo, pescado sin espinas, entre otros, necesarios para mantener calidad y variedad, y poder afrontar las distintas realidades como paros y crisis.

Las bases complican la provisión de materia prima y aún más la compra a pequeños productores pedidos como: “pollo empacado al vacío, pescado sin espinas, entre otros” además de que encarecen aún más la posible operación, dicen las empresas.

Se pide al proveedor garantizar la seguridad de las rutas, lo cual no es su competencia.

Se piden también exámenes microbiológicos, sin embargo, admiten no saber el costo, ni cuantos exámenes se realizarán durante el contrato.

Todas estas observaciones implican un incremento en el costo del servicio, el cual no es proporcional con las condiciones económicas planteadas por la institución (2,235, y ni siquiera con las condiciones actuales de 2,5), por lo que lo convierte en un contrato inviable, ya sea por su costo o por sus condiciones.

La jueza Larissa Ibarra, de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Samborondón, aceptó esta tarde la acción de protección que presentó Michelle Domenique Guerra de Andrés contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por designa a Raúl González Carrión como nuevo Superintendente de Bancos. 

Según la magistrada, en el concurso fueron vulnerados los derechos constitucionales del debido proceso, seguridad jurídica y participación de la ciudadana denunciante. Ibarra, el pasado 27 de julio, había acogido la medida cautelar solicitada y suspendió la posesión de González, que estaba prevista para el pasado viernes.

Ahora, en su nueva resolución, la jueza además impuso las siguientes medidas reparatorias, que son obligatorias:

1. La nulidad radical o de pleno derecho del proceso de designación de Superintendente de Bancos que desarrolló el CPCCS, a partir de la sesión N. 28 del 19 de julio de 2022, incluida la resolución No. CPCCS-PLE-SG-028-E-2022-965 de 20 de julio de 2022.

2. Ordena al CPCCS solicitar, de manera inmediata, al Presidente de la República el envío de una nueva terna que se someterá al procedimiento contemplado en dicho instrumento legal.

3. Conmina al CPCCS a realizar y seguir sus procesos de conformidad con la ley y la Carta Magna sin afectar derecho constitucional alguno de los ciudadanos ecuatorianos.

La jueza Ibarra sostuvo que esta resolución se ha basado en el artículo 24 de la Convención de Derechos Humanos que dice: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación a igual protección ante la ley”.

Esta no es la primera decisión polémica de Ibarra. El pasado 7 de febrero, revocó la medida cautelar que le fue otorgada a Sofía Almeida para que no fuera destituida de la Presidencia del CPCCS. Ibarra aceptó la acción de protección de Hernán Ulloa, quien después fue electo como titular del CPCCS en medio de una disputa que tocó fondo en esas fechas. También fue señalada por liberar a una banda de asaltantes de viviendas en la vía a Samborndón. Asimismo, el pasado 17 de abril, la magistrada revocó la prisión preventiva que había contra dos miembros de Los Lobo, una de las facciones de Los Choneros que pugnan por el poder, y los dejó en libertad.