Los Confidenciales
El presidente de la Conaie, Jaime Vargas, apareció sorpresivamente en la marcha convocada contra el derrame petrolero, que se produjo hace un año. La manifestación se realizó en la ciudad de El Coca, en Orellana.
En declaraciones a la prensa, el dirigente indígena se defendió de las críticas por su apoyo al candidato presidencial del correísmo, Andrés Arauz. Dijo que la Ecuarunari y la Conaice apoyan a la derecha porque se negaron a firmar las resoluciones del Consejo Ampliado de la Conaie, que se efectuó el 10 de marzo en Guaranda y eso, en su opinión, es apoyar a Lenín Moreno.
Consultado por PlanV si su acercamiento a Arauz es también desconocer las decisiones tomadas por las bases en Guaranda, Vargas respondió que sí firmó, pero su apoyo no fue una decisión personal. "Yo no estuve solito en eso". ¿Las nacionalidades apoyan a Arauz?, fue otra pregunta. "Pregunte a las nacionalidades. Aquí decidimos y apoyamos las decisiones de las nacionalidades".
Entonces, ¿la Conaie apoya a Arauz?, se le insistió a Vargas para que aclare su postura. "No la Conaie, nosotros apoyamos las decisiones de las nacionalidades".
Jaime Vargas en la marcha contra el derrame petrolero, que se produjo hace un año.
También respondió a Yaku Pérez, quien llamó caudillo a Vargas por apoyar a Arauz. "Siguiendo el mismo ejemplo de Correa, autoritario por eso las escorias se vuelven a juntar”, manifestó Pérez después de que Pachakutik anunciara la expulsión de Vargas.
Pérez lo acusó de "venderse por un ministerio". Vargas aseguró que Yaku fue quien le ofreció un ministerio. "Yo veo con preocupación que un excandidato presidencial con cuatro títulos hoy diga escorias a los pueblos y nacionalidades que han tomado decisiones. Que nos trate de traidores. Ellos traicionaron al movimiento indígena. Ellos escupieron la lucha de octubre del 2019".
Vargas llamó a Pérez "racista". "El movimiento indígena del Ecuador no es el patio trasero de Yaku Pérez". Según él, Pachakutik está "invadido por la derecha".
El dirigente cuestionó también a la prensa: "aquí no pueden venir y (hacer) lo que les da la gana y tratar de confundir a la ciudadanía, porque hoy los medios masivos están entregados a la derecha".
Foto: Luis Argüello / PlanV
Nuevos desbordes verbales del presidente, esta vez en Nono, Pichincha.
El presidente Lenín Moreno se refirió este martes 6 de abril a las familias que aún no encuentran a sus fallecidos y que se extraviaron durante la pandemia, cuando los entregaron, enfermos por la Covid-19, a hospitales del Estado. En su programa ‘De frente con el Presidente’, culpó a las familias por haber “botado” los cuerpos a la calle y, según Moreno, son esas familias las que aún reclama a sus fallecidos.
El Primer Mandatario dijo ayer: “Si es verdad que, por muchas razones, todavía hay un grupo de ciudadanos que no han sido identificados por muchas razones (sic). Ustedes entenderán que los ciudadanos ante el temor de contagiarse y entiendo porque empezaban su proceso de putrefacción, más aún en la Costa, más aún en Guayaquil, empezaron a botar los cadáveres a la calle, imposibles identificarlos. Y a veces la misma gente que botó los cadáveres en la calle es la que reclama que el gobierno no puede identificarlos. No los culpo, estaban llenos de temor”.
El pasado 9 de marzo, PlanV, Periodistas Sin Cadenas y La Barra Espaciadora, en alianza editorial con CONNECTAS, revelaron que 62 cuerpos aún no han sido identificados y más de 100 familiares que todavía desconocen dónde están sus fallecidos o piden la exhumación de los restos que fueron enterrados por el Gobierno con los nombres de sus parientes. Este trabajo periodístico se encuentra en el especial multimedia Desentierroscovid.ec y se titula “Ecuador desentierra cuerpos para encubrir sus culpas”.
