Los Confidenciales
Hay una opinión dividida entre los encuestados por la firma Analitix, que presentó un estudio en ocho capitales de provincia, con 1200 muestras, sobre si la aparición del nombre del presidente Guillermo Lasso en los Pandora Papers era importante o no para los encuestados. El 48,2 dijo que no le importaba, pero al 47,8% sí.
La encuesta abordó varias preguntas que están en la coyuntura y las respuestas de los entrevistados, sobre todo en el tema de la crisis política. Una de estas se refirió a si el presidente Lasso debía terminar su periodo presidencial. Aunque una mayoría dijo que sí (54,67%), sorprendió el porcentaje que cree que no debiera terminar su periodo (42,93%). Una mayoría también está de acuerdo con que el presidente llame a muerte cruzada (50,67%) frente al 44,8% que no estaría de acuerdo, pero también una amplia mayoría (70,7%) ha dicho en esta encuesta que si el presidente Lasso se lanza a la reelección no votaría por él, aunque si el 25% de quienes dice que votarían de nuevo por él, lo hacen, sería suficiente para que esté en una segunda vuelta electoral. En la primera vuelta de las elecciones de febrero del 2021, Lasso llegó cerca del 20% de los votos. La mayoría de encuestados (67,7%) cree que una confrontación entre el Ejecutivo y la Asamblea le hace daño al país, y 5,4 de cada diez no cree que exista una conspiración en contra del Presidente Lasso y su gobierno. El 41% de los encuestados cree que sí la hay.
En general, sobre la situación económica y los esfuerzos gubernamentales para superarla, las respuestas tienden al pesimismo. Un promedio de seis de cada diez encuestados no creen que las leyes de reforma tributaria y de reforma laboral mejorarán la situación económica o crearán más fuentes de empleo, y un 63% considera que, luego de cinco meses de gobierno, no hay visos de reactivación económica.
Una mayoría, el 54%, está en contra de los paros y movilizaciones impulsadas por la Conaie y otros movimientos sociales, aunque, paradójicamente, un promedio de siete de cada diez encuestados están en contra de que el presidente Lasso haya congelado los combustibles a USD 2.55 la gasolina extra y a USD 1.90 el diésel, y el 68,5% cree que el presidente debió congelar los combustibles al precio en que estuvieron al asumir su mandato.
En el tema de la inseguridad también hay pesimismo. Siete de cada diez encuestados no cree que las medidas tomadas por el gobierno sean una solución a la violencia en las cárceles, y un 66% considera que tampoco será una solución a la inseguridad ciudadana la propuesta de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, de que haya libre porte de armas de fuego. Un 66% de encuestados se siente más inseguro luego del asesinato del velocista olímpico Alex Quiñónez.
Esta es la encuesta completa:
El pasado 27 de octubre, Ahmad Pabarja, jefe de la misión diplomática de la República Islámica de Irán en Ecuador envió una atenta carta al ministro de Agricultura, Pedro Álava. En la misiva, el diplomático iraní cuenta los temas que discutió en una reunión, ese mismo día, con el ministro. De acuerdo al documento, existen conversaciones para la exportación de 50.000 toneladas de arroz a Irán. “Tengo a bien solicitar la ficha técnica, el precio FOB, así como la cantidad de exportación mensual y cualquier otro detalle de interés respecto al producto”.
Asimismo, Pabarja expresó la posibilidad de intercambiar arroz por urea. “La parte iraní manifiesta su disposición para ello y requiere para tales efectos las especificaciones técnicas (grado), cantidades e intervalos de tiempo de sus necesidades de urea”.
Además, ambos discutieron otro tema. “En cuando al tema de interés para la República Islámica de Irán para arrendar tierras destinadas a la producción agrícola, esta Embajada manifiesta la disposición para realizar la visita con el objetivo de conocer las áreas que la República de Ecuador pudiera disponer para tales fines”.
Organizaciones sociales han expresado su rechazo a esta intención. Fian Ecuador publicó: “La extranjerización de la tierra es un modelo que atenta contra la soberanía territorial y alimentaria del Ecuador e incentiva la acumulación y concentración de la tierra”. En su opinión, este modelo va en contra de la Constitución que dispone, en el numeral 4 del artículo 281, promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos”.
