Los Confidenciales
José Adolfo Macías Villamar, mejor conocido como alias Fito, contó detalles de la liberación de su hija Michelle Macías y de su amiga, María Villavicencio, quienes fueron secuestradas la noche del pasado miércoles 17 de noviembre.
La liberación ocurrió a las 20:50 de este domingo, 21 de noviembre. La Unase las recogió en El Aromo, Manabí. Fueron llevadas al hospital Santa Marta para una revisión médica, donde se confirmó que estaban en buen estado de salud, informó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.
“En estos dolores, uno se da cuenta que de las personas que menos piensa, que tus propios enemigos se unieron a la causa. ¿Por qué? Porque ellos también tienen hijos y que les hagan lo mismo. Los problemas son con uno, no con la familia. Son códigos, como lo dice el video, códigos que se rompieron”, manifestó en un video que divulgó un medio local.
Alias Fito, quien es uno de los líderes de Los Choneros, confirmó el rescate de las jóvenes. Desde un celular atendió entrevistas de medios locales y divulgó un video donde agradeció a la Policía, a la Unase (unidad antisecuestros), al SNAI y al Gobierno.
Habló de la paz y de “limar asperezas con personas dentro de las prisiones”. “De la violencia no ganamos nada, muchos dirán que pelean (por) algo, y el día en que uno se muera no se llevan nada”.
En otro video, aparece sentado junto a una figura religiosa y detrás hay un cartel que hace alusión a la paz. Dijo que aquella figura le regaló su hija Michelle. Aseguró que tras el secuestro de su hija no pensó en posibles retaliaciones. Manifestó que lleva 10 años en prisión, pero que se ha “reivindicado”. “Me hice abogado, gracias a Dios tengo dos diplomados y estoy con una maestría”.
En 2012, alias Fito fue condenado a 25 años de prisión por asesinato. Pero un año después se escapó de la cárcel La Roca de Guayaquil, junto a otros ocho integrantes de su banda. Fue recapturado tres meses después.
Pero la cárcel no impidió que siga al frente del grupo delictivo que actuaba sobre todo en Manabí. En junio de 2017, cayó parte de su estructura conformada por 36 miembros. Se dedicaban a atentados contra la vida, robo de vehículos, extorsión, clonación de vehículos robados, comercialización de repuestos, microexpendio de droga, enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria, tráfico de influencias, entre otros delitos. Tras esta acción policial se informó que Fito sería el brazo armado de alias Gerald, mejor conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano y el único connacional que cumple una condena en EEUU.
En ese proceso por delincuencia organizada, la Fiscalía estableció que Fito era el encargado de coordinar los envíos de gasolina mediante barcos desde Manta y Jaramijó, para que se abastecieran las lanchas rápidas que llevaban la droga. A través de interceptaciones se conoció también que desde la cárcel mantenía contactos telefónicos directamente con Gerald y sus abogados. En una de ellas se le escucha decir que “vienen ciudadanos de la tierra de Vicente Fernández”. Pero también se lo mencionó “como el presunto autor del robo de tres millones de dólares en efectivo” de una caleta ubicada en Manta, según el expediente de ese caso. Por ese caso, la Fiscalía pidió 28 meses de cárcel para alias Fito. Pero como él ya estaba en prisión esa pena no se sumó. Tras este caso, se conoció las vinculaciones de esta agrupación con un capitán de la Policía, quien en 2017 fue hallado colgado en una celda de la cárcel de Latacunga.
“Lo que han hecho es algo que no se ha visto en Ecuador, tal vez sí en otros países, aquí había códigos, pero los códigos se rompieron. Yo he tratado de tener una paz, un diálogo, para que todas las personas de las cárceles convivan con tranquilidad. Ya pasaron cosas feas, pero ya pasó”. En lo que va del año, han ocurrido cuatro masacres en las cárceles del país, siendo la Penitenciaría del Litoral el escenario más frecuente.
