Los Confidenciales
Fotos: Twitter de Jonnathan Carrera
El 23 de febrero próximo se cumplirá un año de la primera masacre carcelaria de la historia del Ecuador. En 2021, en total se produjeron cuatro masacres en los centros penitenciarios que dejaron 287 muertos. En medio de esa crisis, un informe de Inteligencia policial reveló que existen al menos 82 vulnerabilidades en las cárceles, entre ellas falta de tecnología y seguridades de todo tipo.
Una de esas falencias era la falta de candados. Por ejemplo, en el Centro de Privación de Libertad Guayas N. 4 las puertas eran bajas, deterioradas, oxidadas y sin candados. De acuerdo al reporte, el acceso al consultorio médico sería prácticamente libre, sin control de agentes penitenciarios ni candados. También el portón entre los pabellones de mínima y mediana seguridad no tiene seguridades físicas para impedir su ruptura, la del candado y las bisagras, lo cual lo volvía muy vulnerable en caso de amotinamientos. Esta situación se repetía en otros centros.
El 15 de agosto de 2021, se difundieron fotos de la cárcel de Latacunga con algunas puertas sin candados y amarradas con cuerdas de plástico, imágenes que resultaron ser ciertas, según el portal Ecuador Verifica.
Según el reporte de Inteligencia, la situación era peor en la cárcel de Turi. “En todos los pabellones y celdas no existe ningún tipo de seguridad (candados), por lo cual los señores Agentes de Seguridad Penitenciaria no pueden realizar un conteo en tiempo real de las PPL, en vista que los internos no los dejan ingresar”, explica el informe.
En la cárcel de Esmeraldas, las puertas y los candados estaban obsoletos además no tener scanner de rayos “X”, concertinas, que permiten el “fácil acceso para los privados de libertad”.
Adjudicación del contrato para la compra de 6.300 candados
A casi un año del inicio de la peor crisis carcelaria, el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI) adjudicó el pasado 5 de enero el contrato para la adquisición de 6.300 candados tipo barril para las cárceles del país.
Según el informe que justifica la compra de los candados, 26 de los 56 centros de privación de libertad necesitaban candados. Diez centros contestaron al SNAI que no los requerían y 20 no respondieron a la consulta de la entidad rectora en materia penitenciaria. Explica que los candados no han tenido mantenimiento y son golpeados por los internos.
Al 23 de agosto, en las bodegas del SNAI no había un solo candado para reemplazar los dañados. Después de una revisión, la institución identificó que eran necesarios 3.979 candados, pero decidió adquirir 6.300 para tener reservas en sus bodegas al tratarse de un implemento de seguridad recurrente. El SNAI afirma que estos mecanismos de aseguramiento temporal son constantemente destruidos por las personas privadas de libertad durante amotinamientos, riñas, y disputas de poder entre pabellones.
La licitación se abrió en noviembre de 2021. El costo de esta compra es de 153.594 dólares más IVA. Es decir 24.38 dólares cada candado. El proveedor será Miguel Carvallo, quien ofreció el mejor precio en una subasta inversa electrónica. Deberá entregar los primeros 1.300 candados 10 días después de la suscripción del contrato -que aún está pendiente- y las 5.000 unidades restantes en un plazo máximo de 90 días.
Esta fue la tercera convocatoria para la adquisición de candados en 2021. La primera se abrió en julio y la segunda en octubre de 2021, ambas fueron declaradas desiertas.
El presidente Lasso, el vicepresidente Borrero y el canciller Holguín en la posesión de éste, el 3 de enero de 2021. Foto: Flikr Presidencia de la República
El coronavirus logró colarse en Carondelet y obligó al presidente Guillermo Lasso a suspender un viaje a Zaruma y a continuar con su agenda de forma virtual, en lo que es una forma de aislamiento, según confirmó a este medio digital el secretario de Comunicación de Palacio, Eduardo Bonilla. Y es que el vicepresidente, Alfredo Borrero, confirmó en su cuenta de Twitter que tiene síntomas leves de la covid, lo que motivó que los miembros del Gobierno que estuvieron cerca de él se realizaran pruebas PCR.