La urea es un fertilizante agrícola producido a partir del gas natural. Es usado por los agricultores como fuente adicional de nitrógeno para los cultivos. Los arroceros ecuatorianos salieron a protestar desde julio pasado por los bajos precios del arroz y los altos costos de los insumos para la producción, entre ellos la urea.
Desde mayo de 2020 el precio internacional de la urea casi se ha duplicado, pasando de 200 a 410 dólares la tonelada, informó diario Expreso.
La Inteligencia del Estado maneja la hipótesis de que en Ecuador se ha formado un nuevo grupo guerrillero, llamado "Patria guevarista". Aunque el tema ya lleva algunas semanas en conocimiento de Carondelet, ha sido la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, la que en su evaluación del paro del martes 26 de octubre dijo que en la cabeza de la marcha de movimientos sociales en Quito, "un grupo guevarista", había generado actos de violencia.
La presencia del grupo fue revelada por una alta fuente de Carondelet unas tres semanas antes del paro y atribuyó la información a la inteligencia policial. Esta dijo que este grupo estaba conformado por "los hijos de los ex Alfaro Vive" y otros militantes, lo vinculó con Leonidas Iza y también a miembros vinculados con una universidad de Quito.
La referencia de la ministra Vela a "un grupo guevarista" en la marcha opositora en Quito tiene que ver con estos supuestos informes de inteligencia. Al parecer el presidente Lasso se ha tomado muy en serio estos informes.
Los "guevaristas" no son clandestinos. Estuvieron en la marcha del 26 de octubre con pañuelos que los identificaban y fueron vistos en los videos que se trasmitieron en vivo por varias cuentas y portales. Académicos expertos en el tema de movimientos políticos urbanos de Quito dijeron que los "guevaristas" existen, que hacen un trabajo político-social con sectores empobrecidos y marginales de la capital, pero que están lejos de armar un grupo guerrillero.
Que el llamado Consenso de Cusín era una reunión de personajes destacados es algo sobre lo que no queda duda. El secretismo y la exclusividad fueron algunas de las características de esta suerte de Davos criollo, en el que se reunión políticos, empresarios y líderes de opinión del centro hacia la derecha.
El escenario fue la antigua hacienda y monasterio de Cusín, que hoy es una hostería en las cercanías del lago San Pablo, en Imbabura, en donde se reunieron representantes de por lo menos 50 sectores, según dijeron los organizadores.
Pero casi enseguida les llovieron las críticas, por grandes ausencias como la de representantes del pueblo afroecuatoriano o de la diversidad sexual, que no aparecieron ni entre los que fueron ni entre los que se excusaron.
Las invitaciones se hicieron por medio de llamadas telefónicas desde la semana anterior y estuvieron marcados por un cierto secretismo: no se les decía a los invitados quién no más iba a ir ni de qué exactamente se iba a tratar. Luego se les indicaba que el evento era una suerte de retiro, en la hostería, durante todo el fin de semana, en donde habrían conferencias de invitados especiales y luego varios foros. Un transporte específico de la organización pasaría por los invitados a cierta hora para movilizarlos a Imbabura, en una mecánica que a algunos les recordó escenas de El Juego del Calamar.
Desde la cuenta en Twitter @ConsensosCusin se empezó a enviar información sobre los invitados y sus propuestas desde el sábado y el domingo se emitió una declaración. El documento tiene 13 puntos referidos a política y economía.
Según los organizadores los convocantes fueron Patricia Gualinga, Ruth Hidalgo, Abelardo Pachano, Cecilia Paredes, Pablo Lucio Paredes, Jefferson Pérez, Mauricio Pinto, Mario Ribadeneira y Augusto De La Torre, mientras entre los invitados estuvieron Xavier Hervas, Vicente Albornoz, Simón Cueva, Roque Sevilla, Rocío Rosero, Otto Sonnenholzner, Osvaldo Hurtado, Napoleón Santamaría, Mónica Heller, Martha Roldós, Marisol Andrade, Mario Prado, María Paz Jervis, María Paula Romo, María Brown, Luz Elena Coloma, Luís Alfredo García, Koya Shugulli, Simón Jaramillo, Juan Carlos Holguín, José Hernández, José Hidalgo, Jessica Jaramillo, Jaime Carrera, Guillermo Avellán, Grace Jaramillo, Diego Ordóñez, Carlos Cueva, Carlos Montúfar, Bernardo Pérez, Benjamín Ortiz, Andrés Hidalgo, Ana Patricia Muñoz, Alberto Dahik, entre otros.
