Los Confidenciales
Cansado de que le digan, supuestamente, delincuente, asesino, mafioso y terrorista y de que también la cuestionen por presuntamente haber robado datos de periodistas y opositores para publicarlos en El Telégrafo, medio del que fue director durante parte del correato, Orlando Pérez, gerente de Radio Pichincha Universal, periodista de Telesur, y admirador confeso de Rafael Correa, se querelló contra Carlos Andrés Vera, simpatizante del presidente Guillermo Lasso y activista.
Pérez obtuvo de la justicia de Pichincha que se inicie el proceso de citación en contra de Vera, en el marco del juicio 17294-2021-00859 a quien acusa de calumnia por expresiones proferidas en su perfil de Twitter, desde 2016, la mayoría de las cuales, admite el propio querellante, ya están prescritas. El proceso está siendo tramitado por la jueza María Elena Lara.
‼️Se cometió un delito y quien lo hizo (@Polificcion) deberá responder ante la justicia. Solo pido un proceso justo y sentencia objetiva. Es lo mínimo que se espera de un estado constitucional de derechos, democrático que proteje y garantiza derechos en Ecuador‼️#NOMASHATE pic.twitter.com/ucIuYTcdbB
— Orlando Pérez (@OrlandoPerezEC) February 3, 2022
En su acusación, Pérez transcribe por lo menos once tuits de Vera, en donde el activista y cineasta comenta hechos como la acusación que recibió de maltratar a una pasante de El Telégrafo con quien mantenía una relación sentimental en Guayaquil; o la ocasión en que Fundamedios emitió una alerta sobre agresiones contra Pérez, lo que para Vera fue defender su derecho a "seguir siendo alfombra de Rafael Correa" o cuando lo llamó "Dinamita Pérez".
Entre los fundamentos de derecho de la querella, Pérez sostiene que Vera "se ha ensañado" con él, lo que ha afectado a dos hijas mayores de edad, quienes serían víctimas de acoso. Pérez precisa ante la justicia que dada la relevancia pública de Vera, sus opiniones le perjudican.
Pero en el mismo apartado, Pérez reconoce que las supuestas calumnias ya prescribieron, salvo dos tuits de junio y julio de 2021. Aquello se debe a que, aunque cita tuits ya bastante viejos, el ejercicio de la acción privada prescribe 6 meses después de cometido el delito, según el artículo 417 del Código Orgánico Integral Penal. En resumen: Pérez se queja a destiempo.
Hasta el cierre de este confidencial, Vera no había respondido al reclamo judicial de Pérez.
Dos conmemoraciones se recuerdan el 28 de enero. En 1912, el linchamiento del ex presidente Eloy Alfaro y 30 años después, en 1942, la firma en el antiguo Palacio Itamaraty del Protocolo de Río de Janeiro, suscrito por el canciller Julio Tobar Donoso.
En la cuenta de Twitter de la Cancillería se publicó este mensaje: “Este 29 de enero se cumplen 80 años de la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites, concebido para poner fin al conflicto fronterizo entre Ecuador y Perú. Esa fecha marcó un hito histórico con el país hermano”.
Lo que parecía un mensaje de mero trámite desató una tormenta en la Cancilllería, que concluyó con la destitución de una funcionaria de la Dirección de Comunicación, a la que el canciller Juan Carlos Holguín responsabilizó del tuit.
Las críticas provenieron de ex diplomáticos, como el ex vicecanciller y simpatizante del correato, Fernando Yépez Lasso, quien fue embajador de carrera del Servicio Exterior. Yépez apuntó directamente al canciller Holguín: “el comunicado de la Cancillería por el aniversario de la suscripción del Protocolo de Río de Janeiro es vergonzoso. Otra evidencia de la falta de formación y experiencia del flamante Canciller. La dignidad nacional no admite estos errores”. Según Yépez: “el Protocolo de Río de Janeiro fue impuesto por la fuerza, luego de una guerra de agresión, que significó la desmembración territorial de Ecuador y la negación de nuestros legítimos títulos y derechos territoriales. Ese instrumento no solucionó el problema territorial entre Ecuador y Perú”.
Como se recordará, tras la invasión peruana del 5 de julio de 1941 y el bombardeo de varias localidades sobre todo en El Oro, se acordó la firma del Protocolo, sobre el cual se planteó luego la tesis de la nulidad e inejecutabilidad, sobre todo, por parte del ex presidente José María Velasco Ibarra. Habría que esperar hasta 1998 para la suscripción de un nuevo acuerdo que sellaría la paz definitiva con el Perú.