Aunque seguimos todas las medidas de bioseguridad, esta vez me tocó a mí. Enfrentaré esta enfermedad con la confianza de estar vacunado. La pandemia sigue entre nosotros, cuidémonos y acudamos a vacunarnos. ¡Gracias por su apoyo! https://t.co/koMqunaVlp
— Alfredo Borrero (@ABorreroVega) January 6, 2022
El pasado lunes, el vicepresidente asistió a la posesión de Juan Carlos Holguín como ministro de Relaciones Exteriores. Asistió buena parte del Gabinete, asesores, familiares, periodistas y escoltas y granaderos, quienes se reunieron en el Salón Amarillo de Palacio.
En la mesa directiva, se ubicaron el presidente Lasso en la silla presidencial, y sus costados el vicepresidente y el flamante canciller. Las fotos del evento muestran a Borrero con mascarilla, mientras Lasso y Holguín, que iban a hablar, no la usaban.
Tras conocerse de los síntomas del segundo mandatario, todos quienes estuvieron cerca de él se realizaron pruebas de PCR para descartar la enfermedad. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, fuentes de la Cancillería confirmaron que Holguín y todo el equipo del Despacho se realizaron PCR, pero no se detectó ningún positivo. El canciller continuará con su agenda normal.
COMUNICADO OFICIAL | La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informa que los próximos días la agenda del Presidente de la República @LassoGuillermo se desarrollará de forma virtual. pic.twitter.com/ywzx7eSYLl
— Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) January 6, 2022
Quien suspendió su viaje a El Oro fue Lasso, quien, según anunció Carondelet, tendrá una agenda virtual por precaución. El miércoles, el presidente estuvo en Cotopaxi, en un evento al aire libre, en donde se realizó la presentación de un programa de créditos de Ban Ecuador.
Este portal se comunicó con el Palacio Nacional para conocer si se han detectado más casos en la sede del Gobierno pero hasta el momento no ha obtenido respuestas. Una fuente del entorno presidencial que habló a condición de no ser citado precisó que habría hasta 30 positivos entre los funcionarios de la Presidencia de la República. El secretario Bonilla dijo desconocer la cifra exacta de casos positivos que se han dado en la Presidencia.
El distributivo de los funcionarios de la Presidencia de la República, a noviembre de 2021 (el último disponible en la sección de transparencia de la web de Palacio) está encabezado por nueve funcionarios de alto rango, empezando por el propio presidente Guillermo Lasso. Se trata de la cúpula de Palacio, que aparece descrita como el nivel directivo de Carondelet.
En la nómina del Palacio hay, actualmente, dos consejeros de Gobierno: el ex vocal del Consejo Nacional Electoral, Luis Verdesoto Custode, y Andrea Balda Aspiazu.
Verdesoto, un experto en política, está a cargo de la lucha contra la corrupción, mientras que Balda quien es internacionalista y ex subdecana de la facultad de Administración y Ciencias Políticas en la Universidad Casa Grande de Guayaquil y asesora en Carondelet en temas como la integración regional y las relaciones multilaterales de la Comunidad Andina.
Además de los dos consejeros que están en nómina, hay otros que se desempeñan ad honorem, como Aparicio Caicedo, de la Fundación Ecuador Libre, o Juan José Pons, ex presidente del Congreso Nacional.
José Yunez es el secretario general administrativo de la Presidencia, mientras se desempeñan como asesores con distintos rangos y sueldos Kevin Gómez, Roger Juez Cabezas, Karen Sichel, José Ignacio Samaniego y Jaime Carrera Cárdenas, un experto economista quien es director ejectuvo del Observatorio de la Política Fiscal, una organización no gubernamental dedicada al análisis macroeconómico.
Gómez es un abogado y ex profesor de la Universidad de las Américas y es parte de Ecuador Libre, mientras Juez fue funcionario de la Contraloría y publicó un libro sobre la incidencia de la política exterior del presidente Gabriel García Moreno en la educación ecuatoriana. Sichel es una abogada graduada en la Universidad San Francisco de Quito, con una maestría en Oxford. Finalmente, Samaniego, quien cumple funciones de secretario privado del presidente, es un experto en finanzas y ex empleado bancario.