Pero también hubo críticas: la ex asambleísta Lourdes Tibán precisó en Twitter que "Alguien me contacto hace semanas atrás invitándome a ser parte de un CONSENSO de Coussin (SIC). No confirmé porque no sabía quienes iban estar pero sobre todo porque considero que los consensos no es de personas sino entre Estado y Sociedad, entre gobernante y gobernados".
La activista y abogada de Derechos Humanos, Dolores Miño, precisó que "espero estar equivocada, pero en la lista de quiénes se excusaron y que no son afines al gobierno, solo está Salvador Quishpe. Ni de lejos él representa a las organizaciones que trabajamos en DDHH, democracia, a los colectivos afros o GLBTI, que no están representados aquí".
Ante las críticas, la cuenta oficial del evento respondió que "los excluyentes son ustedes, que no toman en cuenta a los catedráticos, emprendedores, líderes indígenas, activistas, deportistas y demás actores que formaron parte de este encuentro".
Con chalecos tomates, cascos del mismo color y pancartas, un nutrido grupo de mineros estuvo en el costado norte de la Plaza de la Independencia, para apoyar al presidente Guillermo Lasso en la concentración oficialista de este 20 de octubre.
La mineria responsable apoyando al presidente Lasso @LassoGuillermo … estamos con usted presidente!!! pic.twitter.com/ULc71WH3eB
— Xavier Vera Grunauer, PhD, D.GE (@xvgGeoengineer) October 20, 2021
Los mineros, que se identificaban como procedentes del cantón azuayo de Ponce Enríquez, fueron recibidos en la Plaza por el viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer, quien subió varias fotos con grupos de mineros en la Plaza Grande y otras en el pretil del Palacio presidencial.
Los trabajadores de las minas llevaban carteles con consignas en donde destacaban que la minería es futuro y desarrollo.
Hoy estuvimos acompañando a nuestro Presidente @LassoGuillermo junto al pueblo ecuatoriano que salió a respaldar la DEMOCRACIA
— Juan Fernando Flores (@juanflores18) October 20, 2021
¡Frente a la adversidad, los ecuatorianos siempre lucharemos y defenderemos la LIBERTAD!#JuntosLoLogramos #EstaEsLaOportunidad pic.twitter.com/88rYzAsoVl
Vera no fue el único: asambleístas y funcionarios de CREO aprovecharon la concentración para subir a sus redes fotos con el presidente Lasso y para tomarse desde los balcones de Palacio con la movilización de fondo.
En otros lugares de la plaza mayor capitalina, había simpatizantes de CREO llegados de provincias lejanas como El Oro, Loja y las amazónicas, que tenían varias horas de viaje.
Los buses que los transportaron se estacionaron en el Coliseo Rumiñahui y muchos de ellos caminaron bajo el fuerte sol hacia el Centro Histórico. Hasta el mediodía continuaban en el sitio y recién en horas de la tarde inciaron su retorno al interior del país.
Álex Saab, el financista colombiano que sería uno de los principales testaferros del chavismo venezolano está en la mira de Fernando Villavicencio.
El asambleísta dirigió una larga carta a la fiscal general, Diana Salazar, explicó los antecedentes de las operaciones de Saab en Ecuador, desde 2009, cuando los países del eje chavista, agrupados en la ALBA, propusieron la creación del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) con el supuesto objetivo de facilitar el comercio.
Según relata Villavicencio, Saab y un socio usaron el supuesto sistema de importaciones regional para sacar de Venezuela por lo menos 465 millones de dólares, en un proyecto de casas populares para ese país que nunca se construyeron.