Interpelado en Twiter, Holguín respondió: “Más allá de las diferencias personales que mantengo con Ud., coincido plenamente en que es vergonzoso el comunicado. El Protocolo de Río de Janeiro de 1942 fue un instrumento luctuoso y trágico que consagró una grave pérdida territorial para el Ecuador”. Y precisó que “No hay excusa que quepa, pero el Canciller no fue consultado y el mensaje se publicó de manera inconsulta por una funcionaria de carrera. He pedido su remoción inmediata pues no es posible que una funcionaria que ingresó en 1996 no conozca la historia. Le agradezco la alerta”.
El asunto no quedó ahí: Holguín efectivamente ordenó la publicación de un comunicado en donde dejó clara su postura, desautorizó a la funcionaria y dispuso borrar el polémico tuit.
COMUNICADO OFICIAL | El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana expresa su rechazo a los términos del mensaje emitido en relación con el aniversario de la firma del Protocolo de Río de Janeiro de 1942. pic.twitter.com/YftQ3S7xKo
— Cancillería del Ecuador (@CancilleriaEc) January 30, 2022
Foto: Policía Nacional. Fotomontaje: PlanV
La orden enviada a todo el país sobre las redes sociales. Ver PDF
Aunque ya no se usan los telegramas, algunas disposiciones que se emiten en la Policía siguen teniendo ese encabezado.
Con fecha 20 de enero de 2022, se emitió desde la Inspección General de la Policía la orden 2022-03-IGEN-TLG-D, dirigida a los directores generales, directores nacionales, comandantes de zona, comandantes de subzona, ISSPOL, Cesantía, Contigencia fronteriza, Jefes de Distritos, Jefes de Circuitos, jefes de unidades especiales y directores de las escuelas y a todos los funcionarios policiales en toda la República.
La orden fue firmada por el general Nelson Ortega, y en ella se citan varias leyes, entre ellas, la Constitución, el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana (que rige la Policía), y varios reglamentos internos y alude al problema de que varios policías "realizan publicaciones y comentarios en las distintas redes sociales", que en opinión del general, "atentan contra la disciplina y afectan la imagen institucional", por lo que resolvió prohibir, de manera terminante, "la publicación y emisión de comentarios de dicha índole", pues ello "desdibuja el carácter de jerarquizada, disciplinada y profesional" de la Policía. Ortega les recordó a los policías en general que están obligados a respetar "normas, principios y doctrina". Por ello, Ortega dispuso a todos los oficiales el control y supervisión de las redes de sus subordinados, para evitar que esto siga sucediendo.
Y aunque se trata de perfiles personales, el general dispuso que se respete una directiva de la Dirección de Comunicación de la Policía, que dispone que los policías entiendan "la gran responsabilidad" que es tener una cuenta en redes sociales, pues alguna publicación podría "repercutir negativamente en el ámbito institucional".
Para las opiniones, el manual recomienda "seriedad y buen porte policial" y siempre serán personales y no en representación de la institución. El manual también advierte de la "responsabilidad ulterior" de las publicaciones que puedan afectar "la imagen institucional".
Se precisa además que están prohibidas las opiniones personales que contradigan la "doctrina institucional" de la Policía.
El "telegrama" finaliza diciendo que todos los policías tienen la obligación de delatar a sus compañeros en caso de conocer de alguna infracción administrativa, como sería en el caso de violar estas políticas.
Hay policías muy activos en redes sociales, como es el caso del coronel Renato González, quien con frecuencia tuitea sobre el caso ISSPOL de manera coloquial.
Uyyy empezó el "efecto Ibáñez", a 6 días de su nombramiento y tal cual lo dijimos, patitas pa qué se hicieron jajajajaja. No era necesario ser clarividente para pronosticar este desenlace. ¿Y el jefe de seguridad también se irá a España? Capaz allá se disfraza de Cardenal https://t.co/o4ydsM1IzR pic.twitter.com/y2zlM89uaT
— Renato González (@RenatoISSPOL) January 27, 2022
La orden sobre las redes sociales se produce en momentos en que hay inquietud sobre las tablas salariales de la Policía, lo que motivó al Ministerio de Gobierno a emitir un comunicado al respecto el fin de semana.