Después del asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias JL o Rasquiña, el mando de Los Choneros quedó a cargo de alias Fito y alias JR. Pero esto no gustó a las facciones del grupo más violento del país señalado por estar vinculado al narcotráfico, sicariato y otros delitos. Desde entonces hay una disputa entre Fito y JR y estas facciones, entre ellas Los Tiguerones y Los Lobos, que ha dejado 321 muertos en las cárceles y el aumento de muertes violentas y selectivas en las calles.
En ese video, pidió a todas las personas que están en las cárceles hacer un consenso y llegar a un acuerdo para “poder vivir”.
“EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR POLÍTICAS DE PROTECCIÓN A LOS PERIODISTAS Y MEDIOS”
Ecuador, 18 de noviembre de 2021
Alexandra Vela, Ministra de Gobierno;
Luís Hernández, Ministro de Defensa;
Eduardo Bonilla, Secretario de Comunicación de la Presidencia y
Jeannine Cruz, Presidenta del Consejo de Comunicación.
De nuestras consideraciones,
Las organizaciones de la sociedad civil que tenemos como ámbito de nuestro trabajo la defensa, protección y promoción de las libertades de expresión y de prensa en Ecuador, consideramos extremadamente grave el incremento de agresiones contra periodistas y medios de comunicación registrados en los últimos meses, la mayor parte de ellos por acción de las fuerzas de seguridad del Estado, que son aquellos que deberían garantizar la seguridad de los periodistas, incluso en situaciones de vulnerabilidad y riesgo.
Octubre fue el mes en que más agresiones contra la prensa se registraron, desde que el presidente Guillermo Lasso llegó al poder. Seis de estas agresiones fueron protagonizadas por elementos de la Policía Nacional. A continuación, detallamos algunos:
Daniela Moina, periodista del Diario Extra, denunció a través de su cuenta de Twitter que la Policía Nacional le impidió tener acceso a información de un fallecido en circunstancias particulares en el sur de Quito.
El Coronel de la Policía Nacional, Rafael Marcelo Pérez Aguirre, envió una carta al periodista de Código Vidrio, Arturo Torres, en la que, con términos amenazantes, solicitó conocer la fuente del periodista y, además, descalificó su trabajo luego de que el comunicador lanzó un trino en Twitter.
El periodista de Ecuavisa, Paúl Romero, fue presionado por una persona que se identificó como integrante de Inteligencia de la Policía Nacional y le solicitó revelar la fuente de un documento sobre el mal estado de los vehículos policiales en Guayaquil por falta de mantenimiento.
Pamela Morante y Starlin Merchán fueron agredidos por miembros de la Policía Nacional mientras realizaban una cobertura de las manifestaciones del 26 de octubre en el sector de la T de Daule. Según versiones ofrecidas por la periodista, los uniformados les propinaron varios golpes mientras se encontraban realizando la cobertura.
Ese día, por la tarde, el periodista de Ecuador Chequea, Félix Amaya, recibió un disparo a quemarropa con una bala de goma que impactó en su pierna izquierda y que fue propiciado por un miembro de la Policía Nacional durante la cobertura de las protestas en el Centro Histórico de Quito, a pesar de que él asegura que se identificó como periodista y portaba su carnet.
Estos incidentes son parte de una escalada que se ha venido produciendo en los últimos años, en los cuales los periodistas en coberturas de riesgo se convierten en blancos del ataque de aquellos que deberían propiciar su seguridad. En ese contexto, señalar que el más alto riesgo para la prensa constituye el crimen organizado y el narcotráfico no es correcto y aparece como una coartada para encubrir el verdadero problema: La Policía y las Fuerzas de Seguridad del Estado no actúan con ningún protocolo de respeto y garantía al trabajo periodístico, simplemente porque no existe una política pública de protección, seguridad y garantía del trabajo periodístico.
Sin embargo, lo que refleja una situación desbordada en la acción de la Fuerza Pública hacia el periodismo es el hecho de que, solo entre el 09 y el 10 de noviembre, registramos 9 agresiones contra la prensa y en 7 de ellas el agresor fue el Estado.