En Ecuador, en 2012, Álvaro Pulido y Luis Sánchez Yánez del entorno de Saab, constituyeron una empresa llamada Fondo Global de Construcciones, y para 2013 se inició una investigación sobre el uso de esa empresa para sacar de Venezuela 156 millones de dólares que fueron enviados a Miami y a paraísos fiscales.
Entre los socios de este Fondo estuvo la empresa ecuatoriana Electrocables, contra la que se inició una investigación por lavado de activos. La empresa entregó a Electrocables más de 23 millones de dólares, mientras en el marco de la investigación se pudo congelar en bancos nacionales hasta 60 millones de dólares del Fondo.
Villavicencio sostiene que Álvaro Pulido realmente había muerto en 2005, y que un narcotraficante colombiano, llamado Germán Rubio Salas, usaba su identidad para operar en el Ecuador.
Además, el legislador precisó que Estados Unidos investiga cómo se sacó por lo menos 350 millones de dólares de Venezuela por parte de Saab y su entorno y alerta sobre que varios ecuatorianos formarían parte de la trama.
En su petición, Villavicencio destaca que este caso ya fue ventilado en la justicia del Guayas, que sobreseyó a los procesados y archivó la causa, pero pide a la Fiscalía que inicie una nueva investigación tomando en cuenta los indicios presentados.
Imagen: Ok Diario
Walter Jaramillo, un compatriota instalado en España y que durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno fue el contratista oficial de la Embajada en el cuestionado servicio de "asesoría hipotecaria" a los migrantes ecuatorianos embargados por los bancos españoles, pasó de no tener nada a comprarse dos departamentos en Madrid durante la administración de Lenin Moreno, siendo embajador en la capital española Cristóbal Roldán.
Según el medio digital español Ok Diario "Jaramillo facturó 4,3 millones de euros mediante dos compañías que figuran a su nombre: Mi País Consultores SL -con la que cobró 2,9 millones de euros- e Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa SLU (que posteriormente pasó a denominarse Intecon Iberoamérica SLU) -con la que ganó otros 1,4 millones de euros-", durante los gobiernos de Correa y Moreno. El canciller Mauricio Montalvo dijo a este portal que el contrato con Walter Jaramillo se mantuvo vigente hasta el 30 de junio de 2021 y no fue renovado por el Gobierno de Guillermo Lasso.
El periodista Alejandro Entreambasguas publica que según el Registro de la Propiedad de Madrid, "Jaramillo adquirió un piso y dos plazas de garaje en el barrio de Usera de Madrid entre 2018 y 2020. Concretamente, en la calle Belmonte del Tajo. Tal y como figuran en las escrituras de los inmuebles, Jaramillo firmó las escrituras de estas tres propiedades justo después de haber empezado a facturar cantidades millonarias a la Embajada de Ecuador en España. El primero de los inmuebles es un piso de 53 metros cuadrados que compró el 13 de marzo de 2018", cuando ya era presidente Lenin Moreno.
Ok Diario sostiene que Jaramillo también se compró el 13 de abril de 2018 "otro apartamento de 47 metros cuadrados junto con una nueva plaza de garaje. En esta ocasión, las propiedades están ubicadas en una urbanización con jardín y piscina de la avenida Monte de Oca, en el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes, al norte de la capital".
Por su parte, el ex embajador Miguel Calahorrano se compró en Murcia un departamento: "Calahorrano compró un piso en el céntrico barrio de Vistabella de la ciudad de Murcia el 15 de mayo de 2017. Es decir, justo antes de dejar de ser embajador. Adquirió el inmueble mediante el título de compraventa y lo escrituró ante el notario Antonio Yago Ortega".
"Un piso similar al de Calahorrano en Murcia tiene un valor aproximado de 100.000 euros. La nota simple define así el inmueble, que cuenta con 88 metros cuadrados: “Consta de comedor, tres dormitorios, cocina y aseo”. La nota simple de la propiedad revela que está libre de cargas y que no está gravado con ninguna hipoteca", agrega el medio español.