La investigación reconstruyó los hechos que derivaron en la pérdida de los cuerpos, y sostiene que este hecho se debió al desborde de la crisis sanitaria, pero también a una serie de errores de autoridades y funcionarios.
De acuerdo a la publicación, cuatro hospitales de Guayaquil confundieron la identificación de los cuerpos, durante marzo y abril de 2020. Y dice: “En plena crisis, hubo decisiones oficiales que, en lugar de ayudar, sumaron presión al sistema público de sanidad. El Gobierno dispuso que los cuerpos de los fallecidos fueran cremados cuando en toda Guayaquil solo había tres crematorios, e impuso un toque de queda que también restringió la operación de sectores como el funerario e incluso la del Registro Civil. Como resultado, mientras los familiares hacían inmensas filas para concretar los trámites de defunción y buscaban un sitio disponible en los cementerios, los hospitales se saturaron de cuerpos que, sin refrigeración adecuada, pronto entraron en estado de descomposición”.
Por ejemplo, está la historia de Elsa Maldonado, quien se ha quedado con dos fallecidos: uno está en la bóveda de un cementerio y el otro, en una urna con cenizas que la guarda en el garaje de su casa. El cuerpo de su madre, Enma Aguirre, de 86 años, se extravió en el Hospital Los Ceibos.
Pero todo aquello fue omitido por Moreno en su espacio semanal de entrevistas. Más bien, resaltó la labor del exvicepresidente Otto Sonnenholzner; del expresidente del IESS, Paúl Granda (ahora procesado por la Fiscalía); del exgobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, quien permitió un partido de fútbol en el inicio de la pandemia; del exjefe de la Fuerza de Tarea Conjunta, Jorge Wated, quien estuvo al frente del entierro de más de 1.500 personas, pero ahora hay decenas de familias piden exhumaciones porque dudan de la identidad de los mismos; del exsecretario general del Gabinete, Juan Sebastián Roldán; y del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, quien abandonó el país en medio del pedido de un juicio político y de investigaciones por irregularidades en el manejo de la pandemia y la vacunación.
Moreno dijo que para él, Zevallos es de su “grata recordación” porque –dijo Moreno- fue un hombre que con valentía asumió la pandemia. Y lo justificó: “Después, lastimosamente, como todos los seres humanos cometió un error en el momento de administrar de forma discrecional un número de vacunas. Pero a los seres humanos yo prefiero recordarlos por las cosas buenas antes que las malas. Todo ese grupo (en referencia a los exfuncionarios), más el Ejército y la Policía, permitieron que esa gran cantidad de fallecidos que hubo en Guayaquil tenga una digna sepultura”.
Primer mal momento para el asambleísta Fabricio Villamar. La propuesta de Ley de Extinción de Dominio que había impulsado quedó en soletas, tras una decisión de la Corte Constitucional que declaró que, tal como estaban formuladas en el proyecto, la imprescriptibilidad y la retrospectividad no podían ser compatibles con la Constitución. El asambleísta había sostenido que era poco probable un veto de Lenin Moreno a su propuesta -que finalmente sí se produjo- y también que la propuesta no podía ser declarada inconstitucional.
Y luego vino un segundo golpe: en una resolución, sus colegas de la Asamblea insistieron en que se investigue sobre su carnet de discapacidad, que declara que tiene una sordera parcial, y con el cual, según ha admitido, ha comprado un carro con reducción de impuestos. La resolución recomendó investigar presuntas irregularidades cometidas en el proceso.