Exponemos los casos más graves protagonizados por las fuerzas del orden: el periodista Jonathan Quezada del medio JQ Digital EC fue agredido y retenido arbitrariamente por integrantes de la Policía Nacional durante una cobertura en Guaranda. Miembros de la Seguridad Presidencial empujaron a periodistas de medios de comunicación e impidieron que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, diera declaraciones a la prensa. De igual manera se registraron otras agresiones de manera pública en Guaranda, el Estado y la Policía no estuvieron prestos a proteger a dos periodistas azotados con boyeros.
Consideramos que estas actuaciones merecen acciones inmediatas, pero más que nada, que de una vez por todas se adopten políticas públicas, no acciones aisladas y mucho menos medidas parche. Es imperante proteger el trabajo periodístico y garantizar la seguridad de las y los periodistas del Ecuador.
En ese sentido, queremos señalar que se deben determinar políticas de protección específica para las periodistas mujeres, pues es notorio que es un sector que está expuesto a sufrir agresiones específicas solo por su condición de mujer; es el caso de las periodistas de UDLA Channel, Dayana Escobar y Vanesa Cifuentes que fueron agredidas por un desconocido mientras realizaban una cobertura en las afueras del Hospital Baca Ortiz, cuyo guardia de seguridad no les abrió la puerta, para resguardarlas de su atacante.
Tampoco olvidemos que la impunidad alimenta la violencia contra periodistas, por lo cual hacemos el llamado para que se desclasifique la información necesaria para que puedan avanzar las investigaciones de Fiscalía en el Ecuador sobre el secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín, el equipo periodístico de Diario El Comercio.
La adopción de políticas públicas debe darse por una acción conjunta de Estado, Sociedad Civil, periodistas, medios de comunicación y otros actores como la Academia. Desde nuestra parte, levantamos nuestra voz de denuncia y protesta ante lo que sucede y las acciones descoordinadas, tibias y nada efectivas de diversos organismos del Estado y al mismo tiempo estamos dispuestos a aportar de forma transparente y positiva a que la situación se revierta.
Por ello, las organizaciones firmantes solicitamos a ustedes que se abra un proceso de diálogo urgente para fijar una hoja de ruta con el fin de adoptar políticas públicas reflejadas en acciones efectivas de protección y seguridad para la prensa.
Cuando se intenta silenciar a la prensa peligra la democracia.
Atentamente,
● FUNDAMEDIOS
● FENAPE-FIP
● RED DE PERIODISTAS LIBRES
● FUNDACIÓN PERIODISTAS SIN CADENAS
● FUNDACIÓN NOS FALTAN TRES
● UDLA CHANNEL
Un madrugada hace pocas semanas, un fuerte ruido que algunos llamaron "explosión" se oyó en Manabí, en las inmediaciones del cerro Montecristi, donde la Fuerza Aérea instaló uno de los cuatro radares primarios tipo Indra Lanza LTR, comprados durante los dos últimos años del correato, de los que dispone para la defensa aérea. Este radar, con alcance de más de 400 kilómetros a la redonda, puede detectar todo lo que vuela, pero parece que es más útil detectando conspiraciones.
El radar fue colocado en la cúspide del cerro, a cuyos pies nació Eloy Alfaro en 1842, luego de que el presidente Lasso denunciara que, de manera intencional, los gobiernos de Correa y Moreno habían abandonado la defensa aérea, especialmente en Manabí y Santa Elena, como parte de un supuesto entendimiento con el narcotráfico, sobre todo mexicano, que hace envíos de armas y dinero y transporta droga en avionetas.
Esa es la primera conspiración que detectó el radar: que las Fuerzas Armadas se hacían de la vista gorda en las dos provincias por orden de los correísmos.