Imagen: OK Diario
El director del movimiento político GANA, Fernando Balda, envió un carta al presidente Guillermo Lasso donde le dice que tiene la ruta del dinero del expresidente Rafael Correa. Dice que lo hace para unirse a la convocatoria hecha por Lasso para luchar contra la corrución y recuperar "el dinero robado".
¿Qué es lo que dice tener Balda?:
"Una cuenta bancaria de Rafael Correa en banco con sucursales en paraísos fiscales. Cuentas bancarias de bancos europeos a donde se realizaron transferencias desde las cuentas de Rafael Correa. Transacciones bancarias de Rafael Correa con las que se conprueba la triangulación de dinero con cuentas intermediarias para que llegue a personas no de forma directa y así no dejar evidencia visible de las mismas.
"Transferencias trianguladas con las que Rafael Correa financia gastos de terceros para su defensa jurídica en casos emblemáticos de corrupción. Pruebas de que entre Rafael Correa y otro prófugo de la justicia se envían dinero mutuamente triangulado para financiar diferentes tipos de gastos, tratando de no dejar evidencia. Prueba de que Rafael Correa y otros han movido dinero para financiar actividades ilícitas en Europa.
"Nombres de varios colaboradores de la red para mover el dinero.Varios audios y chats de conversaciones entre Rafael Correa y otros en donde hablan de movimientos de dinero mediante triangulaciones para evitar ser detectados. Varios audios y chats de conversaciones entre Rafael Correa y otros en donde hablan sobre realizar actividades ilícitas. Varios audios y chats de conversaciones entre Rafael Correa y otros en donde admiten haber realizado actividades ilícitas.
"Cinco fuentes humanas que; a) fueron testigos de las actividades antes mencionadas; b) algunos de ellos colaboraron facilitando sus cuentas bancarias en Europa para que se realicen las triangulaciones entre las cuentas de Rafel Correa y los destinatarios finales; c) grabaron las conversaciones secretas entre ellos, Rafael Correa y otros. Y otras informaciones más. Estas personas podrían cooperar con el sistema judicial siempre y cuando se los incluya en un sistema de protección a víctimas y testigos, por tal razón mantengo en reserva sus identidades".
Balda le dice al Presidente que pone "a disposición del Estado, sin ningún costo, los elementos recabados de mi investigación y me comprometo a realizar una presentación explicativa detallada de lo encontrado, las conclusiones, planteamiento de estrategias y soluciones que aportarán para la detección, investigación, enjuiciamiento de los responsables, la asistencia técnica para la identificación y recuperación de activos, así como para reforzar la asistencia legal y cooperación internacional en materia penal contra la corrupción y sus delitos conexos".
Esta carta fue enviada antes de que se hiciera pública información de los llamados #PandoraPapers.
Foto: El Universo
El 8 de abril del 2019, Pierina Correa Delgado presentó una denuncia en contra Iván Granda Molina, por entonces secretario Anticorrupción de la Presidencia de la República, durante el gobierno de Lenín Moreno y otros. La denuncia ante la Fiscalía General fue por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida, tipificado y sancionado en el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal.
Semanas antes, el secretario Granda había divulgado algunos ingresos del exmandatario Rafael Correa a través del Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro (en adelante denominado IPPE), del cual también fungía como directivo. El Instituto estaba registrado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Esta institución, mantenía entonces cuentas en el Banco del Pacífico y el Bancodesarrollo. Según idce la denuncia de Pierina, apoderada de su hermano, "de acuerdo a información que luego daría a conocer el Secretario Anticorrupción, Dr. Iván Granda Molina, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) habría solicitado información confidencial de los movimientos financieros de la misma a los mencionados bancos; información que se habría entregado a la entidad de control.
"El IPPE no ha tenido conocimiento que exista un reporte, en los términos de los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos, realizada por parte de la UAFE (ni de ninguna otra institución) respecto a la cuenta que el Instituto mantiene en el sistema financiero o de su situación económica.