En Palacio, algunos dicen que ya no están haciendo encuestas, de las convencionales, al menos. Según un alto asesor del Ejecutivo, no se han hecho estudios de opinión pública recientes en Carondelet. Su alto costo -una encuesta nacional puede llegar a costar hasta USD 30 mil- sería una de las razones.
Y la otra razón es que en el entorno del presidente le apuestan más a las redes sociales, como Tik Tok, en donde un asesor externo continúa manejando la cuenta del primer mandatario. Los recientes anuncios de Lasso en Tik Tok suman más de siete millones de reproducciones y los "likes" parecen estar ayudando más al Gobierno a orientarse que los tradicionales "formularios" de los encuestadores de vieja escuela.
Otro eje en donde el Gobierno va a retomar su trabajo en internet serán los conversatorios en redes sociales como Facebook con actores ciudadanos, que Lasso posesionó durante la campaña presidencial. El objetivo sería tener una interacción directa e instantánea con los usuarios de redes que permita orientar la gestión del régimen. Volver a la carga en las redes sociales es uno de los objetivos en Carondelet para 2022.
Actualización:
Aunque para la preparación de esta nota habíamos contactado a miembros del equipo político del presidente Lasso sin obtener respuesta, tras la publicación recibimos un mensaje del secretario de Comunicación de la Presidencia, Eduardo Bonilla, quien nos pide hacer algunas precisiones.
"No puedo decirte con quien hago las encuestas por confidencialidad. Pero se hace una encuesta flash quincenal ( con 1786 casos) y una completa de 2500 casos al mes. Eso en términos cuantitativos. Hacemos también investigación cualitariva con 6 grupos focales, 1 vez al mes. Además, tenemos una herramienta que mide el sentimento en redes y otros indicadores, utilizando inteligencia artificial", explicó Bonilla.
El secretario precisó que el Gobierno está "constituyendo un gran sistema de información que nos permite conocer a profundidad las problemáticas de los ciudadanos".
Sobre quién está a cargo del proceso en el Palacio, Bonilla explicó que "el consultor a cargo es Juan Mateo Zúñiga y con el trabajo de un equipo multidisciplinar, se elaboran estrategias, entre ellas la de comunicación que es la que me compete". Bonilla contó que Jaime Durán Barba ya no forma parte del equipo político del presidente desde el final de la segunda vuelta. Zuñiga fue el estratega de la campaña de Xavier Hervas y en segunda vuelta se sumó al equipo de Lasso. Zúñiga está a cargo del tema desde hace un par de semanas.
"Las redes sociales constituyen sólo una parte de una estrategia integral que busca dar un hilo conductor tanto en territorio, relaciones públicas, vocerías, así como todos los puntos de contacto en medios ATL y digital", dijo Bonilla sobre el uso de Tik Tok, Facebook y otras redes, y admitió que el Gobierno busca recuperar terreno en lo digital: "más que reforzar, retomar. Dentro de la estrategia se consideran todos les medios tradicionales y digitales. Así como territorio y demás puntos de contacto con el ciudadano".
Bonilla reconoció que el presidente Lasso se ha alejado de las redes sociales: "sin duda el haber estado preocupado de vacunación, creación de empleos y otros temas, hizo que el presidente se alejara un poco de sus redes (y así lo dijo en su tiktok de regreso), pero ahora mucha gente le pide conversar con él directamente a través de estos canales digitales y así se está haciendo. Asimismo, se ha definido realizar cadenas radiales voluntarias todas las semanas (ya llevamos 3), así como visitas a territorio, instituciones públicas y sobretodo tomar contacto con las personas con quien se reunió en campaña y encontrarse para contarles que Juntos Cumplimos muchas promesas."
Consultado sobre si las recientes declaraciones sobre Leonidas Iza por parte del presidente Lasso responden a los resultados de una medición de opinión pública, Bonilla precisó: "No, para nada. El Presidente se ha referido a un hecho público conocido por todos en los hechos de octubre de 2019. Pero eso de ninguna manera cambia la política de apertura al diálogo del Gobierno del encuentro, en especial porque lo que sí muestran los estudios , es que los ecuatorianos estamos cansados de manifestaciones y queremos paz para trabajar. Hay un serio problema de desempleo, economía familiar afectada y de inseguridad que constituyen la principal prioridad a resolver por parte del presidente y del Gobierno", finalizó el secretario.