Pero no fue la única, había otra que aparecería en pantalla: el supuesto atentado para dañar el aparato, que se conecta con las bases de la FAE y el control aéreo de Guayaquil por medio de una antena satelital. Aunque nadie vio evidencia alguna de explosivos, dinamita, cohetes o cualquier otro elemento que pudiera hacer pensar en un "atentado terrorista", las dos palabras fueron usadas por voceros del régimen, como si de Osama Bin Laden se tratara.
El propio ministro de Defensa, Luis Hernández, visitó el aparato, y fue evidente que no hubo explosión alguna: ni cráter, ni metralla, ni destrozos típicos de una bomba. Ante el evento, el Gobierno dijo que no se descartaba que los ocho soldados y operadores del radar que estaban esa madrugada en la instalación tuvieran algo que ver y se pidió la investigación de la Fiscalía.
Aunque Hernández aclaró que él nunca dijo que el radar había sufrido un ataque con explosivos, poco o nada hizo el régimen por desmentir el supuesto atentado, que los conspiracionistas en redes sociales y ciertos medios ya atribuían al narco mexicano.
La semana anterior, Hernández aclaró que lo que parece que ocurrió es que los técnicos que montaron el radar cometieron algún error al armar el engranaje que hace girar la antena, lo que provocó que se dañe y fue el origen del fuerte ruido.
Pero la pantalla del radar muestra otra conspiración aproximándose: el presidente Lasso anunció el 15 de noviembre que no fue error, sino sabotaje, y dejó clara su postura de que el daño en el radar fue provocado deliberadamente.
Ellos, de esmoquín y pajarita negra, lo que en inglés llaman de tuxedo y black tie. Ellas, de traje largo y oscuro. La ocasión: la invitación del embajador de Estados Unidos para celebrar un aniversario del Cuerpo de Marines (United States Marine Corps, fundado el 10 de noviembre de 1775) una de las seis ramas de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que tradicionalmente custodia las embajadas en el extranjero, por lo que un piquete de marines con uniforme azul y las banderas de su Fuerza estuvieron en el salón.
La recepción fue elegante: el presidente Lasso, de impacable esmoquín, luciendo en la solapa la insigna de la Orden Nacional al Mérito y su anfritrión, el embajador norteamericano, Michael J. Fitzpatrick -quien usaba, al igual que el ministro de Defensa, Luis Hernández, el llamado cuello diplomático en lugar de uno normal como Lasso- tuvieron un papel estelar, así como el grupo de marines, que llevaban la bandera norteamericana y el estandarte rojo que caracteriza a esa rama militar al ingresar al salón, al son de la marcha de la bandera.
Estuvieron las autoridades locales de Guayaquil: el gobernador Pablo Arosemena, también de black tie, la alcaldesa Cynthia Viteri- pantalón de cuero negro y ceñido buzo de cuello de tortuga- y la prefecta del Guayas, Susana González, luciendo un vestido largo con decorados barrocos y dorados estilo Versace.
Fue precisamente la prefecta la que se encargó de publicar, en sus redes sociales, las tomas de ella en la reunión, junto al presidente, el gobernador y el embajador, brindando con copas de vino blanco. Un desliz de redes sociales que el Gobierno no cometió, pues Carondelet no publicó nada sobre la cena.
Pero mientras tenía lugar la recepción, se producían en la Penintenciaría del Litoral, a pocos kilómetros de ahí, explosiones, balaceras e incendios, en un nuevo episodio de violencia carcelaria qque ha dejado más de 60 víctimas. Enseguida llovieron las críticas a la cena, que el gobernador Arosemena atajó señalando que se salió del evento para ponerse al frente a la situación, mientras usuarios de redes -algunos vinculados a la oposición y otros no tanto- cargaron contra el presidente por su supuesta indolencia frente a la masacre.
Otra de las críticas tuvo que ver con que nadie del Gobierno se acordó del aniversario de la Infantería de Marina ecuatoriana, que es el 12 de noviembre, pues en 1966, el presidente interino Clemente Yerovi Indaburu decretó la creación del Cuerpo de Infantería de Marina.