"Evidentemente, lejos de aplicar el mandato que la Ley establece sobre la utilización de información bancaria y financiera, la UAFE habría entregado de manera ilegal la información referente al IPPE al Secretario Anticorrupción, Dr. Iván Granda Molina, y a la Presidencia de la República, para que sirva de sustento para alegaciones de carácter político en contra de sus adversarios ideológicos, entre los cuales se encuentra el Econ. Rafael Vicente Correa Delgado.
En virtud de lo antes mencionado y pese a que jamás el IPPE ha tenido ninguna observación de ningún tipo por parte de autoridad alguna, mediante un discurso pronunciado el 23 de marzo de 2019 por el señor Presidente de la República, Lic. Lenin Moreno Garcés, en el marco del Encuentro de Presidentes de América del Sur 2019 desarrollado en la ciudad de Santiago de Chile, y replicado mediante sus redes sociales y boletines de prensa oficiales de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia(...), se acusó injustamente y sin fundamento al Instituto y al Econ. Rafael Vicente Correa Delgado en los siguientes términos:
«Presidente, les traigo una alerta que involucra a nuestros pueblos y procesos: el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, creó —en las postrimerías de su mandato— el Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro. Lo conforman, con él, políticos y autoridades de su gobierno.
«En el mes de agosto de 2018, ese instituto recibió una transferencia desde BANDES, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, por USD 281.000, a la cuenta # 11003001755 del Bancodesarrollo S.A., un banco privado de Ecuador.
«Ese dinero sirvió para los pagos a sus integrantes:
«A Rafael Correa, con transferencia a Bélgica por USD 84.800. Y en Ecuador, con USD 11.400, a su cuenta del Banco del Pacífico.
«A sus colaboradores: ex ministros de finanzas, gerente del Banco Central, Canciller, y secretario de Rentas, giros de entre USD 34.000 y USD 6.000, a cuentas en diferentes bancos de Ecuador. Lo insólito de todo esto, es que, en un país con hambre, miseria y migración multitudinaria, como Venezuela, se desvíen fondos de un banco del Estado, para alimentar cuentas personales de ex funcionarios que intentan desestabilizar mi gobierno.
«El servicio de inteligencia ecuatoriano que nos dio esta información, nos alertó que la misma operación la están llevando a cabo en otros países».
Pierina, en su denuncia decía que "esta exposición pública realizada por el señor Presidente de la República, Lic. Lenin Moreno Garcés, se divulgaron sin el conocimiento o aprobación ni del IPPE, ni del Econ. Rafael Vicente Correa Delgado, datos referentes a transferencias bancarias realizadas en favor del Instituto, así como datos de transferencias bancarias desde el Instituto a terceras personas que de manera lícita colaboran con éste. Este acto reprochable por sí mismo, intentó ser utilizado como fundamento de una acusación política en contra de Nicolás Maduro y en contra del mismo ex Presidente Ecuatoriano.
Dijo que la información financiera reservada que se divulgó sobre él "incluyó la identificación de los bancos en donde él mantiene sus cuentas, el número de las mismas y los montos de transferencias realizados a éstas. Esto es una evidente violación a la intimidad del Econ. Rafael Vicente Correa Delgado y la información filtrada ha servido para desprestigiar su imagen e incluso podría poner en riesgo la integridad personal de él y su familia.
"A partir de este discurso, días posteriores varios miembros del Gabinete Ministerial del Presidente Lic. Lenin Moreno Garcés, así como la Secretaría Nacional de Comunicación, difundieron, igualmente, sin la autorización del Econ. Rafael Vicente Correa Delgado los datos bancarios antes expuestos.
La denuncia agregó que "en el Ecuador, así como en todo el mundo, la información bancaria es de carácter restringido y están protegidos por la reserva y el denominado sigilo bancario. Históricamente se ha considerado así y legislado en favor de la restricción de la difusión de la misma, en virtud de que se trata de una información sensible y hasta por motivos de seguridad de personas naturales o jurídicas.
Dijo que el Estado ecuatoriano había caído en "dos actos reporchables: "un espionaje ilegal y sin fundamento a las cuentas y movimientos financieros del Econ. Rafael Vicente Correa Delgado y otros ciudadanos; y la violación del sigilo bancario que protege la información económica y financiera del IPPE y del Econ. Rafael Vicente Correa Delgado.