Foto: Twitter
Santiago Gangotena no pasa un día. El PhD en física y fundador de la Universidad San Francisco de Quito tiene más de 70 años, pero no los aparenta. Tras una relación de varios años, Gangotena se casó con la ex concejala y ex política socialcristiana, Macarena Valarezo, quien debió declinar su candidatura en las elecciones de 2017 por polémicas declaraciones.
La polémica ronda a la pareja, que se caracteriza por no tener filtro en sus intervenciones públicas. La boda, a la que asistieron pocos invitados, fue publicada por la ex concejala en su cuenta de Tik Tok. Se trata del segundo compromiso de ambos, pues se separaron de sus anteriores parejas. Valarezo tuvo una relación con el cantante Fausto Miño.
En la boda se evidenciaron las aficiones de la pareja, que se interesa por el budismo y la culturas orientales, en cuyas vestimentas se inspiraron los trajes de ambos. También se retrataron ante un costoso vehículo, que algunos dicen fue el regalo de bodas (aunque más parecía un vehículo decorado para la salida de los novios). La pareja desmintió esa parte de las versiones en redes sociales aunque confirmó su matrimonio.
Al inicio de la gestión de Jorge Yunda, ambos se acercaron al ex alcalde como asesores externos del Municipio, sobre todo, en el ámbito educativo, pero luego se distanciaron de Yunda y su entorno. Pero ahí fue que empezó a hacerse pública la relación entre ambos.
Santiago Gangotena: pic.twitter.com/ZAqHxXK4o6
— Carlos Andrés Vera (@Polificcion) January 18, 2020
Valarezo djo en un debate radial que:“A mí lo que me da terror es que vuelva otro muerto de hambre a la Presidencia y se arregle la vida en cuatro años. Perdónenme que les diga eso, pero es preferible tener a un empresario probo, a una persona que ha demostrado saber hacer empresa y que sabemos que no necesita estar en el gobierno para aumentar sus riquezas ni para ser el hombre más rico aquí o en Ginebra, en Suiza o aquí y en los diferentes ‘Panama papers‘ y los paraísos fiscales (…) sino que simplemente veamos en este momento lo mejor que es para el país”. La polémica por las declaraciones llevó a Valarezo a declinar su candidatura por Compromiso Ecuador en 2016.
La boda. En Quito se casaron la ex concejal y ex reina Macarena Valarezo con el fundador de la Universidad San Francisco, el físico Santiago Gangotena. pic.twitter.com/3dkwMAK6Fs
— LaHistoria (@lahistoriaec) December 19, 2021
Foto: Twitter
La aprobación, en la Comisión de Fiscalización, del informe sobre las operaciones de Álex Saab en Ecuador se demoró, sobre todo, por los cuestionamientos de la asambleísta por Guayas (PSC) Soledad Diab, quien enfiló contra el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, y su entorno. La Comisión aprobó el documento con cinco votos, mientras que el correísmo y Diab votaron en contra. Villavicencio anunció que no se retiró ningún nombre de los presuntos involucrados.
La pasada semana se espera que el informe pudiera ser aprobado en la sesión convocada para la mañana del viernes, pero eso no ocurrió. Algunos de los integrantes de la Comisión tenían planificado ir a Miami, Florida, para entregar a la Fiscalía norteamericana el documento, así como a Bogotá, Colombia, para realizar la misma gestión. También, entregarlo a la Fiscalía ecuatoriana como una noticia de un delito para que reabra una investigación que fue archivada durante el correato.
Pero la aprobación se demoró por falta de quórum y apoyo político, a pocos dias de que inicie la vacancia legislativa, este 16 de diciembre. El correísmo insistió en presentar un informe de minoría, que defendió el funcionamiento del sistema de compensación SUCRE, infraestructura estatal que fue utilizada, presuntamente, para lavar dinero.