[COMUNICADO] Ante la homologación de los salarios de la @PoliciaEcuador informamos que, el @MinTrabajoEc aprobó las reformas que se elaboraron desde 2019 para establecer las remuneraciones unificadas a fin de que se adapten a los nuevos grados establecidos en el COESCOP. pic.twitter.com/OWXnkimq8O
— Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) January 30, 2022
Foto: PlanV
Desde 2016, solo dos policías han sido condenados por actos de servicio en el Ecuador. Otros dos están en instrucción fiscal, uno en juicio y otros tres tienen sus procesos en etapa de impugnación. Las cifras fueron publicadas por la periodista de Ecuavisa, Jacqueline Rodas, quien cita fuentes oficiales de la Policía.
En contraste con las dos condenas, por lo menos 29 casos en donde se procesó a policías han sido absueltos, sobreseídos, declarados inocentes o archivados. Al mismo tiempo, se registran por lo menos 102 investigaciones previas contra policías en servicio activo, que sin embargo aún no se convierten en procesos judiciales.
Las cifras contrastan con declaraciones de abogados que han sostenido que habría más de 900 procesos contra policías, aunque para el abogado Hugo Espín, quien defiende ad honorem al policía Santiago Olmedo, la cifra puede incluir procesos administrativos y disciplinarios que se realizan al interior de la Policía y que no son acciones legales en el sistema judicial.
En diálogo con este portal, Espín precisó que la cifra fue entregada por la Dirección de Asuntos Internos de la Policía.
Se conoce que hay una unidad de abogados policiales dedicados a tramitar las causas contra los policías por cuestiones relacionadas con sus funciones, pero las cifras evidencian que la mayoría de los procesos contra los uniformados son desechados por la justicia, mientras las investigaciones en la Fiscalía solo han producido, hasta el momento, dos instrucciones fiscales.
No son 900 policías procesados como se ha dicho en estos días. Las cifras oficiales registran desde 2016 hasta la fecha:
— Jacqueline Rodas (@JacquelineRodas) January 27, 2022
▪️2 policías en instrucción fiscal
▪️1 en juicio
▪️2 condenados
▪️3 impugnación
29 absueltos, sobreseídos, inocentes o archivo
102 investigación previa
Luis Eduardo Guachalá tenía 23 años cuando desapareció. Trabajaba en albañilería.
El pasado 20 de enero, la Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Salud publicó en su cuenta de Twiiter: “Cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) en el caso Guachalá Chimbo y otros vs. Ecuador”. El texto está acompañado con una imagen con un párrafo adicional poco legible: “El Ministerio de Salud, en cumplimiento con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Guachalá Chimbo Vs. Ecuador ofrece disculpas públicas a las víctimas directas del presente caso”.
El escueto comunicado despertó el reclamo de organizaciones como Inredh y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) porque lo consideraron como revictimizante y una “falta de sensibilidad con las familias en búsqueda de su ser querido desaparecido y la nula voluntad del Estado para cumplir con la sentencia de la Corte IDH en el caso Luis Guachalá”.
Cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) en el caso Guachalá Chimbo y otros vs. Ecuador
— Coordinación Zonal 4 (@Salud_CZ4) January 20, 2022
Lee la resolución íntegra en → https://t.co/DZRjPT5Vjp pic.twitter.com/RiGWYNhSQg
Luis Eduardo Guachalá Chimbo, quien tenía epilepsia, desapareció en 2004 mientras estuvo internado en el hospital psiquiátrico Julio Endara de Quito. La Corte Interamericana de DDHH en su sentencia del 26 de marzo de 2021 falló a favor de su madre, Zoila Chimbo, quien ha sostenido que el Estado fue responsable de esa desaparición.
Las organizaciones recordaron que la sentencia, la Corte IDH dictó como medida de satisfacción lo siguiente: “que el Estado publique, en un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la Sentencia: a) el resumen oficial de la presente Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, con un tamaño de letra legible y adecuado, y b) la presente Sentencia en su integridad, disponible, por un período de al menos un año, en un sitio web oficial del Estado, de manera accesible al público y desde la página de inicio del sitio web (…)”.
La Corte ordenó además que el Estado realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del caso, en presencia de altos funcionarios del Estado y de los familiares de Guachalá Chimbo, como una medida de reparación,
El tuit con las disculpas solo se publicó en la Coordinación Zonal 4, que corresponde a las provincias de Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, pero no Pichincha, donde ocurrieron los hechos. El tuit circuló en redes sociales de hospitales públicos, pero no en la cuenta oficial del Ministerio de Salud, cuestionaron las organizaciones.