"La mala utilización de la información financiera y bancaria del Econ. Rafael Vicente Correa Delgado y del IPPE obtenida por la UAFE también sirvió para que, de forma antojadiza, maliciosa y temeraria, el Secretario Anticorrupción de la Presidencia de la República del Ecuador, Dr. Iván Granda Molina, presente una denuncia sin fundamento alguno involucrando al Instituto y a mi procurado en un supuesto delito. Esa denuncia se presentó el 27 de marzo de 2019, y la misma por no tener sustento jurídico ni fáctico, fue negada públicamente en su carácter de noticia criminis por la Fiscalía General del Estado el mismo día de su presentación(...). De esta manera se puede verificar que la utilización de la información solicitada por la UAFE no cumplió con lo establecido en la Ley, sino que fue entregada irrespetando el sigilo y la reserva correspondientes con fines políticos".
La denuncia penal se dio directamente en contra de Iván Granda Molina, por ser "la persona que difundió los datos bancarios y financieros del Econ. Rafael Vicente Correa Delgado, del IPPE y otros ciudadanos". Sin embargo, "este delito no podía cometerse sin la provisión de la información reservada, en violación de los artículos 11, 12 y 15 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos, recopilada por la UAFE, representada por la Dra. Lady Diana Salazar Méndez", se dijo en la denuncia.
Se realizaron las indagaciones con todas las personas (funcionarias) a las que involucró la denuncia, patrocinada por el Ab. Fausto Jarrín, actual asambleísta de UNES y quien fuera abogado defensor de Correa en varias causas penales en su contra.
Finalmente, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, pidió a la Corte Nacional el archivo de la denuncia, con el argumento que "en el presente caso y del acopio investigativo, así como el análisis de la documentación, versiones y pericia; elementos recabados durante la investigación, cabe analizar la adecuación de los hechos, así tenemos que no se pueden establecer los elementos objetivos del tipo penal investigado (...)". Para la Fiscalía, "el acto denunciado no constituye un delito de acción pública".
El fiscal Taoinga es subrogante de la fiscal general, Lady Diana Salazar, quien al momento de la denuncia era directora de la UAFE. El 21 de septiembre de este año, el conjuez de la Corte Nacional, Luis Adrián Rojas, acogió el pedido de la FGE y ordenó el archivo de la denuncia.
“Posiblemente son ppls (personas privadas de libertad) que suben a las terrazas a hacer aseo”, dijo Bolívar Garzón, director de SNAI, sobre los presos que este lunes, 4 de octubre, se observaron en el techo en la Penitenciaría del Litoral, donde la semana pasada ocurrió la mayor masacre de internos en la historia del país. En una entrevista con Teleamazonas, el titular del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) dudó en responder a la pregunta de la periodista Liz Valarezo sobre qué hacían esos presos en el techo, muy temprano por la mañana. Garzón reconoció que no es una práctica normal que los internos estén en esa zona. “Voy a averiguar”, dijo Garzón. Este fin de semana hubo nuevos disturbios en la cárcel Regional de Guayaquil y en Quito, cuatro personas escaparon de la cárcel de El Inca, en Quito. Esto a pesar de que existe un estado de excepción en todo el sistema penitenciario a escala nacional.
“El problema es estructural, no estoy ni una semana, estoy tratando de gestionar, de liderar este problema”, agregó el funcionario. Afirmó que en el interior de la Penitenciaría hay "una tensa calma". En el pabellón 5, donde falleció la mayoría de los presos, Garzón les pidió que no existiera más violencia. El interior está resguardado por guardias penitenciarios, pero la policía y las FFAA están listas para actuar en caso de ser necesario. Según él, más del 90% ha sido controlada la situación. Anunció que se redistribuirán a los presos que están en los diferentes pabellones, según las sugerencias de la Dirección de Inteligencia de la Policía. El SNAI presentará una acusación particular para que la Fiscalía inicie una investigación sobre la última masacre. En Ecuador existe un guía penitenciario por cada 110 presos, cuando la norma internacional dice uno por cada 30.
Fotos: Capturas de Video Noticiero Teleamazonas
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