En un comunicado, la asambleísta señaló que la Comisión se ha quedado sin quórum, y que no se le ha permitido leer todos los documentos para dar sus aportes al informe. Agregó que había "prisa" en la Comisión para traducir el informe al inglés e inclusive para entregarlo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Según la legisladora, Villavicencio le amenazó con investigarle por filtrar el borrador del informe, pues un banco de Guayaquil se dirigió a la Comisión sin haberlo mencionado oficialmente, aunque ella sostuvo que no nunca lo tuvo, y contraatacó acusando a periodistas como Marlon Puertas, de La Historia, de concurrir a la Comisión y anunciar las conclusiones de un informe aprobado que no ha sido aun conocido. La legisladora arremetió contra el entorno de Villavicencio y señaló que una de las asesoras de la Comisión es sobrina suya. Según fuentes de la Asamblea, varios personajes del círculo socialcristiano y algunos asambleístas de Guayaquil estarían relacionados con la trama de Saab, lo que explicaría la actitud de la legisladora.
De “LA CULPA FUE DE LA SECRETARIA", ahora pasamos a "SE LES FUE EL CUÓRUM". #LaHistoriaDelCuórum pic.twitter.com/pzbRsHi7r2
— Soledad Diab (@SoledadDiab) December 12, 2021
De su lado, el periodista Marlon Puertas, a quien la representante de Guayas acusó de ser el verdadero autor de "la sintaxis" del informe (se refería al borrador del documento), negó las afirmaciones de la legisladora.
Qué perdida está la legisladora Diab. Gracias a que ahora "vivo metido" en la Asamblea, hemos podido publicar sobre más carnets de discapacidad, diezmos, almuerzos VIP, Spas, pactos y repartos que pasan por estos lares. Y seguiremos. https://t.co/nBjbLOjtEG
— Marlon Puertas (@marlonpuertas) December 10, 2021
La Historia agregó que Arturo Tello, el asistente de Rafael Correa en sus sabatinas, ahora trabaja en el despacho de la socialcristiana.
De las sabatinas a la Asamblea. Arturo Tello Espinosa, quien estuvo en las sabatinas del gobierno de Rafael Correa, ahora es asistente en el despacho de la asambleísta socialcristiana @SoledadDiab. pic.twitter.com/u9tGiUei8q
— LaHistoria (@lahistoriaec) December 11, 2021
La embajada de Estados Unidos resolvió mover el avispero en el Ecuador tras algunos casos y hechos que, para la misión de ese país, representan señales claras de que el Estado ecuatoriano puede sucumbir ante el embate del crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico y la legalidad criminal.
Las declaraciones del embajador Michael Fitzpatrick al periódico digital Primicias han causado un remezón en las principales autoridades del Ecuador en temas de seguridad y defensa. El embajador fue soltando algunas prendas a lo largo de la conversación con la periodista Adriana Noboa:
"...en este momento, a pesar de los éxitos del Estado ecuatoriano en contra de los carteles, es obvio que hay grupos dentro y fuera del país que quisieran debilitar la democracia y el Estado de derecho, corromper el sector privado y al sector público".
"Esta semana está el caso de los ‘narco generales’ y ya hemos retirado visas. No puedo mencionar nombres".
"Nadie puede esconderse detrás de una túnica judicial para cometer crímenes. Pero ya estamos investigando todos estos casos y otros como Petroecuador, compras públicas en el sector de salud, esto incluye a los jueces, abogados, funcionarios públicos o privados. Cuando tenemos evidencia e información contundente en estos casos estamos quitando visas. Y colaborando en los casos que tienen nexos con Estados Unidos, sea en lo financiero o en otras acciones tomadas en nuestro país".
Pero la frase que encierra la justificación de las denuncias anteriores se refiere a que: "cuando la sociedad no quiere participar en la defensa de su propio Estado de derecho y de su democracia ya estamos jugando a la defensiva y hay que jugar ofensivamente, para defender la democracia con orgullo y con franqueza sobre nuestras limitaciones".
Esa necesidad de despertar al país y obligarlo a "jugar ofensivamente" es lo que llevó a Estados Unidos a una intervención de esa naturaleza por medio de su embajador en Quito. Según fuentes vinculadas a la cooperación con EE.UU. en materia antidrogas, las declaraciones fueron muy meditadas y destinadas a "mover el avispero" o dar un "golpe en la mesa".