La Prefecta del Guayas Susana González compartió fotos del evento de hace pocas horas en Guayaquil, por el aniversario de Marines; estuvieron, por citar:
— Bajo La Lupa Ecuador (BLL EC) (@bajolalupaEC) November 13, 2021
-Alcaldesa Cynthia Viteri
-Gobernador Pablo Arosemena
-Ministro de Defensa Luís Hernández
-Pdte. #Ecuador Guillermo Lasso pic.twitter.com/3B23UrS8ft
La situación en la Policía Nacional, con los cuestionamientos y respaldos a la comandante general Tanny Varela, y respecto a la actuación de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, está que arde. Desde su posición, la ministra había advertido que ella de seguridad no sabe mucho. Así que depositó toda su confianza en la comandante Varela. Pero también se demoró el Gobierno en nombrar al viceministro de Seguridad, que recayó en el excoronel de la Policía, Max Campos, quien ejerció funciones de seguridad ciudadana y prevención del delito en el Ministerio de Interior durante el gobierno de Rafael Correa.
Sobre la comandante Varela se inició una campaña de ataque a su reputación, en redes sociales y con tuis de periodistas que cubren las fuentes de seguridad y defensa. Uno de estos tuits fe de Paúl Romero, de Ecuavisa, quien publicó una lista de oficiales de Policia que colaboran directamente con Varela y cuyo contenido los acusaba de "correístas".
Información que debe ser analizada con detenimiento. Puestos claves en @PoliciaEcuador bajo responsabilidad de personas cercanas a una organización política que busca la destitución del presidente. La conmoción puede crearse por acción u omisión. Hasta hoy no hay resultados. pic.twitter.com/kdqLgwQYDw
— Paul Romero (@mromerorivera) November 15, 2021
El video contra Varela es de un tiempo atrás, cuando se dijo que como comandante había "ascendido a su esposo" a General. Ese video fue relanzado en redes luego de la última masacre carcelaria.
Miren quién es la Comandante Varela.. pic.twitter.com/Zg7i3F55Ue
— JusticiaVerdadera (@justici01928374) November 15, 2021
Pero lo que sembró incertidumbre en el ámbito de la seguridad pública y en la comunidad de actores y observaderos de seguridad fue la frase que empleó la comandante para justificar por qué la Policía había demorado nada menos que 7 horas para controlar la violencia en la Penitenciaría de Guayaquil. Ella dijo que no ingresaron porque no había las condiciones y las consecuencias hubiesen sido mayores. ¿Cuáles eran las condiciones que la comandante esperaba que se diera para evitar otra masacre e intervenir? Nadie le preguntó.
Sobre la comandante, dentro y fuera de la institución hay voces que cuestionan el afán de control absoluto. "Ella cree que puede hacerlo sola, está bien, pero en esta guerra, la más grave amenaza híbrida que tiene el Estado ecuatoriano se necesita apertura y alianzas para ganarla", dijo una fuente que pidió reserva.
Sin embargo, hay dudas si esa fue la respuesta adecuada y más aún la del Presidente Lasso cuando culpó a las decisiones de la Corte Constitucional el que la fuerza pública no tenga la contundencia ni efectividad para controlar las cárceles. La CC, en un acto sin precedentes, le dijo al presidente que no evada sus responsabilidades, porque él es el que debe ejercer sus potestades legales y constitucionales.
También hay dudas sobre si la actual ministra de Gobierno, una ex política de la democracia cristiana, y que fue sacada de su ámbito académico para ir al Ministerio más difícil del Ecuador del momento, tiene las condiciones par ser quien comande la guerra contra el crimen organizado que ha declarado Guillerno Lasso. En la última reunión con la embajada de Estados Unidos en temas de cooperación no hubo buena química entre la ministra y la subsecretaria del deptartamento de Estado, pues la ministra habría puesto una serie de reparos a la cooperación con Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Se define como "abogado, Secretario General de VOX, Diputado Nacional y Portavoz Adjunto en el Congreso, Concejal y Portavoz en el Ayuntamiento de Madrid e hispano argentino". Se trata de Javier Ortega Smith quien, junto con Santiago Abascal, son los principales líderes del movimiento ultraderechista español.