En marzo de 2021, el máximo tribunal de DDHH en la región señaló a Ecuador por su trato discriminatorio hacia Guachalá y su familia, y por la violación a su derecho a la salud. También creó un estándar para que todos los pacientes -incluidos aquellos con alguna discapacidad- sean informados plenamente de sus tratamientos.
Una recusación contra las integrantes de la Comisión Calificadora, Vanesa Andrade y Dunia Martínez, fue presentada por el polémico abogado de Guayaquil, Jorge Sosa, quien pidió que se difiera la toma de su prueba oral, que estaba prevista para este lunes 24 de enero.
La recusación fue negada por la Comisión, quien rechazó la analogía que Sosa intentó hacer con un proceso judicial y también los duros términos empleados por el postulante contra las dos integrantes. El documento fue enviado este domingo a las 21:00 y atendido a primera hora del lunes.
Tras negar la recusación, la Comisión Calificadora le contestó a Sosa que tiene la posibilidad de concurir este miércoles a rendir su prueba oral. En cambio, los postulantes Alejandra Cárderas y Richard Ortíz sí concurrieron a la prueba oral, que se rindió en una sala de audiencias de Corte Constitucional, en el centro norte capitalino. En el seno de la Comisión no se descarta que Sosa pueda promover un nuevo incidente con algún tipo de acción constitucional. Sosa superó una impugnación en donde se sostuvo que debía pensiones alimenticias y había formado parte de la directiva de Fuerza Ecuador (FE), el movimiento político de la familia Bucaram. También admitió haber absuelto una consulta legal de la defensa del narcotraficante alias Gerald.
Las pruebas tomaron cerca de media hora en la que los dos postulantes respondieron a preguntas de los comisionados sobre materia constitucional.
La semana anterior, en cambio, se tomaron las pruebas escritas, cuya notas se conocen pero sin los nombres de los postulantes. Las notas, sobre 40 puntos, van desde los ocho hasta las 39, pero no se conoce todavía de quiénes son los exámenes, actualmente identificados con un código.
Según explicó la presidenta de la Comisión, Vanesa Aguirre, "Cuando acabemos las pruebas orales, tenemos que pedirle al candidato que nos diga su nombre, sumamos la dos notas y de ahí pueden pedir revisión de puntaje. Un solo ejercicio. Luego de resolver los recursos de revisión ya estarían listas las notas finales", lo que podría ocurrir la próxima semana.
Las pruebas orales valen 40 puntos, 40 las pruebas escritas y 20 restantes se calificaron sobre los méritos de las carpetas de los postulantes.
Foto referencial: Diario El Universo
Rafael Correa volvió a sus raíces geográficas e ideológicas y se declaró totalmente en contra del proyecto de ley que pretende regular los casos de aborto por violación. En su cuenta de Twitter, el ex presidente, conocido por haber sido formado por católicos conservadores de Guayaquil y por las influencias que en su pensamiento tuvo la llamada "teología de la liberación" (una mixtura de integrismo católico y marxismo de moda entre algunos curas de los años 70), echó mano nuevamente de sus habituales sofismas, esta vez, para denunciar lo que considera es uno de esos "absurdos de la izquierda".
Si defender la vida es ser de derecha, pues lo soy.
— Rafael Correa (@MashiRafael) January 19, 2022
Para mí, primero estará la vida.
Con su mismo argumento, si el peor fascista está por el aborto sin límite de tiempo, entonces será de “izquierda”.
Son estos absurdos los que hacen tanto daño a la izquierda
Hilo… https://t.co/U8MSnJsRtM
El argumento del ex presidente es solo un recalentado de su viejo argumento del "check list", según el cual, la incoherencia ideológica no está mal porque se puede ser de izquierda para unas cosas y de derechas para otras. O amanecer conservador, llegar al almuerzo liberal y acostarse comunista. Una ideología "fluida", que es parte de los sofismas del conservadurismo criollo a la hora de deslegitimar principios ideológicos.
"Y sí, estamos preparando la Coalición Nacional por la Vida. Pronto habrá noticias", anticipó Correa, que con frecuencia pasa de su faceta de líder socialista a catequista católico en el mismo tuit.