Según las mismas fuentes, la decisión de dar estas declaraciones se tomó luego de la decisión de una jueza de devolver a cuatro generales no ascendidos a la Policía Nacional. La fuente evitó relacionar esas declaraciones del embajador con el caso en específico o si se refería a ellos cuando habló de "narcogenerales".
Para la defensa de uno de los generales en esta demanda en contra de la comandante de Policía, Tanya Varela, esas declaraciones se tratarían de una presión indebida al sistema de justicia. La decisión de la jueza fue apelada por la defensa de la general Varela y debe ser resuelta por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Pero otras fuentes que hablaron con Plan V a condición de reserva dijeron que el mensaje va no solo al sistema de justicia y cómo viene actuando en temas de corrupción (la salida de Ricardo Rivera, tío de Glas, las decisiones de los jueces sobre los acusados en la corrupción en los hospitales, la protección política en la Asamblea a la corrupción en el caso Saab e ISSPOL...), sino también a la Corte Constitucional y, sobre todo, al ministerio de Gobierno y a la Policía Nacional. Es la primera vez que Estados Unidos menciona directamente la existencia de una penetración del narcotráfico en la fuerza pública incluso al más alto nivel de mando, y no se conoce si el embajador haya dicho lo mismo en privado a las autoridades ecuatorianas.
Para Estados Unidos, Ecuador y sus autoridades no están dimensionando el peligro que esto significa para el Estado y la sociedad ecuatorianas la situación de penetración del crimen organizado en las instituciones, en la fuerza pública y en el propio sistema normativo ecuatoriano.
Aunque el embajador de EE.UU. dice que Guillermo Lasso es un gran aliado de su país en esta lucha, la situación de cooperación antidrogas no está en su mejor momento. La reunión de la ministra Alexandra Vela con algunas autoridades estadounidenses no fueron del todo cordiales, sobre todo, se dijo en el entorno de la ministra, un alto delegado de la DEA en el Ecuador habría dicho que el país debía "agradecer" a Estados Unidos por la cooperación internacional. La reacción de la ministra fue que Ecuador reconocía la asistencia estadounidense, como lo hace con todos los países del mundo, pero que eso no implicaba "hacer genuflexiones" por una "ayuda", que significa un poco más de diez millones de dólares y "aunque fuera mucho más" Ecuador era un país soberano. El impase fue zanjado por una alta autoridad del Departamento de Estado que visitó el país y propuso términos más adecuados para la relación diplomática entre los dos países.
El gobierno reaccionó con un comunicado a las declaraciones de Fitzpatrick. Dijo, en concreto, que no hay un solo oficial general en servicio activo al que se le haya retirado la visa estadounidense y pidió al embajador de EEUU "cordialmente" que entregue información relacionada con el tema a las autoridades ecuatorianas para que sea entregada a las entidades pertinentes.
El alto mando policial ha tomado las declaraciones de Fitzpatrick con prudencia, supo Plan V, y algunos de sus miembros consideran que puede ser una oportunidad para la actual promoción al mando de demostrar su compromiso con la lucha contra el crimen organizado.
Foto: Diario El Universo
El juez de Garantías Penitenciarias, José Luis Jiménez, prohibió a Ricardo Rivera volver a hacer negocios con su tío, el exvicepresidente Jorge Glas. Esta disposición se encuentra en la sentencia escrita que benefició a Rivera con el régimen semiabierto, es decir pagará el resto de su condena en su casa. La resolución fue publicada en el sistema judicial, este domingo 12 de diciembre. Entre las medidas que dispuso para prevenir la reincidencia de Rivera, el juez dictaminó: “A efectos de cumplir con los fines de la pena, prevenir el cometimiento de un nuevo delito, de garantizar la seguridad ciudadana en general, se prohíbe al ppl (persona privada de libertad) que tenga contacto o vínculos de negocio con los coprocesados que fueron sentenciados conjuntamente con el delito que fue beneficiado en este régimen semiabierto”.