Esta organización ha promovido la llamada Carta de Madrid, un documento que bajo la retórica de libertad y democracia, esconde nostalgias imperiales, en especial, cuando promueve la "iberósfera" una supuesta comunidad cultural e histórica entre la España peninsular y sus antiguas colonias. La Carta ha sido firmada por varias figuras de la derecha de América Latina y unas pocas del Ecuador, pero Vox continúa en su promoción de manera constante.
De ahí que en la visita del presidente Lasso a la Casa de la Villa, un antiguo palacio que es la sede ceremonial del Ayuntamiento de Madrid, estuvo presente Ortega, quien aprovechó para abordar al presidente y agradecerle por haber invitado al cambio de mando en Quito a Santiago Abascal.
Además, intentó comprometer a Lasso a que firme la Carta, destacando que se opone a foros de la izquierda regional como el Grupo de Puebla y el Foro de San Pablo. Y aunque en el vídeo se evidencia que Lasso nunca le dice que va a firmar la Carta (solamente le dice "cuenten conmigo") Ortega subió a Twitter un vídeo en donde se escucha el diálogo con Lasso (ante un retrato del rey Carlos III) y luego se lo ve firmando un libro, lo que da la impresión de que Lasso sí le firmó la Carta.
Es un honor que el presidente de Ecuador, D. Guillermo Lasso acceda a firmar la Carta de Madrid que encabeza @Santi_ABASCAL, en defensa de la libertad y la democracia, frente al Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla.
— Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) November 5, 2021
Siempre con nuestros hermanos de la Iberosfera. pic.twitter.com/tywiVf2ZM8
El tuit de Ortega provocó varias publicaciones de medios afines al correísmo que señalaron que el presidente habría firmado la Carta de Madrid, usando el propio vídeo de Ortega. El Gobierno no desmintió a Ortega, pero sí señaló que el presidente no había suscrito la proclama, sino que aparecía firmando un libro de visitas ilustres al Ayuntamiento madrileño.
FALSO | El presidente @lassoguillermo no ha firmado la Carta de Madrid.
— SEGCOMV (@SegcomV) November 7, 2021
En el video se encuentra firmando el libro de visitas del Ayuntamiento de Madrid.#SEGCOMVerifica pic.twitter.com/n4oRPNCCBp
Antes de partir hacia Europa, el presidente Guillermo Lasso le dio un poder a su abogado, Eduardo Carmigniani, para que lo represente ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, que preside el asambleísta por Pichincha José Fernando Cabascango (Pachakutik) y que actualmente investiga el caso de los Papeles de Pandora.
Como se recordará, según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, en donde participó el diario El Universo de Guayaquil, el presidente Lasso apareció como ex propietario de varias empresas off shore en paraísos fiscales, que afirmó haber vendido totalmente antes de 2017 en cumplimiento de la ley, aprobada por el correísmo, que impide a los funcionarios públicos tener tales acciones en paraísos fiscales.
Lo más reciente del caso fue la acusación, desde la bancada correísta de UNES (algunas de cuyas asambleístas estrella integran la Comisión de Garantías Constitucionales) de que Lasso, hasta fechas tan cercanas como septiembre de 2020, tenía acciones en una sociedad off shore en Panamá, de las cuales se deshizo en ese mes, pero, según dijeron los correístas, el traspaso se habría hecho efectivo recién el 19 de octubre, cuando fue publicado por la Gaceta oficial panameña.
El juego de fechas es clave porque Lasso inscribió su candidatura el 23 de septiembre de 2020, y, en la lectura correísta, al no estar efectivizado el traspaso, aún tenía bienes off shore, lo que le inhabilitaba.