El tercer golpe lo dio el asambleísta Rodrigo Collaguazo, quien presentó una denuncia ante el Consejo Administrativo de la Legislatura contra Villamar que fue aceptada a trámite y enviada al Comité de Ética. Collahuazo se basa en el informe emitido sobre el tema de los carnets de discapacidad por la Comisión de Derecho a la Salud. Villamar había pedido al Consejo que no se califique la denuncia en su contra presentada por Collahuazo.
Según Villamar, el informe de la Comisión "ha inducido al error al pleno" por hacer mención de "presuntas irregularidades, no hechos comprobados, probados e incontrastables" lo que "viola a todas luces el principio de inocencia del que gozamos todos los ciudadanos". Para Villamar el proceso en su contra evidencia un "sesgo" y hay "motivaciones políticas y animadversiones" en su contra en el Legislativo. Se pregunta por qué no han avanzado con la misma celeridad procesos contra los "presuntos" responsables del reparto de los hospitales que habría tenido lugar durante el gobierno de Lenin Moreno. El asambleísta dirigió al Consejo una larga carta de 14 páginas pidiendo que se deseche la denuncia en su contra, pero no lo consiguió. Ahora deberá defenderse en el Comité de Ética.
Foto: CNE
La situación poselectoral de la primera vuelta aún no se define en la provincia de Manabí. Varios sectores políticos cuestionaron los resultados electorales en esa provincia, tanto para las presidenciales como para las de asambleístas. Denunciaron fraude electoral e impugnaron las actas de conteo de votos de 136 juntas electorales, unos 30.000 votos. La impugnación se presentó ante la Junta Electoral de Manabí, que decidió que se abrieran las urnas, y la Junta dio la razón a los peticionarios mediante una Resolución, el 6 de marzo. Pero esta decisión fue a su vez impugnada por la Lista 1, UNES, del binomio Arauz-Rabascal y el tema se elevó hasta el pleno del Consejo Nacional Electoral. El organismo rector del proceso negó, el 31 de marzo, el Recurso de Impugnación presentado por UNES, lo cual significa que se deben abrir las urnas. Esto podría cambiar algunos resultados electorales, en distritos donde existen problemas de impugnaciones, pero de recontarse los votos se abriría la caja de Pandora: esto es, la constatación de que se habría dado un enorme fraude en Manabí, que favoreció al correísmo, a su binomio presidencial y a sus candidatos a la Asamblea Nacional.
El correísmo ganó con el 52% de los votos según el conteo oficial del CNE. En el distrito 2, UNES obtuvo el 50,9% de la votación. Así, el correísmo se llevó cuatro de cinco curules, y la última quedó para la Izquierda Democrática.
El relato de Mariano Santos, en la revista Opción, vinculada políticamente a la Unidad Popular, partido de izquierda, ha afirmado que "los partidos que se sintieron perjudicados constataron varias cosas extrañas, se unieron y, comenzaron a recoger la mayor cantidad de actas posibles de los diferentes recintos electorales, con el propósito de cotejarlas con los resultados oficiales del CNE. Lograron recoger 1472 actas (de un total de 3.750, que corresponden a Manabí), la gran mayoría del distrito Sur y presentaron una denuncia a la fiscalía Provincial.
Con el 40% del total de actas, principalmente para el distrito dos, los partidos hicieron una proyección, en base a una simulación matemática, para determinar los probables resultados. Con estos, los partidos han denunciado lo siguiente: UNES no habría obtenido 50,9% de los votos como lo afirmaba el CNE, sino únicamente el 24%(menos de la mitad), con lo cual ellos no tendrían (en el distrito sur) cuatro Asambleístas, sino únicamente dos.
Para el caso de los presidenciales, dice Opción, "el binomio Arauz -Rabascal obtuvo en la zona sur 22% y norte 24%, lo que sumaría un promedio del 23%, lo que dista mucho del 52,22% del CNE".