Pero la semilla de la Coalición que anticipa Correa ya está puesta. Este 19 de enero se anunció una alianza que evidencia que en el país no hay tesis ni ideologías polícas sino puras opiniones personales. Y coincidir en su opinión sobre el aborto ha reunido a asambleístas costeños como Geraldine Weber (PSC), Ricardo Vanegas (PK), Pierina Correa y Sofía Espin (UNES), Marcos Molina (ID) y César Rohón (Ex PSC) en una cruzada contra el proyecto de ley en donde, siguiendo el sofisma de Correa, no están para respetar marcos ideológicos. Los seis asambleístas hablaron desde Guayaquil y anunciaron su oposición radical al proyecto y a varias de sus categorías.
Fotos: Asamblea Nacional y Reuters
Documento oficial del pedido a la presidenta Guadalupe Llori. Ver PDF
La asambleísta del correísmo (UNES), Jhajaira Urresta Guzmán, ha pedido formalmente a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, que el Pleno sancione a su colega Fernando Villavicencio con 30 días de suspensión, por la presunta falta grave que consta en el Art. 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa: Faltas administrativas muy graves. - Constituyen faltas administrativas muy graves: (...)
5. Expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional (...)”
Según la asambleísta, esto ocurrió "al agredir de palabra nuestro líder el ex presidente de la República, Eco. Rafael Correa y a mi persona".
Lo extraño de esta petición es que la asambleísta se refiere a un cruce de tuits que ocurrieron el 7 de octubre del 2021 y su petición es del 14 de enero del 2022, tres meses más tarde. ¿Por qué se acordó ahora? Porque, para Fernando Villavicencio, se trata de la campaña de reacción correísta por el informe de Alex Saab, porque el correísmo en pleno se ha dado por defender al acusado de lavado de dinero en Estados Unidos, llamado "el testaferro" de Nicolás Maduro.
Urresta le cuenta a la presidenta Llori que:
«el 7 de octubre de 2021, durante la sesión del Pleno N° 730 yo publiqué un Twitter:
«(sic) “ECUADOR ALERTA!!! Curul 136 es de @VillaFernando_ quien Vota en contra de la fiscalización de las cuentas Offshore de @LassoGuillermo. Ahí está la doble moral de los “INVESTIGADORES”
«Ya que era necesario que el pueblo ecuatoriano se entere que en la investigación de esta causa “Papeles de Pandora”, el presidente de la Comisión de Fiscalización no quería participar.
En dicho twitter, el señor asambleísta Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, me responde de la siguiente manera:
(sic) “Le juro Asambleísta @EGuzmanurresta que, con la misma independencia y rigurosidad, con las que investigué #ArrozVerde, causa por la @MashiRafael está sentenciado y prófugo, investigaré los #PandoraPapers y #PanamaPapers, Confíe en mí.
No conforme con esto el señor asambleísta Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, publica un nuevo mensaje con un re-tuit del mío:
(sic) “El fanatismo no le permite ver la realidad asambleísta @EGuzmanurresta voté en contra de la creación de una nueva comisión, porque ayer con el voto de sus coidearios la @FiscalizacionAN asumió ya la investigación. Deje el odio y mire el mundo en todo su esplendor.”
«Es importante puntualizar que la publicación de mi mensaje fue para demostrar a la ciudadanía que yo estoy legislando con imparcialidad y que los demás deben hacer lo mismo más aún el presidente de una comisión tan importante como la de Fiscalización, pero el asambleísta antes indicado abuso de su derecho a la réplica ya que dichos comentarios, atentan contra mí derecho a la honra, al buen nombre y al de los partidarios e integrantes de Revolución Ciudadana, promoviendo directa o indirectamente al odio, a la hostilidad y discriminación contra mí persona y Revolución Ciudadana como lo demuestro con los siguientes mensajes, que van más allá de libre expresión, y así, muchos más».
Dice en su queja, la Asambleísta, que "el artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República, señala que el deber más alto del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, aún más la de un ex presidente de la República, un líder fuerte (Ndlr. El resaltado es de ella) que impulsó la renovación de la identidad nacional, el cuál marcó un hito en la historia de nuestro país, el Eco. Rafael Correa y la mía que ha sido intachable en todo los aspectos hasta la actualidad".