De ahí que Carmigniani hizo pública una carta de la Superintendencia de Bancos de Panamá, firmada por el secretario general de dicha entidad, que declara que el 10 de septiembre de 2020 se realizó el transpaso del 47.27% de las acciones de una sociedad llamada Banisi Holding, a otra llamada Banisi International Fundation, y que dicho traspaso quedó ejecutoriado luego de cinco días hábiles de la notificación, que efectivamente ocurrió el día 10 de septiembre. Es decir, que para el día 23, cuando la candidatura de Lasso y Borrero se inscribió, ya no poseía tales acciones.
La carta del abogado provocó una feroz polémica en Twitter, en donde se sostuvo que lo que Lasso hizo fue transferir las acciones de una compañía suya a otra entidad controlada por su hijos, y se dijo que no se había desprendido de todo lo que tenía off shore en 2017 como afirmó en un principio. La asambleísta correísta Mónica Palacios se sumó al debate en Twitter.
Los defensores del mandatario, en cambio, destacaron que el traspaso de las acciones de Banisi fue legal y se realizó dentro del tiempo suficiente para que Lasso se inscriba.
El abogado del presidente Lasso, Eduardo Carmigniani, precisó que la transferencia de las acciones de una empresa off shore en Panamá de Lasso, llamada Banisi, se efectivizó el 10 de septiembre de 2020, antes de la inscripción de su candidatura. @revistaPlanV @pichondedino pic.twitter.com/cAEtdd7Acq
— Fermín Antonio Vaca (@FerminVaca) November 3, 2021
@LassoGuillermo con las copias simples que presenta su abogado, usted acepta, que muy poco antes de inscribir su candidatura, TRASPASÓ sus acciones de Pietro Overseas (usted) a Banisi International Foundation (sus hijos), o sea no hubo venta? sino simulación? Declaró y tributó?
— Monica Palacios (@MoniPalaciosZ) November 3, 2021
Hay una opinión dividida entre los encuestados por la firma Analitix, que presentó un estudio en ocho capitales de provincia, con 1200 muestras, sobre si la aparición del nombre del presidente Guillermo Lasso en los Pandora Papers era importante o no para los encuestados. El 48,2 dijo que no le importaba, pero al 47,8% sí.
La encuesta abordó varias preguntas que están en la coyuntura y las respuestas de los entrevistados, sobre todo en el tema de la crisis política. Una de estas se refirió a si el presidente Lasso debía terminar su periodo presidencial. Aunque una mayoría dijo que sí (54,67%), sorprendió el porcentaje que cree que no debiera terminar su periodo (42,93%). Una mayoría también está de acuerdo con que el presidente llame a muerte cruzada (50,67%) frente al 44,8% que no estaría de acuerdo, pero también una amplia mayoría (70,7%) ha dicho en esta encuesta que si el presidente Lasso se lanza a la reelección no votaría por él, aunque si el 25% de quienes dice que votarían de nuevo por él, lo hacen, sería suficiente para que esté en una segunda vuelta electoral. En la primera vuelta de las elecciones de febrero del 2021, Lasso llegó cerca del 20% de los votos. La mayoría de encuestados (67,7%) cree que una confrontación entre el Ejecutivo y la Asamblea le hace daño al país, y 5,4 de cada diez no cree que exista una conspiración en contra del Presidente Lasso y su gobierno. El 41% de los encuestados cree que sí la hay.
En general, sobre la situación económica y los esfuerzos gubernamentales para superarla, las respuestas tienden al pesimismo. Un promedio de seis de cada diez encuestados no creen que las leyes de reforma tributaria y de reforma laboral mejorarán la situación económica o crearán más fuentes de empleo, y un 63% considera que, luego de cinco meses de gobierno, no hay visos de reactivación económica.
Una mayoría, el 54%, está en contra de los paros y movilizaciones impulsadas por la Conaie y otros movimientos sociales, aunque, paradójicamente, un promedio de siete de cada diez encuestados están en contra de que el presidente Lasso haya congelado los combustibles a USD 2.55 la gasolina extra y a USD 1.90 el diésel, y el 68,5% cree que el presidente debió congelar los combustibles al precio en que estuvieron al asumir su mandato.