Hay algunas evidencias que los actores políticos manabitas, no correístas, que se han unido para hacer estas denuncias, son las siguientes:
Los resultados de las actas originales habrían sido subidas al servidor del CNE desde un "centro informático paralelo", que según los denunciantes estuvo montado en el "centro informática de la Universidad Técnica de Manabí, centro superior de la cual es rector el Ing. Vicente Veliz, quien fuera destituido por la Contraloría pero está en un contencioso con el organismo de control. Él es suegro del candidato correísta Andrés Arauz, y según la Comisión Anticorrupción de Manabí es director nacional de control electoral de UNES, pero además tiene firmado un convenio con el CNE para poner sus estudiantes y profesores en las juntas electorales de la provincia.
Julio César Villacreses, ex coordinador de la Comisión y ex candidato a la vicepresidencia con César Montúfar, ha señalado directamente al consejero Enrique Pita como el autor y defensor de ese convenio, que según los denunciantes es una puerta a las irregularidades que se habrían presentado.
Es decir, el país y Manabí asistirían a un "fraude científico" mediante algoritmos que desde centros informáticos paralelos desviaría los votos reales a la candidatura de Arauz. Para Villacreses esto se agraba por cuanto, a pesar de las denuncias, la Fiscalía se ha demorado en actuar; el cuestionado convenio sigue vigente (y defendido por Pita) y no hay garantías de que se den resultados transparentes en la segunda vuelta.
Lo que los actores y movimientos políticos piden es que la Fiscalía haga el peritaje informático del CNE en la provincia y se continue sin detenerse en la indagación previa que está abierta.
Los abogados de la defensa Paúl Granda, ex ministro de Obras Públicas y ex presidente del consejo directivo del IESS: Juan Carlos Salazar Icaza, Guido Escobar Pérez y Víctor Granda Aguilar, expusieron a la luz pública los argumentos de su defendido, luego de que se llamara a audiencia preparatoria de juicio. En esta audiencia el fiscal expone sus hallazgos y acusa o sobresee y un juez determina si se llama a juicio o no.
Luego de que el 28 de noviembre de 2020 (hace cuatro meses) concluyó la instrucción fiscal incorporando todos los documentos e informes recabados en las investigaciones, dijeron, han transcurrido 12 audiencias, donde el fiscal de la causa, Eduardo Díaz, se ha limitado, según la defensa, «a leer varias partes del voluminoso expediente, sin exponer los elementos acusatorios». En esta última audiencia, que se dio en la Unidad Judicial Penal, del juez Ronald Guerrero, el fiscal terminó de leer ya el expediente y se espera que en la audiencia preparatoria número 13, determine si hay delito o no.
Según los abogados, «en la investigación de la Fiscalía se ha demostrado, mediante informes de peritos de la Contraloría, la Fiscalía, el SRI, la UAFE y otras entidades, que no existe ninguna relación societaria, económica, financiera ni personal entre Paúl Granda López y las personas inculpadas en este caso de presunta delincuencia organizada. Se ha evidenciado que el ex presidente del Consejo Directivo del IESS removió oportunamente a algunos funcionarios que administraban los hospitales de Guayaquil y que solicitó las investigaciones correspondientes para que los convenios de pago y otros contratos sean examinados por la Contraloría y la Fiscalía General del Estado».
Dijeron también que «los convenios de pago que motivan este proceso penal se celebraron desde 2016 hasta septiembre de 2018, es decir, antes de que Paúl Granda inicie sus funciones como presidente del Consejo Directivo del IESS».
Para la defensa de Paúl Granda, «los informes técnicos de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía y de los especialistas de la Contraloría General del Estado han evidenciado que los convenios de pago y contratos de subastas inversas e ínfima cuantía, celebrados y que son materia de esta investigación, no fueron suscritos ni autorizados por él, ya que de acuerdo con la Ley, el presidente del Consejo Directivo del IESS no es autorizador de gasto ni de pago y no tiene competencias para autorizar contratos ni nombrar funcionarios».