El 23 de enero de 2018, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia condenó a Rivera, Glas y a Carlos Alberto Villamarin, Édgar Arias Quiroz (fallecido en la cárcel por Covid) y Ramiro Fernando Carrillo a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. Según el juez Jiménez, Rivera ya cumplió con más del 60% de la condena, que es uno de los requisitos para acceder a ese beneficio penitenciario. Otro requisito era tener una buena conducta de mínimo 5 puntos. Según la resolución, Rivera tuvo un puntaje de 7.61. El juez en su análisis también tomó en cuenta las vulnerabilidades de Rivera, quien es un adulto mayor y con una afección cardiaca. La audiencia se dio el pasado 7 de diciembre y dos días después Rivera salió del Pabellón de Atención Prioritaria del Centro de Privación de la Libertad (CPL) Guayaquil Número 4, de Guayas.
Además de ordenarle no tener negocios con los procesados en su misma causa, también le prohíbe “realizar actos u omisiones (que) tengan como resultado la apertura de una nueva causa penal” y consumir drogas (marihuana, cocaína, heroína, etc.) y bebidas alcohólicas dentro del régimen semiabierto.
El juez dispuso que Rivera lleve un grillete electrónico y solo pueda moverse en la provincia del Guayas, donde está domiciliado. Sin embargo, hizo una excepción para que el tío de Glas pueda ir a Quito a diligencias correspondientes a una investigación previa en la que estaría vinculado. “Solo podrá ir a Quito a cumplir actividades respecto de esa investigación previa para no limitar el derecho a la defensa que tiene toda persona”.
Foto de Ricardo Rivera: API
Foto: Diario El Comercio
La concesión de beneficios en su condena al tío de Jorge Glas, Ricardo Rivera, reactivó la duda sobre si el Gobierno pactó o no pactó con el correísmo aspectos como beneficios carcelarios para Jorge Glas y su entorno a cambio de la abstención que salvó la reforma tributaria.
Ricardo Rivera, sentenciado a 6 años por el caso Odebrecht, espera salir libre en las próximas horas con régimen semiabierto concedido por Luis Jiménez. Como medidas de control debe cumplir al menos 13 puntos. Entre otros prohibición de salida del país y tratamiento sicológico.
— Marieta Campaña V. (@Marietareina) December 7, 2021
En privado, y según una alta fuente de Palacio, no hubo ningún pacto ni se llegó a negociar con el correísmo su abstención, sino que ellos "se equivocaron" al abstenerse de votar por el archivo de la ley, entiendiendo que la negativa de los informes ya implicaba ese archivo. Desde la visión de Carondelet, fue un "error inducido", algo similar a las "jugadas maestras" que reivindicaban en su momento los morenistas.
Asambleístas del propio correísmo, sin embargo, admitieron que la situación de Glas, quien cumple una condena en el penal de Latacunga por los sobornos del caso Odebrecht, estuvo sobre la mesa en todas sus operaciones políticas, pues consideran que deben intentar obtener mejorar la situación de su ex vicepresidente.
En público, el embajador itinerante y ministro sin cartera del régimen, Juan Carlos Holguín, cuestionó en Twitter al periodista Andersson Boscán, de La Posta, cuando este sostuvo que los beneficios para Ricardo Rivera formaban parte de un "pacto de la impunidad", aunque no mencionó al Gobierno ni lo responsabilizó de eso. Holguín le preguntó a Boscán si se refería a los jueces o a quién con la afirmación sobre el supuesto pacto. Un caso típico descrito en aquella frase latina: Excusatio non petita, accusatio manifesta.
Ricardo Rivera, el tío de Jorge Glas al que vimos contando billete en enormes maletas sobre la mesa y pedir 8 millones de dólares para la campaña de su sobrino, saldrá en libertad. Saldrá sin devolver un centavo.
— Andersson Boscán (@AnderssonBoscan) December 7, 2021
Es el pacto de la impunidad.
En su respuesta a Holguín, Boscán fue más allá, y sostuvo que dado que el Gobierno maneja el SNAI, su papel es clave para que Glas y otros de su entorno puedan obtener beneficios penitenciarios. "Lo que se ve no se pregunta", le dijo, citando a Juan Gabriel.
Lo que se ve no se pregunta, decía Juan Gabriel, querido Juan Carlos. El Gobierno maneja el SNAI, cuyo informe es vital para que los pillos sean favorecidos en la Justicia.