En el tema de la inseguridad también hay pesimismo. Siete de cada diez encuestados no cree que las medidas tomadas por el gobierno sean una solución a la violencia en las cárceles, y un 66% considera que tampoco será una solución a la inseguridad ciudadana la propuesta de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, de que haya libre porte de armas de fuego. Un 66% de encuestados se siente más inseguro luego del asesinato del velocista olímpico Alex Quiñónez.
Esta es la encuesta completa:
El pasado 27 de octubre, Ahmad Pabarja, jefe de la misión diplomática de la República Islámica de Irán en Ecuador envió una atenta carta al ministro de Agricultura, Pedro Álava. En la misiva, el diplomático iraní cuenta los temas que discutió en una reunión, ese mismo día, con el ministro. De acuerdo al documento, existen conversaciones para la exportación de 50.000 toneladas de arroz a Irán. “Tengo a bien solicitar la ficha técnica, el precio FOB, así como la cantidad de exportación mensual y cualquier otro detalle de interés respecto al producto”.
Asimismo, Pabarja expresó la posibilidad de intercambiar arroz por urea. “La parte iraní manifiesta su disposición para ello y requiere para tales efectos las especificaciones técnicas (grado), cantidades e intervalos de tiempo de sus necesidades de urea”.
Además, ambos discutieron otro tema. “En cuando al tema de interés para la República Islámica de Irán para arrendar tierras destinadas a la producción agrícola, esta Embajada manifiesta la disposición para realizar la visita con el objetivo de conocer las áreas que la República de Ecuador pudiera disponer para tales fines”.
Organizaciones sociales han expresado su rechazo a esta intención. Fian Ecuador publicó: “La extranjerización de la tierra es un modelo que atenta contra la soberanía territorial y alimentaria del Ecuador e incentiva la acumulación y concentración de la tierra”. En su opinión, este modelo va en contra de la Constitución que dispone, en el numeral 4 del artículo 281, promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos”.
La urea es un fertilizante agrícola producido a partir del gas natural. Es usado por los agricultores como fuente adicional de nitrógeno para los cultivos. Los arroceros ecuatorianos salieron a protestar desde julio pasado por los bajos precios del arroz y los altos costos de los insumos para la producción, entre ellos la urea.
Desde mayo de 2020 el precio internacional de la urea casi se ha duplicado, pasando de 200 a 410 dólares la tonelada, informó diario Expreso.
La Inteligencia del Estado maneja la hipótesis de que en Ecuador se ha formado un nuevo grupo guerrillero, llamado "Patria guevarista". Aunque el tema ya lleva algunas semanas en conocimiento de Carondelet, ha sido la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, la que en su evaluación del paro del martes 26 de octubre dijo que en la cabeza de la marcha de movimientos sociales en Quito, "un grupo guevarista", había generado actos de violencia.
La presencia del grupo fue revelada por una alta fuente de Carondelet unas tres semanas antes del paro y atribuyó la información a la inteligencia policial. Esta dijo que este grupo estaba conformado por "los hijos de los ex Alfaro Vive" y otros militantes, lo vinculó con Leonidas Iza y también a miembros vinculados con una universidad de Quito.
La referencia de la ministra Vela a "un grupo guevarista" en la marcha opositora en Quito tiene que ver con estos supuestos informes de inteligencia. Al parecer el presidente Lasso se ha tomado muy en serio estos informes.
Los "guevaristas" no son clandestinos. Estuvieron en la marcha del 26 de octubre con pañuelos que los identificaban y fueron vistos en los videos que se trasmitieron en vivo por varias cuentas y portales. Académicos expertos en el tema de movimientos políticos urbanos de Quito dijeron que los "guevaristas" existen, que hacen un trabajo político-social con sectores empobrecidos y marginales de la capital, pero que están lejos de armar un grupo guerrillero.
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