Dijeron que se vinculó "malintencionadamente" a Paúl Granda por haberse encontrado supuestamente su nombre en una bitácora del Complejo del Hotel Colón, en Guayaquil. «Esta no observó cadena de custodia, aseguraron. «Se encontraron páginas arrancadas, mutiladas y con otras alteraciones, y así lo corrobora el Informe de Reconocimiento del Lugar de los Hechos y Reconocimiento de Objetos Indicios Nº. DCGIN2000653 del 29-07-2020. El guardia Bolívar Manuel Echeverría, único “testigo” que supuestamente identificó el ingreso en el edificio del Hotel Colón, en diligencia judicial, en la cámara de Gesell, no identificó a Paúl Granda cuando le exhibieron fotografías y posteriormente realizó una declaración juramentada de haber sido presionado por “agentes civiles” para dar ese testimonio inicial», señalaron.
Foto: Diario Expreso
El pasado 22 de marzo, Ecuador llegó a tener 130 fallecidos en exceso en un solo día. Esto quiere decir que por encima del promedio, hubo esa cantidad de muertes por todas las causas en el país. Esto preocupa porque entre octubre y diciembre pasados se registró hasta 47 muertes en exceso. El periodista Carlos Oporto compartió estos datos por su cuenta de Twitter. Él ha seguido diariamente las cifras de la pandemia en el país y las ha analizado. En su opinión, de seguir así la tendencia hacia mayo, el país podría llegar a 300-400 muertes diarias en exceso.
Este lunes 29 de marzo, investigadores de la Universidad Espíritu Santo informaron sobre la circulación de las variantes inglesa y de Nueva York desde el mes de febrero pasado en la provincia del Guayas. Es decir, existe contagio comunitario de estas cepas del virus, que son más contagiados. Los primeros casos llegaron importados.
"Evidencia científica indica que la variante inglesa puede estar asociada con un mayor riesgo de muerte que las variantes preexistentes y puede burlar tanto la inmunidad natural como la inducida por vacunas, es decir podríamos y tener casos de reinfección ya que una infección previa con variantes preexistentes no implica que estemos completamente protegidos de estas variantes", dijo la Universidad.
Asimismo, el doctor Paúl Cárdenas, del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco, contó: "Hemos realizado análisis de secuenciamiento del virus en dos personas que se vacunaron y días después fueron COVID positivos. En ambos casos la causa eran variantes comunes por lo que la razón fue que no avanzaron a desarrollar inmunidad. ¡Así estés vacunado cuídate!". Dijo que esto ocurrió después de la primera dosis de la vacuna.
Aunque Andrés Arauz constaba en la nónima del Banco Central del Ecuador entre julio de 2006 y mayo de 2020, la mayor parte de su tiempo en el sector público lo pasó en otras instituciones del Estado. Recién en 2020 Arauz dejó de constar en los registros del Banco Central, donde aparecía como especialista de sistemas de pago 1 por 14 años y luego en el cargo de consultor bancario, desde mayo de 2017 hasta 2020.
En ese año, Arauz aparece en una lista de servidores desvinculados por efecto de una compra de renuncia obligatoria con indemnización. Según los registros del Banco Central, el 8 de mayo de 2020 se oficializó su compra de renuncia obligatoria en el cargo que tenía en la Dirección Nacional de Sistemas de Pago. Durante el año 2020, otras 12 personas, además de Arauz, dejaron el Banco Central del Ecuador con el mismo mecanismo. Arauz recibió USD 27.500.
Listado de Servidores desvinculados del Banco Central del Ecuador por "compra de renuncia obligatoria con indemnización".
El candidato del correísmo ya no ocupaba ese cargo desde hace varios años, pues durante el régimen de Correa estuvo trabajando en Senplades, el Ministerio Coordinador de Talento Humano y el Ministerio de Cultura. Así, entre 2015 y 2017 fue ministro coordinador de Talento Humano, cargo con el que concluyó el gobierno de Correa.