"Es de conocimiento público, la aversión notoria del señor Asambleísta Villavicencio hacia el Eco. Rafael Correa y a todos los que conformamos la Bancada UNES; se ha evidenciado que este sentir le hace perder la objetividad, ya que en varios mensajes que circulan en redes sociales, en sesiones de Comisión y de Pleno de la Asamblea Nacional ha utilizado, frases, discursos con expresiones de odio, o discursos destinado a intimidar, oprimir o incitar al odio o la violencia contra los miembros de nuestra organización política y el Eco. Rafael Correa, empleando dichas expresiones de odio para acosar, perseguir o justificar las constantes faltas de respeto como lo demuestro con los mensajes anteriores".
Y asegura que: "se puede colegir que Señor Asambleísta Villavicencio tiene la intención de promover, incitar al odio y a acciones de rechazo, de vejación, exclusión, discriminación, y persecución en contra de nuestro máximo líder el Eco. Rafael Correa, de nuestros simpatizantes y a quienes pertenecen a la organización Política que muy altivamente pertenezco Revolución Ciudadana".
Fotos: Asamblea Nacional
Al menos 12 memes de distinto tipo, pero todos ofensivos contra la prensa, han sido soltados en redes por cuentas, sobre todo en Twitter, que se identifican con el correísmo.
A través de una alerta, Fundamedios dijo que pudo verificar —a través de su sistema de monitoreo— la circulación simultánea de una docena de panfletos digitales alusivos a negociados en los medios de comunicación, nexos políticos con el Gobierno de turno, advertencias de manipulación mediática y otros que utilizaban la imagen de periodistas y los grafican como seres corruptos y codiciosos.
Esta campaña fue lanzada en un momento políticamente sensible, dijo Fundamedios, por las investigaciones de casos de corrupción que los medios de comunicación informan. Las publicaciones se hacen desde cuentas con menos de 100 seguidores, junto con trinos que contienen insultos, descalificaciones y cuestionamientos a la labor periodística.
La periodista Tania Tinoco de Ecuavisa, que acompañó al presidente Guillermo Lasso al evento por la extensión de la reserva marina en Galápagos, fue centro de una serie de comentarios ofensivos, misóginos y de corte sexista que la atacaron por su condición de mujer periodista.
Esta es una serie de los memes lanzados y el tuit en contra de Tania Tinoco.
La reunión entre el presidente Iván Duque en el Palacio de Nariño con los legisladores de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sobre el caso Saab generó reacciones impensadas. Una de ellas, del escritor, guionista y periodista Daniel Samper Pizano, quien es además hermano del expresidente colombiano, Ernesto Samper.
En su muy leída columna de opinión, que circula los domingos, llamada Los Danieles, Samper Pizano arremetió contra Duque y los asambleístas, a los cuales calificó de "ultraderechistas", defendió a Piedad Córdoba y dijo que la entrega del informe y el informe de la Asamblea Nacional del Ecuador era un "mezquino montaje internacional".
«Hablando de caricaturas, vergonzosa la farsa que montaron Iván Duque y unos legisladores ultraderechistas ecuatorianos a fin de hacer daño a Juan Manuel Santos y Piedad Córdoba. Normalmente este tipo de “colaboración” internacional se gestiona a través de las embajadas y las entidades especializadas. Cada país valora la denuncia según sus leyes y pesquisas. La ceremonia de compinchería del presidente con sus vecinos equivale, en cambio, a una sentencia. Y más cuando el anfitrión afirma, como si él fuera juez, que se trata de “una exposición clara, detallada, certera” contra el reo internacional Álex Saab “y políticos colombianos y personas vinculadas a la contratación estatal”.
«Caricatura de denuncia. Caricatura de investigación que el mandatario remata al informar que Piedad Córdoba viajó en un avión del gobierno venezolano que también usaba Saab. Con ello intentaba vincularla a operaciones ilegales sin que exista acusación alguna contra ella. Caricatura la pomposa rueda de prensa presidencial en que los periodistas no pueden contrapreguntar ni exigir pruebas. Es un abuso que el jefe del Estado emplee su poder para incriminar mañosamente a sus enemigos políticos. Al posesionarse el fiscal Barbosa, Duque prácticamente le dictó a la sentencia que debía emitir en el caso del asesinato de Álvaro Gómez. Cuando las Farc confesaron su autoría y se le derrumbó el armario, ni siquiera se disculpó. Igual ocurrirá con este mezquino montaje binacional».
Foto: Caracol
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