— Andersson Boscán (@AnderssonBoscan) December 7, 2021
Para nadie es sorpresa que esto pasaría: ¿Valía esto una reforma tributaria?
No. No lo valía. https://t.co/yr4u22uKTy
Foto: Diario El Comercio
La exitosa reapertura de las escuelas y colegios y el regreso de estudiantes y maestros a clases presenciales constituyó el indicador más esperanzador de avance en esta lucha contra la pandemia. Un informe de cierre de gestión de la administración Moreno había determinado que cerca de cien mil estudiantes habían abandonado sus estudios, sobre todo en las zonas rurales y empobrecidas de las grandes ciudades, por las dificultades de acceso a las telecomunicaciones y por la imposibilidad de acceder a la educación virtual. Una serie de males confluyeron para esto. Por lo que el retorno a las clases presenciales era un imperativo de los hogares y sobre todo de los niños y niñas. A eso se agregaba la no menos importante salud mental y emocional de los hogares.
Para el 30 de noviembre del 2021, el propio Ministerio de Educación había reportado que el 66% (10.680) de las escuelas a escala nacional había retornado a clases presenciales. De las cuales 7.172 estaban en la zona rural. Y los contagios fueron míminos: 0,005% casos en estudiantes (43 casos de 922.300 estudiantes) y 0,0043% en maestros. Apenas 33 escuelas debieron hacer cercos epidemiológicos.
Con estas cifras exitosas, resultó sorpresivo que el COE y el Gobierno nacional decretaran la suspensión del proceso de retorno a las clases presenciales hasta el 3 de febrero, a propósito de la alarma mundial (infundada para muchos expertos) de la nueva variante del covid, llamada Omicron por el nombre de la letra O en el alfabeto griego.
Informe del Ministerio de Educación sobre el retorno a clases presenciales. Ver PDF
Una de las entidades que ha cuestionado esta decisión es la Unicef. Para sustentar su oposición a la medida, el organismo de las Naciones Unidas para la infancia citó un monitoreo propio en el cual se reflejaba que el 70% de los hogares con niños, niñas y adolescentes que están en clases presenciales sostuvo que la reapertura ha sido un proceso positivo e incluso altamente positivo. La encuesta de Unicef demostró que el 95% de estos hogares conoce los protocolos y alrededor del 90% aseguró que se ha implementado el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, y el lavado de manos con agua y jabón.
Según el estudio, en 9 de cada 10 hogares, los niños han mejorado su estado anímico con el retorno a clases, y en 8 de cada 10 familias, los niños se sienten más motivados a aprender. La experiencia de las primeras instituciones educativas que han reabierto, dijo la Unicef, "demuestra que las escuelas no son un foco de contagio y que un retorno seguro a las aulas es posible: los protocolos se cumplen, los niños están felices y aprenden más con las clases presenciales".
En contraposición, solo el 47% de los estudiantes que aún no han vuelto a clases presenciales está contento, y el 70 por ciento afirmó que está aprendiendo menos. Este último dato ha incrementado en diez puntos con respecto al año anterior, cita la Unicef.
Pero solo un millón de estudiantes (25% del total) han vuelto a las aulas, señala el organismo, lo cual significa que todavía el 75% de los estudiantes del país continúa sin acceder a la educación presencial. El país tiene 4'314.777 estudiantes.
“Hacemos un llamado al Comité de Operaciones en Emergencia (COE) a revisar la decisión de posponer la reapertura de escuelas. El riesgo de que los niños no asistan presencialmente a clases es demasiado alto y se agrava cada día que pasa, en especial para los más vulnerables, quienes están más expuestos a trabajo infantil, violencia y explotación”, dijo Juan Enrique Quiñónez, representante a cargo de Unicef Ecuador.
"El no acudir a clases presenciales genera pérdida de aprendizaje para todos los niños, niñas y adolescentes, amplía la brecha entre quienes tienen recursos para continuar con la educación a distancia y quienes no, además, supone menores posibilidades de desarrollar habilidades sociales y repercute en mayor medida en la salud mental", dice el organismo, y advierte:
Los niños, niñas y adolescentes no pueden seguir lejos de las aulas, de sus docentes y compañeros, su bienestar físico y mental, así como su desarrollo y aprendizaje, están en juego.
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