Luego viajó a México, en donde fue aceptado para un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que nunca se reincorporó a su cargo en el Banco Central. Según un informe del Banco Central, de los 12 años que Arauz tuvo nombramiento en la entidad, hasta diez pasó o en comisiones de servicio o en licencias sin sueldo, por lo que sus funciones fueron cubiertas con nombramientos provisionales.
ABAJO: Las declaraciones patrimoniales juramentadas de Andrés Arauz, donde se demuestra que trabajó en el Banco Central del Ecuador, durante el gobierno de Lenín Moreno, hasta el 2020.
La denuncia penal que presentó Fernando Villavicencio, asambleísta nacional electo y director del portal Periodismo de Investigación, ante la Fiscalía General del Estado, sobre el "falso crowdfunding" del candidato del correísmo Andrés Arauz está lleno de connotaciones, que si la Fiscalía y el CNE investigan, pueden llegar a develar un mecanismo bien aceitado de lavado de dinero, según la denuncia.
Los periodistas Villavicencio, Christian Zurita y Cristina Solórzano, del portal denunciaron la mecánica de financiamiento electoral ilegal y subterráneo de la campaña de Alianza PAIS, en la campaña para al elección del binomio Rafael Correa Jorge Glas. Fue un engranaje montado desde la Presidencia de la República para levantar de forma ilícita fondos destinados a financiar esa campaña, por USD 14 millones. Lo que se hacía es recibir dinero en efectivo de empresas contratistas —Odebrecht entre estas— del Estado y también pagos en especie a través de un cruce de facturas, lo cual permitía que las empresas contratistas "aportaran" para la campaña asumiendo el pago de proveedores de insumos para la contienda electoral, como afiches, inauguraciones, camisetas, producción de videos promocionales... De esta manera se eludía el control del gasto electoral por parte del Consejo Nacional Electoral que, a propósito de la sentencia en el Caso Sobornos, nunca investigó por su cuenta ni sancionó a los responsables.
Coincidiendo con la denuncia en la Revista Semana de una supuesta "inversión" de dinero del grupo guerrillero colombiano ELN, el binomioArauz-Rabascall anunció una campaña de recolección de fondos para financiar la campaña de la segunda vuelta electoral. Para ello, en la web del candidato Arauz se montó el supuesto sistema de recolección vía transferencia o tarjeta de crédito y usaron un video para promocionarlo.
El mencanismo de recaudación de fondos, mediante una plataforma se hizo por medio de su página web andresarauz.ec y se llamó Campaña Unión por la Esperanza e invitaba a los ciudadanos a que se hicieran "inversores" a través del aporte de sus recursos económicos. Dice la denuncia que según "la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, la figura de inversión con fondos colaborativos cabe en aspectos mercantiles" pero que no es compatible con recursos de carácter político-electoral, que tiene su propia forma de financiamiento y consta en el Código de la Democracia.
Según la denuncia ante la Fiscalía, y el artículo que publicó el portal, "el manejo económico Unión por la Esperanza podría contener irregularidades respecto a la licitud con que se manejaron ingresos y egresos" de fondos de terceros. La denuncia cita algunos ejemplos de personas de bajos ingresos y sin empleo que han aportado montos superiores de USD 5000 e incluso personas que se han sorprendido al encontrar su nombre entre los donantes, cuando no lo han hecho.
Este es el texto de la denuncia:
Por lo menos 32 procesos judiciales aparecen relacionados con el nombre del nuevo ministro de Salud y ex director de la ARCSA, Mauro Antonio Falconí García. Se trata de procesos en donde aparece como demandado por asuntos personales y otros en donde aparece mencionado como representante de instituciones, como el propio ARCSA y la Cruz Roja de Santo Domingo, así como el hospital provincial Gustavo Domínguez también en la provincia tsáchila.
El proceso más reciente es de 2020 y se trata de un asunto institucional: una empresa láctea presentó una acción de protección en su contra en su calidad de director de la ARCSA. En ese mismo año y en calidad de representante de ARCSA, fue demandado por un ex empleado por una jubilación en esa institución.
Entre 2016 y 2018 fue investigado por la Fiscalía de Santo Domingo, luego de que la Contraloría emitiera en su contra un informe con indicios de responsabilidad penal por un supuesto mal manejo en el hospital público Gustavo Domínguez. El caso fue desestimado por la Fiscalía y archivado.
En demandas de 2017, aparece vinculado como representante de la Cruz Roja de Santo Domingo, como es el caso de un cobro de facturas contra la Cruz Roja, plateado por Andrés Romero Luzuriaga, o una demanda de Mercedes Larrea, también en su calidad de representante de la Cruz Roja en esa provincia. La demandante reclamó por supuestas fallas en un consultorio que se le había vendido la Cruz Roja.
En 2017, un ex empleado de la Cruz Roja también lo demandó por una indemnización laboral, relacionada con el trabajo del demandante como chofer de ambulancia en Santo Domingo.
Cuando era director médico del Hospital San Bartolo, una clínica el sur de Quito, fue demandado en 2016 por despido intempestivo, mientras que entre 2013 y 2014 un médico llamando Silvio Samaniego le puso una demanda por injurias y otra por daños y pejuicios en la que Falconí fue condenado. Samaniego le acusó de haberle gritado "ladrón y asesino" en pleno hospital donde trabajaban.
En 2013, en cambio, su ex cónyuge Paola Cevallos le ganó un juicio para quitarle la patria potestad de un hijo de ambos, alegando que había abandonado al niño. En relación con ese mismo caso, aparece una intervención de la Dinapen en la disputa.
En 2010, el nuevo ministro fue demandado por una tarjeta de crédito impaga, mientras por lo menos desde 2008 ha tenido varias demandas civiles de Paola Cevallos, todas ellas relacionadas con el hijo de ambos. El nuevo ministro de Salud no ha hecho, hasta el momento, ningún pronunciamiento sobre estos procesos.
La organización Acción Jurídica Popular (AJP) denunció que fue apartada de la investigación previa que realiza la Fiscalía contra el exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, por el delito de posible tráfico de influencias. Zevallos es indagado por haber vacunado a su madre y otros personajes en el denominado caso #VacunaciónVIP. AJP, que es la denunciante, recibió un correo de la Fiscalía donde se le informa que “no es parte procesal”, pero asegura a los denunciantes “que la presente investigación se la efectuará con total objetividad y transparencia”. El correo fue una respuesta al pedido que hiciera AJP para tener una copia completa del expediente.
“La Fiscal General del Estado ha olvidado elementales conceptos del derecho penal, como que en la investigación previa no existen partes procesales, pues esta es una etapa pre procesal en la cual no existe proceso penal aún. El proceso penal inicia recién con la formulación de cargos”, explicó la organización. Este lunes, Zevallos -quien se encuentra en Miami- amplió su versión ante la Fiscalía mediante videoconferencia. A la diligencia acudieron miembros de Acción Jurídica Popular, pero no pudieron acceder. Sus reclamos por la falta de transparencia en el proceso de vacunación se suman también a los de la Defensoría del Pueblo. La semana pasada, el ministro de Salud, Rodolfo Farfán, anunció que no se hará pública la lista de vacunados de la fase 0.
Ponemos en conocimiento de la ciudadanía que la Fiscal .@DianaSalazarM2 nos ha apartado de la Investigación Previa que se realiza por la #VacunacionVip de la señora madre del ex Ministro de Salud Zevallos y de otras personalidades privilegiadas. Esto luego de que pedimos copias pic.twitter.com/iLWRgs6cXZ
— Acción Jurídica Popular (@JuridicaPopular) March 14, 2021
Foto Diana Salazar: API